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Viernes, 12 Octubre 2018

Clara López hace afirmación ligera sobre el presupuesto de las universidades públicas

Por Luisa Fernanda Gómez Cruz

Es cierto que la Ley 30 de 1992 fue tramitada por Carlos Holmes Trujillo, pero no es preciso decir que por esta norma están congelados los recursos de la educación superior estatal.

El pasado 10 de octubre se realizó una marcha por la educación superior para exigirle al Gobierno Nacional mayor inversión para las universidades públicas, debido a la crisis financiera en la que se encuentran.

Clara López, que fue candidata vicepresidencial en las elecciones de 2018, se montó en la coyuntura e hizo una afirmación en su cuenta de Twitter sobre el tema. En ella sostuvo que la Ley 30 de 1992, tramitada por Carlos Holmes Trujillo, actual Ministro de Relaciones Exteriores, congeló el presupuesto de las universidades públicas.

Colombiacheck revisó toda la frase hecha por López y encontró que es Ligera, pues responsabiliza a la norma de las fallas en la financiación de las universidades públicas, cuando el quid del asunto no se encuentra realmente allí.

La Ley 30 de 1992, por la “cual se organiza el servicio público de la Educación Superior”, fue expedida el 28 de diciembre de ese año.

Carlos Holmes Trujillo estuvo a cargo del Ministerio de Educación entre el 5 de febrero de 1992 y el 7 de agosto de 1993. Lo que quiere decir que, efectivamente, fue el responsable de la promulgación de la ley 30 de 1992. Así se muestra al final del documento.

Ley 30 de 1993 que rige la educación superior en Colombia

En esto tiene razón Clara López. Sin embargo, al resto de la frase le falta contexto.

El artículo 86 de la Ley 30 establece que los presupuestos de las universidades públicas estarán constituidos por aportes del gobierno nacional para funcionamiento e inversión. Pero, además, establece: “Las universidades estatales u oficiales recibirán anualmente aportes de los presupuestos nacional y de las entidades territoriales, que signifiquen siempre un incremento en pesos constantes, tomando como base los presupuestos de rentas y gastos, vigentes a partir de 1993”.

Esto quiere decir, como explica la misma página del Ministerio de Educación Nacional, que los aportes de la Nación a las universidades públicas, dependerán del presupuesto asignado para estas instituciones en el año 1993 “y actualizado anualmente de acuerdo al crecimiento de la inflación”.

Es decir que, al tomar como base para el aumento exactamente el mismo porcentaje en que aumenta la inflación, no hay un verdadero aumento en el presupuesto en términos reales. Los recursos con los que cuentan las universidades, así sus cifras hayan aumentado, hoy alcanzan exactamente para lo mismo para lo que alcanzaban en 1992.

En ese sentido, sí podría pensarse que se ha generado un “congelamiento” de los recursos, como dice López, pero esto no ocurre por “limitar” el aumento anual a la inflación.

Laura Ligarreto, quien hizo parte de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil (MANE), explica que, “cuando la ley dice que el presupuesto siempre debe significar un incremento, está poniendo el piso presupuestal”; está diciendo que el aumento no puede nunca ser inferior a la inflación. “No está diciendo que deba ser ese el techo del aumento”.

Además, la ley tampoco dice en ninguna parte que la base presupuestal para establecer el aumento deba ser siempre la de 1993; esa fue la que se tomó a finales de 1992, cuando se creó la ley.

Lo que ocurrió, de acuerdo con Álvaro Zerda, profesor de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional, fue que ningún gobierno posterior al de César Gaviria (1990-1994) aumentó el presupuesto para la educación pública en uno o más puntos por encima de la inflación, mientras que los gastos de funcionamiento sí han seguido creciendo por encima del ajuste.

Zerda cuenta que para la época se trató de una ley “muy progresista y beneficiosa para las universidades”, porque en el pasado no existía una norma que estableciera la regla fiscal para definir el presupuesto de las instituciones estatales de educación superior. “Con la creación de esta ley, las universidades ya no iban a quedar rezagadas a los caprichos de los gobiernos”, sostiene el profesor.

Pero lo que no previó la ley, es que con el paso del tiempo las universidades iban a crecer y, por lo tanto, a requerir de mayores inversiones. Por eso la crisis de hoy.

Según el Sistema Universitario Estatal (SUE), “los estudiantes matriculados en las 32 universidades (públicas) pasaron de ser 159.218 en el año 1.993 a 611.800 en el año 2016, el aporte anual del Estado promedio por estudiante pasó de $10.825.890 a $4.785.338”. Los grupos de investigación pasaron de 1.287 en 2004 a 3.741 en 2014. Y la infraestructura física aumentó de 2’400.874 metros cuadrados a 4’402.965 construidos en 2017.

*Fuente: Comisión Vicerrectores Administrativos y Financieros del SUE

La rectora de la Universidad Nacional, Dolly Montoya, afirmó que su institución debe conseguir 60.000 millones de pesos para recursos de funcionamiento en un plazo máximo hasta diciembre. Y ese valor no tiene en cuenta lo que siguen necesitando para no llegar a este mismo punto dentro de un año.

