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Viernes, 26 Abril 2019

Derecho a abortar: no está en tratados, pero sí en comités

Por Luisa Fernanda Gómez Cruz

Rafael Nieto dijo que “no existe ningún instrumento internacional” para que las mujeres puedan abortar. Y aunque no hay ningún tratado donde se diga expresamente, sí lo dicen los comités internacionales. Se trata de un debate de interpretaciones.

Rafael Nieto Loaiza, ex precandidato presidencial del partido Centro Democrático, y ex viceministro de justicia de Álvaro Uribe Vélez, fue tendencia esta semana por una declaración que hizo en la III Cumbre Internacional Transatlántica (una convención que reúne a distintos partidos de derecha en el mundo), realizada entre el 4 y 5 de abril de 2019 en el Congreso de la República de Colombia.

Nieto estaba sirviendo como mediador de las intervenciones de los distintos participantes a la cumbre y la alocución, en la que dijo que “no existe ningún instrumento internacional del derecho a la autonomía de la mujer ni del derecho a disponer de su cuerpo. Esas no son normas jurídicas ni derechos reconocidos”, se volvió viral en las redes luego de que fuera presentada en el programa La Tele Letal, del canal Red+.

En la mañana del 11 de abril, Nieto Loaiza fue entrevistado en Blu Radio y tuvo la oportunidad de aclarar el contexto en que fue dicha la frase pues, según él, en ningún momento se refirió a que las mujeres tuvieran menos derechos que los hombres; “estaba hablando fundamentalmente del aborto”, dijo.

“Lo que sostuve, y lo sigo sosteniendo, es que tal cosa no existe ni en los tratados internacionales, ni en la Constitución Política de Colombia. Usted no va a encontrar ningún tratado internacional de derechos humanos (...) donde se diga que la mujer tiene derecho a disponer de su propio cuerpo, o donde se diga que la mujer puede abortar y que eso es un derecho”, afirmó el exviceministro en medio de la entrevista.

Colombiacheck consultó a Cristina Rosero, asesora legal para América Latina y el Caribe del Centro de Derechos Reproductivos; Isabel Jaramillo, profesora de Derecho y Género de la Universidad de los Andes y coordinadora de la Red Alas; Camilo Navas, asesor en derechos humanos, y a Francisco Bernate, abogado penalista. Todos ellos coinciden, y le dan la razón a Nieto, en que efectivamente no hay ningún tratado internacional que hable expresamente y con esas palabras sobre “el derecho al aborto” ni “la autonomía de la mujer para disponer de su cuerpo”.

Sin embargo, el tema tiene varias interpretaciones y por eso calificamos la frase como Cuestionable.

En principio, porque “los tratados de derechos humanos no se agotan en su tenor literal, ni es la función del derecho internacional de los derechos humanos establecer todos y cada uno de los derechos de las personas”, según Navas.

Pero además, y de acuerdo con los expertos consultados por Colombiacheck, aunque el derecho al aborto no esté en los tratados internacionales, los comités (que son los organismos oficiales encargados de interpretar las normas internacionales) sí han reconocido en varias ocasiones el derecho a la autonomía de la mujer, a disponer de su cuerpo y a interrumpir voluntariamente el embarazo como una manera de hacer efectivo el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho a la dignidad y el derecho a la igualdad. Ponemos algunos ejemplos de tratados y comités de Naciones Unidas.

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (que vigila el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales) ha dicho que: “debido a la capacidad reproductiva de las mujeres, la realización del derecho de las mujeres a la salud sexual y reproductiva (y esto incluye la autonomía para decidir si tener o no hijos, cuándo, cuántos y con qué espaciamiento) es esencial para la realización de todos sus derechos humanos”. Así como que “la igualdad de género requiere que se tengan en cuenta las necesidades en materia de salud de las mujeres, distintas de las de los hombres, y se presten servicios apropiados para las mujeres en función de su ciclo vital”.

El Comité contra la tortura (que monitorea la Convención contra la tortura) “ha dicho que para una mujer llevar a cabo un embarazo cuando está dentro de las causales de aborto implicaría un trato cruel, inhumano y degradante. Y que los países deben revisar restricciones al aborto para evitar abortos inseguros”, explica Rosero.

