“La relación entre pobreza, exclusión y violencia y comunidades afrodescendientes o comunidades indígenas es totalmente clara desde el punto de vista estadístico”

Para verificar esta frase del candidato vicepresidencial de la Coalición Centro Esperanza, asegurada por él en el debate organizado por Revista Semana y El Tiempo, revisamos numerosos documentos enfocados en perspectiva étnica. A continuación presentamos nuestro análisis en dos secciones: Violencia y Pobreza - Exclusión social. Consultamos a la campaña de Sergio Fajardo y Luis Gilberto Murillo sobre el origen de los datos usados para la afirmación, pero no obtuvimos respuesta.

Violencia

En octubre de 2006, tras efectuar una visita in loco en 2005, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reconoció en un informe la afectación especial de las mujeres en el marco del conflicto armado colombiano. En ese contexto, se refirió a la exclusión padecida por los pueblos indígenas y afrodescendientes del país.

Como explica este documento del Centro por la Justicia y el derecho Internacional (Cejil), una visita in loco es un mecanismo de protección de la CIDH. Implica el traslado de comisionados a un país en específico para monitorear la situación de derechos humanos y recabar información de primera mano.

Según el organismo, fuentes oficiales e independientes reconocieron que “la población afrocolombiana padece una historia de discriminación, exclusión, invisibilización y desventaja social, tanto económica como geográfica”. En cuanto a los pueblos indígenas, la relatoría enfatizó en los problemas de orden público que impiden a esta parte de la población permanecer en los territorios que consideran ancestrales.

El 26 de enero de 2009, la Corte Constitucional emitió el auto 004, donde se reconoce la afectación diferencial de los pueblos indígenas en el marco del conflicto armado, asegurando que algunas comunidades se encontraban en peligro de ser exterminadas, cultural o físicamente, por el impacto del conflicto. En la misma fecha, la Corte expidió el auto 005, donde se reconoce la necesidad de aplicar un enfoque diferencial para los desplazados afrodescendientes, en tanto se trata de sujetos de especial protección y de condiciones precarias que obligan al abandono del territorio.

Ambos antecedentes demuestran que la violencia generada por la lucha de grupos armados y fuerzas del Estado ha victimizado especialmente a la población de comunidades étnicas. Marco Romero, director de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes), resume así la explicación de este fenómeno:

“Volvamos a la ecuación que nos han planteado las organizaciones de los pueblos étnicos: ‘somos los más desprotegidos y las más desprotegidas en el contexto del conflicto armado colombiano porque somos los más estructuralmente desprotegidos y de algún modo sometidos a procesos de dominio y de discriminación estructural en la larga historia’”.

Datos recabados por la Comisión de la Verdad revelan que, según la Red Nacional de Información (RNI) de la Unidad de Víctimas, 1’144.486 afrodescendientes han sido víctimas del conflicto armado colombiano. Esto corresponde al 38% de esta población, mientras la proporción de víctimas en la población sin etnicidad es del 15%. Según la Unidad, 32 de cada 100 víctimas de violencia en territorios como el Valle del Cauca, fueron afrodescendientes.

De acuerdo con la Comisión de la Verdad, que cita a la Unidad de Víctimas en su informe, “hay tres periodos en los que un hecho victimizante como el desplazamiento forzado se incrementó afectando a estos grupos étnicos: 2000-2002; 2007-2008 y 2013-2014. Según la misma entidad, con fecha de corte al 30 de septiembre del 2020, mientras el 15% de las personas que no reportaron etnicidad fueron desplazadas de su territorio, el 98% de los palenqueros y el 37,5% de los negros/afrocolombianos del país han sido desplazados por la violencia”.

Entre 1985 y 2020, se registraron 1.115.397 afrodescendientes víctimas de desplazamiento y, en el mismo período, se registraron 49.596 afrodescendientes víctimas de homicidio.

