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Jueves, 24 Marzo 2022
Frases de candidatos presidenciales sobre pensiones, entre verdades a medias y datos cuestionables
Por José Sarmiento, Juan Lozada, Mónica Ospino, Paola Benjumea y Alexander Campos
Verificamos lo dicho sobre el sistema pensional por Gustavo Petro, Íngrid Betancourt, Sergio Fajardo y Federico Gutiérrez en debates, redes sociales y en sus páginas oficiales.
“¿La reforma pensional en qué consiste? En un sistema de pilares”, propuso el candidato presidencial de la coalición Pacto Histórico, Gustavo Petro, en el primer debate posterior a las consultas interpartidistas, el lunes 14 de marzo de 2022, organizado por el diario El Tiempo y la revista Semana.
Su idea, como se detalla luego, es que las personas coticen al sistema público por sus ingresos hasta 4 salarios mínimos para pagar las mesadas de los pensionados actuales con esos aportes, liberar a la Nación de lo que gasta en el déficit pensional (un 3,5% de su presupuesto anual, como ya verificó Colombiacheck) y darles otro uso a esos recursos. La cotización a partir de ese umbral iría a un ahorro individual de cada trabajador y el pago en su vejez sería conjunto entre el Estado y el otro fondo, que podría ser privado.
La propuesta generó una discusión con la candidata del Partido Verde Oxígeno, Íngrid Betancourt, sobre la viabilidad y conveniencia de ese esquema para el país. El otro asistente al debate, Federico Gutiérrez, de la alianza Equipo por Colombia, no se refirió con profundidad al tema en ese momento pero sí en el debate de medios regionales del 17 de marzo.
Por otro lado, el aspirante de la coalición Centro Esperanza, Sergio Fajardo, no asistió a la cita con El Tiempo y Semana pero terció luego con un hilo de Twitter que terminó enlazando a su página de propuestas para personas mayores. Los mensajes en la red social no dan mayores datos, pero el documento en su portal de campaña sí.
Como sociedad debemos prepararnos para envejecer. Nuestro objetivo es promover reformas que incrementen las capacidades, la autonomía y la calidad de vida durante el envejecimiento. Los invito a revisar nuestra propuesta: https://t.co/Zc0Ky0JA5R. (6/6)
— Sergio Fajardo (@sergio_fajardo) March 15, 2022
Durante toda la semana, la reforma pensional fue un tema ampliamente discutido en medios de comunicación. Incluso el presidente de la República, Iván Duque, se pronunció al respecto. Según lo cita el diario económico Portafolio, dijo que “quieren echarle mano al ahorro de las personas para volverla plata de bolsillo de la politiquería”.
De modo que Colombiacheck verificó algunas de las afirmaciones tanto del intercambio de argumentos que tuvieron Petro y Betancourt en vivo, como las de Gutiérrez en otro debate y las dadas por Fajardo en el programa que adjuntó a sus trinos. Cabe aclarar que los chequeos no califican las propuestas sino los datos mencionados en esos espacios.
Sin embargo, antes de entrar en esos detalles hay que entender el contexto de las pensiones en el país.
Así funcionan las pensiones
El sistema pensional colombiano se divide en varios regímenes. Los dos principales son el de ahorro individual con solidaridad (RAIS) y el de prima media (RPM). Los exceptuados son los que funcionan bajo normas especiales para ciertos sectores, como las Fuerzas Militares, la Policía o el magisterio, entre otros.
En el de ahorro individual cada persona se afilia a una administradora de fondos de pensiones (AFP) privada y abona un porcentaje de sus ingresos a una cuenta propia. Si tiene contrato laboral, una parte la cubre el empleador. En todo caso, ese dinero es de quien cotiza pero el fondo lo puede invertir de diferentes formas para darle rendimientos, que también son para el trabajador.
La pensión que reciba en su vejez dependerá del monto ahorrado en total, pero no puede ser inferior a un salario mínimo. Para asegurar esto, una parte del aporte va al Fondo de Garantías de Pensión Mínima, una bolsa de donde se saca, de ser necesario, lo que haga falta para alcanzar ese valor.
La persona puede recibir un monto mensual durante un tiempo programado hasta agotar lo ahorrado o una renta vitalicia calculada con la expectativa de vida. En este último caso, el monto se ajusta cada año con el aumento del salario mínimo y el Estado cubre la parte de este porcentaje que esté por encima de la inflación correspondiente.
El RPM está a cargo de la Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones), que es una empresa pública, y funciona distinto. Lo que aporta cada afiliado, también con una parte a cargo del empleador cuando hay contrato laboral, va a fondos comunes con los que se pagan las mesadas de los pensionados actuales y el Estado pone la plata faltante cuando no alcanza. Las personas que coticen en el futuro, a su vez, pondrían los recursos para las pensiones de los trabajadores actuales cuando lleguen a la vejez.
A diferencia del RAIS, donde lo importante a la hora de retirarse es el ahorro alcanzado, el monto de la mesada en este otro régimen se calcula con base en el salario promedio de los últimos 10 años antes de la edad de jubilación, que es de 57 años para las mujeres y 62 para los hombres en cualquier caso, o de toda la vida laboral si es más alto. Luego se ajusta solo con la inflación anual, o sea de acuerdo a lo que suban los precios en el mercado, para mantener su poder adquisitivo.
Los dos regímenes compiten entre sí y son excluyentes. Cada persona es libre de escoger en cuál de ellos se afilia e incluso puede trasladarse al otro si cambia de opinión, con algunos requisitos de trámites, tiempo de permanencia y edad.
Esto es lo que propone cambiar Petro por un esquema en el que sean complementarios. Ya había planteado la misma idea en su campaña presidencial de 2018.
Con estos elementos claros, estas son las verificaciones a Petro, Betancourt, Fajardo y Gutiérrez. Colombiacheck intentó contactar a cada uno para consultarle por el sustento de sus respectivas afirmaciones. Al cierre de esta publicación, solo habían contestado la candidata de Verde Oxígeno y el de la coalición Centro Esperanza.
Gustavo Petro
- “Proponemos un régimen de pilares [...] acogido por el Banco Mundial y Fedesarrollo”.
- “3 millones de personas de la tercera edad hoy no reciben pensión”.
- “El sistema que tenemos de ahorro paga al banquero un 30% del total de la cotización mensual”.
- “Este sistema pensional, como el de salud, se imitó de los modelos de Pinochet”.
Íngrid Betancourt
- “Hoy en día estamos con 4 colombianos soportando una pensión, pero dentro de unos años vamos a tener un solo colombiano soportando la pensión de una persona, [...] en el 2070”.
- “El gran problema, en este momento, del déficit fiscal en Francia es precisamente el hueco pensional”.
Sergio Fajardo
- “El 74% de los subsidios en las pensiones los recibe el 40% más rico de los pensionados”.
- “Manizales presenta la mayor cobertura de pensiones con un 39,5%, seguida de Medellín con 39,3%. En cambio, ciudades de la Región Caribe como Riohacha y Sincelejo alcanzan coberturas tan solo del 15% y 16%, respectivamente”.
Federico Gutiérrez
- “Hay prácticamente 350 billones de pesos ahorrados, que es lo que él (Petro) se quiere gastar sabiendo que no es una plata de él. Lo que básicamente él plantea es expropiarles el ahorro a los colombianos”.
- Petro “hablaba sobre una tasa que cobran supuestamente los fondos de pensión privados del 30%: totalmente falso, es del 3%”.
Betancourt, Fajardo y Gutiérrez
“Proponemos un régimen de pilares [...] acogido por el Banco Mundial y Fedesarrollo”
En el debate de El Tiempo y Semana, Petro dijo que el sistema de pilares “lo propone el Banco Mundial” y luego detalló su propuesta. Esto mismo lo ha reafirmado en Twitter, donde señaló que este modelo ha sido “acogido” no solo por esa entidad internacional sino también por la Fundación para la Educación Superior y el Desarrollo (Fedesarrollo), un reconocido centro de estudios económicos.
