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Jueves, 18 Marzo 2021

Sí, el retiro de Colombia en audiencia de la Corte IDH por el caso Bedoya Lima no tiene antecedentes

Por Mónica Ospino Orozco

Las recusaciones a los jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sí han sido un recurso que varios estados han usado en años anteriores.

La reciente conmoción por la actuación del Estado colombiano en la audiencia pública del caso Jineth Bedoya Lima y otra vs. Colombia, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Corte IDH, y de la que el Estado, representado por el director general de la Agencia de Defensa del Estado, Camilo Gómez, se retiró al tiempo que recusó a cuatro de seis jueces de la Corte, generó toda clase de reacciones en el país.

En particular, una de las reacciones que se repitió en redes sociales es la que tiene que ver con lo que varias personalidades familiarizadas con el caso de secuestro, tortura y violación sexual de Jineth Bedoya Lima, calificaron como conductas inéditas ante la Corte IDH: el retiro y recusación a los jueces en medio de una audiencia en curso.

Por esta razón, en Colombiacheck decidimos indagar por los antecedentes de una decisión como la tomada por Colombia y verificar la afirmación de que el retiro de un Estado en medio de una audiencia en la Corte IDH no tiene precedente.

Del retiro en medio de la audiencia: verdadero

Johnathan Bock, director de la Fundación para la Libertad de Prensa, por ejemplo, dijo en un trino desde su cuenta:

“No lo hizo Nicaragua, tampoco Venezuela; ni el Perú de Fujimori. Nunca en la historia un Estado se había levantado de una audiencia ante la @CorteIDH. Hoy en el caso de @jbedoyalima lo hizo Colombia. Esto es una declaración de intenciones de cara al fallo que emita el tribunal”. 

También la abogada Catalina Botero - Marino expresó en su cuenta de twitter @cboteromarino: “Ningún Estado que yo recuerde, ha abandonado de esta manera una audiencia de la @CorteIDH porque no le gustan las preguntas de los jueces. Ni Venezuela en su peor momento. Todo mi afecto y solidaridad querida @jbedoyalima.

También, el director para las Américas de la ONG Human Right Watch, José Miguel Vivanco, afirmó en un trino con el que reaccionó a la conducta de Colombia en la mencionada audiencia que: 

“El gobierno de @IvanDuque debería avergonzarse de lo que hizo ante la @CorteIDH en el caso @jbedoyalima. Colombia recusó a casi todos los jueces porque le molestó las preguntas a la víctima. Y se retiró de la audiencia. Se trata de una conducta sin precedentes e irresponsable”.

Consultamos a la abogada del Centro para la Justicia y el Derecho Internacional, Cejil, quien actúa como apoderada de Jineth Bedoya, Viviana Krsticevic, quien aseguró que “lo inédito es que se levanten de un audiencia en la Corte Interamericana. Eso realmente fue muy sorprendente y no lo hemos visto de gobiernos dictatoriales. De Argentina a México, en todas las Américas, no ha habido un gobierno que se levante de una audiencia de la Corte Interamericana, eso es realmente inusual”.

Krsticevic, quien ha litigado en la Corte IDH por 25 años, asegura además que “ni aún en los peores momentos de confrontación en el gobierno de [Nicolás] Maduro, en el gobierno de [Hugo] Chávez [en Venezuela], en el de [Alberto] Fujimori [en Perú] o en el gobierno de [Daniel] Ortega [en Nicaragua], se han levantado los agentes del Estado de las audiencias ante la corte interamericana”.

Y continúa: “Y en parte no solo lo hacen por respeto al tribunal sino porque levantarse les impide defenderse diligentemente. Es por eso que estos estados se sientan y debaten y cuestionan y presentan evidencian y alegan, porque esa es la manera como se defiende un Estado, aún cuando están objetando lo que dice la víctima y la prueba o las afirmaciones sobre el alcance del derecho y los reparos que hacemos quienes representamos a las víctimas”.

En el mismo sentido, se pronunció el profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Icesi Jorge Andrés Illera Cajiao, doctor en Ciencias Jurídicas de la Universidad Católica de Argentina y magíster en Derechos Humanos de la Universidad Externado: “Antecedentes similares al de la actuación de Colombia en la Corte IDH no conozco. Sí ha habido antecedentes de estados que han denunciado o amenazado con denunciar la Convención Interamericana de Derechos Humanos y desconocer la autoridad de la Corte IDH, al recibir sentencias que resultaban muy desfavorables para sus estados”. 

