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Domingo, 20 Agosto 2017

Rifirrafe por cantidad de víctimas del conflicto que se quedó a vivir en Bogotá

Por Paula Vásquez

Judith Maldonado de Voces de Paz, replicó unas cifras sobre este fenómeno, pero la Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación, las rectificó por imprecisas.

Judith Maldonado, integrante de Voces de Paz, la iniciativa ciudadana cuyo objetivo es impulsar la creación del partido político de las Farc, trinó el pasado 16 de julio respecto a las víctimas del conflicto que han llegado a Bogotá.

 

 

Colombiacheck se contactó con Maldonado quien dijo haber basado su afirmación en la nota del Espectador titulada: La capital en deuda con las víctimas.

Después de leer el artículo, revisar datos de la Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación, comparar con las cifras del Registro Único de Víctimas, RUV, calificamos esta afirmación como ligera.

Lo primero que hicimos fue revisar la publicación de El Espectador donde afirman, “Bogotá es la ciudad que más ha recibido víctimas del conflicto en el país. En total, según cifras de la Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación, desde 1985 se han reportado alrededor de 639.000, de las cuales 351.187 se quedaron a vivir en la capital.”

Además, dan la definición de víctima, “oficialmente, una víctima en Colombia es aquella que ha sufrido un daño por hechos ocurridos desde el 1 de enero de 1985, como consecuencia de infracciones al derecho internacional humanitario, en medio del conflicto armado interno. Es decir, todas aquellas afectadas por la desaparición forzada, el secuestro, el despojo de tierras, delitos contra la integridad sexual, el desplazamiento, la explosión de minas antipersona, actos terroristas, reclutamiento ilícito, homicidios y masacres.”

Dos días después, el 18 de julio, el mismo medio de comunicación publicó una columna de la Alta Consejera para los derechos de las víctimas, Angela Anzola, en la que pide al medio la rectificación de ciertos puntos de la nota.

A pesar de que no rectifica la cifra que trinó Judith Maldonado, según datos de la Alta Consejería, hasta el 1 de julio de 2017 fueron 666.345 las víctimas del conflicto armado que declararon hechos en Bogotá de las cuales 350.652 residen actualmente en la ciudad.

Según los datos aportados por la Alta Consejera en su carta al medio de comunicación, Maldonado fue ligera al replicar la información publicada sin verificar las cifras por su propia cuenta. La diferencia entre los datos reales y los que tuiteó la integrante de Voces de Paz fue de 27.354 en cuanto las víctimas que declararon en Bogotá y 535 sobre las que residen en Bogotá.

Además de esto, Colombiacheck revisó la página del RUV en la que se muestra el número de víctimas que han declarado en los diferentes departamentos (incluida Bogotá), en el Registro Nacional de Información, (RNI), nos explicaron que para saber el total de las víctimas por departamento había que sumar tanto el total de declaraciones de víctimas del conflicto armado, con la declaración de víctimas con sentencia como lo muestra la siguiente tabla:

En efecto, Bogotá es la ciudad que recibe más víctimas del conflicto, pero hay que tener en cuenta que es la única ciudad que se contabiliza, ya que es considerada como distrito especial por su papel administrativo y geográfico en el país.

También buscamos la cifra desagregada de los hechos victimizantes de las personas que han declarado en la capital:

Según la página del RUV, este reporte muestra el número de personas por hecho victimizante, la suma de los valores de la tabla no refleja el total de víctimas únicas debido a que una persona puede reportar varios hechos victimizantes.

¿Cómo recibe a una víctima el distrito?

Según información de la Alta Consejería desde la llegada de las víctimas del conflicto a la ciudad, la entidad ofrece ayuda humanitaria inmediata a través de medidas de alojamiento transitorio, alimentación, elementos de aseo, asistencia funeraria y traslados de emergencia. Dicha ayuda se brinda, aproximadamente, durante tres meses y gracias al marco jurídico que creó la Ley 1448 de 2011.

De igual manera, la Alta Consejería dispone, para la asistencia, un modelo de atención que se despliega en siete Centros Locales de Atención a Víctimas, Clav, ubicados en Suba, Chapinero, Rafael Uribe, Kennedy-Sevillana, Kennedy- Patio Bonito, Bosa, Ciudad Bolívar y en la Terminal de transporte.

Para este cuatrienio el presupuesto para el funcionamiento de la Alta Consejería es de $1.6 billones. Según la entidad, en Bogotá vive el 4.1% total de la población de víctimas del país, que es su responsabilidad atender.

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Domingo, 04 Junio 2017

Sanciones restaurativas de condenados por JEP deben ser consultadas con las víctimas

Por Sania Salazar

El Acuerdo Final entre Gobierno y Farc tiene previsto sanciones restaurativas para quienes aporten verdad, pero las víctimas las deben avalar. Además, si no aportan verdad, los sancionados serán privados de su libertad.

“Está previsto que las personas pueden proponer el componente restaurativo de su sanción, está previsto que las víctimas pueden opinar sobre ese componente restaurativo”, resaltó Catalina Díaz, directora de la Oficina de justicia transicional del Ministerio de Justicia en una entrevista con Claudia Palacios en Canal Capital sobre el funcionamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP.