El debate sobre pensiones arroja claridades que hay que hacer:
— Gustavo Petro (@petrogustavo) March 19, 2022
1.Proponemos un régimen de pilares creado en Holanda con éxito y acogido por el Banco Mundial y Fedesarrollo
El régimen de pilares hace complementario y no competitivo el sistema de fondos privados con el público
Colombiacheck encontró que esto es “verdadero pero…”. Si bien ambas entidades sí han planteado ese cambio, no ha sido del todo en los mismos términos que el candidato propone. Sobre todo porque difieren considerablemente en el monto del umbral entre los “escalones” del nuevo esquema.
En 2013, el Banco Mundial sugirió este modelo como una forma de brindar una mayor seguridad financiera para la tercera edad. El organismo definió así los tres “pilares” o escalones que deben componerlo: “1) un sistema manejado públicamente con participación obligatoria y el objetivo limitado de reducir la pobreza entre la población anciana; 2) un sistema de ahorros obligatorios manejados privadamente; y 3) ahorros voluntarios”.
Más tarde, durante la campaña de 2018, Fedesarrollo aterrizó esa propuesta para Colombia en un artículo publicado en marzo de ese año. Los autores fueron el entonces director ejecutivo de esa ONG y actual gerente del Banco de la República, Leonardo Villar, y el investigador David Forero. Decía el documento:
“La propuesta busca crear los mecanismos para que dichos regímenes actúen con un criterio de complementariedad entre ellos. Esto significa que se acabaría el concepto de ‘afiliado’ a uno u otro esquema, y todos los trabajadores formales estarían afiliados a ambos regímenes al mismo tiempo. Así, el Pilar Uno, de carácter público y bajo la lógica de Reparto, se encargaría de recibir las cotizaciones de todos los trabajadores formales de la economía hasta 1 SML [salario mínimo legal], y otorgaría un beneficio pensional con un límite superior de 1 SML y decreciente en el nivel de ahorro del afiliado. Por su parte, el Pilar Dos de Ahorro Individual y administrado de manera privada, recogería las contribuciones de cada trabajador por encima de 1 SML para ahorrarlas en su cuenta individual, y de esta forma complementar la pensión básica del Pilar Uno con prestaciones proporcionales al ahorro de los afiliados. En conjunto, las pensiones otorgadas por ambos regímenes serían siempre superiores a un salario mínimo y crecientes a medida que los afiliados hayan hecho mayores contribuciones” [énfasis añadidos].
Es decir que, de acuerdo con esta idea, la cotización iría a los pensionados actuales por medio de la administradora estatal hasta el umbral de un salario mínimo y el resto, a una cuenta individual en AFP. En lugar de competir, se complementarían. El economista Mauricio Olivera, director de Econometría Consultores y expresidente de Colpensiones, señala que así es como funciona “en la mayoría de países”.
Sin embargo, no es exactamente igual a lo que plantea Petro. El abogado laboralista Kevin Hartmann, investigador doctoral en la Universidad Católica de Lovaina, en Bélgica, señaló en un hilo de Twitter que la diferencia es el monto límite que plantea el candidato entre estos dos pilares, pues ha hablado de 4 salarios mínimos.
¿Cuál es la diferencia con @petrogustavo? Que él propone una contribución a Colpensiones HASTA de 4 SM. Si alguien se gana entre 1 y 4 SM, toda su contribución iría a Colpensiones. Si alguien se gana más de 4, 4 se irían a Colpensiones y el resto a una AFP.
— Kevin Hartmann (@KevinHartmannC) March 17, 2022
No es un detalle menor. Hartmann señala que de ese valor depende por cuánto tiempo sería sostenible el modelo de pilares: que sea más alto implica un mayor gasto público más pronto, teniendo en cuenta el envejecimiento de la población.
De modo que Petro tiene razón en que tanto el Banco Mundial como Fedesarrollo han hecho propuestas que coinciden con la suya en el planteamiento de un sistema de pilares, pero no en el monto del umbral. Por eso su frase es “verdadera pero…”.
“3 millones de personas de la tercera edad hoy no reciben pensión”
En el debate presidencial de El Tiempo y Semana, el candidato presidencial del Pacto Histórico aventuró esta cifra de adultos mayores que a día de hoy no cuentan con pensión. Sin embargo, hay una imprecisión en su afirmación en cuanto a lo que realmente constituye acceder a ese beneficio u obtener otro tipo de prestación.
Muestra de ello es la entrevista publicada el 14 de febrero de 2022 en Portafolio, en la que el presidente de Asofondos, Santiago Montenegro, afirmó que en Colombia hay alrededor de seis millones de personas de la tercera edad, pero el 50% de ellas no tiene acceso a una jubilación. Como se ve, aunque el directivo habla de alrededor de tres millones de personas, igual que Petro, no se refiere a recibir pensión, sino a acceder a una jubilación.
En el mismo sentido, el 17 de febrero de 2022, el director del mismo diario, Francisco Miranda, aseguró en una editorial que “1,72 millones de colombianos están pensionados por el sistema y 1,72 reciben subsidios del programa Colombia Mayor, otros 3,2 millones no tienen ninguno de los dos beneficios”. La distinción entre pensión y subsidio es la clave para entender la imprecisión del candidato.
La siguiente gráfica de Econometría Consultores, con datos de 2019-2020, permite visualizar la diferencia de los grupos amparados con algún beneficio para su jubilación.
Como se observa en el gráfico, de los 6,8 millones de colombianos en edad de pensión, sólo 1,7 millones la recibía. Otros 1,7 millones tenía algún subsidio del programa Colombia Mayor o un Beneficio Económico Periódico (BEPS) y 3,4 millones de adultos mayores se encontraban por fuera de la cobertura del sistema. Esta última cifra fue consignada en el Informe Nacional de Competitividad 2020-2021, emitido por el Consejo Privado de Competitividad.
Como se explica en la página 19 de un informe publicado en 2020 por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el programa Colombia mayor consiste en un subsidio mensual fijado en 80.000 pesos que puede girarse directamente a la cuenta bancaria del beneficiario, o bien otorgarse a través de servicios sociales básicos en Centros de Bienestar del Adulto Mayor y Centros Diurnos. Los BEPS, por otra parte, son prestaciones que obtiene un trabajador que realizó aportes como cotizante pero no alcanzó a cumplir los requisitos para adquirir una pensión.
La abogada Clara Elena Reales, vicepresidenta jurídica de la Asociación de Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías (Asofondos), también reconoce esa distinción: “Ni los subsidios de Colombia Mayor ni el programa BEPS hacen parte del sistema pensional, se trata de prestaciones complementarias que no están atadas a la limitación constitucional que obliga a que todas las pensiones sean iguales o superiores al salario mínimo”.
En ese orden de ideas, la población que recibe estos subsidios no puede contabilizarse en el grupo de quienes reciben pensión. En los datos del gráfico elaborado por Econometría Consultores, serían cinco millones de personas las que no tenían acceso a pensión, aunque 1,7 millones de ellas contaran con algún beneficio de jubilación.
Según la caracterización publicada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) en diciembre de 2021, los datos más recientes arrojan 4,7 millones de adultos mayores no reciben una pensión. Al descontar de esa cifra a los beneficiarios de Colombia Mayor y BEPS, se obtiene un aproximado de 3 millones de personas sin pensión ni prestación de otra índole.
Dado que esta cifra final coincide con la afirmada por Gustavo Petro en el debate presidencial, pero considerando que en no especificó la distinción entre pensión y beneficios complementarios, calificamos su frase como cuestionable.
“El sistema que tenemos de ahorro paga al banquero un 30% del total de la cotización mensual”
Una de las afirmaciones de Petro en su discusión con Betancourt que ha generado más polémica es en la que dijo que el RAIS “paga al banquero un 30% del total de la cotización mensual”. A lo que le agregó la pregunta: “¿Es o no es un robo?”.
