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Viernes, 06 Agosto 2021

“Ya hemos logrado que 700 mil víctimas superen su situación de vulnerabilidad”

Por Andrés Felipe Martínez

Este chequeo hace parte del especial sobre el discurso del presidente, Iván Duque, en la instalación de las sesiones ordinarias del Congreso el 20 de julio de 2021.

Durante su discurso, el presidente Duque mencionó algunos resultados de su política de Paz con Legalidad. Entre esos logros afirmó:  “Ya hemos logrado que 700 mil víctimas superen su situación de vulnerabilidad”.

Respecto a la cifra de víctimas, se debe tener en cuenta que en Colombia desde el año 2015, se miden las condiciones de vida de las personas caracterizadas como víctimas del desplazamiento forzado, y se evalúa su nivel de acceso a derechos como identificación, salud, educación, alimentación, vivienda, empleo, entre otros. 

Cuando una víctima tiene garantizados estos derechos, se concluye que ha superado su situación de vulnerabilidad.

El indicador se llama Superación de Situación de Vulnerabilidad (SSV). Los criterios para esta evaluación fueron inicialmente establecidos con la Resolución 1126 de 2015, del Departamento Nacional de Planeación, DNP, y la Unidad para las Víctimas. Este documento fue actualizado en 2018 con la Resolución 2200.

Cada año, en su rendición de cuentas, la Unidad para las Víctimas hace un balance del número de personas han superado su situación de vulnerabilidad, de acuerdo a los criterios de dicha resolución.

Durante el anterior cuatrienio, 2014 - 2018, un total de 798.005 superaron su condición de vulnerabilidad, de acuerdo con esta entidad. Mientras en el período de la actual presidencia, con corte a junio de 2021 (33 meses), esa cifra es de 1,07 millones de personas.

El siguiente gráfico muestra la evolución de este indicador en el quinquenio 2015 - 2020, con cifras acumuladas:

Situación de vulnerabilidad, víctimas

 

De esta forma, las cifras de Duque sobre víctimas coinciden con las registradas por el índice de Superación de la Situación de Vulnerabilidad en Colombia.

Sin embargo, existen cuestionamientos sobre las condiciones en las que se lleva a cabo este conteo de cifras.  El año pasado, en su informe anual, la Comisión de Seguimiento y Monitoreo a la Ley de Víctimas concluyó que “persiste la ausencia de un enfoque de goce efectivo de derechos en la medición de la Superación de Situación de Vulnerabilidad de la población desplazada”.

De esta Comisión hacen parte la Mesa Nacional de Participación efectiva de las Víctimas, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría y la Procuraduría General de la Nación.

“La Comisión evidenció que el 61 % de las víctimas que superaron su situación de vulnerabilidad (de acuerdo con el indicador de Plan Nacional de Desarrollo) no se les comprobó el cumplimiento del derecho a la vivienda; y a un 36%, el de alimentación. Llama la atención que el indicador se base principalmente en la verificación de un nivel mínimo de ingresos del hogar, con lo cual se presume que la población puede obtener por sí misma derechos como salud, educación, vivienda digna y alimentación, en contravía de lo establecido por la Corte Constitucional, el Decreto 1084 de 2015 y la Resolución 2200 de 2018”, dice el informe, que puede ser consultado aquí.

En este documento, la Comisión señala que “todavía falta mucho” para hablar de la superación del estado de vulnerabilidad en las víctimas en este indicador.

“En la práctica, sus derechos no se han restablecido y esto se debe a políticas públicas que en unos casos están incompletas (salud y educación), en otros son erróneas (caso vivienda). En otras, a pesar del tiempo, de los recursos, y de la importancia que logró el tema, el Estado aún no ha definido y no existe una política pública para las víctimas al respecto (empleo y generación de ingresos)”, advierte.

El presidente del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, Indepaz, Camilo González Posso, también menciona algunas debilidades de este indicador:

“Este indicador tiene como referencia unas variables mínimas que incluyen solo parcialmente la reparación de derechos, porque hay otros aspectos que no se consideran respecto a los activos perdidos, el daño moral, y no tienen en cuenta que la reparación es restituir una situación mejor que la que perdieron las víctimas. Hay una subvaloración. En algunos casos se reconocen los mínimos, pero se desconoce la deuda con lo justo”, señala.

Consultamos también a Ánderson Morales, representante de la Mesa Nacional de Participación efectiva de las Víctimas, quien considera que el índice de Superación de Vulnerabilidad se ciñe a una lista de chequeo en la que no se refleja la situación real de las personas.

“La encuesta que aplican para la superación de Vulnerabilidad no analiza el contexto real de un hogar. Se vuelve un checklist, con preguntas muy limitadas. Una variable es tener identificación o cédula, y con eso se suma para decir que se superó la vulnerabilidad”, advierte.

