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Lunes, 05 Marzo 2018

Plazas Vega confunde cifras de erradicación y sustitución de cultivos ilícitos

Por Sania Salazar

El candidato al Senado asegura que no se cumplió la meta de erradicación de cultivos ilícitos, cuando, en realidad, se sobrepasó. En su crítica omite que el programa tiene dos componentes y generaliza con los datos de uno solo.

Luis Alfonso Plazas Vega, coronel retirado del Ejército, conocido por liderar la retoma del Palacio de Justicia, y ahora candidato al Senado por el Centro Democrático, criticó en su cuenta de Twitter los resultados de la política de erradicación de cultivos de coca en el país. Según el candidato, en febrero de 2017 el Gobierno fijó la meta de erradicar 100 mil hectáreas de coca, pero no lo logró, por lo que ampliaron el plazo hasta mayo, pero a la fecha del trino (8 de febrero de 2018) solo habían erradicado 16 mil hectáreas.

 

 

Después de consultar varias fuentes oficiales y un estudio sobre la sustitución de cultivos ilícitos en el país, Colombiacheck califica la afirmación como engañosa porque, aunque la cifra de la meta es cierta, esta se refiere a dos estrategias: erradicación y sustitución, de las cuales la primera superó su objetivo -totalmente contrario a lo que dice el candidato- y la otra sí es la que ha tenido problemas para su ejecución.

Plazas Vega adjunta en el trino un video en el que el Alto Consejero para el Posconflicto, Rafael Pardo, informa que la meta del Gobierno para 2017 es “afectar y sustituir 100 mil hectáreas de cultivo de coca, de las cuales 50 mil en procesos de sustitución voluntaria y 50 mil en procesos de erradicación forzada”. Esa es la primera precisión que hay que hacer, pues quien lea el trino, pero no vea el video, puede creer que el objetivo era erradicar las 100 mil hectáreas, cuando el plan incluía también sustitución. Los medios, registraron el anuncio de la meta del Gobierno en enero de 2017.

Por un lado, en lo que tiene que ver con erradicación, un informe del Ministerio de Defensa indica que en 2017 erradicaron manualmente 52.001 hectáreas y que en enero de 2018 el conteo iba en 1.615, lo que da un total de 53.616. Es decir, se han erradicado 37.616 más hectáreas de las que dice Plazas Vega. Además, superaron las 50 mil prometidas, por lo que sobrepasaron la meta en erradicación. ¿Pero cuántas se han sustituido?

El director de Sustitución de Cultivos Ilícitos de la Alta Consejería para el Posconflicto, Eduardo Díaz Uribe, aseguró el pasado 22 de febrero en una columna en El Tiempo que la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc) ha certificado la sustitución de 16.754 hectáreas de coca.

Una cifra menor cita el informe ¿En qué va la sustitución de cultivos ilícitos. Balance del 2017 y lo que viene en 2018, de la Fundación Ideas para la Paz, FIP. “Con la información disponible no es posible determinar cuántas hectáreas fueron erradicadas voluntariamente durante ese año. Si bien las familias reportaron casi 40.000 hectáreas que se encontrarían en proceso de sustitución, hasta diciembre de 2017 Unodc había verificado un poco más de 15.000 (la tercera parte de la meta anual establecida)”.

En cuanto al plazo para alcanzar la meta de sustitución, El Espectador informó en septiembre de 2017 que, según el Alto Consejero para el Posconflicto, este se cumpliría a finales de 2017 o inicios de 2018. Sin embargo, Díaz Uribe le dijo a Colombiacheck que la fecha límite es mayo de este año, pues, aunque ambas estrategias fueron anunciadas en febrero, la de sustitución tuvo una primera etapa de conversación con las comunidades y, como tal, inició tres meses después, en mayo de 2017. De todos modos, a tres meses de la nueva meta, Naciones Unidas sólo da cuenta de que se ha alcanzado un 33%.

