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Lunes, 25 Junio 2018

“Corte Penal Internacional puede intervenir si JEP no arranca”:Congresista Penagos

Por Sania Salazar

Como lo dice el representante a la Cámara del partido de la U, es cierto que la Corte Penal Internacional puede intervenir en Colombia, pero no hay señales de que esa situación sea inminente, pues esa corte lo haría en el caso extremo de falta de justicia. Además, no hay términos de tiempo establecidos para dicha intervención internacional.

El Representante a la Cámara por Caldas, Hernán Penagos, llamó la atención en la W Radio sobre que una consecuencia de que la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, no empiece a funcionar pronto sería que la Corte Penal Internacional, CPI, inicie las investigaciones judiciales.

 

 

 

Colombiacheck califica la afirmación como Inflada, pues hay que aclarar que si bien es cierto que la CPI tiene la competencia para intervenir en Colombia, la conclusión de la verificación que hicimos es que no hay motivos para pensar que esto sea inminente, pues esa corte actúa en casos extremos en los que pruebe que los Estados no tienen ni la capacidad ni la voluntad de impartir justicia, caso que todavía no es el de Colombia. Esta intervención no tiene términos de tiempo, es decir, no se sabe cuándo podría suceder. Además, de que la estrategia de la actual fiscal de la CPI en el caso de Colombia ha sido fortalecer las instituciones nacionales para que impartan justicia, antes que actuar.

Penagos, quien habló del asunto en un debate sobre los problemas que se han dado en el Senado para aprobar la reglamentación de la JEP y por lo cual el Presidente Santos citó a sesiones extras, le dijo a Colombiacheck que no tiene claridad sobre cuándo podría intervenir la Corte Penal Internacional. El Representante recordó que hace varios meses la fiscal de ese organismo advirtió que si no se juzgaba a quienes habían cometido delitos relacionados con el conflicto se podía activar esa institución.

“Hoy lo que está ocurriendo es que la justicia ordinaria no puede investigar a nadie que haya cometido delitos relacionados con el conflicto llámese militares (entre quienes hay investigados por falsos positivos), guerrilleros o particulares porque esta competencia le fue asignada a la JEP. Si la Jurisdicción Especial para la Paz no se reglamenta y no inicia sus tareas, nos vamos a quedar sin juez para esas personas, lo que podría dar lugar a esa activación (de la CPI)”, explicó.

Penagos indicó que si la CPI interviene dejaría un claro mensaje al Estado colombiano de que no tiene la suficiente estructura jurídica para investigar y juzgar a sus ciudadanos, lo que, advirtió el representante, dejaría muy mal parado al país.

Colombia suscribió el Estatuto de Roma, de la Corte Penal Internacional (tribunal de justicia internacional), en 2002, que entró en vigencia ese año para crímenes de lesa humanidad y genocidio.

En la mira por ejecuciones extrajudiciales

Santiago Vargas Niño, abogado, politólogo, experto en derecho penal internacional y exoficial legal asistente de la fiscal de la Corte Penal Internacional, indicó que el riesgo más inminente de que la CPI haga una investigación en Colombia surge entorno a los casos de ejecuciones extrajudiciales, más conocidos como falsos positivos, algunos de los cuales podrán llegar a la JEP.

La Fiscalía de la Corte concluyó en 2012 que se habían cometido crímenes de guerra y de lesa humanidad en Colombia en el contexto del conflicto armado, entre ellos, las ejecuciones extrajudiciales, recordó Vargas Niño.

El artículo 15 del Estatuto de Roma dice que la Fiscalía de la CPI puede iniciar una investigación de oficio basada en información sobre crímenes de competencia de esa Corte y que si encuentra fundamento, puede pedir un estudio a la Sala de Cuestiones Preliminares, que, finalmente, autoriza una investigación formal para definir si la Corte admite el caso para administrar justicia.

En Colombia no se ha abierto la investigación formal. Vargas Niño precisó que la etapa en la que se encuentra el examen preliminar en Colombia es, precisamente, en la que la CPI define si debe intervenir debido a que el Estado no tiene ni la voluntad ni la capacidad de impartir justicia.

“Sino se reglamentan rápido las normas de procedimiento de la JEP y si los militares deciden no someterse a este procedimiento especial la CPI bien podría determinar que no se están adelantando investigaciones a nivel nacional y por lo tanto admitiría el caso para investigarlo”, aseguró.

Vargas Niño aclaró que Colombia está en examen preliminar desde el 2004, pero que en 14 años no se ha decidido abrir una investigación formal, “por lo que es difícil determinar qué podría suceder en términos de una investigación de la CPI en caso de que la reglamentación de la JEP no sea adoptada con prontitud”.

Además, indicó que en Colombia lo que ha intentado hacer la fiscalía de la CPI antes que realizar ella misma las investigaciones que puedan conducir en un juicio en La Haya ha sido fortalecer las instituciones nacionales para que actúen, por lo que cree que la fiscal, Fatou Bensouda, continúe en esa lógica.