Y continua: “No se puede decir que alguien superó su situación de vulnerabilidad cuando no se ha recuperado ni siquiera lo que perdió por el conflicto. Hay un error que hemos manifestado sobre el cálculo: ellos toman en cuenta el núcleo familiar que se desplazó hace diez años, y ahora miden si una persona de ese núcleo tiene ingresos, entonces esa familia ya superó su vulnerabilidad; pero resulta que actualmente ya esa familia no es una, sino tres o cuatro, porque han pasado diez años”.

Según el vocero de las víctimas, “también está la vulnerabilidad de la exclusión social: en ciudades como Bogotá siguen viendo a las víctimas como un mantenido del Estado, pero es un mantenido que nadie mantiene. Existe la vulnerabilidad en la posibilidad de empleo, pues la mayor parte de los desplazados somos campesinos que no encontramos fácilmente ocupación en la ciudad”.

En ese sentido, aunque las cifras para dar por superada la vulnerabilidad de una persona desplazada por el conflicto armado dadas por Duque se ajustan a los datos oficiales, estos han sido cuestionados por la Comisión de Seguimiento a la Ley de Víctimas, que reúne a las entidades del Ministerio Público, por los mismos voceros de víctimas y expertos. Por esa razón, al poner en contexto su afirmación y cotejarla con fuentes alternativas, la calificamos de cuestionable.

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Viernes, 06 Agosto 2021

“Iniciar la construcción del Metro de Bogotá”

Por Laura Rodríguez Salamanca

Este chequeo hace parte del especial sobre el discurso del presidente, Iván Duque, en la instalación de las sesiones ordinarias del Congreso el 20 de julio de 2021.

Durante su discurso en la instalación del último periodo legislativo del actual Congreso, Iván Duque hizo un recuento de los que a su parecer son los logros de su gobierno. En una de sus afirmaciones señaló: “marcamos un hito de la ingeniería (...) al iniciar la construcción del Metro de Bogotá”.

En Colombiacheck calificamos esta frase como cuestionable. Las razones: si bien es cierto que en su gobierno se firmó el acta de inicio de contrato de concesión para las obras del Metro de Bogotá, se ha avanzado en los estudios de ingeniería del detalle del proyecto y en su fase previa, no es sino hasta 2023 que se iniciaría formalmente la fase de construcción

Además, aunque, según los expertos a los que consultamos, el gobierno Duque tiene mérito en la continuación del proyecto, la financiación de la primera línea del Metro de Bogotá quedó asegurada en el gobierno Santos. 

Vamos por partes. El pasado 20 de octubre de 2020 la Empresa Metro de Bogotá (EMB) y el consorcio Metro Línea 1 S.A.S firmaron el acta de inicio del contrato de concesión de la primera línea del metro de la capital. Duque se encontraba en el Chocó, pero dio un discurso a través de videollamada en el evento.

 

En el comunicado de prensa que publicó ese día la Empresas Metro de Bogotá se indica que el evento marcaba el comienzo oficial de las obras del proyecto y que el contrato de concesión se desarrollaría en tres etapas. “La primera, que tendrá una duración de 27 meses, incluye la realización de los diseños de detalle”, se “comenzará a construir el patio taller, en la localidad de Bosa” y “un paso deprimido en la calle 72 con avenida Caracas”, dice el documento.

De acuerdo con el comunicado, “durante la segunda etapa, que tomará cinco años, se construirá el viaducto y las 16 estaciones, se reconfigurará la estructura vial, incluyendo la construcción del urbanismo para TransMilenio, vehículos particulares y ciclorrutas, y se creará nuevo espacio público y mobiliario urbano; adicionalmente, se construirán nuevos puentes en la avenida 68 y un deprimido peatonal en la calle 13”. Esta fase se iniciará en 2023. 

Y en la tercera fase, “se realizarán las pruebas de todo el sistema, que deberá comenzar su operación comercial en el segundo semestre de 2028”. 

Como le explicó a Colombiacheck el experto en movilidad Darío Hidalgo, ingeniero civil con maestría y doctorado en Ingeniería de Transporte de la Universidad Estatal de Ohio, “el proyecto ya está en marcha, con financiación y contratos con actas de iniciación. La EMB ya ha realizado directamente varios procesos de relocalización de redes, la compra de predios va muy avanzada e incluso demolición de estructuras en varios de esos predios”. 

Además, de acuerdo con un comunicado de la EMB, debido a las restricciones por la pandemia y las dificultades de movilidad por el Paro Nacional, el 16 de junio de 2021 se hizo una modificación en el contrato. Con esto se cambió el inicio de las obras de adecuación de los terrenos del patio taller, en el sector de El Corzo, en la localidad de Bosa, del 17 de junio de 2021, fecha en la que se tenía contemplada inicialmente, para el 17 de agosto del mismo año. También se acordó que los trabajos de construcción del deprimido de la calle 72 con avenida Caracas, en Chapinero, se iniciarán el 17 de septiembre de 2021. 

Sin embargo, aunque estos procesos hacen parte del contrato de la obra, no lo son de la fase de construcción que, de hecho, se iniciará en 2023, de acuerdo con el calendario del proyecto. 