Además, contactamos a un asesor y al equipo de prensa de Plazas Vega para saber en qué fuente se basó para asegurar lo de la ampliación del plazo y la mencionada cifra de erradicación, pero no hemos recibido respuesta. En resumen, la frase del candidato usa cifras cercanas a la realidad, pero las pone en el contexto equivocado:

 

  1. La meta de erradicación era de 50 mil hectáreas, no de 100 mil. Ese último dato hace referencia a la meta del programa completo, es decir, mitad erradicación y mitad sustitución.
  2. La meta de erradicación sí se alcanzó, e incluso se superó.
  3. La ampliación del plazo, en el caso de la sustitución, parece que sí se dio, pues el gobierno, efectivamente, inicialmente habló de que se cumplirían las dos metas durante el año pasado.
  4. No se han erradicado 16 mil hectáreas, sino 53.616. Al parecer, el candidato confundió esa cifra con los alcances que ha tenido el programa de sustitución, cuyas dificultades explicamos a continuación.

La sustitución, difícil y lenta

El director del programa de sustitución resaltó que la sustitución depende del involucramiento de las familias cultivadoras y explicó que Naciones Unidas verifica si esta se está realizando, proceso que está rezagado por motivos de seguridad: “de 17 misiones que se hicieron entre enero y febrero 12 fueron bloqueadas”, informó.

Díaz Uribe indicó que los principales problemas a los que se han enfrentado para lograr que los cultivadores de coca sustituyan sus sembrados por productos lícitos es la desconfianza en las instituciones. También los intereses de quienes no quieren que esos cultivos desaparezcan, que han derivado en problemas de seguridad como asesinatos de líderes y bloqueos de las actividades de sustitución y de verificación de las Naciones Unidas.

El informe de la FIP aclara que a un año de la implementación del Acuerdo Final y la puesta en marcha del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS) es apresurado sacar conclusiones sobre su éxito o su fracaso.

“La sustitución requiere de recursos y tiempo. Se trata, nada más y nada menos, que de generar condiciones para que comunidades afectadas por la guerra y dependientes de esta economía ilegal sean incluidas social y productivamente. En otras palabras, que el Estado llegue y permanezca en territorios donde su presencia ha sido intermitente”, dice el informe.

El documento da cuenta de los avances, pero también de las dificultades del proceso de sustitución:

-El aumento en las tasas de homicidios y los altos niveles de violencia en las zonas donde se desarrolla la sustitución de cultivos.

-La respuesta del Estado se ha enfocado en incrementar el pie de fuerza, con la creación de centros estratégicos, sin contar con un verdadero modelo de seguridad rural.

-La asistencia técnica y los proyectos de ciclo corto no han llegado a las regiones. “Actualmente, hay miles de familias recibiendo un subsidio mensual sin ningún tipo de orientación o asistencia técnica”.

-La inversión en bienes públicos es claramente insuficiente.

Coordinación con Mindefensa

Díaz Uribe explicó que el Ministerio de Defensa, encargado de la erradicación, ayuda en el proceso de sustitución brindando seguridad y ayudando en la sustitución cuando la comunidad lo solicita, en un trabajo conjunto que han denominado “sustitución asistida” o “sustituir con seguridad”. La diferencia entre ambas estrategias radica en que para las sustitución el punto de partida son las familias, mientras que para la erradicación son las matas”, precisó.

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Falso

Jueves, 30 Noviembre 2017

Marta Lucía Ramírez insiste en falsedad sobre la JEP y agrega otra

Por Sania Salazar

La precandidata insistió en el argumento falso de que la JEP no impondrá restricciones a la libertad. Además dijo que (por la Ley de Amnistía) todos los exguerrilleros que estaban presos ya habían recobrado la libertad, mientras que había militares que seguían presos.

Marta Lucía Ramírez, integrante del Partido Conservador y exministra de Defensa, recicló una frase falsa sobre la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, en una entrevista que le hicieron el pasado 28 de noviembre en Canal Capital en su calidad de precandidata presidencial.

“El hecho de tener hoy una jurisdicción que realmente no implica ningún tipo de reclusión, como exige el tratado de Roma, ni de restricción de la libertad, porque es que no es una verdadera restricción, me parece que es inconveniente”, dijo Ramírez.

La precandidata, de quien se ha dicho en los últimos días que sería la ficha a la presidencia de la alianza entre los expresidentes Uribe y Pastrana, dijo además que “hoy todavía hay montones de militares que están en las cárceles sin estar condenados, mientras que los de las Farc están todos por fuera”. Esto en clara alusión a la aplicación de Ley de Amnistía pactada en el Acuerdo Final.

Tras consultar diferentes fuentes, Colombiacheck encontró que ninguna de las dos frases de la precandidata presidencial corresponde a la verdad, por lo que califica su intervención con respecto a estos dos aspectos, como Falsa.

