Pasar al contenido principal

Falso Falso Falso Falso Falso Falso Falso Falso

Falso

Sábado, 06 Junio 2020

Post comparte foto y descripción falsa de ‘cárceles del pueblo’ del M-19

Por Laura A. Gracia

Aunque las “cárceles del pueblo” sí fueron una de las estrategias militares usadas por la guerrilla desmovilizada en los 90, no eran huecos donde “enterraban secuestrados vivos y los tapaban con follaje de la selva”.

 

En una publicación realizada en un grupo público de Facebook abierto de 16.000 miembros, llamado ‘Apoyamos a Claudia Gurisatti, Hassan Nassar y a Salud Hernández Mora’, se muestra un collage con la imagen del senador colombiano Gustavo Petro, quien fue militante de la extinta guerrilla M-19, y una escena en una zona rural en la que aparentemente peritos forenses hacen una inspección, acompañado por el texto: 

“PODRÁ ALGUIEN HABLAR DE ‘HUMANISMO’, CUANDO ENTERRABA VIVAS A SUS VÍCTIMAS EN LAS LLAMADAS ‘CÁRCELES DEL PUEBLO’?

Petro y su organización M-19-, hacían un hueco en picada de tres metros de profundidad, luego lo desviaban otros dos metros quedando en forma de ‘L’ .

Ahí enterraban a sus secuestrados y lo tapaban con follaje de la misma selva, por días o meses.

Si usted se siente incómodo en la cuarentena por el COVID-19, cómo se sienten los secuestrados de esa izquierda narcoterrorista?” (sic).

posteo Facebook

 

Pero ni la foto fue tomada en Colombia, ni la descripción corresponde a una “cárcel del pueblo” del M-19

Para encontrar la imagen, hicimos una búsqueda inversa. Así, encontramos que la foto corresponde a la búsqueda de evidencias de incineración de los cuerpos de 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa, en México. Los estudiantes fueron detenidos por agentes de la policía de Iguala y Cocula al servicio del cartel de los Guerreros Unidos y entregados a sicarios de esa organización criminal, en septiembre de 2014. 

Debido a la necesidad de sus familias de esclarecer la verdad de lo ocurrido y el paradero de los restos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) envió al Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) para inspeccionar si había ocurrido una incineración en basurero de Cocula, Guerrero, México. 

ayotzinapa-cocula-guerreroayotzinapa-cocula-guerrero 2

 

Así mismo, otros portales de noticias usan la imagen como referencia para ilustrar noticias sobre Colombia, pero haciendo la salvedad de que corresponde a la inspección en México. 

También encontramos otras publicaciones sobre “cárceles del pueblo” en redes sociales que usan imágenes que no corresponden. Por ejemplo, las imágenes usadas en este trino en realidad son fotos de un joven llamado Todd Stopps, una de las víctimas del asesino en serie estadounidense Robert Berdella que fue condenado por haber violado, torturado y asesinado a seis hombres en Kansas City, Missouri, entre 1984 y 1987.

tuit M19 falso

 

Además, se nota en las imágenes del post de Facebook que los uniformes blancos no cuentan con los logos del CTI ni de la Fiscalía, como si los tienen en excavaciones que realizan estas entidades en Colombia.

exhumación CTI- Colombiaexhumación Fiscalia- Colombia

Así que es falso que la foto corresponda a una “cárcel del pueblo” del M-19.

Pero, ¿qué era una “cárcel del pueblo”?

Las “cárceles del pueblo” del M-19

La guerrilla Movimiento 19 de Abril, o M-19, fue una organización guerrillera colombiana​ fundada a raíz de lo que percibió como un fraude en las elecciones presidenciales del 19 de abril de 1970, que dieron como ganador a Misael Pastrana Borrero sobre Gustavo Rojas Pinilla. La guerrilla se desmovilizó en marzo de 1990

A diferencia de otros grupos guerrilleros, implementó en su estrategia militar la presencia de la guerra en espacios urbanos, no sólamente rurales. Según la tesis para maestría “La Guerra Revolucionaria del M-19 (1974-1989)” de Esmeralda Narváez, de la Facultad de Ciencias Humanas y Departamento de Historia de Universidad Nacional de Colombia, el M-19 tenía entre sus tácticas de guerra el secuestro bajo dos modalidades. 

