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Cuestionable

Viernes, 26 Abril 2019

Derecho a abortar: no está en tratados, pero sí en comités

Por Luisa Fernanda Gómez Cruz

Rafael Nieto dijo que “no existe ningún instrumento internacional” para que las mujeres puedan abortar. Y aunque no hay ningún tratado donde se diga expresamente, sí lo dicen los comités internacionales. Se trata de un debate de interpretaciones.

Rafael Nieto Loaiza, ex precandidato presidencial del partido Centro Democrático, y ex viceministro de justicia de Álvaro Uribe Vélez, fue tendencia esta semana por una declaración que hizo en la III Cumbre Internacional Transatlántica (una convención que reúne a distintos partidos de derecha en el mundo), realizada entre el 4 y 5 de abril de 2019 en el Congreso de la República de Colombia.

Nieto estaba sirviendo como mediador de las intervenciones de los distintos participantes a la cumbre y la alocución, en la que dijo que “no existe ningún instrumento internacional del derecho a la autonomía de la mujer ni del derecho a disponer de su cuerpo. Esas no son normas jurídicas ni derechos reconocidos”, se volvió viral en las redes luego de que fuera presentada en el programa La Tele Letal, del canal Red+.

En la mañana del 11 de abril, Nieto Loaiza fue entrevistado en Blu Radio y tuvo la oportunidad de aclarar el contexto en que fue dicha la frase pues, según él, en ningún momento se refirió a que las mujeres tuvieran menos derechos que los hombres; “estaba hablando fundamentalmente del aborto”, dijo.

“Lo que sostuve, y lo sigo sosteniendo, es que tal cosa no existe ni en los tratados internacionales, ni en la Constitución Política de Colombia. Usted no va a encontrar ningún tratado internacional de derechos humanos (...) donde se diga que la mujer tiene derecho a disponer de su propio cuerpo, o donde se diga que la mujer puede abortar y que eso es un derecho”, afirmó el exviceministro en medio de la entrevista.

Colombiacheck consultó a Cristina Rosero, asesora legal para América Latina y el Caribe del Centro de Derechos Reproductivos; Isabel Jaramillo, profesora de Derecho y Género de la Universidad de los Andes y coordinadora de la Red Alas; Camilo Navas, asesor en derechos humanos, y a Francisco Bernate, abogado penalista. Todos ellos coinciden, y le dan la razón a Nieto, en que efectivamente no hay ningún tratado internacional que hable expresamente y con esas palabras sobre “el derecho al aborto” ni “la autonomía de la mujer para disponer de su cuerpo”.

Sin embargo, el tema tiene varias interpretaciones y por eso calificamos la frase como Cuestionable.

En principio, porque “los tratados de derechos humanos no se agotan en su tenor literal, ni es la función del derecho internacional de los derechos humanos establecer todos y cada uno de los derechos de las personas”, según Navas.

Pero además, y de acuerdo con los expertos consultados por Colombiacheck, aunque el derecho al aborto no esté en los tratados internacionales, los comités (que son los organismos oficiales encargados de interpretar las normas internacionales) sí han reconocido en varias ocasiones el derecho a la autonomía de la mujer, a disponer de su cuerpo y a interrumpir voluntariamente el embarazo como una manera de hacer efectivo el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho a la dignidad y el derecho a la igualdad. Ponemos algunos ejemplos de tratados y comités de Naciones Unidas.

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (que vigila el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales) ha dicho que: “debido a la capacidad reproductiva de las mujeres, la realización del derecho de las mujeres a la salud sexual y reproductiva (y esto incluye la autonomía para decidir si tener o no hijos, cuándo, cuántos y con qué espaciamiento) es esencial para la realización de todos sus derechos humanos”. Así como que “la igualdad de género requiere que se tengan en cuenta las necesidades en materia de salud de las mujeres, distintas de las de los hombres, y se presten servicios apropiados para las mujeres en función de su ciclo vital”.

