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Martes, 06 Julio 2021

Migrantes en Colombia no necesitan EPS para acceder al plan de vacunación contra el COVID-19

Por Andrés Felipe Martínez

En el caso de los ciudadanos venezolanos, solo deben presentar uno de estos documentos: Permiso Especial de Permanencia, visa de residente o el nuevo Permiso de Protección Temporal, que se tramita a través de Migración Colombia y se empezará a entregar en diciembre de 2021.

Colombia sigue avanzando en el Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19 y, como lo había anunciado el Ministerio de Salud en febrero de 2021, este incluye a los migrantes extranjeros que se encuentren regularizados en el país.

Tal es el caso de los ciudadanos que han migrado desde Venezuela, que serían 1,7 millones de personas, según estimaciones de Migración Colombia con corte a enero de 2021.  

En esta comunidad de migrantes, Colombiacheck ha identificado cadenas virtuales de mensajes que advierten la necesidad de estar afiliados a una EPS para acceder a la vacunación, en el marco del proyecto Conectando Caminos Por Los Derechos.

Sin embargo, consultamos al Ministerio de Salud, y encontramos que esto es falso. Los ciudadanos venezolanos en Colombia pueden ser vacunados presentando alguno de los permisos que se han entregado en el país, como el anterior Permiso Especial de Permanencia (descontinuado), la visa de residencia o el nuevo Permiso de Protección Temporal, PPT, que será entregado a partir de diciembre de 2021 a quienes apliquen al Estatuto Temporal de Protección. Ver instrucciones de registro aquí.

Estos permisos le permiten a los ciudadanos extranjeros acceder a la oferta institucional en materia de salud, educación y trabajo. Según el presidente Iván Duque se espera entregar un millón de PPT antes de finalizar 2021. “Cerraremos este año con un millón de personas con ese estatus y nuestra meta es cumplir el ciento por ciento antes del mes de agosto de 2022” dijo el 17 de junio de 2021.

Desde 2017 hasta inicios de 2021, 72.000 ciudadanos extranjeros recibieron el Permiso Especial de Permanencia (PEP), que pueden seguir usando mientras tramitan el nuevo PPT.

Vale la pena decir que en febrero de este año el Ministerio de Salud anunció que preparaba un "programa especial para inmunizar a los migrantes que se encuentran de manera irregular en Colombia", sin embargo, como hemos explicado en este chequeo, hasta ahora solo tienen acceso quienes se encuentren de manera regular, es decir, que hayan tramitado alguno de los permisos.

“En el caso de los migrantes venezolanos, es necesario presentar el PEP [u otros permisos mencionados], no requieren una afiliación a una EPS. Accediendo de acuerdo a su edad o etapa de priorización”, nos respondió Julián Fernández Niño, director de Epidemiología y Demografía del Ministerio de Salud.

Como lo señala el funcionario, los ciudadanos extranjeros deben cumplir con las mismas fases de priorización que los nacionales. 

En ese sentido, el pasado 17 de junio, Colombia inició la Etapa 4 de vacunación, que incluye a la población mayor de 45 años y grupos específicos como pilotos y personal aeronáutico, y personas privadas de la libertad.

Igualmente, permanece abierta la vacunación para los ciudadanos que han sido priorizados en las primeras tres etapas y no han acudido a centros de vacunación.

Cada municipio del país ha dispuesto de centros públicos de vacunación, que pueden ser consultados en las respectivas Secretarías de Salud, o en este listado del Ministerio de Salud: ver aquí.

Se debe tener en cuenta que cada habitante del país debe acudir a los puntos de vacunación del municipio en el que reside, al menos, durante los últimos tres meses, como lo explica el Decreto 630 de 2021, del Ministerio de Salud: 

“Se incluirá en el plan de vacunación a los residentes temporales que declaren residir en el municipio por más de tres (3) meses de forma continua o ejercer sus actividades laborales de manera permanente y continua por más de tres (3) meses”. 

Con corte al 30 de junio, en Colombia se han aplicado 18,2 millones de dosis de vacunas contra el COVID-19. En número de personas, 6,7 ciudadanos ya completaron su esquema de vacunación. La meta del Gobierno Nacional es llegar a 35 millones de personas vacunadas al terminar el año 2021.