“El secuestro extorsivo tenía como fin proveer la organización insurgente de recursos económicos que le garantizaran su supervivencia y sus formas de operar, de ahí que lograra financiar operativos, que en su momento, implicaban un alto costo … La segunda modalidad tuvo que ver con los secuestros con fines políticos, éstos pretendieron presionar a personalidades públicas y diplomáticas, pertenecientes al gobierno colombiano y en algunos casos, a gobiernos extranjeros”.

Para llevar a cabo los secuestros, se usaban lugares subterráneos llamados “cárceles del pueblo”. Lugares con alta seguridad en las que retenían a las víctimas, igualmente, bajo la vigilancia de guerrilleros. Narváez cita en su tesis el testimonio que dejó el propio Jaime Bateman, líder del M-19, en el artículo “¿Cómo es el M-19?” de 1980: 

“El M-19 reconoció la posesión de cuatro ‘cárceles del pueblo’, Bateman afirmaba que tuvieron dos en Bogotá, una en Cali y otra en el departamento del Caquetá (Bateman,1980). En 1979, se hallaron planes para construir cinco cárceles más (El Tiempo, 4-I1979). A estas cárceles subterráneas llevaban los secuestrados y los mantenían bajo fuertes medidas de seguridad, con una orden implacable, sí (sic) las fuerzas armadas descubrían el lugar, los secuestrados debían ser asesinados”. 

En el libro Militares y Guerrillas: La memoria histórica del conflicto armado en Colombia desde los archivos militares (1958-2016) de Juan Esteban Ugarriza y Nathalie Pabón Ayala, se detalla uno de estos lugares de secuestro en el testimonio de uno de los oficiales que participó en el rescate fallido que intentó el Ejército (en el que murieron el prisionero y los guerrilleros) de Nicolás Escobar Soto, gerente de la empresa petrolera Texas Petroleum Company, quien fue secuestrado el 29 de mayo de 1978 por el M-19 y permanecía custodiado por dos guerrilleros: 

“En la entrada de la cocina, junto a la papelera de un baño, se bajaba una baldosa. Ahí había una argolla pegada a una plataforma corrediza. Al bajar la argolla se corría una planta del piso que conducía a una plataforma. Por ahí se bajaba en un ascensor de compensación de fuerzas. No podía ser ni muy pesado, ni muy liviano, mínimo tres personas. Por este ascensor se bajaba a la ‘cárcel del pueblo’. Donde yo entré había una cama empotrada con su reja. A cinco metros de profundidad”. 

El comando superior del M-19, en diálogo con la Revista Cromos en abril de 1980 se refirió a las cárceles del pueblo, contestando al cuestionamiento sobre las condiciones del lugar en el que se tenía a Escobar Soto: 

“Usted la conoció después que la dinamitó el Ejército, contestan. Usted no pudo respirar porque todavía estaban concentrados los gases que utilizaron los militares, todavía olía a sangre. Esta cárcel, al sur de Bogotá, tenía buena luz, ventilación adecuada. El prisionero estaba bien tratado. Mire esta celda, analice las condiciones en que vivimos, recuerde las torturas a que fuimos sometidos. Compare, solo eso, compare esto con la cárcel donde la organización tuvo al gerente de la Texas Petroleum Company con las mazamorras y ‘las cuevas’ donde nos torturaron”. 

Así mismo, en la Biblioteca Digital de la Universidad Icesi, encontramos una imagen del Archivo del Patrimonio Fotográfico y Fílmico del Valle del Cauca tomada en 1980 de una de las “cárceles del pueblo” ubicada en Santiago de Cali. La imagen muestra en blanco y negro la infraestructura del lugar, que no tiene nada que ver con zona selvática o hueco cavado directamente en la tierra que se menciona en la publicación. 

Cárcel del pueblo en Cali

 

Es decir que las “cárceles del pueblo” sí existieron, sí eran subterráneas y sí fueron parte de una estrategia de guerra de la extinta guerrilla del M-19, pero estas estaban ubicadas en zonas urbanas y eran sótanos, en los que además del prisionero, también estaban guerrilleros custodiándolos. Los prisioneros no eran “enterrados vivos”, como asegura el post de Facebook.

Por esto calificamos la publicación como falsa, tanto en la imagen que la acompaña, como en la información sobre el hecho referido de la historia del conflicto armado en Colombia.