El Comité contra la tortura (que monitorea la Convención contra la tortura) “ha dicho que para una mujer llevar a cabo un embarazo cuando está dentro de las causales de aborto implicaría un trato cruel, inhumano y degradante. Y que los países deben revisar restricciones al aborto para evitar abortos inseguros”, explica Rosero.

El Artículo 12 de Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer dice que “los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la esfera de la atención médica a fin de asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, el acceso a servicios de atención médica, inclusive los que se refieren a la planificación de la familia”.

El informe “Derechos reproductivos: Una herramienta para monitorear las obligaciones del Estado” publicado por el Centro de Derechos Reproductivos y el Fondo de Población de las Naciones Unidas, señala que en 1994, los gobiernos reunidos en la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo “reconocieron que, en los casos en que es legal, el aborto debe ser accesible y seguro. Desde entonces, los organismos de derechos humanos han fortalecido y ampliado este consenso, catalogando las prohibiciones absolutas del aborto como incompatibles con el derecho internacional de los derechos humanos e instando a garantizar el acceso al aborto”.

El Comité de Derechos Humanos se ha pronunciado sobre el derecho a la vida del no nacido y, en sus observaciones finales a los informes de los Estados, ha señalado que se viola el derecho a la vida de la madre cuando las leyes que restringen el acceso al aborto obligan a la mujer a recurrir al aborto inseguro, exponiéndola a morir. “Estas decisiones permiten afirmar que del PIDCP (Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos) no se deriva una protección absoluta de la vida prenatal o del embrión”, dice el Cuadernillo de Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos Nº4.

Diferencias frente a los comités

No obstante, el pasado lunes 22 de abril, Rafael Nieto publicó una columna de opinión, que fue replicada en varios medios nacionales, titulada ‘¿Derecho de la mujer a disponer de su cuerpo?’. En ella dice: “Sí hay declaraciones de algunos organismos de Naciones Unidas y de funcionarios de esos organismos que hablan de un supuesto derecho de las mujeres a abortar, casi siempre expresado eufemísticamente como ‘interrupción voluntaria del embarazo’. Pero tales declaraciones son solo opiniones, no normas jurídicas. No son ‘derecho’, no crean derechos y no obligan a nadie”.

De acuerdo con Isabel Jaramillo, eso que dice Nieto depende de qué cree cada uno que quiere decir “obligatorio”, “porque en el derecho nacional que una cosa sea obligatoria quiere decir que si se incumple te meten a la cárcel o te quitan tu dinero (a través una multa o una indemnización)”. Pero en el derecho internacional, no funciona de esta manera, “y las represalias económicas solo se han utilizado frente a severas vulneraciones de derechos humanos”, dice Jaramillo.

Las interpretaciones que hacen los comités de los tratados son necesarios en tanto que estos últimos son documentos que suelen ser muy generales “porque son tratados en consenso con muchos estados que no llegan a un nivel de especificidad”, dice Rosero. No permiten que cualquier ciudadano los entienda y, por lo tanto, contribuya a la vigilancia de ellos en caso de violación de algún derecho, de acuerdo con Navas.

De modo que, al ser los comités los organismos oficiales con poder para hacer las interpretaciones, “las decisiones de los comités obligan en cuanto son interpretaciones autorizadas del tratado”, sostiene Jaramillo. Y sería extraño que un Estado suscriba un tratado, pero luego no hiciera cumplir ningún acuerdo del comité, señala Rosero, “porque al final los alcances de tratado no dan para la interpretación y el tratado es extremadamente limitado porque son unas normas sumamente generales”.

La discusión podría quedarse en estas dos posiciones. Sin embargo, un ejemplo interesante fue dado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2012 en el caso de la sentencia Artavia Murillo contra Costa Rica.

