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Jueves, 26 Abril 2018

El desencanto afro le apuesta al voto en blanco

Por José Felipe Sarmiento Abella

Un grupo de dirigentes afrodescendientes está impulsando el voto en blanco. Se quejan del olvido histórico y el desinterés de los políticos. Ante el reclamo chequeamos las propuestas de los candidatos presidenciales y sí son escasas.

Hoy, el voto en blanco tiene nombre propio. No se trata de un grupo de desinteresados por la política ni de colombianos sin partido. Todo lo contrario. Como cualquier campaña presidencial, el exmilitar Wilson Rentería y el abogado Gustavo Prado reclamaron ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) ser sus abanderados, apelando a la reforma política de 2011 que permite a los partidos políticos inscribirse como promotores de esa opción. Lo hicieron bajo el paraguas del Partido de Reivindicación Étnica (PRE) que dirige Gonzalo Vallecilla.

Los tres son cercanos a la política. Rentería ha dado peleas jurídicas como la que consiguió eliminar la reserva de información sobre zonas estratégicas de minería; Vallecilla es representante nacional de consulta previa y ha sido asesor étnico en la Gobernación del Valle y la alcaldía de Tuluá, además de haber aspirado al Concejo de ese municipio por el partido Opción Ciudadana; mientras que Prado ha defendido a candidatos y partidos en procesos electorales en ese departamento, incluida su gobernadora, Dilian Francisca Toro.

El PRE nació el año pasado cuando el CNE le entregó una curul afro en la Cámara de Representantes a la exreina Vanessa Mendoza, quien llegó al Congreso después de luchar por tres años ante el tribunal electoral contra políticos que no tenían aval de las comunidades. Una vez logró ocupar su asiento con apenas 563 votos y el respaldo del consejo comunitario de El Castillo de Cerrito (Valle), que lidera Rentería, surgió el PRE, que hoy no es solo la cabeza visible del voto en blanco, sino que tiene acceso a los mismos recursos que reciben los candidatos, puede hacer publicidad en medios comunicación e inscribir testigos electorales.

Lo confuso para estas elecciones es que el tarjetón tendrá dos casillas para el voto en blanco, una que será la oficial y otra que promueve el movimiento afro, para diferenciarlos a la hora de calcular la reposición de votos. Vallecilla dice que no le importa si la gente no marca la de su colectividad e incluso se declara dispuesto a hacerle campaña al voto en blanco aunque no le represente ganancias. “Queremos es que la gente salga a votar”.

Solo promesas

Pero más allá de haber metido un gol en la campaña electoral, esta jugada de los afro refleja el aparente desinterés que han tenido los candidatos presidenciales por una minoría de cuatro millones de personas en Colombia, lo que equivale al 10,6 % de la población.

Vallecilla, nacido en Guapi (Cauca) hace 47 años, explica que decidieron tomarse las banderas del voto en blanco después de analizar las propuestas de los candidatos. Él y Rentería llegaron a la conclusión de que ninguno de los presidenciables “los representaba” ni los tenía en el radar de sus planes de gobierno.

El PRE espera contar con el apoyo de otros sectores inconformes por razones similares como las mujeres, los indígenas, los maestros y los abstencionistas. Plantean un voto en blanco que “no sea protesta, sino propuesta”; es decir, que se base en lo que les gustaría oír de los candidatos y que consideran prioritario para estas comunidades.

El problema -que reconoce Vallecilla y confirma la historiadora María Isabel Mena- es que las negritudes no acostumbran a votar en bloque por lo que el reto del partido es convencerlas. Esta división histórica tiene, sin embargo, un factor común: la desconfianza frente a los políticos.

Colombiacheck.com revisó las promesas de campaña de los candidatos presidenciales y encontró que todos tienen alguna propuesta con enfoque étnico. Sin embargo, los voceros del movimiento afro son escépticos a que las cumplan.

Vallecilla admite que su partido estuvo tentado a apoyar a Gustavo Petro, de Colombia Humana, porque “está más cerca de romper los discursos del establecimiento, al menos en el papel”, dice. Petro ha prometido, por ejemplo, intervenir títulos mineros que afecten a esta población y darles mayor autonomía a sus guardias tradicionales. Pero los líderes afro dicen que cuando fue alcalde de Bogotá no hizo programas y proyectos que beneficiaran a esa población en la capital.

