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Martes, 28 Mayo 2019

Paola Holguín confundió metas con resultados de Generación E

Por José Felipe Sarmiento

La senadora presentó el número de estudiantes que el programa espera beneficiar en su primer año como si ya fueran un logro alcanzado, para compararlos con los resultados de Ser Pilo Paga.

En su cuenta de Twitter, la senadora Paola Holguín destacó una supuesta cantidad de estudiantes beneficiados por el programa Generación E, con el que el gobierno de Iván Duque busca mejorar el acceso de los jóvenes de escasos recursos a la educación superior, en comparación con los que alcanzó su antecesor a través de Ser Pilo Paga, iniciativa a la que reemplazó y que tenía el mismo fin.

“Mientras [el expresidente Juan Manuel] Santos logró en 8 años, con Ser Pilo Paga, que 40.000 jóvenes fueran a universidades privadas; Duque, con Generación E, logró que en el 2018 fueran 80.000 jóvenes de bajos recursos gratuitamente a la universidad pública y llegará a 300.000 para el 2022”, escribió la congresista del partido Centro Democrático.

Tuit de la senadora Paola Holguín sobre Generación E vs. Ser Pilo Paga

Por el lado de Ser Pilo Paga, el informe de gestión del Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (Icetex) en 2018 sí resaltó que llegó “a 40.000 estudiantes atendidos por el programa”, que es administrado por la entidad. De ellos, quedaban activos 37.954 y empezaron a graduarse las primeras promociones.

La equivocación del mensaje en este punto es que el año de inicio fue 2014. Por tanto, se ejecutó durante los cuatro años del segundo mandato presidencial de Santos y no en los ocho que tuvo su gobierno completo, como lo afirma la parlamentaria.

En cuanto a Generación E, la información es falsa. Para empezar, la Dirección de Fomento de la Educación Superior del Ministerio de Educación todavía no tiene datos definitivos ni siquiera del primer semestre de 2019, cuando se estrenó el esquema. Sus cuentas son preliminares porque todavía están en proceso de validación con las universidades, según explicó Jeisson Ulloa, de la Subdirección de Apoyo a la Gestión de la Instituciones de Educación Superior (IES).

Al respecto, hay que tener en cuenta que muchas universidades públicas empezaron este periodo tarde porque primero tenían que terminar las actividades académicas de 2018, que habían quedado pendientes por el paro. La Distrital, por ejemplo, inició clases del 2019-1 el 26 de marzo. La Nacional lo hizo el 1 de abril en Bogotá y el 15 en Manizales y Palmira.

El segundo semestre, que de por sí no ha comenzado, se ve más lejano en estas instituciones por la misma razón. En consecuencia, todavía no se sabe cuántos serán los matriculados de Generación E para la otra mitad del año. Además, el puntaje en las pruebas Saber 11 es requisito para postularse en una de sus modalidades y, según el cronograma del Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes), la publicación de los resultados se hizo el 11 de mayo, casi tres semanas después del tuit en cuestión.

Hasta el momento, la cuenta parcial del Ministerio va en 23.988 beneficiarios en el primer semestre, sumando los dos componentes del programa que van dirigidos a cubrir las matrículas de los estudiantes (el tercero corresponde a los recursos adicionales para las universidades públicas que estas acordaron con el Gobierno tras las protestas del año pasado). Es decir que, por ahora, la cantidad va en un 30 por ciento de la cifra que dio la congresista.

Tablas del Ministerio de Educación con datos parciales de beneficiarios de Generación E

Además, la comparación que hace Holguín tampoco es exacta porque Generación E es un plan más amplio que Ser Pilo Paga. Precisamente, la esencia de este era premiar a los estudiantes de bajos recursos que sacaran los mejores resultados en el examen de Estado para que estudiaran incluso en universidades privadas. Solo el componente de excelencia del nuevo programa tiene ese mismo esquema, aunque con algunas reformas. Sus beneficiarios son 2.792 hasta ahora. La cantidad que dio Holguín es 28 veces mayor.