Entonces se discutió si al descartar embriones fecundados para dar lugar a la procreación por vía de fecundación in vitro (FIV) se vulneraba el derecho a la vida. “La Corte Interamericana decidió que no se viola y para ello revisó los trabajos preparatorios sobre el tema de la Convención Interamericana de Derechos Humanos (o Pacto de San José de Costa Rica), las decisiones del Comité Interamericano de derechos humanos (Baby BOY contra Estados Unidos), de la CEDAW (L.C. v. Perú) y las de la Corte Europea de Derechos Humanos, que alegaban que los estados que permiten el aborto incumplen sus obligaciones internacionales relacionadas con la protección de la vida. En todos los casos quienes presentaron la demanda perdieron, pues se les dijo que permitir el aborto no es violar el derecho a la vida”, cuenta Jaramillo.

Esto es importante porque la decisión fue dada por una corte judicial (más no por un comité) en cumplimiento a un tratado y como parte de una interpretación frente a la normatividad internacional. La corte, a través de su sentencia, dice que el Estado de Costa Rica “debe adoptar, con la mayor celeridad posible, las medidas apropiadas para que quede sin efecto la prohibición de practicar la FIV y para que las personas que deseen hacer uso de dicha técnica de reproducción asistida puedan hacerlo sin encontrar impedimentos al ejercicio de los derechos que fueron encontrados vulnerados”.

Caso colombiano

Para Colombia, la Constitución Política es la norma de normas y la Corte Constitucional es el intérprete autorizado. En este caso, ocurre lo mismo (aunque con diferencias) que mencionábamos a nivel internacional: la carta magna no dice que el aborto es un derecho ni que las mujeres tienen autonomía para disponer de su cuerpo. Pero la Corte Constitucional sí lo ha referido en más de una ocasión (es por ello que la interrupción voluntaria del embarazo es legal en Colombia).

La primera vez que lo dijo fue a través de la sentencia C-355 de 2006, famosa por despenalizar el aborto en tres causales. A partir de entonces lo ha repetido a lo largo de los años e incluso, ha sido considerado como un derecho fundamental “y por eso es que las mujeres pueden poner una tutela en caso de que una EPS les niegue el procedimiento”, dice Rosero.

“Los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres han sido finalmente reconocidos como derechos humanos, y como tales, han entrado a formar parte del derecho constitucional”, dice la C-355.

Pero además, la sentencia T585 de 2010 ha estipulado que la Constitución no tiene que decir explícitamente que existe el derecho a abortar para saber que ese es un derecho. Esto es lo que dice la sentencia:

“Esta Sala concluyó que las prerrogativas que conceden los derechos reproductivos, incluida la IVE, son parte de los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución de 1991 pues especifican las facultades que se derivan necesariamente de su contenido en los ámbitos de la reproducción. En este sentido, los derechos reproductivos, con ellos la IVE, están implícitos en los derechos fundamentales a la vida digna (artículos 1 y 11), a la igualdad (artículos 13 y 43), al libre desarrollo de la personalidad (artículo 16), a la información (artículo 20), a la salud (artículo 49) y a la educación (artículo 67), entre otros”.

“Si no reconocemos eso, pues simplemente estamos desconociendo el papel de la Corte Constitucional como guardiana de la Constitución y eso sería gravísimo en una democracia”, concluye Rosero.

La pelea por las interpretaciones entre qué es norma y qué es opinión en este caso no es tan clara, porque además el artículo 94 de la Constitución dice que “la enunciación de los derechos y garantías contenidos en la Constitución y en los convenios internacionales vigentes, no debe entenderse como negación de otros que, siendo inherentes a la persona humana, no figuren expresamente en ellos”. Es decir, de acuerdo con Rosero, “que puede haber derechos no contemplados expresamente en la Constitución y que la Corte Constitucional, como la autorizada para interpretar y salvaguardar, puede determinar si lo son”. Como ya lo hizo en el caso del aborto.

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Lunes, 03 Septiembre 2018

Alejandro Ordóñez sí ha hecho casi todo lo que le atribuyen en Change.org

Por Pablo Medina Uribe

La mayoría del decálogo con el que se recogen firmas contra el nombramiento del exprocurador como embajador de Colombia en la OEA es verdad o se aproxima mucho a ella.

