En Facebook se ha movido una desinformación desde el 7 de marzo del 2023, que incluye un video de Kwai, que usa un audio viejo de la periodista Darcy Quinn en el que se denuncia un proyecto de Ley que limita la libertad de prensa y obliga a los medios de comunicación a producir contenidos que generen conciencia ciudadana sobre la humanización de la política criminal, los cuales además serían supervisados por el gobierno. 

Esto es cuestionable, pues aunque se sí se trató de una propuesta legislativa por parte de la cartera del Ministerio de Justicia del gobierno de Gustavo Petro, el borrador fue modificado en noviembre del 2022 tras críticas por diferentes sectores. El articulado todavía se encuentra en construcción y espera ser presentado en marzo de este año.

El video dura 3:46 minutos y tiene el siguiente texto: “Señor Petro, antes de leyes, le exigimos la renuncia. Nada de lo suyo sirve. Si con comunicación pasó lo del policía, no me quiero imaginar si no hay. ¿Se acerca el cierre de medios que no estén con Petro? Dios bendiga a Colombia

En el video aparece una fotografía de Gustavo Petro, junto a una imagen del programa ‘Los Secretos de Darcy Quinn, seguidos del texto: “Reforma a política criminal atenta contra la libertad de prensa”.

En la publicación se escucha la voz de la periodista diciendo: “Propone normas como ésta y acá es donde viene el tema. Artículo 58. Adiciónese un artículo 167-A de la Ley 65 de 1993, el cual quedará así: Artículo 167-A: Estrategia de concientización ciudadana sobre la política criminal de prensa, radio y televisión. A partir de la fecha de vigencia de la presente Ley, la prensa escrita, las estaciones de radiodifusión sonora, y los programas de televisión que operen en el país deberán adelantar campañas a generar un cambio en la conciencia  ciudadana sobre la humanización de la política criminal, la creación de oportunidades y la potencialización de justicia restaurativa los contenidos podrán ser elaborados por el correspondiente medio de comunicación, pero para su difusión deberán ser sometidos a la aprobación del consejo superior de política criminal, el ministerio de tecnologías de la información y las comunicaciones se cerciorará de la difusión de los contenidos mencionados, a través de medios virtuales masivos”.

El video original fue publicado en Kwai, por la cuenta llamada ‘La Pesadilla Del Mamerto 846”, el 8 de noviembre del 2022, en donde ha tenido un alcance de 2848 ‘me gusta’ y 1930 comentarios.

En la publicación de Facebook, algunos usuarios comentaron: “Que tal el modelo de política criminal que más se podía esperar con un ministro de Justicia . Del interior y de defensa como los que tenemos manantiales de sabiduría pozos de sabiduría” (sic). 

“Poner una mordaza a la prensa, es una de imitaciones que hace del gobierno de Maduro. VIOLA NUESTROS DERECHOS COMO DEMÓCRATAS” (sic). 

“Ahi va el dictador...éste parece una vaca sin control...éste mesías desde sus pasos por el colegio en los consejos estudiantiles fue donde hizo sus pinitos Para ello...y como ha avanzado…” (sic).

Dado el alcance de la publicación en Facebook, que para esta verificación ha tenido más de 26.000 visualizaciones, en Colombiacheck decidimos verificarlo como parte del programa de terceros verificadores (3PFC) de Meta, del que hacemos parte como aliados para combatir la desinformación en redes sociales.

Borrador legislativo sí pretendía presentarse, pero fue reversado y modificado

Como primer paso en la verificación, hicimos una búsqueda en Google con la frase “Estrategia de concientización ciudadana sobre la política criminal de prensa, radio y televisión” y encontramos que el audio del video de Facebook se refiere a una noticia del programa radial ‘Secretos de Darcy Quinn’, del medio LA FM, emitido el 8 de noviembre del 2022, en el cual la periodista habló sobre una propuesta (filtrada) del viceministro de Política Criminal y Justicia, Camilo Umaña, en la que se pretendía una reforma en la política criminal del país, que podría atentar contra la libertad de prensa.

Según contó el medio de comunicación, la propuesta consistía en una modificación de la Ley 65 de 1993, en la que se adicionaba el Artículo 167-A, el cual quedaría así: 

“ESTRATEGIA DE CONCIENTIZACIÓN CIUDADANA SOBRE LA POLÍTICA CRIMINAL EN PRENSA, RADIO Y TELEVISIÓN. A partir de la fecha de vigencia de la presente ley, la prensa escrita, las estaciones de radiodifusión sonora y los programadores de televisión que operen en el país deberán adelantar campañas destinadas a generar un cambio en la conciencia ciudadana sobre la humanización de la política criminal, la creación de oportunidades y la potencialidad de la justicia restaurativa. Los contenidos podrán ser elaborados directamente por el correspondiente medio de comunicación, pero para su difusión deberán ser sometidos a la aprobación del Consejo Superior de Política Criminal. El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones se cerciorará de la difusión de los contenidos mencionados a través de medios virtuales masivos”. 