El Artículo 12 de Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer dice que “los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la esfera de la atención médica a fin de asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, el acceso a servicios de atención médica, inclusive los que se refieren a la planificación de la familia”.

El informe “Derechos reproductivos: Una herramienta para monitorear las obligaciones del Estado” publicado por el Centro de Derechos Reproductivos y el Fondo de Población de las Naciones Unidas, señala que en 1994, los gobiernos reunidos en la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo “reconocieron que, en los casos en que es legal, el aborto debe ser accesible y seguro. Desde entonces, los organismos de derechos humanos han fortalecido y ampliado este consenso, catalogando las prohibiciones absolutas del aborto como incompatibles con el derecho internacional de los derechos humanos e instando a garantizar el acceso al aborto”.

El Comité de Derechos Humanos se ha pronunciado sobre el derecho a la vida del no nacido y, en sus observaciones finales a los informes de los Estados, ha señalado que se viola el derecho a la vida de la madre cuando las leyes que restringen el acceso al aborto obligan a la mujer a recurrir al aborto inseguro, exponiéndola a morir. “Estas decisiones permiten afirmar que del PIDCP (Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos) no se deriva una protección absoluta de la vida prenatal o del embrión”, dice el Cuadernillo de Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos Nº4.

Diferencias frente a los comités

No obstante, el pasado lunes 22 de abril, Rafael Nieto publicó una columna de opinión, que fue replicada en varios medios nacionales, titulada ‘¿Derecho de la mujer a disponer de su cuerpo?’. En ella dice: “Sí hay declaraciones de algunos organismos de Naciones Unidas y de funcionarios de esos organismos que hablan de un supuesto derecho de las mujeres a abortar, casi siempre expresado eufemísticamente como ‘interrupción voluntaria del embarazo’. Pero tales declaraciones son solo opiniones, no normas jurídicas. No son ‘derecho’, no crean derechos y no obligan a nadie”.

De acuerdo con Isabel Jaramillo, eso que dice Nieto depende de qué cree cada uno que quiere decir “obligatorio”, “porque en el derecho nacional que una cosa sea obligatoria quiere decir que si se incumple te meten a la cárcel o te quitan tu dinero (a través una multa o una indemnización)”. Pero en el derecho internacional, no funciona de esta manera, “y las represalias económicas solo se han utilizado frente a severas vulneraciones de derechos humanos”, dice Jaramillo.

Las interpretaciones que hacen los comités de los tratados son necesarios en tanto que estos últimos son documentos que suelen ser muy generales “porque son tratados en consenso con muchos estados que no llegan a un nivel de especificidad”, dice Rosero. No permiten que cualquier ciudadano los entienda y, por lo tanto, contribuya a la vigilancia de ellos en caso de violación de algún derecho, de acuerdo con Navas.

De modo que, al ser los comités los organismos oficiales con poder para hacer las interpretaciones, “las decisiones de los comités obligan en cuanto son interpretaciones autorizadas del tratado”, sostiene Jaramillo. Y sería extraño que un Estado suscriba un tratado, pero luego no hiciera cumplir ningún acuerdo del comité, señala Rosero, “porque al final los alcances de tratado no dan para la interpretación y el tratado es extremadamente limitado porque son unas normas sumamente generales”.

La discusión podría quedarse en estas dos posiciones. Sin embargo, un ejemplo interesante fue dado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2012 en el caso de la sentencia Artavia Murillo contra Costa Rica.

Entonces se discutió si al descartar embriones fecundados para dar lugar a la procreación por vía de fecundación in vitro (FIV) se vulneraba el derecho a la vida. “La Corte Interamericana decidió que no se viola y para ello revisó los trabajos preparatorios sobre el tema de la Convención Interamericana de Derechos Humanos (o Pacto de San José de Costa Rica), las decisiones del Comité Interamericano de derechos humanos (Baby BOY contra Estados Unidos), de la CEDAW (L.C. v. Perú) y las de la Corte Europea de Derechos Humanos, que alegaban que los estados que permiten el aborto incumplen sus obligaciones internacionales relacionadas con la protección de la vida. En todos los casos quienes presentaron la demanda perdieron, pues se les dijo que permitir el aborto no es violar el derecho a la vida”, cuenta Jaramillo.