“Como por ejemplo en el caso de Perú cuando la dictadura de Alberto Fujimori, o Ecuador también amenazó con hacerlo en el gobierno de Rafael Correa. Evo Morales [Bolivia], también en algún momento lo hizo. Trinidad y Tobago fue uno de los primeros estados que denunció la convención y salió ya hace casi dos décadas. Venezuela también lo hizo con Maduro, pero el presidente interino Juan Guaidó retiró esa denuncia y la OEA lo admitió”.

Sí ha habido casos de abandonos de audiencias, pero éstas han ocurrido en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; no en la Corte. De hecho, lo hizo Colombia en dos ocasiones y con el mismo embajador ante la OEA: Luis Alfonso Hoyos en 2009 y 2010 por los casos de la persecución del DAS contra el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, Cajar, y el caso de la disputa con Ecuador por la muerte del ciudadano ecuatoriano Franklin Aisalla en el bombardeo contra el campamento del “canciller” de las FARC, Raúl Reyes.

La Comisión es un órgano principal de la OEA, que tiene como función promover la observancia y la defensa de los derechos humanos y servir como órgano consultivo de la OEA en dicha materia.

Además, de acuerdo con el profesor Illera, “el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, tiene un filtro que es la comisión. A ella se le presentan las denuncias por vulneración de la Carta Interamericana de Derechos Humanos, y ella se encarga de investigar si existen o no razones para abrir un caso, pide al Estado una respuesta frente a la denuncia y si la respuesta no es satisfactoria o ve que existen posibles violaciones a los derechos humanos, registra la denuncia como caso y ahí da traslado al Estado para que se defienda y presente pruebas. Luego esto lo traslada a la parte denunciante quien se manifestará y presentará pruebas. Después, la comisión decide si hay o no mérito para una posible responsabilidad del Estado. Si la hay le solicitará reparar. Si el Estado no repara, presenta demanda ante la Corte Interamericana”.

Reynaldo Villalba Vargas, presidente del Cajar, le dijo a Colombiacheck que “nosotros fuimos a esta sesión de la Comisión IDH que fue en noviembre de 2009. Allí llegamos varias de las organizaciones de derechos humanos que habíamos sido afectadas por esta persecución. El asunto es que apenas empezada la presentación y ya estaban presentes los delegados del Estado colombiano, el embajador ante la OEA, que era Luis Alfonso Hoyos, tomó la vocería y dijo que se retiraba porque no había garantías de imparcialidad para Colombia. Sin embargo, la audiencia continuó sin su presencia”.

Así es que por todas estas razones y evidencias concluimos que las afirmaciones que calificaron como inédito el retiro de Colombia de la audiencia del 15 de marzo por el caso Jineth Bedoya Lima y otra vs. Colombia son verdaderas.

Recusaciones a la Corte: Venezuela encabeza el ranking

La otra actuación de Colombia en la audiencia del 15 de marzo tuvo que ver con la recusación a cuatro de los seis jueces de la Corte IDH. Pero en este caso sí hay varios antecedentes: Panamá, Perú y Venezuela han sido estados que han usado el instrumento de la recusación.

En este artículo del veterano ex juez y ex secretario de la la Corte IDH, el costarricense Manuel Ventura Robles, titulado “La legitimidad de los jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos” compila las recusaciones que han ocurrido en casos que dicho Tribunal ha llevado.

En dicho texto, Ventura Robles, relata que el primer caso de recusación ocurrió el 25 de enero del año 2000 en el litigio Baena Ricardo y otro, más conocido como “Caso 25”, realizada por la República de Panamá contra el entonces presidente de la corte, juez Antonio Augusto Cancado Trinidade. La Corte desestimó la recusación y siguió adelante con el proceso.

Posteriormente, según el artículo de Ventura, la segunda recusación se presentó en junio del 2006, por el representante legal de las víctimas en el caso del Penal Castro Castro contra Perú, hacia el juez peruano Diego García Sayán. Entonces el juez se excusó de seguir conociendo del caso, su excusa fue aceptada por la corte y el trámite continuó sin su presencia.