La reforma de 2003 a la Ley 100 de 1993, que rige los sistemas de salud y pensional, establece que el valor actual de la cotización para pensiones es del 16% del ingreso base mensual de cada persona afiliada a cualquiera de los dos regímenes. De ese valor, hay 3 puntos porcentuales que van parcialmente a cubrir los gastos de administración.
“Las comisiones (que incluyen seguros por invalidez y muerte) son las mismas en el sistema público y en el privado. En ambos casos se cobra 3%”, le respondió Asofondos a Petro en un comunicado con base en esa misma norma. Además, reconoce la vicepresidenta jurídica del gremio, Clara Elena Reales, hay un 1,5% que solo aplica en las AFP privadas y que va al Fondo de Garantías de Pensión Mínima.
“Como resultado de esos dos pagos a la cuenta de ahorro individual del afiliado, al RAIS va 11,5% del IBC [ingreso base de cotización]. En el caso de Colpensiones, a la bolsa común con la cual se financian pensiones va 13% del IBC”, concluye.
En su comunicado, Asofondos también citó una publicación sobre mercados pensionales hecha por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en 2021, donde se calculó que las tarifas de los fondos en Colombia equivalían en 2020 a 0,6% del total de los activos que manejan de los afiliados. El 0,4% era lo correspondiente a los cobros sobre los salarios.
Sin embargo, el candidato no habló del 30% sobre el ingreso ni sobre los activos sino sobre “el total de la cotización”. Es decir que, por ejemplo, para alguien que gana el mínimo de 1 millón de pesos al mes, la cuenta del senador no se basa en ese valor sino en los 160.000 pesos que cotiza al sistema.
Al día siguiente del debate de El Tiempo y Semana, Petro se reafirmó en Twitter. “Para refutarme, dicen que de los 16 puntos, porcentaje de cotización, 11,5 van a la cuenta del cotizante mensualmente y 4,5 a otros menesteres. ¿Cuánto es 4,5 de 16?”, escribió.
Dije que el 30% de la cotización mensual de los trabajadores no queda en su cuenta pensional.
— Gustavo Petro (@petrogustavo) March 15, 2022
Para refutarme dicen que de los 16 puntos, % de cotización, 11,5 va a la cuenta del cotizante mensualmente y 4,5 a otros menesteres.
¿Cuánto es 4,5 de 16?https://t.co/But6OctUrF
El resultado de esa operación es el 28,1%, una cifra cercana al 30% que había dicho inicialmente. Olivera confirma el resultado: “Yo supongo que lo que Petro hace es redondear”, pero al igual que el economista Francisco Azuero, profesor de la Universidad de los Andes, advierte que eso no quiere decir que esos recursos sean ganancias para los fondos y sus dueños, el “banquero” del que habló el candidato.
La misma tabla que usó Petro en su trino, tomada de una nota del diario económico La República a propósito de sus declaraciones, aclara la destinación de esos dineros de acuerdo con las leyes ya citadas y en concordancia con la interpretación normativa de los expertos mencionados. La fuente de los datos es el informe trimestral de rentabilidad de los fondos publicado por la Superintendencia Financiera en diciembre de 2021.
Aparte del punto y medio del Fondo de Garantías de Pensión Mínima, con el que se asegura que la mesada en la vejez no sea inferior a un salario mínimo, el reporte muestra que los otros 3 puntos que el aspirante presidencial presenta como un “pago al banquero” incluyen el costo de “seguros previsionales”. Asofondos y expertos independientes coinciden en que estas pólizas son para cubrir pensiones de invalidez o sobrevivientes.
La repartición no es igual en todas las AFP. En promedio, solo 1,2 puntos porcentuales de la cotización (7,5%) corresponden a comisiones por administración de los aportes. En la que más cobra, Skandia, el valor es de 2,1 puntos (13,1%).
Así que la afirmación de Petro es cuestionable porque presenta los 4,5 puntos de los 16 de la cotización que no entran a la cuenta de ahorro individual, o sea el 28%, como una ganancia de la administradora. En realidad, la mayoría cubre otros gastos y aportes para diferentes tipos de pensiones y la sola comisión es casi la cuarta parte de lo que él dijo.
“Este sistema pensional, como el de salud, se imitó de los modelos de Pinochet”
Otro argumento del candidato del Pacto Histórico para defender su propuesta de reforma fue la comparación entre los modelos pensionales de Colombia y Chile, junto con los respectivos sistemas de salud. Le atribuyó el triunfo electoral del nuevo presidente chileno, Gabriel Boric, a la inconformidad de la población de su país con ambos esquemas.
“Este sistema pensional, como el de salud, se imitó de los modelos de [Augusto] Pinochet en Chile”, dijo Petro. Ya lo había expresado en Twitter en octubre de 2020, en ese entonces aludiendo a los resultados del plebiscito que habilitó la Constituyente que avanza allá mismo para reemplazar la Carta Política heredada de la dictadura encabezada por el mencionado general (1973-1990).
La ley 100 en salud y en pensiones fue calcada del Chile de Pinochet. Hoy la mayoría del pueblo chileno por el derecho a la salud y la pensión deroga la Constitución de Pinochet.
— Gustavo Petro (@petrogustavo) October 26, 2020
Qué esperamos para derogar la ley 100 y crear un sistema que garantice salud y pensión como derecho?
En el debate, Petro prosiguió:
“Ellos [los chilenos] empezaron primero, nosotros después. Nosotros comenzamos en el 93. Cuando comenzaron los chilenos primero, ellos ya se dieron cuenta entonces, antes de nosotros, de que no hay pensión y de que no hay salud. ¿Por qué creen que ganó Boric? Boric ganó precisamente por un programa para garantizar el derecho a la pensión que los fondos privados de Chile conculcaron. No hay derecho a la pensión hoy en Chile y lo mismo en la salud”.
Incluso recordó que dos días antes se había reunido con el mandatario chileno el día de su toma de posesión. Señaló que uno de sus objetivos con ese encuentro era el de “tratar de homogeneizar las reformas a la salud y a las pensiones” entre los dos países.
Petro tiene razón en que, en los dos ámbitos, los sistemas de Chile y Colombia tienen algunos aspectos comunes y en que cronológicamente surgieron en ese orden. No obstante, el segundo está lejos de ser una reproducción del primero, pues también incorporó elementos que no existían e incluso aún están ausentes allá. Así que la frase que presenta los modelos colombianos como imitación de los chilenos es cuestionable.
Empecemos por las pensiones.
“El sistema pensional en todo el mundo empezó como el de reparto o el de prima media en Colpensiones [...] y era sostenible porque había mucha más gente joven que vieja, o sea muchos más trabajadores que pensionados”, explica el consultor Mauricio Olivera, expresidente de la administradora pública. Con la reducción de la natalidad y el aumento de la expectativa de vida, se empezaron a buscar alternativas, incluida la del ahorro individual como complemento.
En Chile, eliminaron el reparto y se quedaron solo con este nuevo sistema, continúa el economista y coincide Clara Elena Reales, vicepresidenta jurídica de Asofondos. El cambio entró en vigencia en mayo de 1981, por un decreto-ley de la dictadura expedido seis meses antes, y sigue vigente.
“Desde los 90, este modelo ha sido replicado total o parcialmente en varios países de América Latina, incluido Colombia”, recordaban en 2017 la abogada Victoria Jara y la economista Sandra Rodríguez, en ese entonces y respectivamente subdirectora y directora de la Cámara de Seguridad Social de la Federación de Aseguradores Colombianos (Fasecolda) en un artículo publicado en la revista de ese gremio. Su análisis reconocía que, a pesar de eso, aquí sí se mantuvo el régimen de reparto en paralelo a las AFP.
Olivera, de hecho, califica la combinación colombiana como “extrañísima” porque los dos esquemas no se complementan sino que compiten entre sí. Señala que esto también pasa, por ejemplo, en Perú, pero no de la misma manera porque en este otro país “la persona desde el inicio decide dónde quedarse”. No hay traslados entre regímenes como acá.
