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Jueves, 18 Marzo 2021

Sí, el retiro de Colombia en audiencia de la Corte IDH por el caso Bedoya Lima no tiene antecedentes

Por Mónica Ospino Orozco

Las recusaciones a los jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sí han sido un recurso que varios estados han usado en años anteriores.

La reciente conmoción por la actuación del Estado colombiano en la audiencia pública del caso Jineth Bedoya Lima y otra vs. Colombia, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Corte IDH, y de la que el Estado, representado por el director general de la Agencia de Defensa del Estado, Camilo Gómez, se retiró al tiempo que recusó a cuatro de seis jueces de la Corte, generó toda clase de reacciones en el país.

En particular, una de las reacciones que se repitió en redes sociales es la que tiene que ver con lo que varias personalidades familiarizadas con el caso de secuestro, tortura y violación sexual de Jineth Bedoya Lima, calificaron como conductas inéditas ante la Corte IDH: el retiro y recusación a los jueces en medio de una audiencia en curso.

Por esta razón, en Colombiacheck decidimos indagar por los antecedentes de una decisión como la tomada por Colombia y verificar la afirmación de que el retiro de un Estado en medio de una audiencia en la Corte IDH no tiene precedente.

Del retiro en medio de la audiencia: verdadero

Johnathan Bock, director de la Fundación para la Libertad de Prensa, por ejemplo, dijo en un trino desde su cuenta:

“No lo hizo Nicaragua, tampoco Venezuela; ni el Perú de Fujimori. Nunca en la historia un Estado se había levantado de una audiencia ante la @CorteIDH. Hoy en el caso de @jbedoyalima lo hizo Colombia. Esto es una declaración de intenciones de cara al fallo que emita el tribunal”. 

También la abogada Catalina Botero - Marino expresó en su cuenta de twitter @cboteromarino: “Ningún Estado que yo recuerde, ha abandonado de esta manera una audiencia de la @CorteIDH porque no le gustan las preguntas de los jueces. Ni Venezuela en su peor momento. Todo mi afecto y solidaridad querida @jbedoyalima.

También, el director para las Américas de la ONG Human Right Watch, José Miguel Vivanco, afirmó en un trino con el que reaccionó a la conducta de Colombia en la mencionada audiencia que: 

“El gobierno de @IvanDuque debería avergonzarse de lo que hizo ante la @CorteIDH en el caso @jbedoyalima. Colombia recusó a casi todos los jueces porque le molestó las preguntas a la víctima. Y se retiró de la audiencia. Se trata de una conducta sin precedentes e irresponsable”.

Consultamos a la abogada del Centro para la Justicia y el Derecho Internacional, Cejil, quien actúa como apoderada de Jineth Bedoya, Viviana Krsticevic, quien aseguró que “lo inédito es que se levanten de un audiencia en la Corte Interamericana. Eso realmente fue muy sorprendente y no lo hemos visto de gobiernos dictatoriales. De Argentina a México, en todas las Américas, no ha habido un gobierno que se levante de una audiencia de la Corte Interamericana, eso es realmente inusual”.

Krsticevic, quien ha litigado en la Corte IDH por 25 años, asegura además que “ni aún en los peores momentos de confrontación en el gobierno de [Nicolás] Maduro, en el gobierno de [Hugo] Chávez [en Venezuela], en el de [Alberto] Fujimori [en Perú] o en el gobierno de [Daniel] Ortega [en Nicaragua], se han levantado los agentes del Estado de las audiencias ante la corte interamericana”.

Y continúa: “Y en parte no solo lo hacen por respeto al tribunal sino porque levantarse les impide defenderse diligentemente. Es por eso que estos estados se sientan y debaten y cuestionan y presentan evidencian y alegan, porque esa es la manera como se defiende un Estado, aún cuando están objetando lo que dice la víctima y la prueba o las afirmaciones sobre el alcance del derecho y los reparos que hacemos quienes representamos a las víctimas”.

