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Cuestionable

Viernes, 27 Noviembre 2020

Providencia sí tiene hospital, pero nivel 1 y con viejos problemas por resolver

Por Gloria María Correa Torres y José Felipe Sarmiento

Versiones en redes se equivocaron al afirmar que la isla nunca ha tenido hospital. Lo cierto es que el centro de nivel 1 funciona hace más de dos décadas, pero mantiene dificultades administrativas.

A raíz de una publicación del músico Elkin Robinson en Instagram el pasado 17 de noviembre, en redes sociales se ha comentado sobre la falta de infraestructura de salud en Providencia con base en una comparación entre la actual emergencia por el reciente paso del huracán Iota y la que se vivió cuando la misma isla fue golpeada por el Beta, en 2005 (aunque el artista dijo que había sido en 2004).

Varios mensajes en redes sociales han señalado que el municipio del Archipiélago de San Andrés no tenía hospital en ese entonces y que tampoco se construyó uno en los 16 años siguientes. En una búsqueda avanzada de Twitter, aparecen múltiples quejas sobre esta situación (1, 2, 3 y 4).

Publicación en Instagram sobre la historia del hospital de Providencia

Colombiacheck verificó la historia completa y encontró que es cuestionable porque mezcla datos correctos con otros que no lo son. El principal error es afirmar que la isla no tenía hospital entonces ni lo tiene ahora y que no se han construido albergues. Sin embargo, es cierto que la situación financiera del sistema de salud aún afecta la calidad de la atención en el municipio pese a que ha tenido mejoras.

Beta, historia con errores

El artista providenciano escribió: “2004: huracán Beta categoría 1 hace destrozos de un 40 por ciento de la isla. No hay albergues, no hay hospital, en una isla de 17 kilómetros cuadrados”. En unos datos acierta y en otros no.

La fecha del huracán Beta es errónea. Como registró el estudio descriptivo del Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas (CIOH) de la Dirección General Marítima (Dimar) sobre ese fenómeno meteorológico, su paso por el municipio fue el 28 de octubre de 2005 y por espacio de doce horas. No obstante, el documento confirma que era de categoría 1.

El Boletín Meteomarino del Caribe colombiano No. 123, publicado en octubre de 2005, también documentó lo siguiente:

El huracán Beta afectó directamente al archipiélago de San Andrés y Providencia. San Andrés fue afectado con incremento moderado en la velocidad de los vientos, incremento en la nubosidad y precipitaciones moderadas, sin embargo las Islas de Providencia y San Catalina fueron afectadas fuertemente con vientos promedios de 50 nudos y olas de 5 a 6 metros, dejando varios heridos y cuantiosos daños materiales, además de generar fuertes lluvias aproximadamente durante 36 horas, pero gracias a la topografía montañosa de las islas no se presentaron grandes inundaciones.

El diario El Tiempo, por su parte, reportó daños en el 40 por ciento de las casas de la isla (no de la infraestructura en general) de acuerdo con un informe de la Alcaldía. Así que la cifra coincide con la de Robinson pero su interpretación no es exacta. Sin embargo, también hubo otras afectaciones, como la antena de Telecom que se cayó por los fuertes vientos.

El estudio del CIOH también menciona que el mayor impacto del huracán fue durante la noche y dice que esto fue “decisivo” para prevenir muertes por la emergencia porque los habitantes “se encontraban en sus albergues”. Es decir que sí había sitios destinados con ese fin de forma temporal, como también lo informó la prensa en su momento. Los medios también han informado de la existencia de albergues en la actualidad, algunos construidos precisamente a raíz de Beta.

Pero el error más notorio en el texto de Robinson es con respecto a la supuesta inexistencia del hospital. Como se detalla enseguida, sí había en ese entonces y todavía existe. Lo que pasa es que su situación no es la ideal para atender eventos como estos.