Entonces el RAIS colombiano sí es un modelo como el chileno, pero en ese país desapareció el equivalente al RPM. Este nunca ha dejado de existir acá y la administradora pública, Colpensiones, compite con las AFP y tiene ventaja frente a estas de por los subsidios pensionales que aumentan las mesadas, como también lo señalaban Jara y Rodríguez en su nota.
También hay otras diferencias que señalan tanto los gremios como el expresidente de Colpensiones. Una de las más notables es que en Chile no existe una garantía de pensión mínima como la de Colombia. Otra es que allá no existe la protección constitucional que impide que esos recursos sean usados con otros fines, que sí está consignada en el Artículo 48 de la Carta Política colombiana de 1991. A la vez, la cotización chilena es del 10%, menor por 6 puntos.
Con la salud sucede algo similar.
“En el mundo es difícil encontrar dos sistemas iguales a otro. Se habla que los sistemas de salud son como huellas digitales de los países”, afirma el médico salubrista Manuel Inostroza, exsuperintendente de Salud de Chile. La reestructuración del de su país data de la misma época que la reforma pensional ya mencionada, también se dio por decretos con fuerza de ley bajo el mando de Pinochet entre 1979 y 1985.
Se le han hecho algunas reformas, pero la esencia del modelo se ha mantenido. Tiene aseguramiento público y privado. En este último, señala el exfuncionario chileno, los planes de beneficios son más de 60.000 y se aplican según análisis del riesgo de cada persona y su capacidad de pago, mientras el primero es de afiliación obligatoria con 7% de cotización sobre los ingresos laborales o gratis para las personas de menores recursos.
“Nosotros teníamos un sistema de cajas de seguridad social para los trabajadores que cotizaban en el sector privado y en el sector público y teníamos un sistema público centralizado para los más pobres. Esta idea de crear un seguro más liberal con seguros privados individuales fue sólo producto de la dictadura”, señala Inostroza.
En contraste, el sistema colombiano surgido de la Ley 100 en 1993 apareció en un contexto “más democrático”, en palabras del experto en referencia precisamente a la Asamblea Nacional Constituyente de 1991. “Nosotros estamos viviendo un proceso parecido. Entonces yo creo que, en ese sentido, Colombia está más adelantada”, dice el salubrista.
El sistema está compuesto por dos regímenes principales. La característica primordial es que hay solidaridad del contributivo hacia el subsidiado, pues los recursos se centralizan en el Fondo de Solidaridad y Garantía (Fosyga). En Chile, se manejan fondos independientes, lo que genera problemas de financiación en el aseguramiento público que atiende a la gran mayoría de la población y depende sobre todo de las cotizaciones, los copagos de los afiliados e impuestos.
El régimen contributivo en Colombia es para quienes tienen capacidad de pago, que cotizan un porcentaje de sus ingresos mensuales (12,5% del salario u otros ingresos laborales y tarifas variables para los pensionados) y reciben otros cobros ocasionales como las cuotas moderadoras y copagos. Parte de esto financia al subsidiado, para la población más pobre o ciertas personas prioritarias que solo tienen que hacer copagos en casos excepcionales.
“En el régimen chileno no existe la solidaridad”, contrasta el economista experto en sistemas de salud latinoamericanos Andrés Vecino, investigador de la Universidad Johns Hopkins, en Estados Unidos. Para el profesor, la razón por la que se puede interpretar que hay una similitud es porque en ambos casos existen aseguradoras privadas, pero funcionan de manera “absolutamente diferente”.
Si bien los dos países tienen similitudes en la incorporación de una seguridad social mixta, con actores públicos y privados, también hay aspectos que diferencian un modelo de salud del otro de manera bastante marcada. Inostroza señala en especial el desarrollo de los planes de servicios.
Mientras Chile cuenta con miles de programas diferentes, Colombia tenía uno para cada régimen y los unificó en 2015 (al menos en el papel, porque en la práctica persisten barreras de financiación, matiza Vecino). De hecho, una de las reformas chilenas fue la creación, en 2005, de un paquete explícito de beneficios mínimos que se debían cubrir, similar a lo que aquí era el Plan Obligatorio de Salud (POS) reemplazado por el Plan de Beneficios (PBS).
Por otro lado, el seguro público chileno es uno solo, el Fondo Nacional de Salud (Fonasa), que a tiende por medio de los entes territoriales. En Colombia existen empresas públicas o mixtas de distintos niveles que compiten con las privadas en ambos regímenes, aunque esa competencia se ve limitada en el subsidiado y sobre todo fuera de las grandes ciudades, precisa de nuevo Vecino.
Estas y otras diferencias también han sido desarrolladas en documentos académicos; por ejemplo, una tesis de maestría de la Universidad del Rosario presentada en 2019. Además, el investigador de Jonhs Hopkins indica que tienen consecuencias prácticas, como una mayor dificultad para que la gente en Chile consiga ciertos servicios preventivos que no son del primer nivel de atención pero tampoco son para enfermedades graves o que tengan que poner más dinero de su propio bolsillo para acceder al sistema.
De modo que, nuevamente, hay elementos comunes, pero no todo es idéntico. Estas diferencias hacen cuestionable el señalamiento de Petro de que los modelos de salud y pensión colombianos son imitaciones de los que se crearon en la dictadura de Pinochet.
“Hoy en día estamos con 4 colombianos soportando una pensión, pero dentro de unos años vamos a tener un solo colombiano soportando la pensión de una persona [...] en el 2070”
La frase la dijo Ingrid Betancourt cuando criticaba la propuesta pensional de Gustavo Petro en el debate El Tiempo y Semana. Betancourt dijo que “Hoy en día estamos con 4 colombianos soportando una pensión, pero dentro de unos años vamos a tener un solo colombiano soportando la pensión de una persona”. Luego Petro le preguntó: “¿Dentro de cuántos años Ingrid?”, a lo que la candidata respondió: “hasta el 2070”.
Consultamos con el equipo de prensa de Betancourt cuál era la fuente de su afirmación y nos enviaron la proyección de la población del país por área, sexo y edad para el periodo 2018-2070 que publica el DANE. Esa base de datos y otras más se pueden consultar en la página de proyecciones de población de la entidad, que, para hacerlas, se basa en el Censo Nacional de Población y Vivienda de 2018.
También nos dijeron que la justificación es que, según la proyección, “hoy en día son 4 trabajadores por cada persona mayor de 60 años”, pero este reporte no tiene tasas de ocupación ni formalidad, así que es más preciso hablar de población en edad de trabajar que asegurar que este número de personas trabaja.
La razón de los números a través de los años, expresado en una gráfica, se ve así:
Lo que quiere decir que en 2022 hay aproximadamente 4 personas entre los 20 y los 60 años por cada persona mayor de 60 años. En 2070, la razón tiende a igualarse: 1,7 por 1. Los datos de la candidata son ciertos.
Ahora bien es necesario tener en cuenta que esta proyección del DANE solo muestra un número de personas que discrimina por edad y sexo, pero no dice si cotizan para pensión o si pagan impuestos.
Por ejemplo, el DANE realiza mediciones del mercado laboral basado en diferentes categorías como la Población Total (PT), la Población en Edad de Trabajar (PET), la Fuerza de Trabajo (FT) y los Ocupados (O).
Esto es importante porque, como dice la economista y experta en demografía Piedad Urdinola, Betancourt “solo sabe sacar la razón de dependencia de adultos mayores pero no cómo funciona el sistema hoy en día”.
Urdinola explica que el sistema pensional en Colombia es mixto. En el público los jóvenes sí soportan a los pensionados pero en el privado cada quien se soporta a sí mismo. En otras palabras, la candidata de Verde Oxígeno no aclara que estos datos corresponden al funcionamiento del sistema público, pues en el privado no se puede hablar de dependencia entre jóvenes y viejos.
