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Martes, 04 Octubre 2016

“Plebiscito no tiene efecto jurídico alguno, el efecto es político”: Timochenko

Por Sania Salazar

Aunque el comandante máximo de las Farc quiera negarlo, el plebiscito tuvo efectos jurídicos: la imposibilidad de implementar el Acuerdo Final ante el triunfo del No y de sostener el cese al fuego bilateral más allá del 31 de octubre próximo, según anuncio del Presidente.

Un día después de un plebiscito que no era obligatorio realizar, el comandante de las Farc, Rodrigo Londoño, conocido como Timochenko, aseguró que ese mecanismo de refrendación del acuerdo entre el Gobierno y esa guerrilla solo tiene efecto político. La implementación del acuerdo está en veremos porque triunfó el No en las urnas y frenó los mecanismos jurídicos para adelantarlo. Por eso Colombiacheck califica la frase como falsa.

En su discurso Jiménez habló de una sentencia de la Corte Constitucional en la que consta que el plebiscito no tiene efecto jurídico.

Le solicitamos a las Farc mediante correo electrónico y WhatsApp una entrevista con Jiménez para saber en qué punto específico de la sentencia basa su afirmación, pero no hemos obtenido respuesta.

A continuación revisamos la sentencia C 379 de 2016 en la que la Corte Constitucional avaló el plebiscito como mecanismo de refrendación del acuerdo Gobierno-Farc, que en la página 288 dice: “la refrendación popular del Acuerdo tiene naturaleza exclusivamente política, consistente en un mandato al Presidente de la República para la implementación de una decisión política a su cargo, a través de los canales y procedimientos dispuestos por la Constitución y la ley para ese efecto”.

Pero, en la páginas 291 y 293 la Corte deja claro que hay consecuencias jurídicas: en el caso de la aprobación del plebiscito la obligación del Presidente de implementar los acuerdos, pero en el caso del triunfo del No, la imposibilidad de llevarlos a cabo.

“Así, las consecuencias de la decisión del Pueblo convocado en plebiscito también son de la mayor entidad y en modo alguno pueden comprenderse como una mera sugerencia, sino como mandatos con soporte jurídico constitucional, derivado del contenido y alcance del principio de soberanía popular”, deja en claro la sentencia.

Lo político incide en lo jurídico

Colombiacheck consultó a María Luisa Rodríguez Peñaranda, profesora asociada de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional y doctora en Derecho Constitucional, quien aclaró que los efectos políticos y jurídicos están directamente relacionados.

Rodríguez Peñaranda explicó que el efecto político es simbólico. Significa un mensaje de la sociedad al Estado diciéndole que está de acuerdo o no con su política. Es una manifestación abierta que en el caso del Acuerdo Final no era un paso obligatorio. Haber optado por realizar el plebiscito tenía el objetivo de revestir de mayor democracia la decisión. Era abrir un acuerdo Gobierno-Farc a Colombia para volverlo un pacto de todos.

El efecto jurídico está más asociado con normas que imponen procedimientos, que establecen mandatos, que otorgan derechos, precisó Rodríguez Peñaranda.

La profesora indicó que cuando se estableció el plebiscito como uno de los pasos adquirió efectos jurídicos, que fue una decisión política con impacto jurídico porque el resultado es que el país no está de acuerdo.

“Políticamente ya no se puede negar que también tiene un efecto jurídico, es decir, los acuerdos estaban condicionados a que pasaran por las urnas y que se validara con el Sí, ahora que ganó el No es muy difícil meterle el gol al país de decirle que ese paso no era tan importante, después de que se nos convocó a las urnas, eso se convierte en un acto que tiene efectos que no se pueden negar”, resaltó.

El efecto jurídico de darles voz a los ciudadanos para que se pronunciaran sobre el proceso y se sintieran parte de él tiene efectos tangibles.