El hospital existe hace rato

“Seguimos sin albergues, sin hospital”, se quejaba el cantautor isleño en la publicación. Sin embargo, el hospital de la isla existe hace, por lo menos, casi tres décadas. Heyder Avendaño, coordinador médico de la institución y exsecretario departamental de Salud, le confirmó a Colombiacheck que ya estaba en funcionamiento cuando él empezó a trabajar en el archipiélago, en 1995.

Hay otros datos históricos que confirman esta información sobre el Hospital Local de Providencia, encontramos en 1992 un documento del Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES) el cual explicaba respecto a la infraestructura física en salud en la Isla de San Andrés y Providencia, que estaba compuesta por un Hospital Regional en San Andrés y uno local en Providencia, 3 centros y 2 puestos de salud para esa fecha.

En 2018 se veía así:

Incluso en mayo de 2005, siete meses antes de Beta, Presidencia publicó un comunicado sobre una donación de 400 millones de pesos en equipos para esa institución. El documento describió así el edificio:

El hospital de Providencia tiene un área de construcción de 950 metros cuadrados en 2 pisos. El primer piso está asignado a los servicios de urgencias con un consultorio médico, unidad de yesos y curaciones, unidad de procedimientos menores y la unidad de rayos X, el servicio de consulta externa, laboratorio clínico, consultorio de control y crecimiento y el servicio de morgue y autopsias. En la parte posterior del segundo piso se tienen 5 habitaciones para hospitalización, siendo una de ellas para pediatría, con áreas de aproximadamente 13 metros cuadrados.

Los planes de desarrollo de las alcaldías de Providencia desde el 2012 hacen referencia al funcionamiento de la Red en Salud en la isla. El de 2012-2015, especifica respecto a los servicios de salud:

La oferta de los servicios de salud pública en el Municipio está habilitado para un solo prestador, la IPS estatal Hospital Local de Providencia ESE, administrado por la Secretaría Departamental de Salud. Esta institución de nivel I de carácter ambulatorio y hospitalario y en servicios de emergencias de baja complejidad. Se encuentra concesionado a la entidad privada Misión Vital. Por otra parte, la infraestructura de servicios, en transporte se cuenta con una ambulancia y doce camas disponibles. Los restantes niveles de complejidad son prestados por el Departamento a través del Hospital Departamental de San Andrés; institución hospitalaria de carácter privado de nivel II completo y con algunos servicios de nivel III.

“La Secretaría de Salud, tiene una red Hospitalaria de III y IV nivel contratada en otras ciudades como hospitales de referencias para complementar los servicios de los niveles de atención mencionados”, aclaraban en el Plan de Desarrollo.

En la misma línea lo señalaba el Plan de Desarrollo, del alcalde Bent Williams, del período 2016-2019 : “El municipio en la actualidad no se encuentra certificado razón por la cual la salud es manejada por la administración Departamental. Se cuenta con un solo hospital de primer nivel concesionado a la EPS Universitaria de Antioquia, los niveles 2 y 3 se atienden por remisión o mediante la llegada de especialista en programas de brigadas. La contratación del aseguramiento está a cargo del Municipio”.

Además señalaba: “Con relación a la oferta de los servicios de salud en el Municipio está habilitado para un solo prestador, la IPS estatal Hospital Local de Providencia ESE, administrado por el Departamento, quien contrata a la IPS Universitaria de Antioquia como su operador para su manejo”. Y explica respecto a los servicios allí ofrecidos: “Esta institución es de nivel 1, de carácter ambulatorio y hospitalario y en servicios de emergencias de baja complejidad. La infraestructura de servicios cuenta con diez camas, cámara hiperbárica y una ambulancia. Los restantes niveles de complejidad son prestados por el Departamento a través del Hospital Amor de Patria; el cual se encuentra en nivel II completo y con algunos servicios de nivel III.”