En cambio, los otros 21.196 matriculados que el Ministerio ha contado hasta la fecha están en el fondo de equidad, que no contempla requisitos basados en las pruebas Saber. Su foco son los estudiantes de bajos recursos en general, siempre que entren a universidades públicas. Lo que se cubre es la tarifa de la matrícula que le llega al admitido y un apoyo para su sostenimiento, no el costo total que tiene para la institución educar a esa persona.

Con las reformas a Ser Pilo Paga en la primera modalidad de Generación E y la entrada en juego de las nuevas áreas, los dos programas “no son tan comparables”, según el economista e investigador pedagógico Julián de Zubiría Samper. El consultor señala que el grupo de equidad, que es la mayoría, “infla los datos del beneficio porque el Estado paga la matrícula de un estudiante de estrato 1 y 2; el problema está en quién cubre el resto”.

Aquí entra el tipo de universidad escogida por los jóvenes de los programas. Es cierto que 87 por ciento de los recursos del programa de Santos terminaron en universidades privadas porque los estudiantes las preferían y que el de Duque, en cambio, pretende fortalecer las públicas. En su componente de excelencia, donde los estudiantes tienen la libertad de elegir las privadas, estas deben financiar la cuarta parte del costo mientras el plan lo cubre completo en las públicas.

El problema con la afirmación de la parlamentaria en este caso es que la mayoría de los beneficiarios de este fondo sigue escogiendo las privadas, aunque en una proporción menor, de 58 por ciento. Son 1.621 contra 1.171 que prefirieron las instituciones del Estado y componen el restante 42 por ciento.

No obstante, “según la ex viceministra [de Educación Superior] Natalia Ariza, hay una población del componente de Equidad de Generación E que está contenida en el componente de Excelencia (los de mejores puntajes) pero al final pueden llegar a ser los mismos. Al menos en las universidades públicas que tienen un ingreso más restringido que requiere un puntaje de Saber 11 más alto”, cita un artículo del portal Cerosetenta de la Universidad de los Andes, publicado cuando se anunció la creación del programa en octubre pasado.

En este orden de ideas, la admisión en universidades públicas cumpliría una función de filtro meritocrático en el componente de equidad, como el que se explicita en el de excelencia. De Zubiría, sin embargo, recuerda que la mayoría de estas instituciones tiene su propio examen, con criterios distintos a los evaluados por las pruebas Saber. Además, el sociólogo Víctor Manuel Gómez Campo, doctor en Educación, explica que “hay un debate muy fuerte sobre cuál de esas dos opciones es mejor para predecir resultados académicos”, al menos en la Nacional, donde es docente.

Otra variable que traen a flote los dos académicos son las formas especiales de admisión que tienen las universidades públicas para algunas poblaciones. Un ejemplo es el Programa Especial de Atención y Movilidad Académica (Peama) de la Nacional que, en aras de la inclusión, modifica el proceso y los puntajes requeridos para los aspirantes de regiones apartadas que se inscriban a ciertos programas en las sedes andinas de la institución (Bogotá, Medellín, Manizales y Palmira).

Entonces, no es posible establecer con seguridad la mejor manera de comparar el número de beneficiarios entre los dos programas: si tomar Generación E como un todo o solo su componente de excelencia, al ponerlo frente al antiguo Ser Pilo Paga. Además, el profesor Gómez Campo señala que “no es pertinente” hacerlo tan pronto, por las diferencias en los periodos de ejecución (cuatro años contra seis meses). “Si lo miramos de aquí a tres años y no hay mucha deserción, podrían ser equivalentes”, dijo.

Los 80.000 son una meta

La senadora Holguín no le respondió a Colombiacheck cuál fue su fuente de información. Lo que concluimos, sin embargo, es que confundió los resultados de Generación E con la meta anual que tiene en su componente de equidad: 80.000 beneficiarios para un total de 320.000 en todo el periodo presidencial de Duque.