Luego de esto, la periodista añadió que la propuesta estaría obligando a los medios de comunicación a crear unos contenidos específicos que serán vigilados por el Ministerio de las TIC y el Consejo de Política Criminal.

“Claramente un tema de ataque contra la libertad de prensa de nuestro país. Es meternos al rancho totalmente y obligar a los medios a hacer unos contenidos que le convienen al gobierno, no dar oportunidad de disentir, de estar en contra, de cuestionar”, sostuvo Darcy Quinn en su programa.

Cabe aclarar que la legislatura vigente sobre el Código Penitenciario y Carcelario (Ley 65 de 1993) no incluye modificaciones en el Artículo 167, que habla sobre el Consejo Superior de Política Criminal, un organismo colegiado asesor del Gobierno Nacional en la implementación de la política criminal del Estado.

La noticia sobre la propuesta fue compartida por otros medios de comunicación (1, 2, 3, 4, 5). Incluso, la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip), se pronunció al respecto y rechazó la iniciativa legislativa.

“#AlertaFLIP | El Ministro de Justicia,  @osunanestor, anunció cambios en el artículo del borrador de un proyecto de ley, que obligaba a los medios a realizar campañas sobre la política criminal del Gobierno. Pero esto es insuficiente y aún hay riesgos para la libertad de prensa”, publicó la Fundación en su cuenta de Twitter.

#AlertaFLIP | El Ministro de Justicia, @osunanestor, anunció cambios en el artículo del borrador de un proyecto de ley, que obligaba a los medios a realizar campañas sobre la política criminal del Gobierno.

🧵Pero esto insuficiente y aún hay riesgos para la libertad de prensa.👇🏽 pic.twitter.com/EVUA9uvWp4

— FLIP (@FLIP_org) November 9, 2022

“El artículo original imponía la carga a los medios de comunicación para que estuvieran en la obligación de realizar campañas sobre la política criminal del Gobierno. Estas, además, debían ser aprobadas por el Consejo Superior de Política Criminal” señaló la Flip.  

La propuesta de adición del Artículo 167-A de la Ley 65 de 1993, presentada por el gobierno Petro, se conoció al tiempo que se preparaba una propuesta técnica relacionada con el sometimiento de bandas criminales (conocida como Ley de Sometimiento) y que fue radicada ante el Senado de la República el 15 de marzo del 2023.

Sobre el polémico artículo legislativo, el viceministro de Justicia confirmó al medio La W que la información correspondía a un borrador: “Incluimos la campaña de concientización porque la Corte Constitucional impuso en el estado de cosas inconstitucional el deber de hacer una campaña de concientización ciudadana para que la ciudadanía en general comprenda para qué es el derecho penal y cuáles son sus finalidades constitucionales”, señaló Umaña.

La Sentencia a la que hace referencia el viceministro es a la T-762 de 2015, que fue la que le ordenó al Gobierno Nacional, por intermedio del ministro de Justicia y del Derecho que dice: “Dentro de los seis (6) meses siguientes a la notificación de esta sentencia, estructure una política pública de concientización ciudadana, con vocación de permanencia, sobre los fines del derecho penal y de la pena privativa de la libertad, orientado al reconocimiento de alternativas sancionatorias, a la sensibilización sobre la importancia del derecho a la libertad y al reconocimiento de las limitaciones de la prisión para la resocialización, en las condiciones actuales de desconocimiento de derechos de los reclusos”.

Sin embargo, ante la justificación planteada por parte del Ministerio de Justicia, la Flip también señaló que si bien la sentencia planteaba una campaña de sensibilización, en ningún momento especificaba que debía realizarse a través de medios de comunicación e hizo un llamado para que el documento fuera revisado y discutido.

