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Miércoles, 06 Febrero 2019

No hay cifras oficiales de colados en Transmilenio

Por Luisa Fernanda Gómez Cruz

Samuel Hoyos, precandidato a la alcaldía de Bogotá, dijo que Bogotá pierde 200.000 millones de pesos al año por este problema. Pero no es posible determinarlo porque no hay cifras oficiales al respecto.

El pasado 2 de febrero se realizó el Segundo Foro Democrático por Bogotá, organizado por el Centro Democrático, en el que los precandidatos a la alcaldía por este partido dieron a conocer sus propuestas para mejorar la movilidad de la capital.

Durante su intervención, Samuel Hoyos, uno de los participantes, se refirió al tema de los colados en el sistema Transmilenio. Dijo que anualmente la capital pierde 200.000 millones de pesos por este problema y que, si se resuelve, la tarifa del pasaje podría disminuir. Así quedó consignado también en su cuenta de Twitter:
 

Colombiacheck consultó al precandidato para conocer en qué fuente de información se basó.

Lo que nos dijo es que “probablemente son más de 200.000 millones” de pesos, pues “en esto no hay cifras exactas”. “Hay fuentes de prensa y algunos estudios que se han hecho en Transmilenio, pero cerca del 10% de los usuarios se cuelan y el sistema mueve 2,2 millones de personas al día”, señaló. Además, explicó a Colombiacheck que sus cuentas vienen de multiplicar 200.0000 colados, por los 2.400 que vale el pasaje de Transmilenio.

Cuando le contrapreguntamos al precandidato de dónde venían las estimaciones de que el 10% de los usuarios se cuelan en el sistema, nos respondió enviándonos el enlace de un artículo de El Tiempo publicado el 23 de septiembre del año pasado.

Contactamos al equipo de comunicaciones de Transmilenio, quienes nos confirmaron “TransMilenio tiene datos generales de estaciones, portales y zonas de la ciudad más afectados por la problemática de los colados. Sin embargo, actualmente carecemos de una línea de base integral de medición de la evasión”. Es decir, hasta este momento no hay datos oficiales sobre cuántos son los colados en el sistema, ni se ha realizado ningún otro estudio por parte de Transmilenio, contrario a lo dicho por Hoyos.

La empresa reveló, además, que están adelantando los estudios correspondientes para determinar la gravedad del problema, pero estos no se conocerán sino hasta el segundo semestre de 2019.

Dario Hidalgo, experto en movilidad y exsubgerente de Transmilenio, reafirmó lo dicho por la empresa y señaló que entre expertos “se ha manejado la cifra de alrededor del 10%” de colados frente al total de viajes que se hacen al día en el sistema de transporte. Es decir, el mismo estimado de Hoyos, aunque no se cuente con cifras oficiales.

Por otra parte, de acuerdo con Transmilenio, diariamente se hacen 2’500.000 validaciones en el servicio troncal (cada vez que un usuario pasa su tarjeta para ingresar al sistema, se cuenta una validación). Y el valor del pasaje para este mismo rubro es de 2.400 pesos.

De modo que el número de pasajes no validados podría ser de aproximadamente 250.000 (10% de 2,5 millones); que al multiplicarlo por el valor del pasaje (2.400), por los 365 días del año da un valor de 219.000 millones.

Es decir, que posiblemente, pero no oficialmente, al año el sistema estaría dejando de ganar 210.000 millones de pesos. Una cifra que aunque es cercana a la dada por Hoyos, no se puede asumir como oficial pues, como ya señaló Transmilenio, aún no se ha determinado cuántos son realmente los colados en el sistema.

¿Disminución en la tarifa?

De acuerdo con Hidalgo, decir que al controlar la evasión del pago se puede bajar la tarifa de Transmilenio podría ser parcialmente válido, aunque, en todo caso, habría que tener en cuenta muchos factores.

En primer lugar, porque controlar la evasión tiene un costo. Requiere mejorar infraestructura (torniquetes que hagan difícil colarse, barreras en puntos donde circulan los colados); realizar campañas publicitarias (‘Todos pagamos el pato’), y aumentar el control policial (más policías en las estaciones, sitios a dónde llevar a los colados, mecanismos para el pago de multas).

De hecho, así mismo lo constata Transmilenio en el comunicado que envió a Colombiacheck, en el que señala: “Con el propósito de prevenir y controlar la evasión del pago, Transmilenio viene liderando el Plan Anti - Evasión (...) que actúa a través de tres líneas de acción: Fiscalización, Infraestructura y Cultura Ciudadana”.