El de excelencia, que es el heredero directo de Ser Pilo Paga, tiene unos objetivos más modestos: 4.000 estudiantes al año, para 16.000 hasta 2022. Sumados, ambos fondos darían un promedio de 42.000 matriculados por semestre hasta completar 336.000 al finalizar el mandato.

Mientras el tiempo pasa para ver si esas cifras se concretan, de modo que se pueda hacer una mejor comparación entre los dos programas, la afirmación de la congresista es falsa porque presenta objetivos a largo plazo como si fueran metas cumplidas de manera muy anticipada.

Jueves, 10 Octubre 2019

Concejal en campaña exagera su aporte a la educación superior en Bogotá

Por José Felipe Sarmiento

La página de Nelson Cubides le atribuye a sus iniciativas la creación de un programa de becas, pero lo que hicieron fue modificar un fondo de créditos condonables que existe desde 1999.

La biografía del concejal conservador Nelson Cubides, que busca la reelección en el cabildo de Bogotá, dice en su página de internet que “gracias a sus iniciativas se creó un programa de becas (FEST) que brinda oportunidades de educación superior a jóvenes bogotanos en carreras técnicas o profesionales en cualquier universidad”.

Captura de pantalla de la biografía de Cubides en su página oficial

El cabildante le dijo a Colombiacheck que este Fondo de Educación Superior para Todos “es un modelo de financiamiento para darle crecimiento y sostenibilidad al programa de becas en educación superior”. Es decir que ya había un programa. Lo que hizo su iniciativa fue modificarlo en varios aspectos, incluyendo el nombre.

Entonces, la afirmación en su perfil es cuestionable porque el acuerdo 670 de 2017, del que él fue autor con sus compañeros de partido Gloria Elsy Díaz y Roger Carrillo, no creó un programa de cero sino que le hizo cambios al Fondo Cuenta para la Financiación de la Educación Superior, que ya existía desde hacía 18 años. La misma norma dice en su título que “se modifican los acuerdos 37 de 1999273 de 2007 y se dictan otras disposiciones”.

El primero contemplaba la versión original, que consistía en créditos blandos (no becas) para los mejores bachilleres de estratos 1 y 2 con un presupuesto anual que debía ser por lo menos de 7.000 salarios mínimos legales vigentes (SMLV). Los beneficiarios debían empezar a pagar tres años después de terminar la carrera, que tenía que ser profesional.

El acuerdo de 2007 les hizo algunas reformas: introdujo la financiación de estudios técnicos y tecnológicos, estableció la posibilidad de exoneración hasta del 70 por ciento del pago después de la graduación, por alto rendimiento académico y a cambio de un servicio social de un año; también amplió el público objetivo del fondo para incluir al estrato 3 y aumentó sus recursos mínimos a 10.000 SMLV al año.

Todo esto pasó antes de la llegada de Cubides al Concejo de Bogotá en 2016. Lo que logró su iniciativa fue, entre otras cosas, elevar una vez más el presupuesto básico del programa a 21.000 SMLV y abrirlo para todos los bachilleres del Distrito (incluso en colegios privados), aunque manteniendo la prioridad para los de estratos bajos; además de contemplar la financiación de carreras virtuales y la condonación hasta del total de la deuda solo por graduarse y hacer un servicio social o una práctica laboral con algunas condiciones.

También amplió las fuentes de recursos, permitiendo aportes voluntarios por medio del impuesto de industria y comercio (ICA) y otras donaciones particulares a cambio de una certificación para las empresas aportantes; estableció la posibilidad de que las instituciones de educación superior contribuyan con incentivos, descuentos o cofinanciación; fijó montos máximos de cubrimiento por parte del Distrito para matrícula y sostenimiento, decisión que antes estaba en manos de la Secretaría de Educación, y ordenó aplicar criterios diferenciales para jóvenes con discapacidad.