Además, el veterano activista Carlos Alfonso Rosero asegura que hay temas que los candidatos no tocan, como la discriminación. Considera que es urgente un plan de lucha que enfrente el racismo y la desigualdad. En este sentido solo los candidatos Petro y Germán Vargas Lleras hablan de forma explícita en su programa sobre el problema. El aspirante de Colombia Humana fue el único de los asistentes al debate del Pacífico que respondió cómo combatirlo. Los demás recordaron sus logros del pasado.

El contendor liberal, Humberto de la Calle, es el único con propuestas específicas para el Pacífico, donde se concentra esta población, las cuales se enfocan en acceso a la educación superior, la implementación del Acuerdo de paz y los pactos surgidos de los paros cívicos del año pasado. Mena reconoce que De la Calle es un conocedor del tema, pero advierte que a todos los candidatos “les cabe el Pacífico en la cabeza solo cuando están en campaña”.

Sergio Fajardo, de la Coalición Colombia, es el único que usa el término etnoeducación en sus propuestas. Mena, que es experta en estos temas, se lo reconoce. No obstante, reclama que el candidato, en lugar de referirse a un modelo educativo propio de las comunidades, “lo abre a todo el mundo y uno no sabe cuál es el norte”.

Pero quien más menciones hace a estas minorías es, de lejos, Vargas Lleras, que se lanzó por firmas y con el aval de Cambio Radical. A ellas les dedica un folleto de 32 páginas (entre casi mil que suman todos los de su campaña). Lo lanzó este jueves. En él habla de construir infraestructura cultural, estudiar disponibilidad de tierras y dar más autonomía en diferentes aspectos para ellas. Promete también un estatuto para la población raizal.

 

 

 

Rosero, fundador del Proceso de Comunidades Negras, coincide con Mena y Vallecilla a pesar de que su organización es afín a Petro. En un documento que construyó con otros líderes afro, agrega que esta minoría necesita que se reglamente la Ley Afro, que les asignen recursos específicos, que haya titulación y restitución de tierras y que se cree una entidad que coordine esos trabajos con los consejos comunitarios.

Sobre esto último, Vargas Lleras planea crear una dirección de asuntos étnicos en su nuevo Ministerio de la Familia. En su lugar Vallecilla preferiría una cartera independiente y el manifiesto menciona una agencia descentralizada.

Los afro también piden más curules en el Congreso, con reglas claras para que no se repita la historia de los últimos cuatro años, en la que personas ajenas a esta minoría se las apoderaron. Mena, por su parte, defiende que el exvicepresidente ha prometido la participación en el gobierno de personas afro. Pero casi todos los candidatos tienen esa propuesta y, para Rosero y Vallecilla, la representación en el gabinete no garantiza una agenda de fondo.

El activista afro también llama a respetar el tratamiento especial que les da la Ley de Víctimas, las medidas ordenadas por la Corte Constitucional para atender el desplazamiento forzado de sus comunidades, el capítulo étnico del Acuerdo de Paz y lo pactado tras los paros de Buenaventura (Valle) y Chocó. Nada de esto está pormenorizo en las propuestas de los candidatos.

Iván Duque, del Centro Democrático, y Viviane Morales, del partido Somos, ni siquiera mencionan estos temas. El exsenador uribista concentra su propuesta para los grupos étnicos en la inclusión laboral por medio de beneficios a las empresas y educación digital. La exsenadora y exfiscal solo hace una alusión general a esa población en su política ambiental.

La 'papa caliente' de la consulta previa

Un tema para coger con pinzas es el derecho de la comunidades a ser consultadas sobre cualquier proyecto que las afecte, ya que es visto como un “cuello de botella” para el avance de sectores como el minero y el de infraestructura. Así lo describe Duque y promete reglamentar el trámite, como la mayoría de sus contendores.

El que más toca el tema en su programa es Vargas Lleras. Le sigue De la Calle. Todos matizan su posición declarándose defensores de las consultas; no obstante, consideran necesario establecer reglas claras para los inversionistas. Fajardo comparte esa posición pero empata con Petro en el escaso números de menciones que hacen en sus programas. La diferencia es que este último se enfoca de lleno en defender el mecanismo.

