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Jueves, 12 Diciembre 2019

Cifra de niños quemados con pólvora de Margarita Restrepo no coincide con la del INS

Por Sania Salazar

Margarita Restrepo publicó en su Twitter la cifra de niños quemados en diciembre del 2018, pero el Instituto Nacional de Salud dice que los datos están incompletos, pues en enero también se registran casos.

La Representante a la Cámara por el Centro Democrático, Margarita Restrepo, aseguró en su cuenta de Twitter que en diciembre de 2018 resultaron 195 niños quemados con pólvora en el país.

Restrepo indicó en el trino que la fuente de la información es el Instituto Nacional de Salud, INS. En Colombiacheck le preguntamos sobre el origen específico de la cifra (documento, informe, boletín), pero no nos ha contestado.

Hernán Quijada, subdirector de riesgo del INS, le explicó a Colombiacheck que el periodo de vigilancia de quemados con pólvora abarca diciembre y mediados de enero debido a que las festividades, y por ende el uso de pólvora, se extiende hasta los primeros días del año y que por tal razón dar una cifra solo de diciembre es ofrecer datos incompletos.

Aunque le insistimos durante varios días al INS en conocer la cifra de quemados en diciembre, para comparar el dato con el publicado por la Representante, no nos lo entregaron. 

El dato más cercano al periodo mencionado por la Representante a la Cámara es el del comunicado de prensa del INS del 2 de enero de 2019, según el cual entre el 1 de diciembre y las 6:00 a.m. de ese 2 de enero se habían registrado 249 menores de edad quemados con pólvora en el país.

Según el balance final del monitoreo de la temporada 2018-2019, en el país se quemaron con pólvora 304 menores de edad, mientras que en el mismo periodo de vigilancia 2017-2018 los niños quemados fueron 297, un incremento del 1,7 por ciento.

El informe señala que la manipulación de pólvora fue, en el 63,3 por ciento de los casos la actividad causante de las lesiones, mientras que en un 21,9 por ciento las personas quemadas eran espectadores del hecho.

"Así las cosas, cabe la pena analizar las cifras y revisar si la actual legislación es suficiente para llevar a la baja unos indicadores que en el último periodo habían logrado unas reducciones considerables y que en este año –dada las cifras ya conocidas- parece confirmar que los ciudadanos no solo adquirieron, sino que usaron la pólvora de manera inadecuada, y lo que es aún peor con un saldo de 304 niños quemados”, concluye el informe.

Quijada resaltó que el objetivo es que no se presenten niños quemados y todavía estamos muy distantes de lograrlo y que es responsabilidad de todos, de los adultos responsables y familiares de los niños, y de las autoridades locales prevenirlo.

Para Quijada el problema se debe, en parte, a un asunto cultural que viene de los papás y de los abuelos.

Antioquia, Valle del Cauca, Cauca, Nariño y Boyacá son los departamentos con las cifras más altas de quemados.

La doctora Marcela Murillo, pediatra del Hospital San Ignacio, le explicó a Colombiacheck que las quemaduras con pólvora producen lesiones que afectan la piel y los tejidos blandos, pueden afectar órganos vitales e incluso pueden producir la muerte.

Según Murillo, el 40% de los niños quemados con pólvora sufren quemaduras de tercer y cuarto grado, las más graves. “La población más afectada, generalmente, son los hombres menores de 14 años y los casos se dan en mayor medida en las zonas rurales”, indicó la pediatra,

Además, las zonas del cuerpo que resultan más afectadas por quemaduras de pólvora son las manos, los dedos y los ojos.

Murillo recalcó que estas lesiones requieren siempre la atención priorizada en un hospital o centro de salud, pues las personas a cargo de los niños suelen recurrir a prácticas caseras que pueden empeorar las lesiones. “La aplicación de aceites, mantequilla, café o ungüentos en las quemaduras puede causar la afectación de otros tejidos u órganos”.

Murillo coincidió con el subdirector de riesgo del INS, en que en la prevención de estos casos juega un papel determinante la cultura, pues en el país se asocia la celebración de la Navidad y las fiestas de fin de año con el uso de la pólvora, pero resaltó que el ejemplo de padres y cuidadores es clave para evitar que los niños tengan contacto con la pólvora y se quemen.

