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Cuestionable
Una desinformación en redes asegura que la Cámara de Representantes “aprobó la nueva ley de debates que obliga a todos los candidatos a presentarse y deja sin escape al cobarde de [Iván] Cepeda”. Pero esto es cuestionable.

Es verdad que en la Cámara cursa un proyecto de ley estatutaria que le exige a los candidatos participar en debates electorales televisados, pero este apenas pasó la primera de cuatro discusiones requeridas. El año pasado, incluso, se hundió una propuesta similar.
También el contenido en redes retoma una narrativa engañosa de que Cepeda, senador del Polo Democrático y candidato presidencial por el Pacto Histórico, la coalición gobernante, no quiere asistir a debates presidenciales. Esto se trata de una tergiversación de un discurso suyo.
Las publicaciones tienen más de 200.000 vistas en redes sociales y la imagen original fue difundida por el perfil La Derecha Diario Colombia, una cuenta a la cual hemos verificado antes por desinformar.
El proyecto 028 de 2025 de la Cámara estipula la obligación de que los candidatos a presidencia, gobernaciones y alcaldías participen al menos en un debate público durante la campaña electoral. El texto fue presentado por representantes de la coalición de Cepeda, el Pacto Histórico, y del partido aliado del Gobierno, la Alianza Verde, entre ellos, David Racero, Duvalier Sánchez, Olga Lucía Velásquez, etc.
Como se trata de una ley estatutaria, debido a que regularía la participación democrática consagrada en la Constitución, necesita superar con mayoría absoluta (la mitad de votos más uno) cuatro discusiones, dos en Cámara y otras dos en Senado. En cada corporación se requiere de un debate en la Comisión Primera correspondiente y otro en plenaria. Su aprobación definitiva debe producirse en una misma legislatura; para este caso, antes del 20 de julio de 2026.
La norma mencionada ya pasó su primer debate de cuatro y, según Sánchez, uno de sus promotores, el objetivo es tratar de garantizar que en las campañas primen las ideas y no la fuerza de las maquinarias.
Es claro que, al contrario de lo que sugieren en redes, este proyecto apenas se encuentra en curso en el Congreso, todavía le falta la sanción presidencial y el aval de la Corte Constitucional.
La iniciativa legislativa también contempla sanciones para los candidatos que no asistan a los debates electorales, tales como la suspensión de sus espacios en medios de comunicación, la colocación de su silla o atril vacío durante la transmisión del evento para denotar su ausencia y la reducción en una cuarta parte del financiamiento estatal de sus campañas al momento de la reposición de votos.
Una propuesta muy parecida, incluso con las mismas sanciones y presentada también por el representante Racero, fue archivada el año pasado debido a que se le venció el tiempo para su trámite legislativo.
La ley 996 de 2005 dispone que los candidatos y sus partidos o movimientos políticos pueden solicitar hasta tres debates a través del Canal Institucional, pero la participación en ellos no es obligatoria, según aclaró el Consejo Nacional Electoral.
Luego de que Cepeda ganó la consulta del Pacto Histórico y se consolidó como el candidato de esta coalición, el 26 de octubre, desinformadores han tergiversado lo que afirmó sobre asistir a los debates y han asegurado que el aspirante rechazó ir a estos espacios.
Bajo esta premisa han impulsado la supuesta asociación del candidato con las antiguas FARC, lo cual chequeamos para este chequeo.
Cepeda dijo que no irá a debates a “insultarnos con otros precandidatos, ni a amenazarnos ni a denigrarnos”, e invitó a sus contrincantes a “que hablemos sobre ideas, propuestas, conceptos de país y no sobre amenazas, insultos, calumnias contra personas”. Por lo que no cerró el hecho de participar en estos eventos, sino que buscó establecer unas condiciones para cuando lo haga.
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