“En este momento la CPI está pasando por un situación muy difícil porque hay una enorme demanda de justicia en muchas situaciones en el mundo e iniciar una investigación en Colombia sería gastar recursos que la Fiscalía necesita ahora en otras partes en situaciones que tal vez son más urgentes en la medida en que los sistemas jurídicos de otros países no son tan maduros como el colombiano y que no podrían hacer las investigaciones y juicios que solicita la fiscalía bajo el Estatuto de Roma”, indicó Vargas Niño.

Aunque son casos muy distintos al colombiano, hay ejemplos como el de Georgia, que quiso investigar por su cuenta crímenes sucedidos en 2008, pero en 2016 se dio cuenta de la imposibilidad de acceder a testigos que estaban en Osetia del Sur, que en ese entonces, (y ahora), estaba bajo ocupación militar rusa. Por eso pidió la intervención de la CPI. En el caso de Kenia, las ONG locales y la comunidad internacional pidieron la intervención de la CPI, organismo que concluyó que en ausencia de investigaciones penales contra los seis individuos que tenían la mayor responsabilidad por crímenes de lesa humanidad decidió intervenir. La investigación formal inició dos años después de la solicitud. Vargas Niño resaltó que estos son solo casos de referencia, pues la situación colombiana debe entenderse en su contexto y no se parece en nada a las demás situaciones bajo examen preliminar o investigación formal de la CPI.

Para Diana Isabel Güiza Gómez, investigadora de Dejusticia, el temor del representante Penagos no es infundado en la medida en la que la Fiscalía de la CPI ha estado demasiado atenta a la situación de Colombia, pero, según ella esa intervención ocurriría en el caso de que la JEP no esté impartiendo justicia ni el Estado muestre voluntad de hacerlo. “La Fiscalía de la Corte interviene, en la última instancia, cuando el Estado no investiga ni demuestra voluntad para hacerlo, se ha agotado todo el chance en el caso interno y no hay ninguna muestra de que se atenderán los casos con seriedad”, indicó.

Güiza Gómez resaltó que demorar el funcionamiento de la JEP no solo le enviaría un mensaje a la CPI, si no también a la comunidad internacional pues la confianza para establecer relaciones internacionales con Colombia aumentó con el proceso de paz y si esa comunidad internacional evidencia que se deshonra la palabra empañada en el acuerdo de paz eso tendrá serias consecuencias en las relaciones internacionales del Estado y, en especial en materia inversionista, una de las políticas a las que más le ha dado trascendencia el presidente electo Iván Duque.

Para Vargas Niño, en todo caso, la mínima garantía para que la CPI no intervenga en Colombia es que la JEP funcione.

Conozca la ruta del chequeo
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    Frase: “Si la Jurisdicción Especial para la Paz no arranca su tarea de investigación y juzgamiento de quienes han cometido delitos relacionados con el conflicto tenemos un grave problema, que se puede activar la Corte Penal Internacional”.

    Autor de la frase: Hernán Penagos, representante a la Cámara del partido de la U

    Fuentes: Estatuto de Roma. Hernán Penagos. Santiago Vargas Niño, abogado, politólogo, experto en derecho penal internacional y exoficial legal asistente de la fiscal de la Corte Penal Internacional. Diana Isabel Güiza Gómez, investigadora de Dejusticia.

    Calificación: Inflada

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Martes, 05 Septiembre 2017

“Las Fuerzas Militares y de Policía de Colombia son del tamaño de las de Brasil”

Por Sania Salazar

La frase es de Jairo Estrada de Voces de Paz, quien invitó a iniciar el debate sobre si en Colombia se deben reducir las Fuerzas Militares.

Con la guerrilla de las Farc desarmada y convertida en un partido político, se ha empezado a debatir en el país cuál debe ser el futuro de las Fuerzas Armadas.

Sobre eso trinó Jairo Estrada, del Movimiento Voces de Paz, quien aseguró que las Fuerzas Militares y de Policía de Colombia son del tamaño de las de Brasil y que es hora de hablar sobre su reducción.

 

 

Estrada nos dijo que para escribir el trino se basó en datos básicos de Wikipedia sobre ejércitos y en el Atlas comparativo de la defensa en América Latina, de la Red de seguridad y defensa de América Latina, Resdal.

Colombiacheck califica la afirmación como ligera, primero porque encontramos varias cifras sobre cada país, así que no es tan sencillo sacar una conclusión certera basada en números, aunque es común leer en notas de prensa y estudios académicos que Brasil le lleva la delantera a Colombia en ese aspecto.

Segundo, porque la comparación de fuerzas armadas no se debe hacer sobre su tamaño sino sobre su capacidad y las amenazas que deben enfrentar en cada país, según explicaron expertos.

Para empezar a entender hay que aclarar que en Colombia las Fuerzas Militares están conformadas por el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea.

Consultamos el Atlas, según el cual, estas tres fuerzas sumaban en Colombia 265.050 efectivos para 2016. Según el portal de datos del Gobierno Colombiano La Policía Nacional tiene 183.333 hombres (con corte al 16 de agosto de 2017). Así que sumando la Policía son 448.383 mil hombres en total.

