Durante el debate de vicepresidentes de la Universidad Javeriana, Juan Carlos Pinzón, fórmula de Germán Vargas Lleras, habló de la necesidad de renovar la Ley 1448 de víctimas.

“Nosotros estamos convencidos de renovar la ley 1448 de víctimas, ha sido una ley valiosa pero terminó siendo insuficiente. Hemos terminando más preocupados por darle beneficios a victimarios que por estar pendientes de las víctimas”.

Esa fue una de sus respuestas a la pregunta del profesor acerca de su opinión de ¿si los asesinatos de los líderes sociales eran líos de faldas o se trataba de una estrategia de terror y cómo el Gobierno enfrentaría esto?

Pinzón rechazó los asesinatos y dijo que la vida de cualquier colombiano debe ser defendida y no cabe el análisis de la condición en la que ocurrió el homicidio. “El centro de esta historia es la capacidad del Estado de proteger la vida y honra de los ciudadanos”, dijo.

Colombiacheck verificó su afirmación acerca de la Ley de Víctimas y de los beneficios a los victimarios y encontró que es Engañosa.

La Ley 1448 de 2011, Ley de Víctimas, no tiene nada que ver con los desmovilizados o miembros de grupos guerrilleros o paramilitares.

El abogado Elmer Montaña, quien fue coordinador de Comisión de Reparación del Valle y Cauca, explicó que Pinzón está equivocado pues esa ley “no contiene garantías ni medidas que beneficien a los victimarios. Está diseñada con el objeto de establecer toda una serie de medidas de carácter administrativo, judicial,, económicos, sociales, sicológicas, individuales y colectivas en beneficio fundamentalmente de las víctimas del conflicto armado. La Ley establece unos mecanismos de justicia transicional”.

Agregó que lo que le preocupan algunas personas es lo referente de la restitución de tierra, que “le preocupa a los grandes despojadores” para que las víctimas puedan recuperar sus tierras. “Esa es la preocupación de los enemigos de esa ley, que tiene como núcleo los derechos de las víctimas”, agregó.

Por su parte, Diana Guiza, investigadora de Dejusticia, que no entiende la referencia de cómo esta ley beneficie a los victimarios. En ese caso hay “normas de judicialización como la Ley 975 de 2005 y sus reformas o las normas de reintegración”.

Además, está la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), que espera la revisión de la Corte Constitucional.

Colombiacheck revisó La Ley de Víctimas en sus 207 artículos y encontró que en ninguno de ellos se establecen beneficios para los victimarios, sean guerrilleros o paramilitares.

A la fecha, la Unidad de Víctimas, creada con esta ley, ha recibido 8.666.577 solicitudes de reparación.

En este tiempo, ha realizado 795.139 giros y entregado en dinero $5.022.007 millones en indemnizaciones y ayudas por $4.362.619 millones, según cifras de la entidad.

En un balance, entregado en diciembre pasado, la unidad explicó sus funciones y todos se relacionan con el apoyo a las víctimas y no a los victimarios. Los únicos exintegrantes de grupos guerrilleros o paras que se incluyen como población víctima son los menores de edad.

La Ley de Víctimas sí ha tenido críticas y recomendaciones, pero no relacionadas con los victimarios. Un informe de la Procuraduría explicó que a partir de la expedición de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, el Gobierno Nacional ha realizado un “esfuerzo presupuestal importante”, entre el año 2012 y el 2017, de $61 billones.

Pero el informe critica varios puntos, como la falta de acciones en materia de rehabilitación psicosocial, que había requerido la Corte Constitucional. “Aún más, cuando esta medida es fundamental en el proceso de reparación integral, especialmente en el caso de las víctimas de delitos contra la libertad e integridad sexual”.

Otra de las críticas en la aplicación de la Ley, que habla de darle garantías de no repetición a las víctimas, fue el asesinato de líderes sociales, a la fecha del informe iban 186 homicidios.