En segundo lugar, según Hidalgo, controlar a los colados no se traduce en que los 219.000 millones de pesos van a entrar al sistema. “Porque muchas de las personas que se cuelan, simplemente no usan el servicio. Hoy se están colando, si se les cobra, no necesariamente lo usarán”, concluye el experto.

Transmilenio tendría, entonces, que entrar a revisar el costo que le genera luchar contra la evasión, si el dinero invertido tendría como resultado un mayor ingreso por cuenta de los pasajes y si ese aumento en el ingreso efectivamente le haría posible rebajar la tarifa para los ciudadanos.

Mientras tanto, afirmarlo como un hecho, es desinformar.

Miércoles, 13 Febrero 2019

No hay cifras para saber si la mayoría de homicidios son cometidos con armas de fuego ilegales

Por Sania Salazar

Christian Garcés, representante a la Cámara del Centro Democrático, atina al asegurar que alrededor del 70% de los homicidios en Colombia se cometen con arma de fuego, pero se equivoca al concluir que la mayoría de esas armas son ilegales, pues no hay cifras que lo comprueben.

El representante a la Cámara por el Centro Democrático Christian Garcés aseguró en su cuenta de Twitter que, según el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, “de 2010 a 2016, 7 de cada 10 homicidios en Colombia fueron cometidos con arma de fuego, mayoritariamente ilegales”.

Garcés lideró la iniciativa de pedirle la felixibilización al porte de armas al presidente Iván Duque, solicitud que abrió el debate en el país sobre el asunto.

Garcés le dijo a Colombiacheck que “al analizar las cifras de Medicina Legal del periodo comprendido entre 2010 y 2018 se puede observar que el porcentaje de homicidios cometidos con arma de fuego superaba el 70%, lo que permite concluir que siete de cada 10 homicidios se cometieron con arma de fuego durante ese periodo”. Además, nos envió los links de los documentos de los que extrajo las cifras.

Después de revisar las cifras y de consultar a expertos, calificamos la afirmación como cuestionable, pues si bien la proporción de asesinatos cometidos con arma de fuego concuerda con lo que dice Garcés, no hay manera de determinar la legalidad de las armas con las que se cometen todos los homicidios en Colombia, por lo cual no hay evidencia para concluir lo dicho por el Representante a la Cámara.

Colombiacheck revisó los informes de Medicina Legal en los que se basó el Representante y encontró que, efectivamente, el porcentaje de homicidios cometidos con arma de fuego entre 2010 y 2016 osciló entre el 69 y el 77 por ciento. Lo que es similar a decir que siete de cada 10 homicidios se perpetró con arma de fuego. Pero Medicina Legal no indica si esas armas eran mayoritariamente ilegales, como lo asegura Garcés.

Pedro Piedrahíta, profesor de ciencia política de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín y magíster en seguridad y defensa, le explicó a Colombiacheck que tanto las armas legales como las ilegales funcionan con los calibres aprobados por el Estado colombiano y distribuidos por la industria militar en el país, por lo que es prácticamente imposible saber qué porcentaje de los homicidios son cometidos con armas legales e ilegales.

Katherine Aguirre, investigadora del Instituto Igarapé de Brasil, le aseguró a Colombiacheck que no hay estadísticas disponibles para determinar si las armas con las que se cometen los asesinatos son legales o ilegales. “Medicina Legal solo sabe con qué clase de mecanismo se cometió el delito, pero no tiene información sobre la procedencia o el permiso de porte del arma”, precisó.

Según la investigadora, esto solo se podría averiguar con una investigación de la Policía que determine de qué arma salió el proyectil y cuál es el estado de la misma. “El nivel de conocimiento del arma concreta de los actos de homicidio es muy bajo y requiere una investigación profunda que no se ha desarrollado mucho en Colombia”, concluyó.

El artículo “Control de armas de fuego: mucho protocolo, pocos resultados”, de la Fundación Ideas para la Paz, FIP, recuerda que desde el gobierno de César Gaviria (1990-1994) hay una propuesta para realizar un censo de proyectiles, tanto de los que están en poder de civiles como de las de dotación de las fuerzas armadas lo que, según dice el artículo, “sin duda sería de gran utilidad para esclarecer crímenes que involucran armas de fuego”. Ela artículo, además, señala que desde la misma época se introdujo al país el Sistema Integrado de Identificación Balística (IBIS, por su nombre en inglés), que es clave para cumplir dicha función.

La implementación de ese sistema ha sido muy limitada “y en algunos casos críticos, como el de Cali, dejó de funcionar hace cerca de diez años, debido a la consabida falta de recursos”, concluye el artículo.

Se espera que el Gobierno publique el texto con las nuevas directrices para el porte de armas, que según el ministro de defensa, Guillermo Botero, ya está listo, y por el contrario endurece los criterios para el porte.