Esto es importante porque la decisión fue dada por una corte judicial (más no por un comité) en cumplimiento a un tratado y como parte de una interpretación frente a la normatividad internacional. La corte, a través de su sentencia, dice que el Estado de Costa Rica “debe adoptar, con la mayor celeridad posible, las medidas apropiadas para que quede sin efecto la prohibición de practicar la FIV y para que las personas que deseen hacer uso de dicha técnica de reproducción asistida puedan hacerlo sin encontrar impedimentos al ejercicio de los derechos que fueron encontrados vulnerados”.

Caso colombiano

Para Colombia, la Constitución Política es la norma de normas y la Corte Constitucional es el intérprete autorizado. En este caso, ocurre lo mismo (aunque con diferencias) que mencionábamos a nivel internacional: la carta magna no dice que el aborto es un derecho ni que las mujeres tienen autonomía para disponer de su cuerpo. Pero la Corte Constitucional sí lo ha referido en más de una ocasión (es por ello que la interrupción voluntaria del embarazo es legal en Colombia).

La primera vez que lo dijo fue a través de la sentencia C-355 de 2006, famosa por despenalizar el aborto en tres causales. A partir de entonces lo ha repetido a lo largo de los años e incluso, ha sido considerado como un derecho fundamental “y por eso es que las mujeres pueden poner una tutela en caso de que una EPS les niegue el procedimiento”, dice Rosero.

“Los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres han sido finalmente reconocidos como derechos humanos, y como tales, han entrado a formar parte del derecho constitucional”, dice la C-355.

Pero además, la sentencia T585 de 2010 ha estipulado que la Constitución no tiene que decir explícitamente que existe el derecho a abortar para saber que ese es un derecho. Esto es lo que dice la sentencia:

“Esta Sala concluyó que las prerrogativas que conceden los derechos reproductivos, incluida la IVE, son parte de los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución de 1991 pues especifican las facultades que se derivan necesariamente de su contenido en los ámbitos de la reproducción. En este sentido, los derechos reproductivos, con ellos la IVE, están implícitos en los derechos fundamentales a la vida digna (artículos 1 y 11), a la igualdad (artículos 13 y 43), al libre desarrollo de la personalidad (artículo 16), a la información (artículo 20), a la salud (artículo 49) y a la educación (artículo 67), entre otros”.

“Si no reconocemos eso, pues simplemente estamos desconociendo el papel de la Corte Constitucional como guardiana de la Constitución y eso sería gravísimo en una democracia”, concluye Rosero.

La pelea por las interpretaciones entre qué es norma y qué es opinión en este caso no es tan clara, porque además el artículo 94 de la Constitución dice que “la enunciación de los derechos y garantías contenidos en la Constitución y en los convenios internacionales vigentes, no debe entenderse como negación de otros que, siendo inherentes a la persona humana, no figuren expresamente en ellos”. Es decir, de acuerdo con Rosero, “que puede haber derechos no contemplados expresamente en la Constitución y que la Corte Constitucional, como la autorizada para interpretar y salvaguardar, puede determinar si lo son”. Como ya lo hizo en el caso del aborto.

Viernes, 24 Enero 2020

Portal cristiano acomoda cifras de aborto como ‘causa de muerte’

Por José Felipe Sarmiento

Un artículo parte de estimaciones con base en cifras oficiales, pero contradice a sus propias fuentes en la forma de contar y omite otros datos de salud pública importantes para el contexto.

Según una nota publicada por un portal cristiano, el “aborto fue la principal causa de muerte en 2019, matando a más de 42 millones”. Colombiacheck encontró que el artículo es cuestionable porque parte de estimaciones secundarias que, aunque se basan en fuentes oficiales, difieren en algunos datos. Además, la comparación que hace es contradictoria con el manejo que esas instituciones les dan a sus cifras pero no explica bien por qué. Y, finalmente, omite información de contexto importante para entender las implicaciones del problema.

Titular de la nota sobre el aborto como causa de muerte en 2019

Su argumento es que hubo 42,4 millones de abortos en el mundo durante ese periodo, “lo que representa más de la mitad del número total de muertes por cualquier otra causa (58,6 millones)”. Dice, además, que superó a todas las causas de muerte, “incluidas las muertes generales por enfermedad (13 millones)”. Como prueba, enlaza a una publicación de una organización defensora del diseño inteligente (la creación divina del universo), que tiene casi el mismo titular pero en inglés.