Jorge Llano, analista y experto pensional, precisó que esta tasa se puede calcular con dos fuentes. La primera es la tasa o el índice de apoyo potencial (potential support ratio) que publica el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de Naciones Unidas (DAES). Tuvimos en cuenta la variable que compara el número de personas entre los 15 y 64 años versus los que tienen 65 o más y con proyecciones desde 1950 hasta 2100.
La segunda, indicó Llano, es un documento del DANE que presenta series de poblaciones e indicadores del mercado laboral desde el 2001 hasta el 2021. Este permite ver el número de personas que se considera población en edad de trabajar y sus categorías. De esta fuente utilizamos la tasa de ocupados que hay actualmente en el mercado laboral: 53,4%. Los ocupados son quienes están trabajando y se asume entonces que realizan aportes a pensión o pagan impuestos que sirven para cubrir el hueco pensional del régimen público.
La siguiente gráfica con los números de población por edad del DAES y el ajuste de la tasa de ocupados del DANE muestra que actualmente hay 4 ocupados por cada persona mayor de 65 años, y la tendencia muestra que en 2070 habrá solo 1.
Los números sí corresponden con los de Betancourt pero hay que notar que las variables de referencia son distintas. En la primera gráfica dividimos las personas entre los 20 y los 60 años (28 millones) entre las personas mayores de 60 (6 millones). En la segunda dividimos las personas ocupadas (18 millones) entre 4,6 millones de personas mayores de 65 años. En suma la candidata si acertó pero se fue por otro camino.
Aún así este dato, por sí solo, ilustra únicamente el régimen público de pensiones como dice Urdinola. “Depende de cuál de los dos sistemas está hablando”, nos dijo también la economista Martha Susana Jaimes.
La candidata tampoco tuvo en cuenta la cantidad de trabajadores informales en el mercado laboral. La Guía Ciudadana al Sistema de Pensiones y Protección de la Vejez en Colombia, publicada en 2019 por el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, resalta que uno de los retos del sistema de pensiones es que el 46,9% de la población ocupada es informal, “y, por lo tanto, no cuentan con la protección del sistema de seguridad social”, dice la guía.
El reporte del mercado laboral del DANE sobre informalidad muestra que para el 2022 el porcentaje de población informal ocupada es del 43.2%. Y la medición de empleo informal y seguridad social para el trimestre de noviembre 2021 a enero de 2022 muestra que solo el 57,4% de las personas ocupadas cotizan para pensión.
En conclusión calificamos como “verdadero, pero” la afirmación de la candidata Íngrid Betancourt porque los datos son correctos en la medida en que por cada persona mayor de 60 años hay 4 personas entre los 20 y los 60, aunque es necesario aclarar que esta relación de dependencia aplica únicamente para el régimen público, y no para el privado que se basa en el ahorro individual. Además, la candidata no tiene en cuenta cuántas personas entre los 20 y los 60 años son empleados o informales ni tampoco que solo el 57,4% de los empleados cotizan para pensión.
“El gran problema, en este momento, del déficit fiscal en Francia es precisamente el hueco pensional”
En medio de la discusión de la propuesta de reforma pensional por parte del candidato a la presidencia del Pacto Histórico, Gustavo Petro, se produjo un intercambio con la candidata de Verde Oxígeno, Ingrid Betancourt, acerca del modelo pensional en Francia.
En detalle, este fue el intercambio entre ambos candidatos:
Petro: ¿Sabes que lo que yo estoy proponiendo es como funciona el régimen pensional en Francia?
Betancourt: Sí, pues es una catástrofe.
Petro: ¡Ah, es una catástrofe en Francia!
Betancourt: Sí, pues el gran problema, en este momento, del déficit fiscal en Francia es precisamente el hueco pensional, entonces realmente no es un buen ejemplo.
En Colombiacheck verificamos en concreto esta última afirmación.
La reforma pensional es también un tema del debate en la campaña electoral francesa, en la que el presidente, Emmanuel Macron, busca la reelección. En Francia, además del sistema general, existen 42 regímenes especiales de pensión, que no han podido ser desmontados a pesar de los intentos hechos por el actual gobierno desde 2019.
En ese año el proyecto de reforma pensional de Macron fue fuente de masivas protestas en todo el país, pues el texto buscaba establecer un modelo universal de pensiones y un sistema por puntos, pero la propuesta debió ser aplazada debido a las manifestaciones y al surgimiento de la pandemia, a inicios del 2020.
Haciendo un poco de historia y para poner en contexto el asunto francés, “el sistema de pensiones francés para el sector privado fue creado en 1945. Está compuesto por un régimen de base, gestionado por la CNAV, Caja Nacional del Seguro de Vejez y por un régimen complementario que es obligatorio. A este régimen general están afiliados el 68% de las personas activas. El resto de trabajadores está sujeto al régimen de los funcionarios y a los regímenes especiales que cuenta con 42 especificidades”, como lo explica un artículo de Radio Francia Internacional.
Y el gasto pensional en 2019, de acuerdo con el Ministerio de Trabajo de Francia, “representó 331.000 millones de euros, pagados a más de 17 millones de jubilados, es decir, el 13,6% del PIB”, el producto interno bruto.
Por otra parte, los cálculos presentados en el más reciente informe del Consejo de Orientación de Pensiones de Francia precisaron que, para 2020, a causa de la pandemia de COVID-19 y a la fuerte contracción de los recursos, asociada a la caída del PIB, “el déficit del sistema de pensiones ha aumentado masivamente a un total de 18.000 millones de euros en 2020, es decir, el 0,8% del PIB”.
Sin embargo, esa entidad que reconoce el déficit, precisa más adelante en su reporte anual que aunque “la proporción del gasto en pensiones en el PIB fue especialmente alta en 2020, con un 14,7% de los ingresos nacionales, en el 2021 con el repunte de la actividad y por el exceso de mortalidad relacionado con la crisis sanitaria, Francia volvería a un nivel cercano al del periodo anterior a la crisis a partir de 2022, en torno al 13,7% hasta 2030”.
Y en este marco, el economista francés Marc Touati, en una reciente entrevista con el programa radial Toda Francia en la que se debatió la crisis pensional francesa, aseguró: “Nuestro sistema funcionaba muy bien mientras había suficientes activos. En los años 70, había 3 activos por 1 pensionado. Hoy hay 1,5 trabajadores por 1 jubilado. La jubilación no es un problema político ni económico, es un problema matemático. Añádase a esto que estamos viviendo más que cuando se introdujo nuestro sistema actual y la financiación de la jubilación se vuelve complicada”.
Para Touati, “lo que más me preocupa como economista y ciudadano es que si no hacemos nada, nuestro sistema de pensiones de reparto explotará. En 2050, podría haber hasta 1.000 billones de euros de déficit de pensiones que se sumarán a la deuda pública que ya es enorme”.
Sin ir más lejos, las estadísticas de la OCDE muestran que el déficit fiscal en Francia en el 2020 fue del 9,09%, tan solo por debajo de países como Grecia, cuyo déficit fue del 10,09% y por encima de la media de la Unión Europea que fue de 6,68%. Claro que esto fue en el marco de la pandemia por el coronavirus, que incrementó el gasto público y disminuyó los ingresos; pero las cifras de la OCDE muestran a Francia con un déficit que supera la media europea año a año.
Para Marcelo Duque, experto en pensiones y profesor de maestría en la Universidad Icesi, “Íngrid Betancourt tiene razón cuando afirma que en Francia hay un gran problema de déficit a causa de las pensiones, en especial por la carga que suponen los regímenes especiales, pues es muy costoso pagar esas pensiones”.
Por ejemplo, explica el docente, “en Francia los trabajadores ferroviarios tienen un modelo especial que se les otorgó por las condiciones en que desarrollaban su trabajo cuando tenían que alimentar las calderas de los trenes y eso suponía un peligro para sus vidas, pero eso ya fue superado por la tecnología y, sin embargo, los beneficios pensionales se mantienen, más con el componente adicional de que la expectativa de vida ha aumentado en el mundo en general”.
