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Martes, 06 Febrero 2018

Los ocho intentos perdidos por reformar el congreso en los últimos tres años

Por Sania Salazar

La actual representante a la Cámara y candidata al Senado, Angélica Lozano, presentó las iniciativas en conjunto con la senadora Claudia López y otros congresistas. Ahora buscan que se aprueben a través de voto popular.

En una entrevista al periódico El Diario, de Pereira, Angélica Lozano Correa, actual representante a la Cámara y aspirante al Senado por el Partido Alianza Verde, aseguró que en los tres últimos años presentó siete veces proyectos de ley que buscaban cambiar malas prácticas en el Congreso, pero ninguno fue aprobado.

A la pregunta: ¿Será posible que haya un cambio real en el Congreso?, Lozano Correa respondió:

“Eso confiamos. Imagínese que estos tres años presentamos siete veces proyectos de ley que buscaban bajar el salario de los Congresistas, obligar la rendición de cuentas, que sea pública la declaración de impuestos, de bienes y de conflictos de interés, modificar la forma de contratación, quitar esa vagabundería de beneficios de cárcel para los de cuello blanco, pero el Congreso siete veces dijo no. Un día me puse a llorar y dije: ¿es que uno no puede hacer nada? de malas, vamos a intentarlo y nos metimos en la consulta anti corrupción y recogimos 4.3 millones de firmas”.

Colombiacheck califica la afirmación de Lozano Correa como verdadera, pues encontró los registros de todos los proyectos de ley reportados por la candidata, el número de veces que aseguró haberlos presentado, a nombre propio y en compañía de otros congresistas.

El equipo de trabajo de Lozano Correa explicó que, en la respuesta, ella se refirió a los siete mandatos de la Consulta Popular Anticorrupción, puntos que incluyeron en cinco proyectos de ley que presentaron ocho veces ante el Congreso. Precisaron que cada punto es una obligación específica y que algunos proyectos contenían más de uno.

Los cinco proyectos son:

- Reducción de salarios de los congresistas (dos veces). Este proyecto aparece reportado en el portal Congreso Visible y, efectivamente lo presentaron dos veces, en septiembre de 2015 y en julio de 2016. Según el reporte, lo acumularon (lo unieron con un proyecto de ley similar) la primera vez y la segunda fue archivado por vencimiento de términos.

- Proyecto de presupuesto participativo o “Articulado antimermelada”: proyecto de ley 076 de 2016 (una vez), que buscaba modificar el procedimiento para debatir el presupuesto general de la Nación. En la justificación de cada uno de los puntos de la consulta anticorrupción en la página www.vencealcorrupto.com indican que, “ante la negativa para ser debatido”, el proyecto antimermelada “fue retirado por los autores el día 14 de julio de 2017”. En la página de la Cámara de Representantes aparece como retirado.

- Proyecto de transparencia legislativa (tres veces). Este también aparece reportado en Congreso Visible las tres veces que dice haberlo presentado el equipo de Lozano Correa: en marzo de 2015, julio y septiembre de 2016. La información de ese portal indica que la propuesta buscaba promover “mecanismos de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio de las funciones de los congresistas de la república”. Luego de la primera vez que lo presentaron, los autores lo retiraron, la segunda vez fue archivado en debate y la tercera, archivado por tránsito de legislatura.

- Limitar la reelección de congresistas (una vez). Congreso Visible reporta este proyecto, efectivamente radicado una vez, en julio de 2014. Según la página, el autor retiró el proyecto.

- Proyecto que pretendía modificar el régimen sancionatorio para quienes cometieran delitos contra la administración pública o actos de corrupción (una vez). El equipo de la aspirante al Senado indicó que retiraron este proyecto porque se acumuló con el de equilibrio de poderes (que no era iniciativa de ellos), es decir, en el Congreso decidieron unirlos porque eran similares. En la página de la Cámara de Representantes el proyecto 006 de 2014 aparece, efectivamente, como retirado.

Los asesores de Lozano resaltaron que en el proyecto de equilibrio de poderes se logró que, cuando un congresista incurra en delitos contra la administración pública, no lo reemplace otro persona del mismo partido, por lo que no incluyeron este punto en la Consulta Anticorrupción, que ahora debe ser presentada al Senado, ya que la Registraduría Nacional del Estado Civil avaló 3'092.138 de las firmas que recolectaron.

Lo anterior suma ocho intentos para que estos proyectos se convirtieran en ley.

¿Por qué estas iniciativas no pasan fácilmente en el Congreso?

Santiago Virgüez, investigador de Congreso Visible, indicó que entre los factores que pueden incidir para que estos temas no sean aprobados fácilmente está que los asuntos del Gobierno nacional son prioritarios y los de transparencia quedan relegados y se vence el tiempo para discutirlos y aprobarlos.