Un hospital de primer nivel en Colombia corresponde a un hospital local donde se brinda una atención básica; cuenta con médicos generales para la atención de consultas, personal auxiliar y otros profesionales en salud, además prestan servicio de odontología general y ejecutan actividades de atención primaria en salud, como señala el Ministerio de Salud en su política de atención integral en Salud.

Problemas administrativos y deficiencias

A pesar de sí contar con un hospital local, Providencia y Santa Catalina, así como San Andrés, han presentado crisis sanitarias a lo largo de las últimas décadas lo cual ha llevado a múltiples cambios administrativos y declaraciones de crisis sanitarias. De hecho, Avendaño recuerda que ya a principios de los 2000 ya se cerraron los centros de salud y la atención para el municipio se centró en la actual sede para reducir costos.

Todas estas decisiones se toman desde el departamento, puesto que Providencia no tiene certificación para administrar su sistema de salud de forma independiente. Las diferentes especializaciones disponibles (cirugía general, urología, ortopedia, fisiatría, entre otras) atienden por jornadas según la demanda. Solo pediatría, medicina interna y ginecología llegaron a estar permanentes durante un tiempo y hasta poco antes del huracán Iota.

En 2006, al año siguiente de Beta, un informe de seguimiento por resolución de la Defensoría del Pueblo, titulado “Situación ambiental, económica y de servicios públicos de las islas de Providencia y Santa Catalina”, señalaba que aún con la construcción de un nuevo hospital en Providencia, la prestación del servicio de salud en este municipio presentaba deficiencias por la falta de personal médico calificado, elementos y dotación de medicamentos.

“Las urgencias de primer y segundo nivel se prestan en la isla de San Andrés, pero hay dificultades con el transporte y la misma atención en los centros médicos” continuaba la publicación. Avendaño cuenta que, en esa época, los retrasos en el pago de nómina podían llegar a 4 o 5 meses. La administración estaba a cargo de la Empresa Social del Estado (ESE) Timothy Brito de San Andrés, que sería liquidada poco después debido a su difícil situación financiera. Luego empezó una sucesión de intermediarios privados y públicos a los que no les fue mucho mejor.

La Superintendencia de Salud en 2011 y 2014 ya hacían énfasis en las deficiencias y necesidades del Hospital Local de Providencia, en ese entonces bajo la administración de la Unión Temporal Misión Vital. “Se presentó la crisis financiera, administrativa y asistencial lo que avocó a la contratación para la prestación de servicios de los centros asistenciales por parte de Unión Temporal a la estatal CAPRECOM”, señalaba el informe de visita y auditoría de la entidad al departamento en 2011.

La Supersalud sugería para esa fecha: “Se le recomienda al Departamento de Archipiélago de San Andrés, que los recursos asignados con destinación específica en el sector salud, deben ser apropiados y ejecutados oportunamente, para así lograr una continuidad a las acciones de salud y garantizar el servicio a los habitantes del Departamento”. Además, daba recomendaciones a la Secretaría de Salud para lograr mayor vigilancia y cumplimiento de las funciones y objetivos de la red de atención de las islas.

En agosto de 2012, medios nacionales anunciaban que la IPS Universitaria de Antioquia recibía el Hospital Amor de Patria y el Hospital de Providencia y Santa Catalina de parte de la Gobernación de San Andrés, para ser administrados. El compromiso era propender por el mejoramiento de la prestación de servicios de salud para los habitantes de las islas.

Noticia de 2017 sobre crisis del hospital de Providencia en diario local

Cinco años después, la prensa local aún reportaba problemas en falta de insumos y medicamentos para trabajar y demora en el pago de los salarios en el personal administrativo y asistencial. En ese contexto, se estableció la nueva unión temporal entre las IPS Universitaria y Sermedic que hoy maneja la salud en el archipiélago.

En abril de 2018, el Tribunal Contencioso y Administrativo de San Andrés y Providencia, según se reportaba en medios, acreditaba que las condiciones de prestación del servicio de salud en el hospital local de Providencia eran precarias e insuficientes. A los problemas de infraestructura se sumaban la falta de insumos sanitarios y, en ocasiones, los pagos impuntuales a su personal médico. Para esa fecha la crisis tocaba fondo.