En el mismo sentido, se pronunció el profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Icesi Jorge Andrés Illera Cajiao, doctor en Ciencias Jurídicas de la Universidad Católica de Argentina y magíster en Derechos Humanos de la Universidad Externado: “Antecedentes similares al de la actuación de Colombia en la Corte IDH no conozco. Sí ha habido antecedentes de estados que han denunciado o amenazado con denunciar la Convención Interamericana de Derechos Humanos y desconocer la autoridad de la Corte IDH, al recibir sentencias que resultaban muy desfavorables para sus estados”. 

“Como por ejemplo en el caso de Perú cuando la dictadura de Alberto Fujimori, o Ecuador también amenazó con hacerlo en el gobierno de Rafael Correa. Evo Morales [Bolivia], también en algún momento lo hizo. Trinidad y Tobago fue uno de los primeros estados que denunció la convención y salió ya hace casi dos décadas. Venezuela también lo hizo con Maduro, pero el presidente interino Juan Guaidó retiró esa denuncia y la OEA lo admitió”.

Sí ha habido casos de abandonos de audiencias, pero éstas han ocurrido en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; no en la Corte. De hecho, lo hizo Colombia en dos ocasiones y con el mismo embajador ante la OEA: Luis Alfonso Hoyos en 2009 y 2010 por los casos de la persecución del DAS contra el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, Cajar, y el caso de la disputa con Ecuador por la muerte del ciudadano ecuatoriano Franklin Aisalla en el bombardeo contra el campamento del “canciller” de las FARC, Raúl Reyes.

La Comisión es un órgano principal de la OEA, que tiene como función promover la observancia y la defensa de los derechos humanos y servir como órgano consultivo de la OEA en dicha materia.

Además, de acuerdo con el profesor Illera, “el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, tiene un filtro que es la comisión. A ella se le presentan las denuncias por vulneración de la Carta Interamericana de Derechos Humanos, y ella se encarga de investigar si existen o no razones para abrir un caso, pide al Estado una respuesta frente a la denuncia y si la respuesta no es satisfactoria o ve que existen posibles violaciones a los derechos humanos, registra la denuncia como caso y ahí da traslado al Estado para que se defienda y presente pruebas. Luego esto lo traslada a la parte denunciante quien se manifestará y presentará pruebas. Después, la comisión decide si hay o no mérito para una posible responsabilidad del Estado. Si la hay le solicitará reparar. Si el Estado no repara, presenta demanda ante la Corte Interamericana”.

Reynaldo Villalba Vargas, presidente del Cajar, le dijo a Colombiacheck que “nosotros fuimos a esta sesión de la Comisión IDH que fue en noviembre de 2009. Allí llegamos varias de las organizaciones de derechos humanos que habíamos sido afectadas por esta persecución. El asunto es que apenas empezada la presentación y ya estaban presentes los delegados del Estado colombiano, el embajador ante la OEA, que era Luis Alfonso Hoyos, tomó la vocería y dijo que se retiraba porque no había garantías de imparcialidad para Colombia. Sin embargo, la audiencia continuó sin su presencia”.

Así es que por todas estas razones y evidencias concluimos que las afirmaciones que calificaron como inédito el retiro de Colombia de la audiencia del 15 de marzo por el caso Jineth Bedoya Lima y otra vs. Colombia son verdaderas.

Recusaciones a la Corte: Venezuela encabeza el ranking

La otra actuación de Colombia en la audiencia del 15 de marzo tuvo que ver con la recusación a cuatro de los seis jueces de la Corte IDH. Pero en este caso sí hay varios antecedentes: Panamá, Perú y Venezuela han sido estados que han usado el instrumento de la recusación.

En este artículo del veterano ex juez y ex secretario de la la Corte IDH, el costarricense Manuel Ventura Robles, titulado “La legitimidad de los jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos” compila las recusaciones que han ocurrido en casos que dicho Tribunal ha llevado.

En dicho texto, Ventura Robles, relata que el primer caso de recusación ocurrió el 25 de enero del año 2000 en el litigio Baena Ricardo y otro, más conocido como “Caso 25”, realizada por la República de Panamá contra el entonces presidente de la corte, juez Antonio Augusto Cancado Trinidade. La Corte desestimó la recusación y siguió adelante con el proceso.