 

 

 

Este es quizás uno de los temas que más distancian a las negritudes de los candidatos presidenciales y su mayor temor. Las comunidades étnicas se han opuesto a que se reglamente porque consideran que limita sus derechos y la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) se ha declarado en contra del proyecto de ley estatutaria que prepara el Gobierno con el propósito de agilizar esos procesos. Sin embargo, De la Calle promete respaldarlo y Vargas lo impulsó como vicepresidente.

Para Rosero, el Congreso no sirve para defender sus intereses. Con otros líderes afro propone que, en cambio, se elabore un protocolo sobre el tema en el que participen la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo y Naciones Unidas.

En general, Mena es pesimista frente a lo que pueden esperar los afros y otras minorías del próximo gobierno. También concluye que la política colombiana y, por ende, la cultura institucional es “racista”, por lo que vaticina que muchas de esas comunidades terminarán votando en blanco.

Actualización

Tan pronto Colombiacheck.com tuvo acceso al programa étnico completo de Vargas Lleras, lo revisó y editó la nota para incluir sus propuestas. También modificó los gráfico para añadir la cantidad de menciones correspondientes a ese folleto.

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Martes, 17 Abril 2018

Verdades y mentiras sobre el caso Santrich

Por José Felipe Sarmiento Abella

Los candidatos presidenciales Iván Duque y Humberto de la Calle se enfrentaron por el proceso para extraditar al exnegociador de las Farc. Entregarlo a Estados Unidos es más difícil de lo que parece y su caso se convirtió en un tema de debate de los aspirantes a la presidencia.

Si en algo están de acuerdo el candidato liberal a la Presidencia, Humberto de la Calle, y su contendor por el Centro Democrático, Iván Duque, es en que ambos extraditarían al exjefe guerrillero Seuxis Hernández, alias ‘Jesús Santrich’, acusado en Estados Unidos de conspirar para enviar diez toneladas de cocaína a ese país después de haber firmado el acuerdo de paz entre el Gobierno y las Farc. Aun así, los dos tuvieron un acalorado debate sobre el procedimiento para hacerlo.

El exsenador uribista pidió una extradición exprés, al tiempo que cuestionó el plazo de 120 días que tiene la Justicia Especial para la Paz (JEP) para evaluar la solicitud en virtud de lo pactado, con el fin de determinar cuándo ocurrieron los hechos que lo tienen en la cárcel.

En teoría, si fueron antes del acuerdo, el exguerrillero estaría blindado contra la extradición. De lo contrario, su caso pasaría a ser examinado por la Corte Suprema, que puede negar su salida del país o autorizar a presidente Juan Manuel Santos para que tome la decisión definitiva (él es quien firma la autorización final).

De la Calle, que lideró el equipo del Gobierno en los diálogos de La Habana, defendió el papel de la jurisdicción transicional en el caso y calificó la posición de Duque como “tremendamente exagerada” e incluso dijo que tenía cierto “tufillo ligeramente demagógico”.

El candidato del CD advirtió que la JEP no tiene “ni procedimientos autorizados ni normas ni protocolos para determinar si lo que el señor Santrich hizo es cierto o no”. Esto es parcialmente cierto porque esta jurisdicción aun no tiene un reglamento para analizar el caso de Santrich.

En contraste, recordó las declaraciones del fiscal general, Néstor Humberto Martínez, quien anunció que la acusación y la orden de captura internacional contra el líder fariano se emitieron con base en “evidencia concluyente” conseguida por la agencia antidrogas de Estados Unidos, DEA.

“¿Son 120 días para mirar si lo que dijo el Fiscal o lo que dice la solicitud de extradición de la corte federal es mentira? (...) ¡Qué lástima que no podamos obrar con celeridad cuando este y otros gobiernos han procedido rápidamente con extradición cuando hay evidencia concluyente!”, remarcó luego Duque.

El argumento del aspirante del partido Liberal fue que “el único requisito (para extraditar a Santrich) es que la Jurisdicción Especial verifique si esos hechos son posteriores a esa fecha o no”.

Y ante la reacción de su interlocutor, aseveró que “el examen de una solicitud de extradición frente a un colombiano siempre exige una revisión de los hechos”. En consecuencia, De la Calle concluyó que “lo que yo estoy diciendo es lo que pasa siempre con cualquier ciudadano colombiano”.

