Durante su discurso, el presidente Duque mencionó algunos resultados de su política de Paz con Legalidad. Entre esos logros afirmó:  “Ya hemos logrado que 700 mil víctimas superen su situación de vulnerabilidad”.

Respecto a la cifra de víctimas, se debe tener en cuenta que en Colombia desde el año 2015, se miden las condiciones de vida de las personas caracterizadas como víctimas del desplazamiento forzado, y se evalúa su nivel de acceso a derechos como identificación, salud, educación, alimentación, vivienda, empleo, entre otros. 

Cuando una víctima tiene garantizados estos derechos, se concluye que ha superado su situación de vulnerabilidad.

El indicador se llama Superación de Situación de Vulnerabilidad (SSV). Los criterios para esta evaluación fueron inicialmente establecidos con la Resolución 1126 de 2015, del Departamento Nacional de Planeación, DNP, y la Unidad para las Víctimas. Este documento fue actualizado en 2018 con la Resolución 2200.

Cada año, en su rendición de cuentas, la Unidad para las Víctimas hace un balance del número de personas han superado su situación de vulnerabilidad, de acuerdo a los criterios de dicha resolución.

Durante el anterior cuatrienio, 2014 - 2018, un total de 798.005 superaron su condición de vulnerabilidad, de acuerdo con esta entidad. Mientras en el período de la actual presidencia, con corte a junio de 2021 (33 meses), esa cifra es de 1,07 millones de personas.

El siguiente gráfico muestra la evolución de este indicador en el quinquenio 2015 - 2020, con cifras acumuladas:

De esta forma, las cifras de Duque sobre víctimas coinciden con las registradas por el índice de Superación de la Situación de Vulnerabilidad en Colombia.

Sin embargo, existen cuestionamientos sobre las condiciones en las que se lleva a cabo este conteo de cifras.  El año pasado, en su informe anual, la Comisión de Seguimiento y Monitoreo a la Ley de Víctimas concluyó que “persiste la ausencia de un enfoque de goce efectivo de derechos en la medición de la Superación de Situación de Vulnerabilidad de la población desplazada”.

De esta Comisión hacen parte la Mesa Nacional de Participación efectiva de las Víctimas, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría y la Procuraduría General de la Nación.

“La Comisión evidenció que el 61 % de las víctimas que superaron su situación de vulnerabilidad (de acuerdo con el indicador de Plan Nacional de Desarrollo) no se les comprobó el cumplimiento del derecho a la vivienda; y a un 36%, el de alimentación. Llama la atención que el indicador se base principalmente en la verificación de un nivel mínimo de ingresos del hogar, con lo cual se presume que la población puede obtener por sí misma derechos como salud, educación, vivienda digna y alimentación, en contravía de lo establecido por la Corte Constitucional, el Decreto 1084 de 2015 y la Resolución 2200 de 2018”, dice el informe, que puede ser consultado aquí.

En este documento, la Comisión señala que “todavía falta mucho” para hablar de la superación del estado de vulnerabilidad en las víctimas en este indicador.

“En la práctica, sus derechos no se han restablecido y esto se debe a políticas públicas que en unos casos están incompletas (salud y educación), en otros son erróneas (caso vivienda). En otras, a pesar del tiempo, de los recursos, y de la importancia que logró el tema, el Estado aún no ha definido y no existe una política pública para las víctimas al respecto (empleo y generación de ingresos)”, advierte.

El presidente del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, Indepaz, Camilo González Posso, también menciona algunas debilidades de este indicador:

“Este indicador tiene como referencia unas variables mínimas que incluyen solo parcialmente la reparación de derechos, porque hay otros aspectos que no se consideran respecto a los activos perdidos, el daño moral, y no tienen en cuenta que la reparación es restituir una situación mejor que la que perdieron las víctimas. Hay una subvaloración. En algunos casos se reconocen los mínimos, pero se desconoce la deuda con lo justo”, señala.

Consultamos también a Ánderson Morales, representante de la Mesa Nacional de Participación efectiva de las Víctimas, quien considera que el índice de Superación de Vulnerabilidad se ciñe a una lista de chequeo en la que no se refleja la situación real de las personas.

“La encuesta que aplican para la superación de Vulnerabilidad no analiza el contexto real de un hogar. Se vuelve un checklist, con preguntas muy limitadas. Una variable es tener identificación o cédula, y con eso se suma para decir que se superó la vulnerabilidad”, advierte.

Y continua: “No se puede decir que alguien superó su situación de vulnerabilidad cuando no se ha recuperado ni siquiera lo que perdió por el conflicto. Hay un error que hemos manifestado sobre el cálculo: ellos toman en cuenta el núcleo familiar que se desplazó hace diez años, y ahora miden si una persona de ese núcleo tiene ingresos, entonces esa familia ya superó su vulnerabilidad; pero resulta que actualmente ya esa familia no es una, sino tres o cuatro, porque han pasado diez años”.

Según el vocero de las víctimas, “también está la vulnerabilidad de la exclusión social: en ciudades como Bogotá siguen viendo a las víctimas como un mantenido del Estado, pero es un mantenido que nadie mantiene. Existe la vulnerabilidad en la posibilidad de empleo, pues la mayor parte de los desplazados somos campesinos que no encontramos fácilmente ocupación en la ciudad”.

En ese sentido, aunque las cifras para dar por superada la vulnerabilidad de una persona desplazada por el conflicto armado dadas por Duque se ajustan a los datos oficiales, estos han sido cuestionados por la Comisión de Seguimiento a la Ley de Víctimas, que reúne a las entidades del Ministerio Público, por los mismos voceros de víctimas y expertos. Por esa razón, al poner en contexto su afirmación y cotejarla con fuentes alternativas, la calificamos de cuestionable.