Por último, la pediatra resaltó que las quemaduras con pólvora son incapacitantes, por lo que invitó a la sociedad a denunciar al 123 de la Policía o a la línea 141 del Instituto del Bienestar Familiar para denunciar la venta o uso de pólvora.

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Miércoles, 26 Agosto 2020

JEP sí proporciona abogados a las víctimas, pero algunas organizaciones de ellas no confían en los elegidos

Por Sania Salazar

Una representante a la Cámara del Centro Democrático publicó en Twitter una frase del Representante legal de la Federación Colombiana de Víctimas de las Farc, que asegura que la JEP no les ha designado abogados para representar a sus víctimas, lo cual es cuestionable, pues lo que hay de fondo es que no confían en los abogados disponibles

La representante a la Cámara del Centro Democrático, Margarita Restrepo, publicó en su cuenta de Twitter un video en el que Sebastián Velásquez, Representante legal de la Federación Colombiana de Víctimas de las Farc, Fevcol, dice: “para nosotros hay un desequilibrio total en el manejo que la Justicia Especial para la Paz le brinda a los victimarios frente a las víctimas que al día de hoy no tienen aprobado ni un solo abogado para llevar sus casos”.

Al preguntarle a la senadora por la fuente de esa información, nos mandó el teléfono de Velásquez, quien le dijo a Colombiacheck que por informaciones periodísticas se enteró de la ejecución del contrato 342 de 2020, del que le mandaron el pantallazo de algunas páginas, que él ha publicado en Twitter, y aclaró que no ha visto el contrato completo.

Aunque el mensaje de Twitter de Velásquez asegura que la contratación de 93 abogados para la defensa de exguerrilleros de Farc costó 4.930 millones de pesos, él le admitió a Colombiacheck que “contratan varios ítems, no solamente abogados, mal haría yo en dividir 4.930 en 93, ahí hay otros ítems” y aseguró que la Jurisdicción Especial para la paz, JEP, no ha negado la existencia del contrato.

Colombiacheck califica la información como cuestionable porque tiene varias imprecisiones sobre el contrato del que se habla y porque el representante de Fevcol no aclara que cuando asegura que "las víctimas al día de hoy no tienen aprobado ni un solo abogado para llevar sus casos" se refiere solo a las que hacen parte de su organización. Pero también porque hay pruebas de que la JEP sí ha contratado abogados para las víctimas en general, pero Velásquez duda de que esos profesionales trabajen en favor de ellas. Además, porque la JEP asegura que se reunieron con Fevcol para socializar las propuestas de representación y defensa de las víctimas, proceso al que los invitaron a participar, pero en el que ellos no han presentado la documentación necesaria.

Velázquez aseguró que, para presentar sus casos ante la JEP, las víctimas de Fevcol han tenido que recurrir a abogados que donan su trabajo, pues no han contado con la ayuda de los de la JEP para documentar los casos y acreditar a las víctimas ante esa jurisdicción.

El representante legal de Fevcol reconoce que la JEP le informó a una de las fundadoras de la Federación que tienen abogados para ofrecer asesoría y representación judicial a las víctimas, pero aseguró que “en el caso tal de que fuera a acceder a un abogado los brindarían ellos y no tenemos ninguna garantía de que ese abogado trabaje en favor de las víctimas”.

En la página web de la JEP, Colombiacheck encontró en la contratación realizada entre enero y junio de 2020 varios contratos de asesoría jurídica y defensa judicial “a las personas que comparezcan ante las salas y secciones de la JEP, teniendo en cuenta los enfoques diferenciales”.

La JEP aseguró que, al 30 de junio de 2020, ha prestado servicios de asesoría a 3.337 víctimas, ha asumido la representación común de 1.909 víctimas individuales y 260 sujetos colectivos que representan y agrupan a más de 574.732 mil víctimas individuales acreditadas, pertenecientes en su mayoría a comunidades étnicas (afrocolombianos e indígenas), acreditadas en los macrocasos.