Este contenido se produce con el fin de ofrecer información verificada y pertinente, que apoye el desarrollo de mediano y largo plazo para migrantes venezolanos, colombianos retornados y comunidades receptoras en Colombia. Es realizado en el marco de Conectando Caminos por los Derechos, programa de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), e implementado por el consorcio integrado por Pact, ABA-ROLI, Freedom House e Internews, que promueve la cohesión comunitaria y la seguridad ciudadana para garantizar el derecho de todos los miembros de la sociedad a vivir libres de toda forma de crimen y violencia, independientemente de su estado legal en el país.

 

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Viernes, 03 Diciembre 2021

Es inchequeable la cifra de Alejandro Gaviria sobre el gasto de salud para atender a migrantes venezolanos en Colombia

Por Jhoandry Suárez*

El precandidato presidencial señaló que la atención sanitaria de las personas provenientes de Venezuela costaba entre 350 y 500 mil millones de pesos al año. A pesar de consultar datos del Ministerio de Salud, de la Contraloría, Banco de la República, no se pudo corroborar el gasto total anual ya que es confidencial.

El precandidato presidencial Alejandro Gaviria señaló durante una entrevista de La Silla Vacía, el 5 de noviembre de 2021, que la atención de salud para los migrantes venezolanos rondaba los 350 y 500 millones de pesos anuales, aunque no explicó de dónde provenía este cálculo.

“Mi política sería la integración plena de los ciudadanos, que implica, por ejemplo, su cobertura plena de salud, que me parece un tema fundamental. Creo que cuesta 350 mil millones 500 mil millones de pesos al año”, señaló el exministro de Salud. 

En Colombiacheck, en el marco del proyecto Conectando Caminos por los Derechos, en el cual se hacen verificaciones de interés para la población migrante venezolana, colombiana retornada y para las comunidades de acogida, nos dimos a la tarea de verificar la cifra. Aunque algunos datos son confidenciales y existen limitaciones para su acceso, lo que nos lleva a calificar como “inchequeable” la declaración de Gaviria, procedimos a intentar comprobarla a la luz de la información que pudimos obtener. 

Buscamos contactar al también exrector de la Universidad de los Andes a través de su cuenta en Twitter (1, 2, 3) y vía Whatsapp (1, 2) para conocer en qué se basaban sus números, pero al cierre de esta nota, no obtuvimos respuesta. Por lo tanto, procedimos a consultar fuentes oficiales y documentos. 

Primero procedimos a esclarecer si la población migrante y refugiada venezolana tenía cobertura plena de salud en Colombia y determinamos que no. Para que esto ocurra las personas procedentes de Venezuela deben estar afiliada al régimen contributivo o subsidiado para acceder al Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS), pero apenas un 23,5% lo está, según datos aportados por el departamento de Aseguramiento del Ministerio de Salud y Protección Social.

“Cobertura plena significa que la persona entra al sistema de salud, ya sea en régimen subsidiado o contributivo. Lo que tiene cualquier migrante sea el que sea su estatus, así haya llegado por trocha, es atención de emergencia por ley. Por eso el tema de la regularización es clave para que puedan ingresar al sistema de salud”, explica el profesor Andrés Segura, consultor de asuntos públicos y migración. Así lo explicamos antes en Colombiacheck.

A propósito, Lucia Ramírez Bolívar, coordinadora de temas de migración en Dejusticia, coincidió que el estatus migratorio sigue siendo un obstáculo para el derecho a la salud de los venezolanos. "Presentan barreras para acceder a tratamientos médicos, cirugías, medicamentos de consumo permanente que no se atienden con una emergencia. Ha habido ciertos avances gracias a la jurisprudencia de la Corte Constitucional (...) y la respuesta del Estado ha sido progresiva, esperamos que con el Estatuto Temporal las barreras se eliminen", sostuvo.

En la Estrategia para la atención de la migración desde Venezuela contemplada por el Consejo Nacional de Política Económica y Social en su CONPES 3950, de noviembre de 2018, se incluyeron varias acciones en áreas como la educación, empleo, seguridad y por supuesto en salud, específicamente para incrementar la afiliación de los migrantes. El plan previó una inversión total de 422.779 millones de pesos en cuatro años desde 2018 hasta el 2021.