“Desde el Acuerdo final y así se prevé en la ley estatutaria, se incluye que para quienes reconocen verdad completa, exhaustiva y detallada ante la Sala de reconocimiento de verdad y responsabilidad proceden las sanciones propias, sanciones que tienen un componente restaurativo y reparador y un componente de restricción efectiva de la libertad”, indicó Díaz cuando la consultamos al respecto.

La Sala de reconocimiento de verdad de la que habla Díaz hace parte de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP.

La funcionara explicó que ese componente restaurativo puede incluir reconstrucción de infraestructura, sustitución de cultivos ilícitos, contribución a proyectos de interés para la comunidad y desminado, entre otros.

“Los que dicen verdad exhaustiva no van a tener prisión, pero sí tiene restricciones de la libertad porque son de cinco a ocho años en una vereda, o en un sitio donde van a estar encerrados, no en una cárcel con barrotes, pero de donde no se van a poder mover porque van a tener restricción a la libertad de movimiento y de domicilio. Si usted está en la vereda Potrerito, en Jamundí, Valle del Cauca, no es que se pueda ir a pasar el fin de semana a Cartagena”, explicó Juan Carlos Henao, Rector de la Universidad Externado y quien hizo parte del equipo que redactó los acuerdos jurídicos de La Habana, al programa Conversemos de Actualidad, de Radio Televisión Nacional de Colombia (RTVC).

Colombiacheck revisó el Acuerdo Final y, efectivamente, está incluido en el texto pactado entre Gobierno y Farc. En el punto cinco del Acuerdo sobre las víctimas del conflicto (página 172) dice:
“Los comparecientes ante la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad podrán presentar un proyecto detallado, individual o colectivo, de ejecución de los trabajos, obras o actividades reparadoras y restaurativas. En dicho proyecto se indicarán obligaciones, objetivos, fases temporales, horarios y lugares de la ejecución, así como las personas que los ejecutarán, y el lugar donde residirán. Las sanciones impuestas por el Tribunal pre-establecerán los lugares donde residirán las personas que ejecutarán los proyectos. Los lugares donde residirán tendrán condiciones apropiadas de habitabilidad y dignidad”.

El documento aclara además, que “el proyecto deberá establecer un mecanismo de consulta con los representantes de las víctimas residentes en el lugar de ejecución, para recibir su opinión y constatar que no se oponen al mismo”.

Según el Acuerdo, el Tribunal para la Paz tendrá plena autonomía para decidir sobre el proyecto propuesto y para ejecutarlo tendrá que haber sido aprobado por la Sala de reconocimiento de verdad y responsabilidad

Hay que aclarar, además, que estas sanciones restaurativas cobijan también a miembros de las fuerzas militares y policías, agentes del Estado y civiles sobre los cuales tenga competencia la JEP. Pero que quienes no reconocen verdad y son hallados culpables durante un juicio, van a la cárcel y su pena, que oscilará entre 15 y 20 años, no incluye sanción restaurativa.

“En el marco de un modelo de justicia restaurativa, y así quedó definido el acto legislativo, (que la jurisdicción especial para la paz está enmarcada en un modelo de justicia restaurativa), son muy importantes las necesidades de las víctimas, su voz, porque no se trata de que la justicia venga a la sociedad en el sentido de que conduce la venganza, sino que se trata de que los ofendidos son protagonistas en ese escenario de justicia y por eso la opinión de ellos sobre las sanciones es tan importante”, resaltó Díaz.

Por qué justicia restaurativa

Entre los principales argumentos que tienen los opositores del Acuerdo Final con las Farc está el que asegura que no habrá justicia porque los responsables de delitos no irán a una cárcel, lo cual no es del todo cierto, por lo que ya explicamos.

“La idea de la justicia restaurativa es buscar que se reconstruyan los lazos sociales que se pierden con el delito, cuando un delito ocurre no solamente el perpetrador se pone por encima de la víctima, sino por encima de la sociedad. La crítica de la justicia restaurativa a la justicia tradicional es que esta última se enfoca mucho en el delito y en el delincuente y muy poco en la víctima y el daño, por eso lo que busca la justicia restaurativa es crear escenarios en los cuales las personas que se vieron involucradas en el delito puedan tener un escenario de diálogo en donde, por ejemplo, los ofensores les puedan pedir perdón a las víctimas y se comprometan a su reparación”, explicó Nelson Camilo Sánchez, investigador del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad, Dejusticia.

El investigador indicó que el proceso debe partir de dos bases, primero, un reconocimiento genuino de aquellos que cometieron las violaciones y en segundo lugar de un compromiso a la reparación. “Dentro de esa lógica, se establece que sean quienes ofendieron los que presenten propuestas para que puedan ser discutidas con las víctimas y dentro de ese diálogo se puedan generar esos espacios de restauración, pero al final, el que va a imponer la sanción es el juez”, aclaró Sánchez.

El objetivo es que quienes cometieron las ofensas presenten propuestas que sean materialmente atractivas para las víctimas y que estas se sientan reparadas, porque si no hay voluntad de las víctimas, difícilmente va a haber un sentimiento de reparación y que eso se genere en una audiencia, resaltó el investigador.