Cuestionable Cuestionable Cuestionable Cuestionable Cuestionable Cuestionable Cuestionable Cuestionable

Cuestionable

Jueves, 07 Noviembre 2019

Los niños soldados sí pueden ser blancos legítimos, pero son más protegidos por el DIH que los adultos combatientes

Por Isabel Caballero Samper

El Derecho Internacional Humanitario da protecciones especiales a los soldados menores de edad que son reclutados ilegalmente por grupos armados, pero sí permite que sean considerados combatientes y por tanto blancos legítimos de la fuerza letal en su contra.

Rafael Nieto Loaiza, viceministro del interior y de justicia durante el gobierno de Álvaro Uribe y precandidato presidencial del Centro Democrático en 2017, publicó un hilo en Twitter sobre el bombardeo denunciado por el senador Roy Barreras en el que murieron siete o más menores de edad. 

En el tercero de los 12 trinos que publicó, Nieto Loaiza dice que “los menores de edad, incluso los menores de quince años, que empuñan las armas, son combatientes y, por tanto, son blancos legítimos y no están protegidos por el derecho internacional humanitario, sin importar la edad que tengan”.

Calificamos esta afirmación de “cuestionable” porque, a pesar de que en algunas circunstancias los niños soldados sí pueden ser blancos legítimos bajo el Derecho Internacional Humanitario (DIH), no es verdad que este no los proteja. Tanto ante el DIH como ante otros instrumentos internacionales (y nacionales) los niños gozan de un estatus de protección especial.

En primer lugar hace falta aclarar que, aunque según el Estatuto de Roma es un crimen de guerra “reclutar o alistar a niños menores de 15 años”, en el Código Penal Colombiano (Ley 599 del año 2000, Artículo 162) el delito de “reclutamiento ilícito” cobija a “menores de 18 años”. 

Además, Colombia es firmante del “Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de niños en los conflictos armados” (que en Colombia entró en vigor el 12 de febrero de 2002 a través de la Ley 833 de 2003 y el Decreto 3966 de 2005) donde se determina que la edad mínima legal para vincular a un adolescente a un ejército, regular o no, es de 18 años. 

Esto significa que los niños y adolescentes menores de 18 años que hayan sido reclutados por un grupo armado son considerados niños soldados y que quien los haya reclutado está cometiendo un delito.

Sin embargo, hay un largo debate internacional al respecto. René Provost, profesor de derecho internacional de la Universidad de McGill en Canadá, publicó una entrada en el blog del European Journal of International Law en 2016 analizando si los niños soldados son blancos legítimos bajo el Derecho Internacional Humanitario, pues según explica hay un vacío en la literatura legal sobre este tema.

Aunque no hay acuerdo entre los expertos sobre esto, Provost dice que sí se puede considerar que los niños soldados pueden ser combatientes en todo el sentido del término.  

Aquí viene otra complicación, pues el derecho internacional no es claro en la definición de “combatiente” en el caso de los conflictos armados internos, como es el caso de Colombia. Provost utiliza la definición de combatiente que aparece en la “Guía para interpretar la noción de participación directa en las hostilidades según el derecho internacional humanitario” del Comité Internacional de la Cruz Roja que es que una persona asuma una “función continua para el grupo” (es decir que no es espontánea o esporádica) y que esta función comprenda su “participación directa en las hostilidades”. 

La guía de la Cruz Roja dice explícitamente que “existe la posibilidad de que incluso las personas civiles que son obligadas a participar directamente en las hostilidades o los niños que no tienen edad legal para ser reclutados [sean considerados combatientes y por tanto] pierdan la protección contra los ataques directos”.

En esto también coincide Antonio Varón, profesor de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario experto en DIH, quien le dijo a Colombiacheck que cuando una persona está empuñando un arma, sea o mayor de edad o no, su contrincante está legitimado para contrarrestarlo a través del uso de la fuerza. 

José Miguel Vivanco, director ejecutivo para las Américas de Human Rights Watch, en una entrevista en RCN Radio esta mañana dijo que “si se trata de menores que participaban activamente en las hostilidades (...) el derecho internacional humanitario no distingue [entre si son menores de edad o no]”. Y un punto clave en el que insistió varias veces es que “Habría que determinar si esos menores participaban o no de las hostilidades. porque si no participaban son civiles”.