La petición de la organización barranquillera Caribe Afirmativo, activista de los derechos LGBTI, al presidente Iván Duque en la plataforma digital Change.org para que eche atrás el nombramiento del exprocurador general Alejandro Ordóñez como nuevo embajador de Colombia ante la Organización de Estados Americanos (OEA) ya está próxima a alcanzar las 300.000 firmas que se propuso.

Para convencer a firmantes digitales, la petición expuso en un decálogo de razones sobre la carrera de Ordóez. Colombiacheck las revisó y encontró seis verdaderas, tres aproximadas y una inflada.

1. Abuso de poder

“Alejandro Ordóñez utilizó su poder como Procurador para hacer precisamente lo opuesto a su mandato: atacó los derechos humanos en particular los de las minorías y las víctimas del conflicto, desconoció el Estado de Derecho y usó su poder disciplinario para disuadir a los funcionarios públicos de cumplir con sus obligaciones constitucionales y legales”, afirma el texto que respalda la campaña. Aproximada.

El primer punto es más un resumen de los hechos que se exponen en otros más abajo: que desde la Procuraduría, Ordóñez violó la Constitución para reelegirse (punto 2), se opuso a los derechos de las mujeres y la población LGBTI (5, 6 y 8) e intentó bloquear las acciones en su favor de otras instituciones (6).

Estos actos, en suma, contradicen parte de las funciones que le da la Constitución a esa entidad, consistentes en proteger de los derechos humanos y vigilar que los funcionarios públicos cumplan la ley. Ese imperio de la normas y el trabajo en favor de los derechos de las personas son, además, fundamentos del Estado Social de Derecho, por lo que la afirmación también es acertada en ese punto.

Sin embargo las críticas de Ordóñez a la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, aunque infundadas en algunos casos (punto 9), no necesariamente se pueden calificar como ataques a sus derechos. El entonces procurador de hecho decía estar de acuerdo con el objetivo de esa norma, como se cuenta más adelante.

2. Reelección anulada

La ONG también recuerda que la reelección de Ordóñez “fue anulada por haberla logrado a través de prácticas clientelistas y corruptas, nombrando en cargos de la Procuraduría a familiares de quienes votaron su reelección, con salarios de 25 millones de pesos”. Verdadera.

En efecto, en 2016 el Consejo de Estado anuló la reelección de Ordóñez como Procurador General de la Nación, pues el jurista Rodrigo Uprimny y otros demandantes lograron demostrar que había nombrado bajo su mando a parientes de los magistrados que lo postularon y de los congresistas que lo eligieron. Además, la decisión definitiva fue tomada solo cuatro meses antes de que terminara su segundo periodo al frente del organismo de control disciplinario, por lo que ejerció el cargo en medio de esos cuestionamientos durante tres años y medio.

En uno de los casos más sonados, el diario El Espectador reveló que la amante del entonces senador Bernabé Celis, Magda Patricia Romero Otálvaro, ganaba 25,6 millones de pesos mensuales como procuradora judicial. Su nombramiento se dio en 2010, durante el primer periodo de Ordóñez.

3. Quema de libros

En la carta abierta a Duque también se advierte que el exprocurador “quemó libros que consideraba prohibidos en una plaza pública en Bucaramanga, y lo que es peor lo consideró un ejercicio pedagógico”. Verdadera.

García Márquez, Rousseau y Marx fueron algunos de los autores damnificados por la hoguera que encendieron varios militantes de un grupo ultracatólico de Bucaramanga, entre ellos Alejandro Ordóñez, con textos extraídos de la biblioteca Gabriel Turbay la noche del 13 de mayo de 1978, por la fiesta de la Virgen de Fátima. Los acontecimientos fueron narrados por el periodista Daniel Coronell en su columna de la revista Semana en febrero de 2013.