Otro de los regímenes especiales, que data del año 1698, es de los trabajadores de la Ópera de París, quienes tienen beneficios que les permiten jubilarse entre los 42 y los 60 años.
“Los bailarines de la Ópera de París pueden jubilarse a los 42 años, con una pensión media equivalente a los salarios de las tres últimas temporadas. Los artistas del coro pueden jubilarse a los 50 años y los músicos de la orquesta, a los 60 años. Entre ellos, la pensión media oscila entre los 2.000 y los 3.000 euros, cuando la pensión media del conjunto de los franceses oscila entre 1.200 y 1.300 euros”, explica el diario ABC en este artículo.
Macron no desiste y, cuando busca su reelección, ha planteado de nuevo la reforma pensional en su programa de gobierno; esta vez, insistiendo en aumentar la edad de pensión, tal como lo afirmó el portavoz del mandatario y lo registró esta nota del portal DW: “En el programa de Emmanuel Macron estará la propuesta de aplazar progresivamente la edad de jubilación a los 65 años [desde los 62 actuales], avanzó en la radio RTL el portavoz del gobierno francés, Gabriel Attal”.
“El objetivo es aumentar progresivamente la edad de jubilación a partir de 2023 hasta alcanzar los 65 años en 2032, precisó su entorno. La primera generación en jubilarse a esa edad sería la nacida en 1969. El mandatario aboga también por una pensión mínima de 1.100 euros al mes (unos 1.210 dólares) –inferior al salario mínimo actual– para quienes tengan una carrera laboral completa y por suprimir algunos regímenes especiales, agregó Attal”.
Así que calificamos como “verdadera pero…” la afirmación de Betancourt sobre que las pensiones son el gran problema del déficit fiscal en Francia, pues, en parte, son los regímenes especiales aquellos que causan mayor presión sobre el sistema y el déficit ocasionado alcanza casi el 0,8% del PIB de ese país. No es preciso decir, como lo señala, consecuencia de un esquema igual al que propone Petro.
“El 74% de los subsidios en las pensiones los recibe el 40% más rico de los pensionados”
Sergio Fajardo también se unió al debate acerca de las pensiones en Colombia y publicó un hilo de Twitter sobre este tema. En uno de los trinos enlazó su propuesta ‘Una red de protección social integral para las personas mayores’, donde asegura que “el mismo sistema pensional reproduce las desigualdades del país: el 74% de los subsidios en las pensiones los recibe el 40% más rico de los pensionados”.
Los subsidios pensionales a los que se refiere Fajardo son los del régimen de reparto o de Prima Media (RPM) porque en el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS) no hay subsidio, sino que cada persona tiene su cuenta de ahorro individual a la que le contabilizan sus rendimientos. Consultamos a su campaña para saber cuál era la fuente de su afirmación y nos respondieron que estaba en una presentación hecha en noviembre de 2019 por Luis Fernando Mejía, director ejecutivo de Fedesarrollo, denominada ‘Elementos para una reforma pensional en Colombia’.
El ministro de Hacienda y Crédito Público, José Manuel Restrepo, coincidió con lo dicho por Fajardo en una audiencia pública virtual ante la Corte Constitucional sobre el traslado de un fondo privado de pensión a Colpensiones, realizada el 28 de octubre de 2021, en la que aseguró: “el 74% de los subsidios pensionales se los están llevando los quintiles 4 y 5 de la población, o sea de los más ricos del país”.
En su intervención, el funcionario mostró un cuadro sobre la distribución de subsidios sociales por quintil de ingresos, una medida muy utilizada en economía para clasificar una población en función de sus entradas económicas desde los más bajos hasta los más elevados. Así, se le divide por partes iguales, cada una equivalente a un 20%.
En este cuadro, cuyas fuentes son el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Departamento Nacional de Planeación (DNP) con datos de 2015, se puede ver que el 50,8% de los subsidios transferidos al sistema de pensiones está focalizado en el quintil 5, es decir, que beneficia al 20,2% de la población con mayores ingresos en edad de pensión. Mientras tanto el quintil 1, que es el de menores ingresos, recibe apenas el 4,3% de los subsidios.
Igualmente, el 23,4% de estos recursos está focalizado en el quintil 4, beneficiando al 18,8% de la población. Al sumar el porcentaje de las pensiones de los quintiles 4 y 5, nos da el 74%. Es decir que el 39% de la población más rica, casi el 40% que menciona Fajardo, se beneficia de esos dineros, por lo cual su afirmación es verdadera.
Cabe aclarar que los porcentajes que da el Ministerio de Hacienda sobre los subsidios pensionales incluyen los del programa Colombia Mayor creado en 2012, que no hacen parte del sistema pensional. A pesar de que consiste en transferencias económicas a adultos mayores en situación de pobreza, su monto es muy inferior al salario mínimo que se exige por Constitución para una pensión y no depende de haber sido cotizante.
El economista y profesor universitario Francisco Azuero aclaró que este subsidio no es una pensión. “Es una ayuda que se le da a las personas mayores, pero en términos legales no es una pensión”, expresó. Lo mismo aclaró Mauricio Olivera, de Econometría Consultores.
Por su parte, Clara Elena Reales, vicepresidenta jurídica de Asofondos, explicó que los subsidios de Colombia Mayor son “prestaciones complementarias que no están atadas a la limitación constitucional que obliga a que todas las pensiones sean iguales o superiores al salario mínimo”.
De acuerdo con un informe de Fedesarrollo denominado ‘El Sistema Pensional en Colombia: Retos y alternativas para aumentar la cobertura’, publicado en abril de 2010 con datos de 2006, la distribución de los subsidios pensionales en Colombia es inequitativa.
“Históricamente, el sistema de pensiones ha contenido una significativa cantidad de subsidios dado el bajo nivel de contribuciones y el relativamente alto nivel de beneficios en el RPM. Como la cobertura es baja y en beneficio de los más favorecidos, no sorprende que la distribución de los subsidios según quintiles de ingreso del hogar esté mal focalizada, con el 20% más pobre recibiendo un subsidio mínimo y el más alto recibiendo el 80% del total”, dice el informe.
Además, agrega que “el RPM ha generado otros problemas adicionales en términos de equidad. En particular, las contribuciones de los trabajadores de menores ingresos, que tienen una vida laboral inestable y que generalmente no alcanzaban a cumplir los requisitos para obtener una pensión, estaban financiando las pensiones de la población más favorecida y de las personas que pertenecían al régimen de transición”.
Azuero le explicó a Colombiacheck que el subsidio se define cuando el valor presente de las cotizaciones es inferior al valor presente de la pensión y un sistema neutro, en el que no hay subsidio ni impuesto, es cuando todo lo que uno ahorra va para su pensión. “Si uno termina recibiendo más de lo que aportó en valor presente se dice que hay subsidio y en el régimen de prima media son las pensiones más altas las que más subsidio reciben”, expresó.
Igualmente, en un documento que elaboró para la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) denominado ‘El sistema de pensiones en Colombia. Institucionalidad, gasto público y sostenibilidad financiera’, publicado en 2020, el profesor de Los Andes coincidió en que “el sistema pensional es profundamente inequitativo y regresivo, especialmente por los subsidios a los altos ingresos presentes en el régimen de prima media. Quienes no hayan completado el número de semanas exigidas, que son generalmente los más pobres, terminan subsidiando al resto de los afiliados”.
Por su parte, el Banco Mundial en su informe ‘Hacia la construcción de una sociedad equitativa en Colombia’, publicado en 2021, señala que la inequidad del sistema de pensiones en el país se deriva de la existencia de subsidios implícitos que tienen dos fuentes: en primer lugar, aquellos que contribuyen al sistema público de pensiones pero que no acumulan suficientes semanas de contribución para obtener una pensión recuperan sus contribuciones, ajustadas por la inflación, pero no por el retorno real que sus ahorros hubieran generado si se hubiesen invertido en el mercado financiero. Y en segundo lugar, la combinación de la edad de jubilación, la tasa de reemplazo bastante alta y las bajas tasas de contribución.