Ambas partes usaron afirmaciones engañosas. Aunque es cierto que cualquier extradición tiene un trámite de revisión, el proceso de Santrich sí es distinto al de otros colombianos, precisamente por tratarse de un desmovilizado de las Farc que se acogió a la JEP.

Pero tampoco es verdad que la evidencia que presenta la acusación en el extranjero garantice una entrega rápida del acusado al país que lo pide, ni que al final en un juicio se declare culpable. El proceso de extradición lo que garantiza es que el acusado se presente ante la justicia del país que lo requiere, y que además obliga a los fiscales de Estados Unidos a presentar la evidencia que tienen, para que luego un jurado defina si es inocente o culpable.


Pueden pasar años

Aunque el Código de Procedimiento Penal (art. 490-514) plantea términos que suman máximo cuatro meses entre la captura de la persona y su extradición, con todos los trámites administrativos y judiciales, los tiempos pueden extenderse para que la Corte Suprema solicite pruebas en el proceso para decidir si la autoriza.

Tres penalistas consultados por Colombiacheck.com -César Augusto López, Cielo Velasco, de la firma World Legal Corporation, y una defensora de experiencia en casos de extradición que pidió mantener su nombre en reserva- coincidieron en que un año es lo mínimo que se demora el trámite, cuando el capturado lucha por quedarse en Colombia.

Y así lo hará Santrich, según lo anunció su abogado, Gustavo Gallardo, en El Tiempo y otros medios de comunicación.

 

 

Los expertos señalaron que incluso quienes se acogen a extradición simplificada, un procedimiento expedito en el que aceptan irse, pasan entre tres y cuatro meses en cárceles colombianas, mientras se resuelven los papeleos para poder trasladarlos.

En comparación, el proceso en el que se impugna la solicitud es más dispendioso porque el acusado intenta demostrar que no hay lugar a la extradición ya que no quiere irse de Colombia. “Es como si esa persona se fuera a un juicio en un proceso penal”, explicó Velasco.

Colombiacheck.com revisó algunos casos emblemáticos y encontró que los cálculos coinciden.

A Ricardo Palmera, el exjefe de las Farc conocido como ‘Simón Trinidad’, lo capturaron en Ecuador el 2 de enero de 2004, fue notificado el 3 de junio de su pedido por narcotráfico y toma de rehenes por Estados Unidos, la Corte Suprema autorizó su extradición en noviembre de ese año y solo fue entregado por el gobierno de Álvaro Uribe a las autoridades norteamericanas hasta el 31 de diciembre de 2004. Es decir que pasó casi un año desde su captura.

El mandatario -que hoy es senador y lidera el partido de Duque- se demoró casi mes y medio en firmar la resolución. Lo hizo en un intento por convencer a las Farc de liberar a 63 secuestrados a cambio de que Trinidad se quedara en Colombia.

Hasta entonces el caso de Palmera había sido paralelo al del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso. La Corte avaló la entrega de ambos a Estados Unidos el mismo día.

Pero el segundo solo fue enviado a responder en ese país por narcotráfico hasta mayo de 2008 con otros 13 cabecillas de las Auc. Uribe, de nuevo, suspendió la decisión por tres años y medio debido al proceso de paz con ese grupo y, cuando al fin la tomó, argumentó que los afectados habían seguido delinquiendo después de su desmovilización y que estaban incumpliendo con lo pactado en colaboración con la justicia y reparación de las víctimas.

Pero el expresidente no fue el único que demoró la salida de exparas en nombre de la paz. La Corte Suprema también les puso sus propias condiciones a las extradiciones.

Con la teoría de que el delito de narcotráfico “palidece” ante los crímenes de lesa humanidad cometidos por hombres como ‘don Mario’, ‘el Alemán’, ‘Diego Vecino’ o ‘comandante Chaparro’, por los que debían responder primero en Colombia, el tribunal detuvo sus respectivos viajes a prisiones americanas.

Entonces, por más evidencia que ponga la justicia extranjera a disposición de la colombiana, el proceso para extraditar a alguien está lejos de funcionar con celeridad, como lo afirma Iván Duque. En lo que sí tiene razón es que el paso previo de Santrich por la JEP le agrega una instancia más, lo que hace previsible una mayor demora.