El exprocurador no solo lo reconoce, sino que el año pasado dijo que lo consideraba “un acto pedagógico”. Así lo calificó en una entrevista con la directora de noticias de RCN Radio, Yolanda Ruiz, cuando era precandidato presidencial.

4. Secta radical

El nuevo diplomático además “pertenece a una secta radical de la iglesia católica llamada Lefrebvrista; que por negarse a respetar la separación entre Iglesia y Estado, propuesta en el Concilio Vaticano II, fue excomulgada por el mismo Vaticano”, recuerda Caribe Afirmativo. Aproximada.

La convicción religiosa de Ordóñez es de público conocimiento. Su familia es una de las más reconocidas integrantes del lefebvrismo en Bucaramanga y en Colombia. Esta secta le debe su nombre a monseñor Marcel Lefebvre, el arzobispo francés que fundó en Suiza en 1970 la Fraternidad Sacerdotal San Pío X (FSSPX), opositora de la modernización de la Iglesia que promulgó el Concilio Vaticano II (1962-1965).

Un dato que expresa la dimensión de esas diferencias es que las misas que celebra este grupo, como los matrimonios de la hijas del exprocurador, son todavía en latín y con el sacerdote de espaldas a los feligreses. Pero tienen preocupaciones más profundas, como la libertad religiosa expresada en la separación entre la Iglesia y el Estado, que el concilio reconoció como “necesaria” en una de sus principales declaraciones.

El papa Juan Pablo II sí excomulgó, tras 12 años de suspensión, a Lefebvre y a cuatro obispos ordenados por él en 1988. Pero también creó una comisión para acercar a los fieles de esa organización que quisieran permanecer bajo el amparo de Roma y en su cabeza puso al entonces cardenal Joseph Ratzinger.

El prelado, quien luego se convertiría en el papa Benedicto XVI, levantó la excomunión de los obispos en 2009 (cuando Lefebvre ya había muerto). Meses después remarcó también que los fieles lefebvristas no podían ser dejados “a la deriva” y aclaró que el castigo nunca había cobijado a toda la comunidad, solo a sus líderes. Es decir que los reconoció dentro de la Iglesia y, en todo caso, la FSSPX nunca se ha considerado a sí misma por fuera.

El entonces presidente de la comisión mediadora, monseñor Darío Castrillón, coincidía con que no hubo una separación como tal entre el lefebvrismo y el catolicismo. El cardenal colombiano (fallecido en mayo) le dijo el año pasado a la agencia de noticias vaticana Rome Reports que “tuvieron momentos de distancia, pero ellos no hicieron nunca ningún cisma completo ni una herejí­a, en términos técnicos”.

De hecho, los mentados matrimonios se celebraron en templos católicos ajenos a la fraternidad y fueron presididos por obispos de las mismas calidades. Uno de ellos fue el propio Castrillón.

5. ¿Objeción de conciencia?

Según el decálogo, Ordóñez “sostiene que cuando un mandato constitucional va en contra de un mandato divino, los funcionarios públicos -incluidos los jueces- pueden hacer objeción de conciencia”. Verdadera.

Ordóñez era procurador en 2013 cuando al Congreso se le venció el plazo que le había dado la Corte Constitucional para legislar sobre el matrimonio de parejas homosexuales, lo que en la práctica significaba que debía empezar a implementarse. Entonces, Ordóñez expidió una circular en la que, si bien reconoció la posibilidad mencionada por la petición en Change.org, hizo unas polémicas salvedades.

En primer lugar, como lo afirma la petición, Ordóñez dedicó la directriz más extensa a reclamar que la sentencia del tribunal no hubiera tenido en cuenta el derecho a la libertad de conciencia de los notarios y demás funcionarios, para permitirles objetar ante el deseo de las parejas de formalizar su unión. Y además recomendó que, en caso de acceder a llevarla a cabo, debían hacerlo con un contrato distinto al de matrimonio para parejas heterosexuales.

Aunque basó su argumentación en la Constitución, leyes y jurisprudencia, también tuvo un trasfondo religioso.