En el 2019, los indicadores de salud en San Andrés habían mejorado, según reportaba el Ministerio de Salud, pero su funcionamiento seguía en medio de múltiples obstáculos.
Avendaño confirma que todavía “hay momentos difíciles aunque no se ha llegado a esos extremos” (la situación que había en 2005). Por ejemplo, dice que ya no hay retrasos en planta como los de esa época, pero sí en el pago a especialistas contratados por prestación de servicios y a proveedores.

En el 2020, debido a la pandemia desatada por el nuevo coronavirus, en septiembre la Procuraduría General de la Nación alertaba nuevamente sobre la necesidad de intervención inmediata debido a la crisis sanitaria en San Andrés, Providencia y Santa Catalina, por el aumento significativo de casos de COVID19, de dengue y por las deficiencias en los servicios de UCI.

El Tribunal Contencioso Administrativo decretaba el 28 de septiembre de 2020 medida cautelar y ordenaba al Departamento del Archipiélago, a la IPS Universitaria de Antioquia y Sermedic IPS S.A.S, desplegar en un plazo de 15 días, en el Hospital Local de Providencia mejoras puntuales. Posteriormente se reportaron sanciones para el gobernador de San Andrés y las directivas de tales entes en salud por desacato.

Sumado a esos problemas de larga data y a la pandemia, apareció la nueva temporada de huracanes y tormentas tropicales. “Gracias a Dios, nosotros estábamos preparados dentro de nuestras limitantes”, afirma el exsecretario.

El médico recuerda que se le habían hecho “repotenciaciones” al edificio que, no obstante, fueron insuficientes ante el fenómeno meteorológico más fuerte en golpear la isla desde que hay registros históricos. También señala que el personal disponible en Providencia adecuó otros espacios para atender la emergencia de inmediato, a pesar de que reconoce que sería mejor contar con más ortopedistas, cirujanos y médicos generales para atender traumas y lesiones.

El pasado 9 de noviembre, el presidente Ivan Duque se trasladó a la isla de San Andrés para evaluar junto con las autoridades locales y la ministra del Interior, Alicia Arango, las secuelas que les dejó el coletazo del huracán Eta. Hicieron un balance y confirmaron la construcción de un hospital de segundo nivel en Providencia. Desde Presidencia anunciaron 118 acciones, por 139.000 millones de pesos, para superar dicha emergencia.

Pero el tiempo fue corto para ver los efectos de tales acciones e inversiones. De todas formas, Duque ya había ido al archipiélago en su primer día de gobierno con promesas para resolver la crisis que no se materializaron en dos años, como contó La Silla Vacía.

Luego el huracán Iota, que alcanzó la categoría 5, golpeó sin piedad a Providencia el pasado 16 de noviembre. Al día siguiente, además de los múltiples daños en toda la isla, se supo que el hospital había quedado prácticamente inservible, lo cual se difundió rápidamente en medios nacionales (1, 2, 3 y 4).

La Procuraduría General, frente a esta crítica situación en la que quedó la isla, el 20 de noviembre aseguraba el inicio del seguimiento al plan de reconstrucción de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. “El seguimiento también se extenderá a que se garantice el derecho a la salud, no solo con la cobertura del servicio para los habitantes del archipiélago y la dotación permanente de medicamentos de primera necesidad, sino con la vigilancia en la construcción y dotación del hospital de segundo nivel de Providencia, la renovación de los equipos y mobiliario del Hospital Clarence Lynd Newball Memorial del de San Andrés y la puesta en funcionamiento de centros de salud para atender a cerca de 79.000 ciudadanos”, señalaban desde el ente de control.