La primera frase tiene un elemento falso muy usado durante la campaña por el voto negativo al plebiscito realizado el 2 de octubre de 2016. Ramírez estuvo entre los líderes políticos que lideraron la campaña por el no. En el Acuerdo Final sí están contempladas restricciones efectivas de la libertad para quienes sean sancionados por la JEP. Colombiachek ya había verificado el tema en el chequeo titulado Las Farc no pagarán cárcel, ¿verdad?, donde se explica que si bien las sanciones no implicarán cárcel, sí implicarán limitaciones en la movilidad de los sancionados. Hay que aclarar que quienes comparezcan ante esta jurisdicción y no digan la verdad sobre los delitos en los que participaron tendrán que ir a la cárcel y sus sanciones durarán más tiempo (entre 15 y 20 años).

Quienes aporten verdad desde un principio se someterán a sanciones que durarán entre cinco y ocho años. Los magistrados de la JEP “fijarán de forma concreta los espacios territoriales donde se ubicarán los sancionados durante los periodos, horarios de ejecución y cumplimiento de las sanciones propias del Sistema, que tendrán un tamaño máximo equivalente al de las Zonas Veredales Transitorias de Normalización”, dice el Acuerdo Final en el punto cinco sobre las víctimas del conflicto (página 165).

Juan Carlos Henao, abogado constitucionalista que participó en la elaboración de la JEP, lo explica de una manera sencilla:

“Van a tener una restricción de movimiento y de domicilio, por decir algo, si usted está en la vereda Potrerito, en Jamundí, Valle del Cauca, usted va a estar ahí, no es que se pueda ir a pasar el fin de semana a Cartagena”.

Según el Acuerdo final, las sanciones deberán tener la mayor función restaurativa y reparadora del daño causado con el fin de satisfacer el derecho de las víctimas.

“No es solamente que le restringen la libertad o lo mandan para la cárcel, es que al mismo tiempo tiene que reparar, por decir algo, reconstruyendo la iglesia de Bojayá, desminando”, agregó Henao.

Marta Lucía insistió en un argumento falso en contra de la JEP y los periodistas que la entrevistaron en Canal Capital no le hicieron notar su error.

¿Militares presos y guerrilleros libres?

Ramírez no tiene razón cuando dice que hay militares que siguen en la cárcel mientras que todos los exguerrilleros que estaban presos ahora están libres, pues en ambos casos faltan personas por beneficiarse de la Ley de Amnistía, lo que incluye recuperar la libertad totalmente o con condiciones.

El balance de la Secretaría Ejecutiva de la JEP sobre aplicación de la Ley de Amnistía y tratamientos especiales (con corte al 24 de noviembre pasado) indica que 3.148 exguerrilleros de los 3.779 que se beneficiarían de esa ley han quedado en libertad condicionada o han sido trasladados a zonas veredales. Eso quiere decir que se sometieron a la JEP y deben comparecer cuando sean llamados.

En el caso de la Fuerza Pública se han beneficiado de la Ley de Amnistía 1.717 uniformados de los 1.751 a los que los cobija la norma.

En la Secretaría Ejecutiva de la JEP resaltaron que la libertad definitiva no es el único beneficio de la amnistía, pues está la libertad condicionada y el traslado a zonas veredales para que exguerrilleros que no han completado cinco años de privación de la libertad lo hagan (ese es el mínimo de tiempo que se fijó para beneficiarse de la ley). Este cambio de sitio de reclusión también aplica para militares, caso en el que pasan de cárceles militares a unidades de reclusión militar.

En dicha Secretaría indicaron además, que hay casos de miembros de la Fuerza Pública que están inmersos en varios procesos judiciales en muchos de los cuales no han cumplido el tiempo mínimo de reclusión fijado para ser amnistiado, por lo que sus casos se demoran más.

En cifras exactas han quedado en libertad 2.737 exguerrilleros y 1.011 militares, de los cuales 769 tienen libertad condicionada.

Colombiacheck trató de comunicarse con la candidata por teléfono y vía Whatsapp en repetidas ocasiones, desde el pasado 29 de noviembre, para saber en qué fuentes basaba sus afirmaciones. También habló con su equipo de prensa para explicar la importancia de incluir las explicaciones de la precandidata en esta nota, pero indicaron que Ramírez tenía una agenda muy apretada y solicitaron enviar las preguntas por correo, respuestas que todavía estamos esperando.