En Brasil el Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea sumaban para 2016, 366.614 efectivos. Para 2014 los efectivos de la Policía militar (425.248) y de la Policía Civil (117.642) sumaban 542.890 efectivos según el documento titulado Pesquisa de informaciones básicas de los Estados, del Instituto Brasilero de geografía y estadística.

El estudio titulado ‘La cuestión militar en Colombia: la fuerza pública y los retos de la construcción de la paz’ publicado en 2012 asegura: “Hoy, la fuerza pública colombiana es la segunda más numerosa de Sudamérica, superada solamente por las fuerzas militares y de policía de Brasil, y, por causa del prolongado conflicto armado interno, cuenta con uno de los dispositivos de movilidad aerotransportada y de reacción rápida más grandes de la región”.

Cifras del Banco Mundial indican que en 2015 el personal de las Fuerzas Armadas de Brasil (personal militar en actividad) ascendía a 729.500 personas, mientras que en Colombia ese personal era de 481.100 efectivos.

 

¿Es hora de reducir las Fuerzas Armadas colombianas?

El profesor de la facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Pontificia Bolivariana, Pedro Piedrahíta Bustamante, doctor en Derecho Internacional y magíster en Seguridad y Defensa, explicó que no se pueden comparar los tamaños de las Fuerzas Armadas de ambos países debido a que la situación de cada uno es diferente.

“Cuando se comparan fuerzas militares no se compara el número de las mismas, sino su capacidad. Si bien Brasil y Colombia pueden tener un pie de fuerza similar, tienen diferencias en las capacidades”, indicó.

Piedrahíta explicó que en el contexto colombiano los militares deben tener capacidades para la guerra irregular (o híbrida), sobre todo en lo relacionado con guerra de guerrillas, en un país en el que hay diferentes grupos armados ilegales que tienen una capacidad de fuego frente a las Fuerzas Militares. Son amenazas a la seguridad interna.

Si bien Brasil es una potencia regional y tiene capacidades militares estratégicas para conflictos internacionales, resaltó el profesor, al mismo tiempo tiene amenazas internas, sobre todo urbana, relacionadas con el crimen organizado transnacional y el control de las favelas para la distribución de narcóticos como sucede también en nuestro país. Sin embargo, “La capacidad de las fuerzas militares brasileñas apunta más a conflictos internacionales”, se trata entonces más de “determinar las amenazas y las capacidades para enfrentarlas” concluyó.

Para Piedrahíta la discusión que hay que dar sobre si es necesario reducir, mantener o ampliar las fuerzas militares en Colombia va más allá de hacer una simple comparación respecto al número del pie de fuerza.

“La primera pregunta que hay que responder es cuáles son las capacidades actuales de las Fuerzas Militares y de Policía frente a las amenazas que quedan en el país, cuáles son las capacidades frente a nuevos grupos armados ilegales, llámense como se llamen; y cuáles son las capacidades estratégicas del Estado colombiano para la defensa de su soberanía, porque muchos países de América Latina le están apostando al futuro, pueden haber amenazas y debemos tener fuerzas militares que tengan la capacidad de enfrentarlas”.

Sobre la pertinencia de reducir las fuerzas armadas en Colombia Michael Radseck, considerado una de las mayores autoridades en temas de seguridad de América Latina, le dijo a Colombia 2020: “diría que tal vez sería imprescindible mantener el actual pie de fuerza —que, sin lugar a dudas, es muy alto— y, de hecho, si fuese necesario, aumentarlo, sobre todo en las zonas que hasta ahora han sido dominadas por las Farc, para evitar precisamente que se produzcan vacíos peligrosísimos”.

Dijo además, que para reducir las fuerzas armadas habría que determinar cuáles son las amenazas internas y externas, cuáles serían las estrategias para contrarrestarlas y quienes serían los encargados de enfrentar esas amenazas. Aseguró que solo teniendo esa información se puede calcular el número de hombres que se necesitan.

El profesor Piedrahíta llamó la atención sobre que, por lo general, se plantea que los ejércitos en tiempos de paz deben prepararse para la guerra, pero que hay que recordar que las fuerzas militares no solo disparan, sino que hacen un acompañamiento que en Colombia se denomina acción integral, un acompañamiento a través de ingenieros, médicos y otros profesionales de apoyo a las fuerzas militares que generan labores para el desarrollo humano en diferentes partes del país. “El Gobierno Nacional le ha apostado fuertemente ahora es a que las fuerzas militares contribuyan al desarrollo del país en temas de infraestructura”, indicó Piedrahíta.

Una de las conclusiones del estudio ‘La cuestión militar en Colombia: la fuerza pública y los retos de la construcción de la paz’ es que la construcción de la paz duradera en Colombia, que incluye la reforma de la Fuerza Pública, solo podrá lograrse cuando haya un posconflicto pleno, que incluye no solo a las guerrillas, sino el control del narcotráfico y del crimen organizado.