En su libro ‘Ideología de género: utopía trágica o subversión cultural’ plantea que “cualquier ciudadano en ejercicio de funciones públicas o sin ellas, puede proponer la objeción de conciencia cuando se le solicite realizar una actuación permitida o regulada por nuestro ordenamiento jurídico o por un acuerdo internacional abiertamente contrario al orden natural o a la ley divina, y aún más, con posterioridad al control de constitucionalidad correspondiente”.

Esta es la frase que trae a colación el decálogo. Es la conclusión de un capítulo en el que se queja de que el Estado pretenda obligar a sus funcionarios a obrar en contra de sus convicciones.

Más adelante aplicó esa misma visión en un pronunciamiento similar sobre el aborto legal, como se cuenta a continuación.

6. Reproductor de mentiras

La publicación asegura que el antiguo jefe del Ministerio Público “tuvo que retractarse por decir mentiras sobre los derechos reproductivos de las mujeres después de que un grupo de 1.280 mujeres en edad reproductiva lo demandara exitosamente por violación al derecho a la información en materia de derechos humanos”. Verdadera.

En 2012 la abogada Mónica Roa y otras 1.279 mujeres consiguieron que la Corte Constitucional fallara a su favor una tutela contra el entonces procurador. El funcionario tuvo que retractarse por diferentes pronunciamientos que él y dos de sus delegadas habían hecho para limitar el acceso de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo que el tribunal había despenalizado en tres casos excepcionales (violación, riesgo para la vida o la salud de la madre y malformaciones que imposibiliten la vida del feto).

En primer lugar, la Procuraduría tuvo que modificar dos circulares en las que Ordóñez defendía, como lo había hecho en el caso del matrimonio igualitario, la objeción de conciencia de las personas e incluso las instituciones encargadas de atender las solicitudes de aborto, contrariando las normas vigentes al respecto. Además, se refería como “campañas masivas de promoción del aborto” a las campañas que debía adelantar el Estado para educar en salud sexual y reproductiva en general.

Por medio de sus delegadas, Ordóñez también había enviado oficios “infundados” para que fuera suspendida la inclusión del misoprostol como píldora anticonceptiva de emergencia en el Plan Obligatorio de Salud (POS). Además, enviaron una carta a la Superintendencia de Salud, que tuvieron que revocar, en la que le pedía modificar una circular que les exigía a las empresas e instituciones del sector garantizar el personal adecuado para atender abortos voluntarios.

Los argumentos del tribunal para obligar a Ordóñez y sus funcionarias a echar para atrás fueron, entre otros, la defensa de los derechos a la información y a la salud, tanto de las mujeres accionantes como de las colombianas en general.

7. Volver al pasado

En este punto se cita de manera textual, aunque sin decir la fuente, una invitación de Ordóñez a “desandar el trayecto de la secularización de la cultura occidental y derrotar al mundo que encierra a los derechos del hombre en el círculo ideológico de la democracia y el liberalismo y el proyecto emancipador que encarnan”. Verdadera.

Recién salido de la presidencia del Consejo de Estado en 2005, Ordóñez dio una conferencia que luego sería publicada a modo de ensayo en la revista tradicionalista española Verbo y editada como libro por la Universidad Santo Tomás bajo el título ‘El nuevo derecho y el nuevo orden mundial’. En ella afirmó que Dios es el autor de los derechos humanos, “no la revolución francesa, ni la Declaración de Naciones Unidas, ni los tratados internacionales”.

Estos eran, según él, instrumentos de una ideología liberal que “privatiza” la moral con un ánimo individualista que desconoce la naturaleza humana como creación divina. “Para rescatar los derechos humanos de ese secuestro”, proponía entonces volver al derecho “natural” católico y ahí entra la invitación entrecomillada por la petición.

