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Falso
En redes sociales se difundió una desinformación relacionada con el debate de la propiedad de las pensiones en Chile, que se originó luego de que la Convención Constitucional, el organismo encargado de redactar la nueva Constitución de ese país, votó por las iniciativas populares que buscan reformar el sistema de pensiones chileno.
La publicación que compartió un usuario de Facebook el 18 de abril de 2022 es una captura de pantalla de un trino en el que se lee lo siguiente: “En chile acaban de expropiar las pensiones lo confirme y es cierto! (sic)”. En la misma imagen se ve que alguien responde así: “También acabó de confirmarlo. Las pensiones en Chile serán usadas para subsidios y nuevos ministerios. Si, Boric el que invitó a su posesión a su aliado Petro y que tienen un acuerdo (sic)”.
Al post de Facebook lo acompaña el texto “Pobre Chile ... Por qué les quedará tan difícil a algunos creer que robarse un País es muy fácil, que destruir es lo más fácil que hay…(sic)”. El trino original de cual se tomaron las capturas lo publicó la cuenta @luciasorianoes el 17 de abril de 2022, esta cuenta también retuitea trinos de los perfiles del presidente Iván Duque, su gabinete de ministros y otros organismos de gobierno.
La cuenta de Twitter está a nombre de Lucía Margarita Soriano E., quien, según la página Función Pública, ha trabajado como contratista del partido Centro Democrático y actualmente es jefe de la oficina asesora de comunicaciones del Ministerio de Justicia.
Para verificar la publicación realizamos una búsqueda abierta en Google con las palabras ‘Chile’, ‘expropiar’ y ‘pensiones’ pero no hallamos artículos de prensa que informen sobre una expropiación de pensiones en Chile. En su lugar, hallamos una noticia sobre un proyecto de reforma constitucional que el gobierno ingresó al Congreso para declarar los fondos de pensiones como inexpropiables.
Además es posible ver, entre los resultados de la búsqueda, dos verificaciones de los colegas de AFP Factual y Mala Espina Check sobre la misma desinformación.
Luego revisamos el historial de leyes promulgadas en el Senado y la Cámara de Diputados de Chile, pero no hay ninguna que apruebe la expropiación del dinero de los fondos de ahorro pensional. La última ley del Senado relacionada con las pensiones es del 20 de septiembre del 2021 que crea la Pensión Garantizada Universal. Por su parte, en la lista de leyes promulgadas de la página de la Cámara, se encuentra la Ley 21.398 que “Modifica la ley Nº14.908, Sobre abandono de familia y pago de pensiones alimenticias, y crea el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimento”.
De igual forma revisamos el listado de proyectos de ley actualmente en trámite en Cámara y Senado, pero ninguna de las iniciativas relacionadas con pensiones se refieren a la expropiación de las mismas, como lo afirma la publicación de Facebook.
Tampoco la Convención Constitucional, el organismo que se encarga actualmente de redactar y aprobar la nueva Constitución de Chile y que se originó por la Ley 21.200, ha aprobado alguna norma relacionada con la expropiación de las pensiones, según el documento consolidado descargado el 27 de abril de 2022.
Según le aseguró Damaris Abarca, miembro de la Convención Constitucional, a los colegas de Mala Espina Check, “No existe ninguna propuesta de norma, ni popular ni de los convencionales, que dé pie a la expropiación de los fondos. Cualquier información que diga lo contrario es derechamente falsa”.
Como lo explicó Colombiacheck en un chequeo reciente, el sistema pensional chileno se basa solo en el ahorro individual por medio de aseguradoras de fondos (AFP) similares a las que empresas privadas que existen en Colombia con el mismo fin. Sin embargo, los modelos no son idénticos, pues en el colombiano sobrevive el régimen de reparto eliminado allá por la dictadura de Augusto Pinochet, en el que las mesadas actuales se pagan con los aportes de los trabajadores afiliados más jóvenes.
Con estas evidencias, calificamos como falsa la captura de pantalla que afirma que en Chile acaban de expropiar las pensiones, pues no hay proyectos de ley ni leyes en el Congreso ni tampoco normas aprobadas por la Convención Constitucional relacionadas con ello.