Así mismo, enfatizaban que insistirían en las islas se construyan refugios que garanticen albergue a los ciudadanos ante alertas por fenómenos climáticos como huracanes y/o tsunamis. Y solicitarían que las nuevas construcciones además cumplieran con las normas de sismoresistencia.

El 22 de noviembre desde las redes sociales (1, 2) del presidente de la República, Ivan Duque, se informaba que en Providencia se instalaba un Hospital de Campaña para suplir las necesidades en salud. Carlos Umaña García, director Seccional de la Defensa Civil del Magdalena, informaba al respecto: “se trata de una unidad de apoyo y respuesta rápida médica, es una unidad que consta de unas carpas de atención médica básica incluyendo una carpa para atención a los pacientes con COVID19.”

Providencia quedará entonces a la espera de la restauración de los daños ocasionados por Iota y al cumplimiento de las promesas hechas por las diferentes autoridades locales y nacionales. Mientras tanto, la demanda de atención aumenta por factores como la incidencia de enfermedades crónicas, el crecimiento de la población sobre todo por llegada de habitantes desde el continente y las deficiencias en prevención, explica Avendaño, pero no lo suficiente para cubrir los costos de operación sin recursos adicionales como subsidios a la oferta.

Por lo tanto, el mensaje publicado y viralizado por Elkin Robinson, en su intento por hacer una llamada de atención a la situación que se vive en Providencia, mezcló datos reales con algunas imprecisiones y errores, lo que nos llevó a calificarlo como cuestionable.

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Jueves, 13 Febrero 2020

Uno de tres: Wilson Arias acierta en cifra de pensiones, pero le falta precisión en educación y salud

Por Luisa Fernanda Gómez, Sania Salazar y José Felipe Sarmiento

Chequeamos un trino viral del Senador del Polo Democrático y encontramos un dato verdadero y dos cuestionables.

Dos millones de veces fue compartido un trino del senador del Polo Democrático Wilson Arias Castillo en el que afirmó que “la vida en Colombia ya es una lotería”.

Según Arias Castillo, de 100 jóvenes solo 52 entrarán a la educación superior; de 100 adultos mayores solo 23 se pensionarán, y 180.000 colombianos morirán hospitalizados en el año por mala atención.

Decidimos ponerle la lupa a las cifras que entregó el senador, ya que un usuario en redes sociales nos pidió que lo verificaramos. 

Preguntamos vía Twitter al senador por sus fuentes y nos respondió en otro trino:

Pero lo que encontramos es que de tres afirmaciones solo una salió verdadera. Las otras dos, son cuestionables. Aquí nuestra verificación.

 

De 100 jóvenes, solo 52 entrarán a la educación superior; 16 se graduarán. 

Cuestionable

Arias Castillo le envió a Colombiacheck, a través de Twitter, un link de una nota del periódico El Tiempo titulada “Estudiantes colombianos que ingresan a la educación superior” que dice que, según cifras del Ministerio de Educación, a agosto de 2015, “de 100 estudiantes que finalizaron grado 11, solo 48 ingresaron a la educación superior en año inmediatamente siguiente a la culminación de la media”. Pero la nota no aclara si las cifras son nacionales o corresponden a la situación de Bogotá.

La nota también afirma que, según el Ministerio de Educación, la deserción en la educación superior fue de 10,1 por ciento en 2014 y de 9,25 por ciento en 2015.

Colombiacheck califica la afirmación como cuestionable porque, si bien las cifras más recientes del Ministerio de Educación al respecto muestran que la cobertura general de educación superior es del 52 por ciento, como lo dice el trino, no se gradúan 16, sino uno de cada dos estudiantes universitarios (unos 26 en el caso ejemplificado por el senador).

Lo primero que hay que aclarar es que el trino es del 31 de enero de 2020 y las cifras que toma como fuente son de 2015. Además, el senador no transcribió el dato exacto de la nota que utilizó de fuente, pues en su trino dice que de 100 jóvenes solo 52 entrarán a la educación superior, cuando la nota dice que son 48.