Volviendo a la argumentación de Provost, el profesor de McGill argumenta que aún si se considera que los niños soldados pueden ser blancos legítimos, el test que se aplica para determinar si un niño es o no un combatiente debería ser más exigente que el que se aplica para un adulto, porque los niños tienen un estatus protegido bajo la ley internacional y por tanto debe haber una presunción a su favor del carácter civil. 

Este profesor explica que el Artículo 77 del Protocolo I adicional a los Convenios de Ginebra de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados internacionales se refiere a las protecciones especiales de las que gozan los niños. En el primer párrafo proclama el deber de proteger a los niños, en el segundo la obligación de no reclutarlos y en los siguientes tres las protecciones especiales de los niños soldados que han sido detenidos. El problema, según Provost, es que este protocolo “elude por completo la fase intermedia en la que el niño está tomando parte activa en las hostilidades”.

El estatus protegido de los niños también aparece en la Convención Internacional de Derechos del Niño, incorporada a nuestra legislación por la Ley 12 de 1991, que establece en su artículo tercero que “en todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a
que se atenderá será el interés superior del niño”. Y además el Artículo 44 de la Constitución dice que "los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás". 

Bajo este estatus protegido, según argumenta Provost, si por ejemplo un adulto en uniforme huye de una batalla no necesariamente se asume que deja de ser un combatiente pues puede ser una huida estratégica, mientras que por otro lado un niño que huye sí se debe asumir que se convierte inmediatamente en civil y por tanto deja de ser un blanco legítimo.

Además, Provost argumenta que los medios y métodos permitidos en contra de los niños soldados también deben reflejar su carácter protegido. La prohibición de causar sufrimientos innecesarios (Artículo  35, Protocolo I) al ser aplicada al caso de los niños soldados significa que solo son blancos legítimos cuando hay una necesidad militar tangible para el ataque y ninguna otra opción viable puede ser identificada. 

Casualmente, el autor utiliza como un ejemplo el caso de un niño soldado reclutado por las Farc que hace una siesta contra un árbol cuando es identificado por un dron del Ejército (el artículo es de enero de 2016). Provost dice que en este caso es necesario que se demuestre la ventaja militar específica de atacar a este niño y además que no hay ninguna alternativa menos dañina para el niño para que sea legítimo atacarlo.

Varón, el profesor del Rosario, dijo que el uso de la fuerza debe ser proporcional y debe estar enfocado a poner al otro fuera de combate capturándolo o hiriéndolo y que matar siempre debe ser la última opción.

En esto también coincide Vivanco, de Human Rights Watch: “Si efectivamente hay evidencias que allí había menores y que esos menores estaban participando activamente en las hostilidades, eso no los convierte automáticamente en un blanco militar legítimo. El que lanza el ataque, en este caso el Ejército, tiene la obligación jurídica de evaluar si es factible arrestarlos y no darlos de baja”.

Varón además dijo que por más importante que sea un objetivo militar no se puede justificar cualquier cantidad de daño colateral y que en este caso los niños soldados no eran el objetivo de la operación sino un daño colateral, el objetivo era el comandante alias “Gildardo el Cucho”. Varón dijo que el Ejército debió haber sido diligente a la hora de advertir que los menores de edad estaban allí y haber agotado otras opciones para sacarlos de combate sin usar fuerza letal. 

A pesar de que el Ministro de Defensa Guillermo Botero dijo que cuando se hizo la operación no sabía de la presencia de menores de edad, ya el personero de Puerto Rico, Caquetá, había advertido del reclutamiento de menores en la zona. También una investigación de La Silla Vacía demostró que al menos tres entidades diferentes le habían advertido al Ejército en varias ocasiones sobre la presencia de menores de edad reclutados en la zona.

Para hacer este chequeo intentamos contactar a Nieto Loaiza para preguntarle por su interpretación del DIH no nos contestó los mensajes.

Así que aunque es verdad, como dice Nieto Loaiza, que incluso los menores de 15 años que empuñan las armas pueden ser blancos legítimos bajo el DIH, esto no es automático y las exigencias que se deben cumplir para que sean un blanco militar legítimo son bastante altas, mucho más que en el caso de los adultos. Por tanto no es verdad que los niños soldados no estén protegidos por el derecho internacional humanitario, por eso calificamos la afirmación de Nieto Loaiza de "cuestionable".