Pero es Venezuela la que tiene la mayor cantidad de recusaciones contra jueces del alto tribunal, según la compilación hecha por Ventura Robles, quien por 38 años trabajó en la Corte IDH .

En el texto en mención se detalla cómo Venezuela ha hecho diez recusaciones contra los jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en nueve casos. Los casos entre 2010 y 2016 fueron: Usón Ramírez; Chocrón Chocrón; López Mendoza; Familia Barrios; Diaz Peña Uzcátegui y otros; Castillo González y otros; Brewer Carías; Hermanos Landaeta Mejía, Granier y otros. Todos estos casos contra el Estado venezolano en los cuales las recusaciones fueron desestimadas y se siguió adelante con los procesos.

Cabe destacar que el pedido de recusación de cuatro de los seis jueces, y el pedido de nulidad de todo lo actuado en el caso Jineth Bedoya Lima y otra, hecho también en medio de la audiencia, fue desestimado este miércoles 17 de marzo por la Corte IDH que declaró improcedentes todas las peticiones hechas por el Estado colombiano a través de la Agencia de Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

 

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Domingo, 28 Agosto 2016

“El tratado de Roma no habla de cárcel, habla de sanciones, que hoy son restaurativas”, Gaviria

Por Sania Salazar

Cesar Gaviria, expresidente de Colombia y líder de la campaña por el sí en el plebiscito, demuestra que son falsos los rumores de la oposición en los que asegura que los guerrilleros deben pagar sus delitos con cárcel y no mediante mecanismos alternativos como los que se pactaron en el Acuerdo Final.

El pasado 24 de agosto, día en el que se anunció el cierre de la negociación entre el Gobierno y las Farc, César Gaviria, expresidente y líder de la campaña por el voto positivo al plebiscito, aseguró en entrevista con el periodista Yamid Amat, director del noticiero de televisión CM&, que el Tratado de Roma no habla de cárcel sino de sanciones. Frase que, luego de chequearla, calificamos como verdadera.

Para comenzar nuestra verificación, quisimos confirmar con Gaviria cómo sustenta su afirmación o de dónde la había sacado, pero John Álvarez, quien maneja sus relaciones con los medios de comunicación, nos dijo que tenía la agenda copada y que no nos podía atender hasta la próxima semana.

Entonces revisamos el Estatuto de Roma, que se constituye en la norma que reglamenta el funcionamiento de la Corte Penal Internacional, tribunal que juzga a personas acusadas de cometer crímenes de guerra o de lesa humanidad, entre otros, y al cual se ciñó el Acuerdo Final entre el gobierno y las Farc.

Hicimos el ejercicio básico de buscar la palabra en todo el documento y solo apareció una vez el término “encarcelación”. Se ubica en el artículo 7 de la Parte I titulada “Crímenes de lesa humanidad” describiendo uno de los actos considerados como tal, acciones que no serán objeto de amnistía ni indulto para las Farc tal como consta en el Acuerdo Final.

Las palabras sanción o sanciones están seis veces en el documento y se refieren, sobre todo, a correctivos ante conductas inadecuadas frente a la Corte

Después revisamos la Parte VII del documento, artículos 77 y 78, que hablan sobre las penas. Allí se habla de reclusión, la cual no puede exceder los 30 años y solo justifica penas a perpetuidad por “la extrema gravedad del crimen y las circunstancias personales del condenado”. El Tratado habla además de imponer multas y de decomisar productos, bienes o haberes procedentes del crimen.

Carlos Montoya, investigador de la Fundación Paz y Reconciliación, resaltó que “la Jurisdicción Especial para la Paz, concertada en el Acuerdo Final, estará encargada de administrar justicia e investigar y sancionar las violaciones a los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario”, garantizando el debido proceso que exige la Corte Penal Internacional, CPI.

“La alternatividad que da la justicia transicional coincide en que no tiene que haber cárcel para que haya una sanción y eso garantiza que no haya impunidad”, concluyó Montoya.

Por todo lo explicado hasta aquí, Colombiacheck considera falsas las declaraciones del senador Jaime Amín y de Christian Garcés, ambos del Centro Democrático, que aseguran que la justicia internacional exige cárcel para delitos de lesa humanidad.

 

 

 

 

Colombiacheck ya había chequeado una frase del expresidente Uribe en el que se explica cómo serán las sanciones privativas de la libertad a las que se exponen los guerrilleros de las Farc.