El Ministerio de educación le informó a Colombiacheck que a 2018 la cobertura de educación superior es del 52 por ciento, es decir, un poco más de la mitad de la población que se gradúa de bachillerato, pero aclararon que solo el 38,7 por ciento comienza inmediatamente después la universidad. Indicaron también que de cada dos estudiantes que entran a la educación superior uno se gradúa.

Óscar Correa Marín es profesor de la Facultad de ingeniería industrial de la Universidad Nacional sede Manizales y ha analizado la calidad de la educación para la formulación del plan de desarrollo de la institución. Para el profesor, la deserción en la educación superior se debe a varios factores, el primero de ellos el económico. “Así los estudiantes estén en universidades públicas, el sostenimiento cuando no son nativos de la ciudad donde está la universidad se vuelve inviable para los padres. A pesar de que la universidades públicas ofrecen algunas garantías, eso no es suficiente, hay un problema de deserción grande que obedece a factores económicos”.

Correa Marín indicó que otro elemento es la debilidad formativa del bachillerato. Según el profesor, la principal deserción se da durante los dos primeros años de la educación superior “y es porque lamentablemente hay una enorme deficiencia en la educación del bachillerato”, sentenció.

Indicó además que hay un desestímulo hacia el estudio de las ingenierías y las carreras fuertes en ciencias básicas como las biologías, lo que atribuye a la deficiencia de la formación en esas ciencias durante el bachillerato, razón por la cual los estudiantes las ven poco atractivas.

La tercera razón de la deserción, según el profesor, es la falta de equidad, porque en el país la educación superior está centrada en las ciudades y las regiones más avanzadas, pero la educación rural está rezagada.

 

De 100 adultos mayores, solo 23 se pensionarán.

Verdadera

En la respuesta que dio vía Twitter el senador, señaló que la fuente de información para afirmar que “de 100 adultos mayores, solo 23 se pensionarán” proviene de un Informe del Ministerio de Hacienda y la Unidad de Gestión Pensional. No especificó a qué informe se refería exactamente.

Lo cierto es que tiene razón. Pues de acuerdo con la publicación Borradores de Economía en su edición 1078, publicado por el Banco de la República el 27 de junio de 2019 y actualizado el 11 de julio del mismo año:

La cobertura de pensionados es de apenas 23 por ciento y ésta se ha mantenido constante desde 2005 con una población de pensionados menor a 1,5 millones de personas. Esta tasa de cobertura contrasta con la de países como Chile donde es de 87,1 por ciento.

Vale la pena precisar que esa tasa corresponde al total de los dos regímenes: Régimen de Prima Media-RPM y Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad-RAIS.

En el RAIS (administrada por los fondos privados) el 25 por ciento de los afiliados logrará pensionarse; mientras en el RPM (administrado por Colpensiones) la tasa es del 10 por ciento, de acuerdo con un informe publicado por la Universidad de los Andes. Haciendo el cálculo con los afiliados a los dos regímenes es que sale la cifra del 23 por ciento dada por el senador (porque la mayoría de afiliados está en el RAIS).

Por otro lado, también hay que tener en cuenta que el senador dijo que de 100 adultos mayores solo 23 se pensionarán sin especificar si estos eran adultos mayores afiliados o no. Pero en términos reales la diferencia es mínima, porque afiliado es todo aquel que en algún momento de la vida se haya inscrito a un fondo pensional. Si no está empleado o no cotiza, igual es un afiliado no cotizante. 

Hoy son cerca de 23 millones de afiliados y esa es casi toda la PEA (Población Económicamente Activa).

 

180.000 colombianos morirán hospitalizados en el año por mala atención.

Cuestionable

La frase es cuestionable. La cifra publicada por algunos medios en 2016 está basada en un estudio de la Universidad de la Sabana que no aparece y que, según explicó esa misma institución en ese entonces, usó datos recolectados 10 años antes. Desde ese momento hasta ahora, las políticas de seguridad para los pacientes han cambiado y ese número no refleja los efectos que esto haya podido tener, aunque tampoco hay un dato más reciente.