Durante la investigación sobre números más actualizados del gasto total en salud para la población venezolana, encontramos una traba y es que el dato de financiamiento es confidencial, así lo revela Ronald Rodríguez, profesor y vocero del Observatorio Venezuela de la Universidad del Rosario. 

“El Estado determinó que eso era información que no era de acceso público, ya que podría causar tensiones y xenofobia. Esto es así desde la administración del expresidente Juan Manuel Santos”, explica Rodríguez.

Aun así, decidimos hacer un acercamiento de lo que sería el costo y para ello analizamos por separado cuánto sería el gasto en aseguramiento y la deuda de hospitales por servicios a migrantes venezolanos para intentar comprobar si estas cifras coincidían con las de Gaviria. 

En cuanto al gasto de aseguramiento, lo primero que hicimos fue calcular a cuánto podría ascender el financiamiento del Estado colombiano para los 205.577 migrantes activos en el régimen subsidiado si multiplicábamos esa cantidad por la actual Unidad de Pago por Capitación (UPC) de $872.496. El resultado es casi 180 mil millones de pesos. Es decir, este número está muy por debajo de lo que dijo el candidato presidencial, sin embargo, desde el Ministerio de Salud hacen una aclaratoria. 

"Estos datos se mueven muy rápido y por la entrada en vigencia del Estatuto Temporal de Protección se espera mayor regularización y mayor probabilidad de afiliación. Por lo tanto, es muy factible que en el 2022 la UPC anual del régimen subsidiado de toda la población migrante cueste más o menos eso, pero si se regularizan más, costará más", indica Andrés Olaya, consultor de aseguramiento en salud para poblaciones migrantes.

Por otro lado, procedimos a conocer la deuda a hospitales públicos por servicios a migrantes venezolanos. El contralor general de la República, Felipe Córdoba, aseguró el 5 de octubre de 2021 que la deuda del gobierno nacional con los hospitales públicos por la atención de urgencias de la migración venezolana alcanzaba los 407 mil millones de pesos en los últimos tres años, es decir, un promedio de 135 mil millones anuales pero en deuda.

De hecho, recientemente se procedió al pago de lo adeudado a los hospitales hasta el 30 de abril de este año a través de la Resolución N° 1897, del 24 de noviembre de 2021, por el monto de $460.423.542.200. 

Adicionalmente un estudio publicado por el Banco de la República en mayo de 2020, titulado Impacto fiscal de la migración venezolana, recopila datos del Ministerio de Salud que revelan que los costos acumulados por servicios para los venezolanos entre 2017 y 2019 se ubicaron en 616.235 millones de pesos (557.423 millones de la red pública y 58.812 del régimen subsidiado), lo que significa una media de 205.411,66 millones de pesos por año. 

Gasto fiscal en migrantes según Banco de la República

El mismo texto presentaba una serie de estimaciones del costo fiscal entre el régimen subsidiado asociado a la migración y los servicios de urgencia el cual podría ascender a $1 billón en 2020 y $1,2 billones en 2021. Sin embargo, estas cifras fueron publicadas antes de crisis de la pandemia del Covid-19 y el proceso de vacunación, además, son solo proyecciones.

Por lo tanto, aunque se determina que en estos momentos los migrantes no tienen cobertura plena de salud e intentamos comprobar la veracidad de las cifras aportadas por Gaviria, las limitantes de acceso a información nos llevan a calificar sus declaraciones como inchequeables.  

Este contenido se produce con el fin de ofrecer información verificada y pertinente, que apoye el desarrollo de mediano y largo plazo para migrantes venezolanos, colombianos retornados y comunidades receptoras en Colombia. Es realizado en el marco de Conectando Caminos por los Derechos, programa de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), e implementado por el consorcio integrado por Pact, ABA-ROLI, Freedom House e Internews, que promueve la cohesión comunitaria y la seguridad ciudadana para garantizar el derecho de todos los miembros de la sociedad a vivir libres de toda forma de crimen y violencia, independientemente de su estado legal en el país.

*Integrante de la red de corresponsales del proyecto Conectando Caminos por los Derechos.