El párrafo completo, no obstante, fue parafraseado por el entonces consejero de Estado de un texto del historiador argentino Juan Fernando Segovia, como lo aclara al pie. El autor es tanto o más radical que Ordóñez y simpatiza con la misma fraternidad católica, como lo demuestra en otro artículo donde critica la doctrina del Vaticano II y el laicismo.

En todo caso, la conclusión de Ordóñez es que las sociedades y los individuos deben “reconocerse súbditos” de Dios. En consecuencia, se declara un “hereje de la modernidad y la posmodernidad”, “un reaccionario” que se opone a la corrección política y filosófica y, como acto final, reta al Estado pluralista a soportar sus controversias.

8. Sometimiento y homofobia

En Change.org también se dice que Ordóñez “sostiene que las mujeres deben estar sometidas a los hombres, los hombres al Estado y el Estado a Dios, y que si se aceptan el aborto, la eutanasia y el matrimonio igualitario, luego vendrán el derecho a la zoofilia y la legalización de la pederastia”. Verdadera.

En su tratado sobre la “ideología de género”, la referencia en la que Caribe Afirmativo se basó, Ordóñez no es textual en hablar de sometimiento ni de restringir los derechos de la mujer. Pero la frase corresponde casi de forma literal con la interpretación que le dio la abogada Roa en una entrevista con Semana, que también le referenció la ONG a Colombiacheck.

Con exactitud, lo que Ordóñez defiende en el libro es que el matrimonio entre hombre y mujer tiene una “estructura jerárquica” y que el “papel fundamental” de la segunda es el de madre y esposa. Entre tanto, afirma que el aborto y la anticoncepción (que él considera iguales) son “nuevos derechos” creados por tratados y organismos internacionales, encabezados por la ONU, pero que realmente son contrarios a la naturaleza y a la “identidad Cristiana” (con mayúscula) del país.

La segunda parte de la afirmación (sobre la supuesta relación causal entre su legalización, junto con la del matrimonio de parejas homosexuales y la de la eutanasia, y la supuesta aprobación futura de la zoofilia y la pederastia) sí está con esas mismas palabras en varios apartes del texto. Según él, se trata de dos generaciones de derechos que vendrán unos detrás de los otros.

“Debemos aprobar hoy el genocidio de los no-natos y mañana el de los discapacitados, de los ancianos, de los mongólicos, de los epilépticos; debemos tolerar como derecho fundamental, el derecho a la eutanasia y a la eugenesia; de dicha manera se pretende obligar a que se acepten todas las conductas contrarias a la vida, a la familia y al matrimonio; se termina equiparando el matrimonio heterosexual a cualquier otro tipo de unión, desde la homosexual hasta la zoofílica, pasando por la pedofílica, incluso la incestuosa”, alega.

9. Anti restitución

Al funcionario se le acusa también de haber sido “un abierto enemigo de la Ley de Restitución de Tierras, la misma ley que se propone devolverle la tierra despojada a los campesinos víctimas del conflicto armado”. Inflada.

Pocos meses antes de salir del cargo por la anulación de su reelección, el procurador tuvo uno de sus mayores desencuentros con el gobierno del entonces presidente, Juan Manuel Santos, por un par de eventos que organizó en Magdalena y Cesar para discutir el programa de restitución de tierras con sus habitantes. Allí lanzó en tarima fuertes críticas al proceso.

Ordóñez pidió modificar la ley porque, según él, “no previó” la tensión generada entre los reclamantes y terceros ocupantes de buena fe. Su argumento era falso. La Ley de Víctimas sí contempla la existencia de terceros ocupantes de las tierras, pone en ellos la carga de la prueba para demostrar que las adquirieron de buena fe y, en caso de que un juez determine que así lo hicieron, tienen derecho a una indemnización.

Además, compartió la tarima con el entonces presidente de la Federación Nacional de Ganaderos (Fedegán), José Félix Lafaurie. El esposo de la actual senadora María Fernanda Cabal incluso aprovechó la ocasión para señalar a la restitución de ser la “cuota inicial del control territorial de ciertos grupos ilegales”. Pero las zonas donde se hicieron los eventos habían sido de control paramilitar y en su público había familiares de antiguos jefes de esos grupos.