“La Corte dice que acto seguido al plebiscito que validaría los acuerdos seguiría el paso de radicar ante el Congreso lo que sería la refrendación como tratado internacional para ser parte del bloque de constitucionalidad y ese es un acto jurídico”.

Ese efecto jurídico que suena tan abstracto no es más que esa incertidumbre en la que está Colombia sobre qué va a pasar, pues tal como está el Acuerdo no se puede implementar hasta que no se llegue a un consenso con quienes votaron No.

Una consecuencia directa de la negativa a aceptar el Acuerdo Final con las Farc, que se negoció durante más de cinco años, es poner en riesgo la pacificación alcanzada en buena parte de Colombia, como documentó el Centro de Recursos de Análisis de Conflictos, Cerac, y lo contó Colombiacheck tomando como ejemplo la experiencia de 147 días sin homicidios por el conflicto armado que registró Puerto Asís, Putumayo.

Prueba de lo anterior es que hoy el presidente Santos anunció que el cese bilateral y definitivo con las Farc solo irá hasta el próximo 31 de octubre.

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Viernes, 07 Diciembre 2018

No es verdad que a líderes de Farc les hayan perdonado delitos de narcotráfico

Por Sania Salazar

Quienes hayan cometido ese delito para lucro personal serán juzgados por la justicia ordinaria. A quienes se les compruebe que lo hicieron para financiar el funcionamiento de la guerrilla podrían ser indultados, pero en todo caso, deberán aportar verdad, reparación y garantías de no repetición.

“Hay personas que comandaban las Farc que ejercían un liderazgo en el narcotráfico en algunas regiones y hoy se les han perdonado esos delitos”, aseguró el Representante a la Cámara por el Centro Democrático, Edward Rodríguez, en el programa Semana en Vivo.

Colombiacheck le preguntó a Rodríguez en qué se basaba para afirmar tal cosa y a qué comandantes se le habían perdonado delitos de narcotráfico, pero hasta la publicación de esta nota no hemos recibido respuesta.

Lo que dice Rodríguez es falso porque en el Acuerdo Final firmado entre el Gobierno y la exguerrilla de las Farc no hay contempladas amnistías ni indultos generales para quienes hayan cometido el delito de narcotráfico. Se evaluará cada caso en particular. Además, los exintegrantes de las Farc deberán responder por los delitos que hayan cometido ante la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, que ya empezó a llamar a actores del conflicto a comparecer a sus salas.

La Ley 1820 de 2016 dice que en ningún caso serán objeto de amnistía e indulto “los delitos comunes que carecen de relación con la rebelión, es decir aquellos que no hayan sido cometidos en contexto y en razón de la rebelión durante el conflicto armado o cuya motivación haya sido obtener beneficio personal, propio o de un tercero”.

Juan Carlos Henao, exasesor del Gobierno para la Justicia Transicional y exmagistrado de la Corte Constitucional, lo explica en palabras simples: “Hay una jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia que dice que cuando el narcotráfico ha sido utilizado para fines personales, obviamente que es un delito común que no tiene ninguna posibilidad de ser amnistiado, pero cuando ha sido para una lucha política podría tenerse como un elemento conexo”.

Es decir, si  la JEP, órgano judicial encargado de investigar y juzgar los delitos relacionados con el conflicto armado, comprueba que un comandante o cualquier miembro de esa exguerrilla cometió el delito de narcotráfico para su enriquecimiento personal será sancionado, pero por la justicia ordinaria y no recibirá ni amnistía ni el trato penal especial que contempla la JEP.

Será la Sala de Amnistía e Indulto de la JEP la que determinará en cada caso si los procesados por narcotráfico cometieron ese delito para conseguir dinero que financiara el funcionamiento de la guerrilla, en esos casos sí existe la posibilidad de que las personas sean amnistiadas e indultadas.

Quienes respondan ante la JEP por estas conductas deberán aportar verdad, reparar a sus víctimas y garantizar que no volverán a cometer los delitos de los que sean responsables.