3️⃣El Ministro se ha justificado afirmando que esto es necesario por orden de la @CConstitucional. Esto es falso: la Corte ordenó (sentencia T762/15) al @MinjusticiaCo generar programas de sensibilización sobre el derecho penal, pero no que se tuviera que hacer a través de medios. pic.twitter.com/2THmMUWddx

— FLIP (@FLIP_org) November 9, 2022

Ante las denuncias de diferentes sectores que consideraron el artículo legislativo como un intento de censura y atentado contra la libertad de prensa, se anunciaron cambios en la redacción del articulado. Según reportó El Tiempo, como parte de las recomendaciones que recibió el ministerio, se cambió el verbo "deberán" por el de "podrán", modificación que estaría contemplada en la última versión del proyecto de ley, que sigue en construcción, y el cual quedaría así:

"A partir de la fecha de vigencia de la presente ley, la prensa escrita, las estaciones de radiodifusión sonora y los programadores de televisión que operen en el país podrán adelantar campañas destinadas a generar un cambio en la conciencia ciudadana sobre la humanización de la política criminal, la creación de oportunidades y la potencialidad de la justicia restaurativa. Los contenidos podrán ser elaborados directamente por el correspondiente medio de comunicación. El Consejo Superior de Política Criminal podrá conceptuar sobre contenidos de comunicación para el Gobierno nacional".

El ministro de justicia, Néstor Osuna, sostuvo que el proyecto de ley sería presentado en marzo del 2023 al Congreso y que es una reforma de la política penal y penitenciaria para superar el estado de cosas inconstitucional que ha denunciado la Corte Constitucional desde hace más de 20 años.

Al respecto, la Fundación para la Libertad de Prensa mostró preocupación, y argumentó que pese a los cambios planteados para el articulado “esto seguía siendo un riesgo de censura previa”. 

“El Ministro anunció cambios para que la participación de los medios y del Consejo fuera facultativa y no obligatoria. Así, no estarían forzados a hablar de la política, pero si quisieran, el Consejo podría colaborar y emitir conceptos sobre sus contenidos. Esto sigue siendo un riesgo de censura previa porque: 

1) Se disfraza una revisión como una colaboración. Un órgano político no debe opinar sobre el contenido de los medios: esto puede llevar a que, por ejemplo, se limite la crítica al Gobierno y su política criminal. 

2) No se deja claro el alcance de los conceptos del Consejo. Hay una línea muy delgada entre la sensibilización sobre la política criminal; y obligar a los medios a publicar contenido específico sobre ella. Los medios no están en la obligación de ser “aliados” del Gobierno”, refirió la organización en su hilo de Twitter.

Imposición a medios de comunicación ya se había contemplado durante el gobierno Santos

La propuesta original de Ley presentada por la cartera de justicia del gobierno Petro, en la que se obligaba a los medios de comunicación participar de la “estrategia de sensibilización ciudadana”, resultó similar a un Proyecto de Ley  que también buscaba modificar la Ley 65 de 1993 que fue presentado durante el gobierno de Juan Manuel Santos y finalmente archivado en 2019. 

Se trata del Proyecto de Ley “Por medio de la cual se fortalece la política criminal y penitenciaria en Colombia y se dictan otras disposiciones”, presentado por el Congreso en 25 de octubre del 2017. 

En él se planteaba que los medios de comunicación debían adelantar campañas destinadas a modificar las percepciones ciudadanas sobre la prevención del delito, reinserción social y la dignidad de las personas sometidas a medidas penales. Además, estos contenidos también debían ser supervisados por el gobierno.

“ARTÍCULO 61. ADICIÓNESE un artículo 167-A a la Ley 65 de 1993, del siguiente tenor: ARTÍCULO 167-A. En el marco de las políticas de prevención del delito, reinserción social y la dignidad de las personas sometidas a medidas penales y la búsqueda de alternativas a la prisión, la prensa escrita, las estaciones de radiodifusión sonora y las programadoras de televisión que operen en el país, deberán adelantar campañas destinadas a modificar las percepciones ciudadanas sobre estos asuntos, con la duración y periodicidad que determine el Consejo Superior de Política Criminal, de común acuerdo con el Ministerio de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones, los cuales reglamentarán y vigilarán el cumplimiento de esta disposición. Los programas podrán ser elaborados directamente por el correspondiente medio de comunicación, pero para su difusión deberán ser sometidos a la aprobación del Consejo”.

La iniciativa legislativa fue finalmente archivada por tránsito de legislatura el 19 de junio del 2019, durante el gobierno de Iván Duque.

En conclusión, en Colombiacheck calificamos como cuestionable la publicación en Facebook sobre una propuesta de modificación legislativa sobre el Código Penitenciario y Carcelario, que obliga a los medios de comunicación a participar de “estrategia de sensibilización ciudadana” con contenidos supervisados por el gobierno, pues se trató de un borrador legislativo que fue presentado en noviembre del 2022, pero que luego fue reversado tras fuertes críticas por atentar contra la libertad de prensa.

El borrador sigue actualmente en construcción y según el Minjusticia, la propuesta final será presentada en marzo de este año.