Posteriormente, según el artículo de Ventura, la segunda recusación se presentó en junio del 2006, por el representante legal de las víctimas en el caso del Penal Castro Castro contra Perú, hacia el juez peruano Diego García Sayán. Entonces el juez se excusó de seguir conociendo del caso, su excusa fue aceptada por la corte y el trámite continuó sin su presencia.

Pero es Venezuela la que tiene la mayor cantidad de recusaciones contra jueces del alto tribunal, según la compilación hecha por Ventura Robles, quien por 38 años trabajó en la Corte IDH .

En el texto en mención se detalla cómo Venezuela ha hecho diez recusaciones contra los jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en nueve casos. Los casos entre 2010 y 2016 fueron: Usón Ramírez; Chocrón Chocrón; López Mendoza; Familia Barrios; Diaz Peña Uzcátegui y otros; Castillo González y otros; Brewer Carías; Hermanos Landaeta Mejía, Granier y otros. Todos estos casos contra el Estado venezolano en los cuales las recusaciones fueron desestimadas y se siguió adelante con los procesos.

Cabe destacar que el pedido de recusación de cuatro de los seis jueces, y el pedido de nulidad de todo lo actuado en el caso Jineth Bedoya Lima y otra, hecho también en medio de la audiencia, fue desestimado este miércoles 17 de marzo por la Corte IDH que declaró improcedentes todas las peticiones hechas por el Estado colombiano a través de la Agencia de Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

 

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Jueves, 14 Junio 2018

A Petro no le reabren investigaciones del M-19

Por Ana María Saavedra

Colombiacheck verificó una nueva información, publicada por el portal El Nodo, que indica que el candidato presidencial “no fue indultado sino simplemente desmovilizado, lo que dejaría abierta su posible investigación por delitos comunes o crímenes atroces”.

“Dirección de Justicia Transicional (Mininterior) establece que Petro es desmovilizado, no Indultado del M19, por lo que sus delitos podrían Activarse”, titula una noticia del portal El Nodo. Colombiacheck verificó esta información y encontró que es Falsa.

El Nodo en su artículo, cuya información ha sido compartida en grupos de Facebook, en Twitter y en una columna del portal El Debate, se basó, primero, en una respuesta de la Dirección de Justicia Transicional a un derecho de petición del abogado Francois Roger Cavard, quien demandó ante el Consejo de Estado la Candidatura de Petro a la presidencia.

Noticia falsa sobre reapertura de procesos a Petro por el M-19

De acuerdo con El Nodo: “Un comunicado emitido por la Dirección de Justicia Transicional del Ministerio del Interior, firmado por su directora, Diana Isabel Durán, confirmaría la tesis de que el candidato presidencial Gustavo Petro Urrego fue un desmovilizado por crímenes comunes del grupo terrorista M19. El comunicado, emitido luego de una petición expresa del abogado Francois Roger Cavard, establece con claridad que el político Petro, a pesar de estar incurso en la comisión de delitos del grupo narcoterrorista, no está incluido en los términos de indulto contemplados en la Constitución Política de Colombia, y por el contrario, limita su situación legal al marco jurídico de desmovilización de la Ley 77 de 1989”.

Aunque el Consejo de Estado rechazó la demanda de Cavard, el 18 de mayo pasado, El Nodo publicó esta información el pasado 4 de junio.

Aparte de ese hecho, hay que aclarar, en un primero lugar, que la interpretación realizada por el portal de noticias de ese documento es errónea y que la Dirección de Justicia Transicional no depende del Ministerio del Interior sino que está adscrita al de Justicia.

Lo segundo, al verificar la autenticidad del comunicado, el viceministro de Justicia, Miguel Carlos Medina, le explicó a Colombiacheck que no se trata de un comunicado sino es la respuesta a un derecho de petición, interpuesto por Cavard.

Medina indicó que es necesario aclarar que a Gustavo Petro “no lo iban a amnistiar ni indultar porque para la fecha no tenía ningún proceso judicial en su contra. Hasta ahí podemos llegar nosotros en la certificación. De pronto, al responder ese derecho de petición se debió explicar ese punto para ser más concretos”.

Y agregó que el hecho que Petro haya podido ocupar cargos públicos de elección evidencia que la interpretación es errónea.