En palabras de Juana Afanador, líder de la Veeduría al Metro de Bogotá, “lo que se inició cuando se firmó el acta de inicio del proyecto fueron hacer los estudios de ingeniería de detalle [y] sin esos estudios no puede empezar la obra civil, la construcción como tal”. 

Así mismo, de acuerdo el ingeniero mecánico Santiago Silvera, máster en Urbanismo y Movilidad Urbana, quien le ha hecho seguimiento al proyecto Metro, “las obras como tal, según el cronograma, están para iniciarse 27 meses después de la firma del acta de inicio”. 

En sus palabras, “lo que actualmente está ejecutándose, es la Fase Previa, que no son obras del metro como tal, sino alistamientos. Es decir, compra de predios, traslado de redes, demoler el puente de la Av. 1 de Mayo con Carrera 68, alistamiento del terreno donde se construirá el Patio-Taller en Bosa, etc. Y una vez termine la fase previa, se comenzarán las obras del Metro: cimentaciones, talleres, estaciones, viaducto, etc.” 

Para Oróstegui “técnicamente construcción haría referencia a la primera piedra, pero para llegar allí se necesitó avanzar en otros frentes administrativos y financieros”. Y desde su perspectiva, "desde que se inició la adquisición de predios y se otorga a consorcio ganador la responsabilidad de la construcción, importación de maquinaria y puesta en marcha de la operación se marcó el inicio del proyecto”. 

Además de esto, consultamos sobre el mérito que tiene el gobierno del presidente Duque en el proyecto. Afanador nos dijo que los recursos con los que se comprometió el Gobierno Nacional (el 70 % de la financiación le corresponde a la Nación y el 30 % a Bogotá) quedaron asegurados en el gobierno de Juan Manuel Santos, y lo que se ha hecho en el mandato de Duque es continuar los compromisos que el gobierno había heredado.

Con esta visión coincide Silvera: “en lo que respecta al "espaldarazo", recursos y garantía, por lo que se lee en los CONPES, viene de Juan Manuel Santos”. 

Es que en el documento CONPES 3900 del 25 de septiembre de 2017 el gobierno de Santos declaró al proyecto de la primera línea del Metro como de importancia estratégica. Además, en el CONPES 3923 del 8 de mayo de 2018, del mismo gobierno, la Empresa Metro de Bogotá obtuvo la garantía de la Nación para contratar operaciones de crédito público interno o externo para financiar la primera línea del metro. Y a esto hay que sumarle que el 6 de agosto de 2018, el último día del mandato de Santos, se firmaron los créditos con la Banca Multilateral, que requerían de la garantía de la Nación.

Sin embargo, aunque otros expertos consultados coinciden en que la plata quedó asegurada en el gobierno Santos, consideran que el gobierno Duque también ha tenido méritos. “La diferencia está en los hitos. Si bien el gobierno Santos comprometió recursos, los principales avances se dieron con el gobierno Duque. Se realizan estudios y diseños a detalle y  se adjudica la obra”, nos dijo Omar Oróstegui, exdirector de Bogotá Cómo Vamos.

Por su parte, Darío Hidalgo le dijo a Colombiacheck que “si bien la aprobación definitiva vía CONPES se dio en la administración nacional de Juan  Manuel Santos, varias aprobaciones son en el actual gobierno”.

“Durante este gobierno nacional se desarrollaron los procesos de contratación de la concesión y de la interventoría, a cargo de la EMB. El gobierno Nacional es parte de la junta directiva de la EMB [junto con la alcaldía de Bogotá] y supervisa los procesos a través de representantes del DNP [Departamento Nacional de Planeación], los ministerios de Hacienda y Transporte. Sin el acompañamiento del Gobierno Nacional a los procesos de contratación, el proyecto estaría estancado”, explicó. 

Entonces, desde su perspectiva, lo que ha hecho posible el avance del proyecto es “la continuidad a pesar de los cambios de administración”. 

Así, reiteramos que calificamos como cuestionable la frase en la que el presidente de la República, Iván Duque, presentó como un logro de su gobierno el inicio de “la construcción del Metro de Bogotá”. 

En resumen, el proyecto Metro de Bogotá ha avanzado por la continuidad del gobierno de Duque, sobre la financiación asegurada que dejó el de Santos. Además, aunque durante el mandato de Duque se firmó el acta de inicio de contrato de concesión para las obras del Metro, este documento contempla que hasta el 2023 empieza formalmente la etapa de construcción. 

Ya se está avanzando en los estudios al detalle, la relocalización de la red eléctrica y las demoliciones. El 17 de agosto de 2021 se iniciarán las obras de adecuación de los terrenos del patio taller en Bosa, y el 17 de septiembre se iniciarán los trabajos de construcción del deprimido de la calle 72 con avenida Caracas. Pero estos trabajos hacen parte de la fase previa del proyecto.