La versión más antigua de esta desinformación que aparece en Google es de una página estadounidense que su fundador define en Twitter como “provida”. Como todos los sitios opositores a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) que lo replicaron, este dice que obtuvo las cifras del portal Worldometer, que también es citado como fuente por el portal cristiano en español.

Este sitio es una referencia en internet que elabora contadores en tiempo real con base en estimaciones estadísticas de los gobiernos y otras organizaciones alrededor del mundo. Entre las variables que monitorea están los abortos y las muertes que ocurren en todo el mundo.

El problema para verificar los datos que expone la nota es que la página ya reinició sus contadores y ahora aparecen las cuentas de 2020. Entre tanto, el archivo de internet no guardó los números en las últimas versiones que registró del sitio el año pasado (se ve como si no hubieran alcanzado a cargar a tiempo). Además, Colombiacheck le escribió al buzón de contacto para consultar el dato de 2019 pero no hubo respuesta.

No obstante, el portal identifica sus fuentes de información. En el caso de los abortos, trabaja con base en datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que retoma las estimaciones publicadas en 2017 por el Instituto Guttmacher, un centro de estudios de Estados Unidos especializado en derechos reproductivos. Estas dan un aproximado de 55,7 millones abortos al año en el mundo, muchos más de los que plantea la publicación cristiana y un poco por encima del rango que cita Worldometer (de 40 a 50 millones).

Además, según la misma ONG estadounidense, la tendencia mundial de las últimas décadas ha sido al alza. La razón es el aumento de la población en edad reproductiva en países menos desarrollados.

El conteo de muertes, por otro lado, se basa en las Perspectivas de Población Mundial de la Organización de Naciones Unidas (ONU). Aunque estos datos están agrupados por lustros, el folleto sobre mortalidad del Departamento de Economía y Asuntos Sociales calcula que ocurrieron 58,3 millones de muertes en el mundo en 2019. Una cifra cercana a la que da la nota.

En cuanto a las causas, Worldometer se basa en las estadísticas de la OMS. En particular, el estudio Carga Global de Enfermedad (GBD, por sus siglas en inglés), que elabora un observatorio de esta agencia de la ONU. Las estimaciones más recientes son de 2016 y sitúan como la principal causa de muerte las enfermedades coronarias, con una cifra aproximada de 9,4 millones personas que fallecen debido a ellas cada año.

Entonces, el portal cristiano solo se acerca a la cifra general de muertes en el mundo del año pasado. Se equivoca en los demás números. De hecho, un chequeo similar de la agencia AFP también llamó la atención sobre lo problemáticas que son las estadísticas mundiales sobre la IVE, porque muy pocos países tienen datos completos y confiables al respecto (entre más restrictivos es peor), lo que obliga a que incluso las fuentes más serias usen métodos de cuantificación que no pueden considerarse exactos.

En este caso, el uso comparativo de ambas variables tiene dificultades adicionales, aunque sea cierta la tendencia que el artículo pretende destacar (que son más los abortos que las muertes por cualquier causa específica).

¿Causa de muerte?

Contar el aborto como una “causa de muerte” puede considerarse una posición personal que no es chequeable. Sin embargo, las fuentes oficiales no suman esos datos como lo hace el portal en cuestión y este no explica el motivo que tienen para no hacerlo; solo las descalifica por ser “proaborto” e incluso critica una verificación que el portal Snopes publicó el año pasado, en la que hizo esa misma claridad sobre una comparación parecida con las cifras de 2018.

Por otra parte, el portal defensor del diseño inteligente cuestiona que “los bebés no nacidos no son reconocidos como seres humanos”. En oposición, esa nota defiende la idea de que la condición humana se adquiere desde la concepción y, en consecuencia, califica la interrupción del embarazo como una “causa de muerte” aunque los datos oficiales no lo hagan. Por eso es importante profundizar un poco más en este punto.

La tradición en varios países es que la existencia ante la ley comienza al nacer, incluso cuando se protege la vida desde antes, como sucede en el Código Civil colombiano, que data de 1873. La Corte Suprema de Estados Unidos, en una decisión de 1973, no encontró referencias constitucionales a la persona que le dieran protección prenatal en ese país. Incluso la Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada en 1948, utiliza el verbo ‘nacer’ para marcar el momento inicial en el que se adquieren los derechos de su primer artículo, como lo recuerda un documento de la ONG internacional Center for Reproductive Rights.