“En el nivel individual, esta generosidad es progresiva; es decir, la tasa interna de retorno de contribuciones y pensiones es mayor para las personas con salarios más bajos, incluso para las personas con progresión salarial a lo largo de sus vidas laborales. Sin embargo, el hecho de que las personas con ingresos altos (cuyas carreras tienden a ser más largas, más estables y con una mayor progresión salarial) tengan más probabilidades de acumular una pensión que las personas con ingresos bajos inclina la generosidad agregada del sistema hacia las pensiones de altos ingresos”, indica el informe.
Agrega que “los subsidios implícitos en el sistema de pensiones de Colombia corresponden principalmente a los beneficiarios de pensiones elevadas” y que la distribución de estos subsidios se puede aproximar observando cómo las transferencias a Colpensiones para cubrir el déficit del sistema público de pensiones se distribuyen por nivel de ingresos. “La mayor parte del déficit se encuentra donde se concentra la mayoría de los pagos de pensiones, o sea en las pensiones más elevadas”, señala el Banco Mundial.
Teniendo en cuenta las cifras del Ministerio de Hacienda y los conceptos de los expertos, en Colombiacheck calificamos como verdadera la frase del candidato Sergio Fajardo en la que afirma que el 74% de los subsidios en las pensiones los recibe el 40% más rico de los pensionados.
“Manizales presenta la mayor cobertura de pensiones con un 39,5%, seguida de Medellín con 39,3%. En cambio, ciudades de la Región Caribe como Riohacha y Sincelejo alcanzan coberturas tan solo del 15% y 16%, respectivamente”
En su programa de Gobierno, el candidato de la coalición Centro Esperanza consigna estas cifras que reflejarían la distinción territorial de la cobertura pensional. Además, demostraría que el cobijo del sistema es muy bajo, considerando que la ciudad con mayor cobertura no alcanza el 40% de la población en edad de pensionarse.
La fuente que nos proporcionó el equipo de campaña de Fajardo es este informe, publicado en noviembre de 2021 por el DANE y la Fundación Saldarriaga Concha. En él se utiliza información de 2020 y se desglosan los porcentajes de cobertura por ciudad, coincidentes con los utilizados por en el portal del exgobernador.
El economista Martín Jaramillo nos explicó a qué se deben estas diferencias de cobertura a nivel territorial: “El factor número uno es la formalidad. Manizales es una de las ciudades con menor informalidad en el país. Si la gente está vinculada en un empleo formal, cotiza. Al cotizar, tiene mayor probabilidad de pensionarse. También hay otras variables que entran en juego como la demografía, el salario mediano y la expectativa de vida, entre otras”.
La discusión respecto a la baja cobertura del sistema pensional colombiano ha suscitado informes del Banco de la República y la Cepal, además de numerosas universidades entre las que se cuenta el Externado. De la mano de esa baja cobertura, viene el problema de la carga fiscal que el pago de las pensiones representa para el Estado. Una situación analizada en “La encrucijada que tiene al sistema pensional de Colombia en crisis”, artículo de Portafolio.
Adrián Garlati, director del programa de Economía de la Universidad Javeriana, señaló que los motivos de la baja cobertura del sistema pensional colombiano están sobre-diagnosticados y apuntó tres de ellos:
“El principal elemento es que el salario mínimo, condición primordial para cotizar a pensión: es muy alto en términos de lo que la población realmente gana. La mitad de los colombianos no alcanza a ganar un millón al mes. Si a eso se suma la informalidad y la inestabilidad laboral, se hace casi imposible el acceso, porque en los períodos de desempleo no se cotiza. En segundo lugar, muchas de las personas que ganan por encima del salario mínimo descreen del sistema. Ven muy lejana la posibilidad de pensionarse, así que no cotizan. Por último, en el régimen privado puede darse que un cotizante con salario de cinco millones se pensione con un millón trescientos mil, cosa que a algunas personas puede parecerles una especie de estafa. Todo eso desestimula la base de aportantes, lo que posteriormente deriva en una población mayor sin garantía de pensión”.
Con estas consideraciones, damos a la frase del programa de Sergio Fajardo la calificación de verdadera, pues sus cifras coinciden con una publicación reciente de la autoridad estadística del país y revelan las dimensiones y diferencias territoriales de la cobertura pensional en Colombia.
“Hay prácticamente 350 billones de pesos ahorrados, que es lo que él (Petro) se quiere gastar sabiendo que no es una plata de él. Lo que básicamente él plantea es expropiarles el ahorro a los colombianos”
En el Debate de las Regiones, Gutiérrez, se refirió a la propuesta pensional de su contendor Gustavo Petro, quien no asistió. “La propuesta de Petro sobre ese tema no solo es populista, sino peligrosa. Pone en riesgo el ahorro de los colombianos. Hay prácticamente 350 billones de pesos ahorrados, que es lo que él se quiere gastar sabiendo que no es una plata de él. Lo que básicamente él plantea es expropiarles el ahorro a los colombianos”, expresó.
Los ahorros de los que habla Gutiérrez son los del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS), que son administrados por cuatro fondos de pensiones privados (Skandia, Protección, Colfondos y Porvenir).
De acuerdo con el informe anual consolidado por Asofondos, entidad gremial que representa a las AFP, el ahorro, propiedad de los afiliados, registró al cierre de 2021, “un monto total de 357,8 billones de pesos, con rendimientos que, solo para los doce meses, llegaron a 31,8 billones”.
Como ya explicamos, la propuesta pensional de Petro consiste en un modelo de pilares en el que los dos regímenes pensionales actuales, el de Prima Media y el RAIS, no sean competitivos sino complementarios. La idea es que las personas que tengan ingresos de hasta 4 salarios mínimos coticen en Colpensiones para pagar las mesadas de los pensionados actuales con esos aportes y los que ganen más de eso coticen sobre sus primeros 4 salarios con Colpensiones y el resto iría a un ahorro individual de cada trabajador, por lo que el pago de la pensión sería conjunto entre el Estado y un fondo privado.
“Lo que proponemos es lo contrario de una expropiación”, ha dicho Petro en Twitter sobre su propuesta.
La expropiación se refiere a la adquisición por parte del Estado, en la mayoría de los casos, de un bien anteriormente considerado de propiedad privada. Esta debe estar recogida en el marco legal del país, de modo que puedan evitarse posibles abusos de poder por parte de los gobernantes.
Clara Elena Reales, vicepresidenta jurídica de Asofondos, le dijo a Colombiacheck que de acuerdo con la Constitución y la jurisprudencia, los recursos de pensiones se deben destinar exclusivamente para ese fin. “Solo en el RAIS los recursos de las cuentas de ahorro individual son de propiedad de los afiliados, así tengan una destinación particular. Esa protección conduce a que tales recursos solo puedan destinarse al pago de pensiones y no para solventar otros gastos”, expresó.
De acuerdo con la abogada constitucionalista, una eventual nacionalización requeriría tanto un cambio en la ley “para forzar el traslado de todos los afiliados a Colpensiones y eliminar la libertad de escogencia” como en la propia Carta Política “para abolir el principio de sostenibilidad financiera”. Sin embargo, su interpretación es que en eso consistiría la propuesta de Petro.
El economista Francisco Azuero también explicó que legalmente no es posible que se puedan expropiar los ahorros de los fondos privados de pensiones porque los dueños de esa plata son los afiliados, a menos que el presidente dicte emergencia económica o pase un proyecto al Congreso haciendo una reforma constitucional.
“El Gobierno no puede disponer de esos recursos. Lo que pasa es que Petro no ha explicado bien en qué consiste su propuesta y qué le va a dar a los que tienen ahorrado en los fondos de pensiones. Cuál es la contrapartida que le va a dar a los ahorradores a cambio de los dineros que se van a ir a los fondos comunes del Estado”, precisó.