“La tendencia, basada en los datos, es que históricamente se aprueban más proyectos de ley de iniciativa gubernamental que los que son iniciativa de los congresistas”, indicó el investigador.

Virgüez señaló, además, que los proyectos de transparencia son poco atractivos para los legisladores y recordó que el 2017 fue un año preelectoral en el que los congresistas que quieren reelegirse estaban más pendientes de su campaña política que de las labores legislativas.

Jueves, 22 Marzo 2018

¿Qué pasa si aparecen armas y dineros escondidos por las Farc?

Por Sania Salazar

Iván Duque insistió en que en el acuerdo de paz no quedaron sanciones en caso de que el inventario de bienes de las Farc quede incompleto; pero la versión final del acuerdo sí lo incluye. Les contamos de qué trata.

En entrevista con RCN Radio Iván Duque, candidato presidencial por el Centro Democrático, reiteró sus críticas a algunos puntos del Acuerdo Final entre Gobierno y Farc.

“No dejaron con precisión las sanciones ejemplarizantes para la cúpula de las Farc cuando aparezcan armas y dineros escondidos. . . esas cosas hay que modificarlas”, aseguró Duque.

Después de revisar el Acuerdo Final y las precisiones que la Corte Constitucional le hizo al acto legislativo que crea la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, Colombiacheck califica la frase como Falsa, pues dichos ajustes se incluyeron en la segunda versión del Acuerdo Final, en las normas de implementación del mismo y también las delimitó la Corte Constitucional. Es decir, las modificaciones que Duque dice que hay que hacer, ya se hicieron.

Hay que recordar que los sectores que estaban en desacuerdo con lo pactado entre el Gobierno y las Farc, conocidos como los del NO al plebiscito, incluyeron entre sus críticas la solicitud de que las Farc debían entregar bienes y dinero para reparar a las víctimas. Esta solicitud, en particular, fue del expresidente Andrés Pastrana.

Este punto se incluyó en la última versión del Acuerdo así: “Durante el tiempo que las FARC-EP permanezcan en las Zonas Veredales Transitorias de Normalización en el proceso de Dejación de Armas, representantes autorizados de esta organización acordarán con representantes del Gobierno Nacional los procedimientos y protocolos para inventariar todo tipo de bienes y activos incluidos en lo que se ha venido denominando recursos para la guerra e informar sobre los mismos”.

Colombiacheck contactó al equipo de prensa de Duque para saber por qué el candidato insiste en que no se definieron esos castigos y respondieron que lo único que hay en el Acuerdo Final acerca de esto es la frase que dice que “los bienes y activos que no hayan sido inventariados una vez concluido el proceso de dejación de armas, recibirán el tratamiento que establece la legislación ordinaria”.

Esto significa que la entrega de recursos de la guerra es una condición que deben cumplir los excombatientes para acceder a los beneficios penales de la JEP, así como seguir gozando de ellos. Por ahora, las normas lo establecen como un requisito y serán los magistrados de la JEP quienes resolverán qué consecuencias hay, en cada caso. Si el incumplimiento de esta condición implica la pérdida de todos los beneficios, el respectivo caso debe ser resuelto por los jueces ordinarios. Diana Isabel Güiza, investigadora de Dejusticia, explicó que el hecho de que este tipo de casos queden en manos de la justicia ordinaria quiere decir que en cada caso se determinarán las sanciones a imponer según el código penal.

La Corte Constitucional le hizo ajustes al acto legislativo que crea la JEP en lo relacionado con lo que señala Duque:

Estableció que le corresponderá a la Jurisdicción ordinaria investigar y juzgar los delitos “de que trata el libro segundo, capítulo quinto, título décimo del Código Penal cuando ellos se cometan sobre bienes o activos que no hayan sido incluidos en el inventario definitivo acordado y elaborado durante el tiempo que las FARC-EP permanezcan en las Zonas Veredales Transitorias de Normalización en el proceso de Dejación de Armas, y siempre que se hayan realizado actos de ejecución después de la entrega definitiva de ese inventario”.

Esos delitos son lavado de activos, testaferrato y enriquecimiento ilícito de particulares, que están entre los que refiere Duque. Es decir, a quienes estén sujetos a la JEP (entre ellos los integrantes de la cúpula de la exguerrilla) y se les comprueben hechos como estos, pasarán a ser juzgados por la justicia ordinaria y perderán los beneficios de la JEP, lo que quiere decir que podrán ir a la cárcel.

Hay que recordar que el Acuerdo Final dice que la JEP, “se aplicará únicamente a conductas cometidas con anterioridad a su entrada en vigor”, lo que quiere decir que los delitos cometidos después de diciembre de 2016 los juzgará, también, la justicia ordinaria.