La abogada Cristina Rosero Arteaga, experta en derechos humanos y asesora legal de esa organización, explica que lo que importa en estos casos es “que exista la posibilidad de elección” según las creencias individuales. Señala que instancias nacionales y extranjeras han llegado a la conclusión de que el aborto debe estar disponible como opción sin que esto implique desconocer que existe una vida antes de nacer e incluso que los estados pueden reglamentar su protección, siempre que estas medidas no pongan en riesgo la vida y la integridad de las mujeres.

El Comité de Derechos Humanos de la ONU, por ejemplo, ha hecho la observación de que “todas las restricciones jurídicas que limiten la capacidad de las mujeres para someterse a un aborto no deben, entre otras cosas, poner en peligro sus vidas ni exponerlas a dolores o sufrimientos físicos o psíquicos”. El ente advierte que el acceso al aborto seguro es prioritario cuando “llevar a término el embarazo causaría a la mujer graves dolores o sufrimientos, sobre todo en los casos en que el embarazo es producto de violación o incesto, o el feto presenta una anomalía grave”.

Incluso la Convención Americana de Derechos Humanos dice que el derecho a la vida se protege “en general, a partir del momento de la concepción”. La precisión que antecede a la coma permite la interpretación de que no se trata de una protección absoluta. Este fue, precisamente, uno de los argumentos de la Corte Constitucional de Colombia cuando despenalizó el aborto en tres causales en 2006, como recuerda Rosero.

“La vida humana transcurre en distintas etapas y se manifiesta de diferentes formas, las que a su vez tienen una protección jurídica distinta. El ordenamiento jurídico, si bien es verdad, que otorga protección al nasciturus [persona antes de nacer], no la otorga en el mismo grado e intensidad que a la persona humana”, dice la sentencia. La ponderación de la vida de la madre, como sujeta de derechos, frente a la del ser en formación fue la que llevó al alto tribunal a tomar la mencionada determinación.

Es decir que las instituciones no están negando que el embrión o el feto tengan vida y humanidad. Pero las implicaciones de considerarlo una persona dependen de posiciones personales, como también concluye Scopes con base en opiniones médicas. El artículo cristiano desconoce el sustento jurídico de la separación entre abortos y muertes que hacen sus propias fuentes. Y esta no es su única omisión importante.

Embriones y salud pública

No sobra aclarar, de acuerdo con los datos del Guttmacher, que la mayoría de los abortos se practican en el primer trimestre de embarazo. Un estudio citado por ese instituto encontró que las mujeres que buscan la interrupción voluntaria del embarazo lo hacen, en promedio, entre la sexta y la décima semana de gestación. Para este momento, el embrión tiene el tamaño de una ciruela pasa y sus órganos todavía no funcionan con autonomía.

De hecho, según la OMS, el aborto es más seguro cuando se hace en las primeras etapas y la detección cada vez más temprana del embarazo, gracias a los avances de la medicina, ha permitido que la interrupción también se haga más pronto cuando se requiere. La mayoría de los casos en los que se practica tarde se debe, precisamente, a las barreras legales que les ponen a las mujeres.

Otra cosa que no dice el artículo chequeado es que se estima que 25,1 millones de abortos al año se dan en condiciones inseguras, 45 por ciento del total, según las mismas fuentes; que un tercio de estos es practicado por personal sin entrenamiento y en lugares insalubres; que tales riesgos tienen mayor incidencia en los países donde la legislación es más restrictiva frente a la IVE (mientras la tasa de abortos es similar) y que esto tiene una relación directamente proporcional con la mortalidad materna por esta causa, como también recuerda el Guttmacher con evidencia científica.

En conclusión, aunque cada quien es libre de considerar si el aborto es una “causa de muerte” desde su propia concepción de la vida, es incorrecto presentar así los datos de la OMS sin aclarar por qué esta organización no le da el mismo manejo. Esta contradicción del artículo frente a sus propias fuentes con respecto a la manera de usar las cifras, junto con la omisión de otros datos de contexto importantes y la equivocación en la mayoría de cifras (aunque la comparación que dan sea cierta), hacen que la calificación de la nota sea cuestionable.