Por su parte, el laboralista Kevin Hartmann dijo, en una entrevista al Diario Criterio, que la reforma pensional que propone Petro no puede considerarse una expropiación porque la reforma, según su hipótesis, sería a futuro. “Es decir, a partir del momento en que esa reforma entra en vigencia, las contribuciones van a acabar con el déficit que tiene el Presupuesto General de la Nación”, detalló Hartman.
“¿Qué pasa con las contribuciones que ya hicieron las personas que están en los fondos privados de pensiones? Nada, no va a pasar nada. Esa plata sigue ahí invertida en los bonos y en las acciones en las que están invertidas hoy día”, agregó el abogado.
Por lo anterior, en Colombiacheck calificamos lo dicho por el aspirante Federico Gutiérrez como cuestionable, porque si bien lo que está ahorrado en los fondos privados de pensiones son 357 billones de pesos, a corte 2021, es impreciso decir que esos recursos Petro los vaya a expropiar. El Estado no puede tomar esos recursos porque son propiedad de los afiliados y las reformas que habría que hacer para cambiar eso exceden lo descrito por el candidato del Pacto Histórico hasta el momento, por lo que no hay diferentes interpretaciones.
Petro “hablaba sobre una tasa que cobran supuestamente los fondos de pensión privados del 30%: totalmente falso, es del 3%”
Federico Gutiérrez también hizo referencia a Petro en el debate de RED+ cuando aseguró que este “lo único que hizo todo el tiempo fue mentir”, refiriéndose a un debate anterior en el que se habló de la propuesta del candidato por el Pacto Histórico en el tema de pensiones. Como ejemplo, se refirió al dato sobre las tarifas de las AFP: “Hablaba sobre una tasa que cobran supuestamente los fondos de pensión privados del 30%: totalmente falso, es del 3%”.
Esta afirmación, sin embargo, también es cuestionable. Aunque, como está verificado en este mismo chequeo, Petro sí fue impreciso en la forma como presentó la cifra, Gutiérrez está comparando el cálculo que hizo él sobre el valor de la cotización mensual con el porcentaje que establece la ley expresado sobre el total de los ingresos. De esta manera, exagera el error de su contrincante.
Como ya se explicó antes, la Ley 100 (a raíz de la reforma de 2003) establece hoy que el 3% del ingreso base con el que se cotiza para pensión en el RAIS se destina a gastos que incluyen tanto una comisión para la AFP como un seguro que cubre las eventuales pensiones de invalidez o sobrevivientes. Hasta ahí tiene razón la cifra de Gutiérrez.
Sin embargo, esos 3 puntos hacen parte del 16% del “total de la cotización”, que fue de lo que habló Petro. Además, se les suma otro punto y medio que contribuye al Fondo de Garantías de Pensión Mínima.
De modo que son 4,5 puntos que no van a la cuenta de ahorro individual para la pensión de vejez de la persona. El 28,1% de lo cotizado cada mes, un valor cercano al que señaló el senador de Colombia Humana y al que él se refería.
Este cálculo del candidato del Pacto tiene sus propios errores, pues presentó esa tasa como un “pago al banquero” cuando en realidad también incluye rubros distintos a la comisión para el fondo privado por la administración de los recursos. En promedio, esto último representa apenas un 7,5% de la cotización, o sea 1,2 puntos del ingreso mensual.
A pesar de esto, Gutiérrez no corrigió esa imprecisión al criticarla sino que comparó dos cifras que hacen una relación de tarifas diferente. De esta forma, señaló a Petro de mentir con una tasa 10 veces mayor a la real, que tampoco es el caso y, por tanto, la afirmación del exalcalde de Medellín también es cuestionable.
Fajardo, Betancourt y Gutiérrez, acceso a una pensión
“Sólo el 25% de las y los colombianos mayores de 65 años tiene acceso a una pensión, siendo más favorecidos los hombres, con un 31% por ciento, en comparación con las mujeres (22%)”: programa de Sergio Fajardo.
“Solo el 24% de los colombianos logran entrar al sistema de pensión”: Federico Gutiérrez
“1 de cada 4 colombianos tiene acceso a pensión”: Íngrid Betancourt
Los tres candidatos tanto en debates como en el programa de Fajardo hicieron una afirmación similar. Al revisar los datos y el contexto de estas afirmaciones encontramos que son verdaderas. En Colombiacheck, como parte de nuestra metodología, consultamos a las tres campañas sobre las fuentes de sus afirmaciones, pero la de Gutiérrez no respondió.
En el caso del equipo de prensa de Fajardo nos respondieron que las cifras provienen de la nota estadística ‘Personas mayores en Colombia: hacia la inclusión y la participación’ que publicó el DANE en noviembre del 2021. En la página 81 se puede ver esta tabla con la caracterización de pensionados:
En el total nacional se pueden notar las cifras que dio Fajardo en su propuesta. Total personas con pensión 25,5%. Una cifra que es similar a la dicha por Ingrid que dice que 1 de cada 4 colombianos tiene acceso a pensión (esto es el 25%) y aproximada al dato entregado por Gutiérrez del 24%.
Al consultar a Asofondos y los expertos economistas Luis Carlos Reyes y Piedad Urdinola sobre cómo corroborar la información, estos se refirieron al reporte del DANE de cifras de pobreza monetaria que realiza la entidad con base en la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) 2012-2020. La publicación ‘Pobreza monetaria - Caracterización de la población adulta mayor’, del 6 de diciembre de 2021, muestra las proporciones de adultos mayores de 60 años pensionados por sexo.
En Colombia, según la publicación, hay 1'680.022 pensionados de un total de 6'472.071 adultos mayores, esto es el 25,96%.
Debido a que Fajardo también habló que “los hombres, con un 31% son los mas favorecidos, en comparación con las mujeres (22%)”, en Colombiacheck analizamos las cifras discriminadas por sexo.
Como se observa en la primera tabla, de la nota del DANE, los datos de Fajardo concuerdan con los de esa publicación: total de hombres con pensión 30,8% y total de mujeres con pensión 22,4%. Este documento tiene en cuenta los requisitos para obtener la pensión de vejez en Colombia, 62 años para los hombres y 57 para las mujeres.
En la segunda, del informe de caracterización de la población adulta mayor, se registran 808.638 hombres pensionados de un total de 2'923.406 adultos mayores, es decir el 27,66%, 3,34 puntos porcentuales menos que la cifra del candidato. Por último el reporte documenta que hay actualmente 871.384 mujeres pensionadas de un total de 3'548.665, el 24,56%, esto significa 2,56 puntos porcentuales más que la cifra del candidato.
Sin embargo, la diferencia entre ambas tablas radica en la población escogida para el cálculo. “Personas mayores en Colombia…”, la que usó Fajardo como referencia, toma como población los hombres y mujeres en edad de pensión, desde los 62 y 57 años respectivamente. La caracterización de pobreza monetaria toma como referencia a todos los adultos mayores de 60 años.
Para Urdinola y Reyes las cifras de Fajardo son correctas en tanto se aproximan bastante a las que se encuentran en la mediciones del DANE.
También es correcto afirmar que los hombres son más favorecidos. Esto se explica porque la trayectoria de vida es distinta para mujeres y hombres, según dice el informe Hombres y mujeres: brechas de género en Colombia de ONU Mujeres, el DANE y la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer (CPEM) publicado en septiembre de 2020.
“Ellas en todo momento y en gran número se dedican al trabajo no remunerado, con el correspondiente abandono o, incluso, la no inserción al mercado laboral”, dice la publicación que describe la situación socioeconómica de hombres y mujeres en el país.
En conclusión, calificamos como verdaderas las afirmaciones de Fajardo, Gutiérrez y Betancourt. En Colombia solo 25% de los adultos mayores tienen acceso a una pensión, como dice el informe de pobreza monetaria del DANE. Además los hombres logran jubilarse y vivir de su pensión en mayor medida que las mujeres.