¿Cómo se están financiando entonces las universidades públicas? Buscando los recursos en otras fuentes, vendiendo servicios, contratos de consultoría, asesorías a entidades privadas o estatales, o subiendo los precios de las matrículas, según explica el profesor de la Nacional.

Volviendo a la frase de Clara López, en términos económicos sí están congelados los recursos de las universidades públicas, pero no exclusivamente por culpa de la ley 30, “sino porque los gobiernos no han querido aumentar los recursos por encima de la base que se estableció 26 años atrás”, dice Zerda.

 

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Martes, 22 Octubre 2019

Las universidades públicas sí tienen que pagar fallos ‘contra la Nación’ desde hace 20 años

Por José Felipe Sarmiento

La norma aprobada en el Artículo 44 del Presupuesto General de la Nación para 2020 ha estado vigente desde el año 2000, excepto en 2006. Es más antigua incluso que lo que dice el Gobierno.

En los últimos días ha habido un revuelo en redes sociales debido a un artículo (el 44) dentro del recién aprobado Presupuesto General de la Nación para 2020, en el que se dice que las universidades públicas deben pagar las sentencias en contra del Estado.

Incluso el Sistema Universitario Estatal (SUE) alcanzó a emitir un comunicado en el que calificó como “absolutamente inconveniente [...] que dichos recursos deban pagar obligaciones generales en demandas contra la Nación”.

En medio de la polémica, comenzó a circular por WhatsApp una cadena que busca mostrar que esta decisión no es nueva al listar varias leyes de años anteriores en las que se incluye el mismo texto: “en virtud de la autonomía consagrada en el artículo 69 de la Constitución Política, las universidades estatales pagarán las sentencias o fallos proferidos en contra de la Nación con los recursos asignados por parte de esta, en cumplimiento del artículo 86 de la ley 30 de 1992”.

Cadena de WhatsApp sobre el artículo 44 del presupuesto para 2020

La cadena, que llama la atención sobre lo antigua que es la norma, es verdadera. Colombiacheck lo comprobó al revisar todos los presupuestos desde 1997.

En efecto, tal como dice el mensaje, el polémico inciso es idéntico a los artículos 48 de los presupuestos para este año y el anterior. También al 53 para la vigencia de 2017, el 50 para 2016, el 52 para 2015, el 51 para 2014 y, de nuevo, el 52 para 2012.

La cadena se salta la de 2013, pero ahí también está. Además, apareció en las de 2011, 2010, 2009, 2008 y 2007. Es decir que en 2020 serán 14 años consecutivos. El último presupuesto que no incluyó esa oración fue el de 2006.

En la plenaria de la Cámara del 18 de octubre de ese año, que le dio la aprobación definitiva al texto para la vigencia de 2007, el entonces representante Pedro Obando Ordóñez intervino para pedir la eliminación de ese artículo, que calificó como “un castigo a las universidades, el castigo de demandas que se hagan contra la Nación, las tienen que pagar las universidades y son demandas que se hacen por situación pensional”.

Además, recordó que el proyecto de presupuesto de 2005 para 2006 también traía esa propuesta, pero en esa ocasión se había suprimido el artículo correspondiente en el Congreso. Colombiacheck lo encontró en la ponencia para segundo debate.

Sin embargo, también estuvo en 2005, 2004, 2003, 2002 y 2001. En el año 2000, el texto era ligeramente distinto y fue presentado idéntico en el proyecto del gobierno de Andrés Pastrana para el año siguiente, pero fue modificado en su paso por el Congreso para dar origen a la redacción actual. No había habido nada parecido en los presupuestos de 1999, 1998 ni 1997.

Es decir que el texto en su versión actual ha estado en todos los presupuestos de los últimos 20 años, con excepción de 2006. El Gobierno, por su parte, también dijo que había sido así desde 2002 en un comunicado del Ministerio de Educación, que recogía declaraciones del ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, en las que asumió “el compromiso de eliminar el artículo”, aunque aclaró que este se refiere a demandas contra las mismas universidades y no contra la Nación en general.

El artículo de la Ley 30 de 1992 (que es la que rige a la educación superior) al que se refiere la norma es el que define la financiación de las instituciones estatales del sector. El de la Constitución, entre tanto, es el que establece la autonomía universitaria. Por esta razón, aunque el texto del presupuesto habla de “demandas contra la Nación” en general, se refiere a las instauradas contra los entes educativos.

Entonces, el debate que llevó a la discusión en la noche del jueves no fue la introducción de una norma nueva. Lo que pasó fue que ese artículo se había hundido en la Cámara, pero luego fue aprobado en Senado. A falta de tiempo para conciliar y con el compromiso del ministro Carrasquilla de estudiar “la manera de corregir y expresar mejor la voluntad de la Cámara”, la discusión se reabrió en la plenaria de esta para darle la aprobación definitiva al artículo, como lo contó El Espectador. Por tanto, la información de la cadena es verdad.