El abogado Carlos Hernán Escobar, con maestría en derecho procesal penal, señaló que tanto la amnistía como el indulto parten del principio de que son procesados y si Petro no tenía ni condena ni proceso abierto pues no tenían que perdonarle.

De acuerdo con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), la amnistía consiste en: a) La posibilidad de impedir el enjuiciamiento penal y, en algunos casos, las acciones civiles contra ciertas personas o categorías de personas con respecto a una conducta criminal específica cometida antes de la aprobación de la amnistía; o b) La anulación retrospectiva de la responsabilidad jurídica anteriormente determinada (OACNUDH, 2009) Según la OACNUDH (2009), el indulto es “un acto oficial que exime a un delincuente o delincuentes condenados de la aplicación de la pena en todo o en parte, sin borrar la condena en que se basa”.

Una apreciación jurídica similar tuvo el exmagistrado de la Corte Constitucional José Gregorio Hernández, quien al analizar la información de El Nodo indicó que “no hay absolutamente nada contra Petro. Esta una noticia falsa, pues toda información incompleta lleva al equívoco y a la falsedad. Se presenta apenas una parte de la situación para dar la impresión de que él puede ser procesado, a pocos días de las elecciones”.

Hernández concluyó que “en resumen de todo lo que se ha visto al respecto, en este caso; de las leyes que se han expedido y de la situación misma de Petro, no se desprende nada diferente a que contra él no hay nada”.

La noticia de El Nodo indica también que “el candidato Petro Urrego fue efectivamente incorporado al proceso de desmovilización por la comisión de delitos comunes, y no necesariamente políticos”.

Sin embargo, esta no es la primer demanda presentada contra Petro, que argumenta su condena por porte ilegal de armas. Para analizar la información de El Nodo también se revisó la sentencia del Consejo de Estado de octubre de 2013, en la que se negó la pérdida de la investidura del ex senador.

En ese momento, Orlando Parada instauró la demanda, argumentando que Petro había sido condenado por la Justicia Penal Militar a 18 meses de prisión por porte ilegal de armas. El candidato había sido condenado bajo el estado de sitio (de la Constitución de 1886), mediante Resolución de fecha 6 de noviembre de 1985 por violación al Decreto 1056 de 1984.

En el fallo, el Consejo de Estado la Procuraduría consideró el delito por el que Petro supuestamente fue procesado, el porte ilegal de armas, sí era conexo con la situación de rebeldía del entonces concejal de Zipaquirá.

En el fallo a favor de Petro, el Consejo concluyó “que la condena impuesta al demandado dentro del marco del estado de sitio declarado bajo la Constitución de 1886, al no emanar de una ‘sentencia judicial’ ajustada al nuevo marco constitucional, no constituye el antecedente penal que subyace a la causal de inhabilidad prevista en el artículo 179.1 de la C.P.”

En este proceso también se llamó la atención por la pérdida del expediente de la condena del exsenador en la Justicia Penal Militar.

Asimismo, Petro en su defensa dijo que “A mí me capturaron por mí militancia en el M-19 y por eso me llevaron al Cantón Norte donde otros oscuros episodios ocurrieron unos días después y por eso terminé en las cárceles. Querer quitar ese contexto para decir que un delito común para hacer que sea derribado el alcalde, desconoce el hecho que el 1056 no habla de sentencias judiciales ni de delito lo que habla es de contravención”, señaló.

Según el informe de la Comisión de la Verdad del Palacio de Justicia, el primer indulto al M19 se da con la Ley 77 de 1989, que había autorizado el presidente para conceder indultos delitos políticos y los delitos conexos.

Un juez orden público ordenó la reapertura del caso del Palacio Justicia en 1992 por el delito de terrorismo (incluyendo a la cúpula del M!9, entre ellos Petro), pero con en julio de ese año el Congreso tramitó un reindulto y no se reabrió el caso.

La Comisión también indicó que en ese momento, el presidente César Gaviria envió una carta al Procurador “señalando que las personas beneficiadas con el indulto, la cesación de procedimiento o el autor inhibitorio decretados en el desarrollo de esa ley no podían ser procesadas por los mismos hechos que originaron su otorgamiento”.