Finalmente, el acuerdo determinó la creación de un plan de pertinencia para guiar a los estudiantes hacia las carreras con mayor demanda laboral y la realización de un estudio sobre el impacto del programa. Ambos deben elaborarse cada cinco años.

En su respuesta a Colombiacheck, Cubides resaltó todos estos puntos, que se confirman al comparar la norma vigente con las que había antes. No obstante, su impacto en las cifras de la Secretaría es difícil de evaluar más allá de la multiplicación presupuestal.

Los recursos dieron un salto de 6.894 millones de pesos en 2016 a 17.482 al año siguiente, 18.268 millones en 2018 y 17.390 millones en la primera mitad de este año. La suma de la plata que ha recibido el fondo desde 2017 equivale a 42 por ciento de los 127.302 millones de pesos que ha tenido en toda su historia.

Mientras tanto, los estudiantes nuevos pasaron a 756 desde 2017 hasta junio de este año, frente a los 419 que hubo de 2014 a 2016. Esto es un 80,4 por ciento más de beneficiarios con más del doble de presupuesto. No obstante, el pico de 384 admisiones en 2018 superó apenas por 12,3 por ciento a las 342 que hubo en 2012, cuando al programa se le destinaron 5.667 millones de pesos.

Es decir que el impacto estaría más en el presupuesto disponible para financiar y atender a cada persona beneficiada que en el aumento de cobertura, aunque esta también ha crecido. Pero el economista experto en políticas públicas de educación Ángel Pérez Martínez señala que esto “no representa ni medio punto porcentual del total de la matrícula de la ciudad”, que gradúa más de 50.000 bachilleres al año.

Otra variación ha sido la mayor concentración en el estrato 2. En 2018 llegó a 61 por ciento de la población admitida y lleva un punto más en 2019, cuando antes era máximo la mitad. El estrato 1 también creció, pues hasta 2016 llegaba máximo a 11 por ciento y pasó a 17 y 22 por ciento en los años más recientes. En cambio el 3, que accedía a 50 por ciento de los créditos en 2015, bajó a 40 por ciento en 2017 y hoy está en apenas 16 por ciento.

Pese a esto, las cifras del Distrito muestran que este cambio en el perfil socioeconómico de los beneficiarios ya había empezado antes del acuerdo 670. La caída del estrato 3 empezó con ocho puntos porcentuales en 2016 frente al año anterior. Los estratos 1 y 2, por su parte, venían en aumento constante desde ese mismo momento aunque han tenido más altibajos desde 2012.

Además, la apertura de la nueva norma a estudiantes de estratos altos no se ha traducido en su entrada al programa. El profesor Pérez Martínez recuerda que “los estudiantes de los colegios oficiales son estratos 0, 1, 2 y 3 en más de 98 por ciento de los casos”, lo que podría explicar que se mantenga esa ausencia de quienes pertenecen a los 4, 5 y 6.

Entre tanto, las matrículas en programas virtuales son 2 por ciento y los que son a distancia tienen igual proporción. Esto equivale a 12 estudiantes en cada modalidad. Los presenciales siguen representando la gran mayoría, 96 por ciento. Por tanto, Pérez considera que estos datos “no sirven para ningún tipo de análisis” porque no permiten extrapolar conclusiones.

Finalmente, la introducción de las condonaciones totales en el programa podría considerarse como la creación de becas en el sentido de que los estudiantes al final no tendrían que pagar nada. A pesar de eso, la Secretaría  todavía no le ha otorgado este beneficio a nadie, porque los admitidos desde 2017 aún están estudiando y solo podrían acceder a él una vez se gradúen; mientras que las exenciones parciales creadas en 2007 han sido obtenidas por 297 de los 1.148 graduados del programa desde sus inicios, poco más de la cuarta parte (25,9 por ciento).

Esto quiere decir que, no obstante la cantidad de los cambios introducidos en el fondo por el acuerdo del que Cubides fue autor, el FEST no fue una creación completamente nueva y su impacto es discutible. Por tanto, la afirmación en su portal de internet es cuestionable.

RedCheq