La JEP le aclaró a Colombiacheck que esa jurisdicción cuenta con el Sistema Autónomo de Asesoría y Defensa (SAAD), un mecanismo gratuito dirigido para las víctimas y comparecientes que demuestren carecer de recursos suficientes para una representación y una defensa idónea, respecto a los trámites y actuaciones previstas ante ese tribunal.

También aclaró la JEP que no se contratan abogados a título personal, sino organizaciones de la sociedad civil que tengan la experiencia y capacidad para desarrollar labores de asesoría y representación de las víctimas.

“En el acercamiento a dichas organizaciones se ha incluido a la organización FEVCOL a la cual se le ha invitado, en reiteradas oportunidades mediante comunicaciones electrónicas y reuniones presenciales, a remitir al SAAD la documentación que exige la Resolución 862 de 2019 que reglamenta el Registro de Abogados, con el fin de incluirla como organización acreditada para adelantar labores de asesoría y representación de víctimas, sin que a la fecha la organización FEVCOL haya remitido la información requerida para la correspondiente evaluación de capacidades”, resaltó la JEP en un comunicado escrito que le envió a Colombiacheck.

El tribunal explicó en el mismo comunicado que los requisitos y condiciones de elegibilidad de los abogados que deben prestar servicios de orientación, asesoría y asistencia legal (representación judicial a las víctimas y defensa técnica a los comparecientes) están regulados constitucional y legalmente.

“Según lo establece la Ley de Procedimiento de la JEP, las víctimas cuentan con cinco (5) opciones para participar en las diferentes instancias y momentos procesales en la JEP, así: (i) por sí mismas, es decir de manera personal y directa sin necesidad de un apoderado; (ii) por medio de un apoderado(a) de confianza; (iii) por un apoderado designado por la organización de víctimas; (iv) por intermedio de una representante común otorgado por el Sistema Autónomo de Asesoría y Defensa administrado por la Secretaría Ejecutiva de la JEP o, (v) de manera subsidiaria a las anteriores, mediante apoderado que designe el sistema de defensa pública”, precisaron en la JEP.

En el Tribunal indicaron, además, que el parágrafo segundo de esa Ley de Procedimiento de la JEP señala que cuando haya más de una víctima se  podrá disponer que todas o ciertos grupos de ellas nombren uno o más abogados comunes para que defiendan de forma colectiva sus derechos, esto, principalmente en los macrocasos que ha abierto la jurisdicción. Así que debido a que la norma indica que se deben asignar representantes comunes y no apoderados judiciales individuales, la Secretaría Ejecutiva adelanta los procesos de asignación de los representantes comunes de víctimas.

La JEP indicó que, cuando las víctimas no tienen los recursos para contratar un abogado de confianza, el SAAD les provee abogados con “conocimientos y experiencia comprobadas” en Derechos Humanos, Derecho Internacional Humanitario y representación de víctimas, “contratados con el estricto cumplimiento de los requisitos correspondientes”. 

En el Tribunal aseguraron que desde 2018 la Secretaría Ejecutiva de la entidad ha trabajado en identificar al mayor número de organizaciones de la sociedad civil que tengan la experiencia y capacidad para desarrollar labores de asesoría y representación de víctimas.

El contrato 

Como ya lo dijimos, Velásquez se refiere al contrato 342 de 2020, que  aparece en la sección de transparencia de la página web de la JEP y en el Secop II firmado el 17 de abril de 2020 y con vigencia hasta el 31 de diciembre del mismo año. Su objetivo es “Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, financieros y de cooperación con la Secretaria Ejecutiva de la JEP en la implementación del Sistema Autónomo de Asesoría y Defensa (SAAD), gestionando el equipo que garantizará el derecho de defensa  y debido proceso a través de labores de asesoría y defensa judicial integral a los comparecientes exintegrantes FARC en el marco de las actuaciones de la JEP, teniendo en cuenta el enfoque diferencial, territorial y de género”.

Como le reconoció Velásquez a Colombiacheck, el objetivo del contrato no es solo la contratación de abogados, sino de otros profesionales para desarrollar el proyecto base del contrato como el equipo administrativo y técnico.