Arias respondió en Twitter que sacó la cifra de una nota de El Espectador publicada en 2016. De hecho, salió en varios medios de comunicación que la tomaron de la agencia Colprensa. Esta citó un estudio elaborado por el departamento de Enfermería de la Universidad de la Sabana. Blu Radio incluso entrevistó a quien era la directora de ese programa académico, Beatriz Pérez Giraldo.

La docente explicó en la emisora que ese es el promedio anual de muertes en Colombia por “eventos adversos”. Estos son definidos por el Ministerio de Salud como los que resultan, sin ser deseados, de una atención de salud que produjo daño al paciente. La docente señaló en la entrevista que esto incluye, por ejemplo, caídas o errores de medicación o en procedimientos y aclaró que el cálculo se basa en estudios realizados entre 2006 y 2008.

El país ya había hecho algunos avances en regulación desde 2002 y la Universidad Nacional hizo un estudio al respecto en 2006 con tres hospitales en Colombia. Pero esto era insuficiente y el Gobierno se tuvo que basar en datos de Norteamérica y Europa para la expedición de la política pública de seguridad de los pacientes en 2007, como lo reconoce la guía de promoción elaborada por la entonces cartera de Protección Social.

El estudio Ibeas, que se realizó en hospitales de cinco países de América Latina, fue publicado en 2010 con datos recogidos en 2007 y 2008. Con base en ese documento, el Informe Nacional de Calidad de Atención en Salud de 2015, elaborado por el ministerio, afirma que Colombia tiene una incidencia de eventos adversos de un punto porcentual menos que la región, con 10,5 frente al 11,6 por ciento.

No todos causan directamente la muerte del paciente. Según el mismo estudio, esto se presentó en 1,8 por ciento de los casos. Esta es “información con la que se ha de ser cauteloso”, aclara, porque la evaluación de la mortalidad no fue hecha a profundidad, pues no era el objetivo principal de la investigación. El artículo de la Nacional en 2006 dio 6,4 por ciento en la misma variable (20 casos entre 310 pacientes con eventos).

En todo caso, los datos le sirvieron al MinSalud para actualizar sus políticas. En 2014, expidió el Manual de Inscripción de Prestadores y Habilitación de Servicios de Salud, que les exige estándares mínimos obligatorios con el objetivo de reducir esos y otros riesgos en el sistema.

Entonces, a pesar de ser más reciente, el artículo de La Sabana no refleja el impacto que hayan podido tener estas medidas en los últimos años porque parte de datos recolectados mucho antes. Y tampoco parece haber tenido mucha trascendencia académica.

Colombiacheck no pudo encontrar la cifra en cuestión en ningún resultado de Google Académico, bases de datos especializadas ni en el repositorio digital de la misma universidad. En el portal de la institución solo están la mención y una imagen de lo que publicó El Espectador.

A esto se suma que ni siquiera aparece citado en trabajos más recientes. Por ejemplo, otro que publicó la Nacional el año pasado todavía toma como referencia el Ibeas y no tiene ninguna referencia a La Sabana. Este incluso calcula una mortalidad de 4,16 por ciento (1 caso, que califica como “no prevenible”, entre 24 eventos adversos) para el hospital donde se realizó la investigación.

No pudimos encontrar ninguna otra fuente oficial o académica que hubiera publicado valores absolutos nacionales de muertes de pacientes al año por esta causa. Pérez tampoco contestó nuestras llamadas a la universidad ni por un mensaje a su correo electrónico, en el que le pedimos una copia de la investigación y detalles de sus fuentes y cálculos.

Dado que la cifra que da Arias parte de la publicación de La Sabana reportada en medios, que está desactualizada y ha sido imposible de corroborar, la calificamos como cuestionable.