Aun así, el procurador nunca pidió acabar con el programa de restitución. Al contrario, insistió en que debía hacerse y reconoció que “pretendió algo sano, que es quitarle la tierra a los despojadores, a los delincuentes”. Sus críticas fueron encaminadas a la manera de llevarlo a cabo, en particular cuando había terceros involucrados.

En consecuencia, incluso si se le pudiera declarar “enemigo” de la ley (lo cual queda abierto a la interpretación), lo cierto es que no fue tan “abierto” en su oposición.

10. Contra la CIDH

Y, finalmente, a Ordóñez se le reclama haber “desconocido la jurisdicción de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y otros organismos internacionales de derechos humanos” y se le atribuye (de nuevo sin referencia exacta) el argumento de que “la única manera de garantizar -los derechos humanos- es defendiendo los derechos de Dios en la sociedad”. Aproximada.

Como procurador, Ordóñez destituyó al entonces alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, y lo inhabilitó por 15 años para ejercer cargos públicos. El ahora senador respondió en ese entonces con una serie de acciones judiciales para defenderse de la decisión, que consideraba arbitraria. Estas llegaron hasta instancias internacionales, en particular a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Esa instancia, que hace parte de la OEA, decretó medidas cautelares a favor del mandatario distrital en 2014. Es decir que recomendó mantenerlo en el cargo hasta que se diera un pronunciamiento de fondo frente a los recursos que había interpuesto.

El jefe del órgano de control, que se había reunido con la comisión para explicar su propio fallo, se opuso a que el presidente Santos le diera cumplimiento a esa decisión preliminar. Pero su posición iba en contravía de la tradición colombiana de acatamiento obligatorio en casos anteriores y el Primer Mandatario, entonces candidato a la reelección, terminó restituyendo al alcalde.

Luego el proceso continuó su curso y el informe final de la CIDH, otra vez a favor de Petro, salió cuando Ordóñez ya había dejado la Procuraduría. Su reacción no se hizo esperar. Acusó al organismo de ser izquierdista y de pretender cambiar la legislación interna del país.

 

 

 

 

 

 

 

 

Lo curioso es que, mientras cuestionaba la autoridad de ese organismo en este proceso, Ordóñez recurrió a él en otras ocasiones. Por ejemplo, para criticar las penas alternativas que se contemplaban en el proceso de paz entre el Gobierno y las Farc. Así mismo, para reclamar por la persecución del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, contra los colombianos en la frontera.

Entonces no se trató de un desconocimiento generalizado de la autoridad de la CIDH sino de su jurisdicción en casos específicos. Aunque sus tuits demuestran que había un trasfondo ideológico más allá del jurídico que recuerda, justamente, el entrecomillado que aparece en este punto de la petición.

Solo hay que aclarar que la frase no guarda una relación directa con sus acciones como procurador en el sentido de que no proviene de sus pronunciamientos oficiales. Ni siquiera es de la misma época. La profirió en la ya mencionada conferencia de 2005, luego de su atribución a Dios como autor de los derechos humanos.

De nuevo el pie de página advierte que su razonamiento está inspirado en otro texto. Esta vez, del filósofo chileno Juan Carlos Ossandón Valdez. En el canal en YouTube del grupo pinochetista Progreso País es posible verlo, por ejemplo, calificar como “pecado grave” la votación por candidatos ateos o agnósticos.

De modo que ambas partes del punto son ciertas y el entrecomillado de la segunda, en efecto, puede tomarse como el trasfondo de la primera, pero no de manera directa. El descache aquí es no aclarar la diferencia de contextos entre lo que hizo Ordóñez en ejercicio de sus funciones como procurador y lo que dijo en un evento académico casi diez años antes.

No obstante, pese a los detalles que se escapan en algunos puntos, la mayor parte de la petición es verdadera o se acerca mucho.