En medio de la campaña electoral han venido circulando toda clase de desinformaciones en contra de los candidatos a la Presidencia de la República, pero también un foco de la desinformación es el relacionado con los procesos logísticos de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Y en ese marco se mueve, desde hace varios días, en redes sociales y de mensajería, una larga cadena en la que se asegura que “El Registrador es un petrista que funge de honesto. OjO Colombia. Gravísima situación. No importa que seamos más. Tienen EL REGISTRADOR Y EL SOFTWARE de $27.000 millones, hecho por la empresa INDRA, propiedad del gobierno socialista español,  para ROBARSE LAS ELECCIONES.  Por favor entiendan el problema, ES MUY GRAVE. La multinacional INDRA  es propiedad del PSOE o sea PARTIDO SOCIALISTA  OBRERO ESPAÑOL” (sic).

La publicación asegura además que “en Venezuela a los pocos años de estar en el poder el *Socialismo* el pueblo salió en masa a votar en contra de Chávez, manifestaciones gigantescas, mensajes, audios, videos por las redes en contra del presidente, países pidiendo la cabeza del mandatario, pero de nada sirvió, porque el *Software Electoral* lo manejaba Chávez y lo sigue manejando Maduro; 22 años en el poder dan fe de esto” (sic).

Sin embargo, lo mencionado por la cadena, objeto de este chequeo, es falso porque, aunque Indra en efecto es la empresa que ganó la licitación por 27.000 millones de pesos que hizo la Registraduría para proveer el software de escrutinio electoral, luego de un proceso que fue cuestionado por varios sectores, ésta no es propiedad del Partido Socialista Español, PSOE, ni del gobierno socialista de ese país.

Indra es en realidad una empresa semipública, en la que el Estado español es co-propietario con casi el 20% de las acciones.

Así lo registró, el portal informativo español CIV10, en el informe titulado “Indra, un gigante al servicio del Estado”, al decir que “en 2005, Caja Madrid se convirtió en el accionista mayoritario, con un 15% que en 2008 se elevó a casi un 20%. Tras el rescate de Bankia, la entidad comenzó un proceso de desinversión en las empresas donde tenía participación (para así sanearse) que le llevó a vender, en 2013, sus acciones de Indra a la Sepi (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales). Con esta acción el Estado volvió a ser accionista mayoritario de la multinacional española, con un 20%”.

También lo registraron nuestros colegas chequeadores de La Silla Vacía, que ya verificaron esta cadena, al encontrar que “La compañía tiene múltiples accionistas, la mayoría privados. El Estado, a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi), controlada por el Ministerio de Hacienda, tiene el 18,7 por ciento de las acciones.

La Sepi es el accionista con más acciones, pero está lejos de ser la única propietaria y de tener el control de la empresa, como lo muestra la composición accionaria de Indra”.

La oficina de prensa de Indra también le dijo a La Silla Vacía que “es cierto que el software costó $27 mil millones, de resto el contenido de la cadena es falso. El estado español, a través del Sepi, tiene una participación del 18%. El resto del porcentaje está en bolsas de valores”.

Así que queda claro que Indra es solo en parte estatal y que, como bien se indica, es el Estado español el propietario y no el actual gobierno, presidido por el socialista Pedro Sánchez Castejón.

Indra en Venezuela

Por otra parte, respecto a la afirmación de que en Venezuela “el Software Electoral lo manejaba Chávez y lo sigue manejando Maduro; 22 años en el poder dan fe de esto”.

Encontramos que julio de 1998, meses antes de las elecciones que llevaron al poder a Hugo Chávez en Venezuela (6 de diciembre de 1998), el Consejo Nacional Electoral de ese país le adjudicó a Indra, entonces una empresa privada, el primer contrato para la automatización de las elecciones en ese país.

En esta nota del portal Computerworld, fechada el 2 de julio de 1998, quedó registrado que “El contrato, por un valor superior a los 180 millones de dólares (más de 27.000 millones de pesetas) está todavía pendiente de firma, según han puntualizado fuentes de Indra en Madrid, que han confirmado que un equipo de la compañía española ultima en estos días en Caracas las negociaciones con el Consejo Nacional Electoral venezolano”.

Queda ratificado en esta entrada de la página web del CNE de Venezuela, en la está consignado que “el proceso de implementación del voto electrónico ha sido progresivo. Las primeras elecciones totalmente automatizadas fueron las de 1998, asistidas por la compañía española Indra, la cual se encargó de los procesos electorales que se llevaron a cabo entre 1999 y 2003. El sistema era mixto: los cuadernos continuaban siendo manual y la votación era sobre un tarjetón donde se rellenaba un óvalo con un bolígrafo, pero el voto era introducido en unas máquinas con un lector óptico para hacer el conteo y la totalización de forma automatizada”.

Posteriormente, precisa el CNE venezolano, que “a partir del año 2003, la inversión para lograr la automatización de las distintas fases del proceso electoral se intensificó. Para este año el Consejo Nacional Electoral concedió al consorcio integrado por las empresas Smartmatic, Bizta y CANTV (SBC) la automatización de las elecciones regionales 2004 y eventuales referendos, tras analizar durante cinco meses las ofertas de diferentes empresas transnacionales”.

De hecho en 2017 Smartmatic, que estaba a cargo del sistema de voto electrónico empleado en las elecciones a la Asamblea Constituyente de Venezuela, denunció “hubo manipulación del dato de participación”, según este artículo del portal BBC Mundo.

Volviendo a Indra, hay que decir además que se retiró de Venezuela en 2015 debido a los malos resultados operacionales ocasionados por la crisis económica del país como lo relata en esta nota el diario El Confidencial: “Indra ha decidido traspasar su negocio en Venezuela por las dificultades operativas del país, muy condicionadas por las modificaciones constantes del valor de la divisa local, el bolívar, que se ha depreciado constantemente en los últimos años por la mala evolución económica del país”.

Agrega dicho artículo que las relación con el régimen de Maduro, “tampoco era muy fluida, sobre todo por la tensión entre los dos países, dadas las graves y constantes acusaciones desde Caracas contra Madrid, por financiar supuestamente agrupaciones políticas contrarias al régimen oficial”. 

Así que, tras estas evidencias, calificamos como falsa la cadena que circula por redes sociales que atribuye la propiedad de Indra al PSOE y al “gobierno socialista español” porque es el Estado español el propietario y solo de una parte. 

También es falsa la publicación, objeto de este chequeo, en relación con la participación de esta empresa en los procesos electorales de Venezuela, en los últimos 22 años, pues esta entidad solo lo hizo entre 1998 y 2003.