No es como los otros

El propio candidato del Centro Democrático reconoció que tiene que haber una valoración previa de la extradición para garantizar el derecho al debido proceso que tiene Santrich.

Pero resulta incorrecto afirmar que este es igual al de cualquier otra persona, como dijo De la Calle, y señalar que la revisión de la JEP es el único requisito para la extradición del exjefe de las Farc.

Tras reunirse, el presidente Santos y el máximo líder del partido Farc, Rodrigo Londoño -conocido como ‘Timochenko’-, ratificaron que las normas que cobijan este caso son “claras” a la luz del acuerdo de paz.

En la misma línea se pronunciaron los magistrados José Luis Barceló, que encabeza la Corte Suprema, y Patricia Linares, que lidera la JEP; así como la Misión de Verificación de la ONU.

 

 

El punto 72 del Acuerdo del Teatro Colón y el artículo 19 del acto legislativo que creó todo el sistema de justicia y verdad para la paz dicen que, cuando se presenta una solicitud de extradición contra un exmiembro de las Farc, la JEP tiene 120 días para definir si los hechos por los que se le acusa en el exterior ocurrieron antes o después de la firma del 26 de noviembre de 2016. De esto depende que se mantenga o se levante el blindaje del desmovilizado para ser enviado ante la justicia extranjera.

El plazo, que de todas formas admite excepciones según el texto, incluiría una eventual apelación de la decisión tomada por la sala de revisión ante otra sección del mismo sistema especial, posibilidad que dejó abierta Linares en entrevista con RCN Radio.

Si luego de esto, se determina que los hechos por los que es acusado el exguerrillero fueron después de la fecha límite, el caso pasa al examen normal de la Corte.

Así, ni la revisión de la JEP es el único requisito ni el proceso es igual al de cualquier otro colombiano solicitado en extradición, como lo había señalado De la Calle. Lo confirmó también el penalista Norberto Hernández Jiménez, doctorado en Derecho y director del Observatorio Constitucional de la Universidad Libre, en un análisis para El Tiempo. “Quedamos entonces a la espera de la decisión de la JEP”, señaló el académico.

Pero además, Duque tiene razón en que la nueva jurisdicción todavía no tiene normas claras sobre su funcionamiento interno.


Falta claridad

Cuando el aspirante uribista arremete contra la JEP por su falta de protocolos, se refiere a que todavía no existe una ley que regule los procedimientos al interior de esa jurisdicción.

Los magistrados elaboraron un borrador de proyecto que le entregaron al Gobierno, pero este todavía no lo ha radicado para que haga trámite en el Congreso. Entre tanto, a sus estatutos aprobados por el Legislativo en noviembre todavía les falta el aval de la Corte Constitucional para que puedan ser sancionados por el Ejecutivo y entrar en vigencia.

Lo que sí existe es un reglamento interno expedido por los mismos magistrados mediante acuerdo. Este dice (art. 134) que la sala de revisión puede solicitar pruebas para cumplir con su evaluación de los casos de extradición, como en cualquier proceso judicial.

Linares lo reiteró en RCN y argumentó que la entidad cuenta “con suficientes normas jurídicas, inclusive las de procedimiento” para ese propósito. Según ella, bastarían la Constitución y su reforma transitoria que creó la jurisdicción de paz, además de los tratados internacionales en materia penal y de derechos que ha suscrito Colombia.

No obstante, la inseguridad jurídica ha sido señalada por expertos como la publicación de asuntos legales Ámbito Jurídico, con base en información del programa JEP Visible de la Corporación Excelencia en la Justicia, y el coordinador de incidencia nacional de la Corporación Colombiana de Juristas, Juan Ospina, en La Silla Vacía.

Duque ve el vaso medio vacío y De la Calle, medio lleno. En todo caso, el trecho que debe recorrer Santrich entre Colombia y Estados Unidos todavía es largo y difícil de pronosticar.

Su proceso es más complejo que el de los demás colombianos capturados con fines de extradición porque tiene un paso adicional en la justicia transicional. Pero este añade máximo cuatro meses a unos términos que, de todas formas, son largos para el resto de ciudadanos pedidos por cortes extranjeras.