Los pueblos indígenas, por otra parte, cuentan 2.300 víctimas de asesinatos selectivos entre 1958 y 2019, según el Centro de Memoria Histórica. Un acumulado que incluye a 736 líderes y autoridades de estas comunidades.

Los departamentos con más víctimas indígenas son, en su orden, Cauca, Nariño, La Guajira, Chocó, Cesar, Antioquia, Córdoba y Putumayo. El pueblo Páez-Nasa encabeza el recuento de víctimas, seguido del Embera Katío, el Awá y el Kankuamo. Además, de manera sistemática las mujeres indígenas han sido blanco de violencia sexual, desapariciones forzadas y reclutamiento de menores.

Además de la violencia generada por el conflicto armado, existen datos de cómo la violencia urbana también impacta de manera diferenciada a la población étnica, como publicaron en 2015 los investigadores de la Universidad Icesi para el caso de Cali.

Stefan Peters, director del Instituto Colombo Alemán Para la Paz (Capaz), traza una línea directa entre el racismo y la violencia: “El racismo tiene que ver con violencia física, pero también con otros tipos de violencia como la psicológica, epistémica y estructural”. Según explica, es un fenómeno que persiste a nivel internacional: “Es un tema incómodo del que no se quiere hablar. El racismo estructural en pleno siglo XXI. Deberíamos haber superado esas formas de discriminación y opresión, pero sabemos que lamentablemente eso no es así, ni en Alemania ni en Colombia”.

La protección de los territorios se ha mantenido como un factor de violencia contra la población con autorreconocimiento étnico. Así lo demuestra un informe expedido por la Procuraduría General de la Nación en 2018, donde se consolidaron datos del Ministerio de Defensa, la Unidad Nacional de Víctimas y la Defensoría del Pueblo, entre otras instituciones, para concluir que se registraron en Colombia 45 homicidios de defensores de derechos territoriales entre 2011 y 2017. Entre las víctimas, 10 pertenecían a la población afrodescendiente y dos a comunidades indígenas.

Aún así, como lo registró Verdad Abierta, la guardia indígena y la guardia cimarrona fueron excluidas de la formulación del programa de protección a comunidades y organizaciones en los territorios, derivado del Acuerdo de Paz con las FARC.

Finalmente, Marco Romero hace un balance negativo frente a la situación actual de orden público en territorios con predominio de población étnica: “Han ocurrido 643 casos de desplazamiento forzado masivo desde la firma del Acuerdo de Paz. Todo este desplazamiento está ocurriendo en territorios étnicos. En el corredor Pacífico, aunque la crisis se extiende a las zonas de Ituango, Caquetá, Putumayo, Catatumbo y Arauca”.

Pobreza-Exclusión Social

En cuanto a la relación entre etnicidad y pobreza enunciada por el candidato a la Vicepresidencia, la caracterización realizada por el DANE presenta una mínima participación de los grupos étnicos en las clases media y alta de la sociedad colombiana. El 67% se encuentra en los segmentos “vulnerable” y “pobre”, siendo la pobreza de la población indígena más del doble de la pobreza a nivel nacional, así como la pobreza de la población afrodescendiente es superior al nivel nacional por 10 puntos porcentuales.

Por otra parte, la exclusión social es un concepto que aún se encuentra en construcción, como aseguraron los académicos Edinson Ortiz Benavides y José Javier Núñez Velázquez en su trabajo “Etnicidad y exclusión social en Colombia en el período 2012-2017”, publicado en 2021. En él, resumen la definición consensuada a día de hoy sobre este concepto, utilizando citas de otros autores: “La exclusión social se puede definir como un conjunto de mecanismos estructurales [e institucionales] que impiden [de forma sistemática] a ciertos grupos sociales participar plenamente en las esferas económica, social, política y cultural de la sociedad”.

Las consecuencias de este fenómeno, según los académicos, comprenden falta de acceso a los servicios de salud y empleo, menor ingreso, marginación residencial, inadecuada inserción en el mercado laboral, tendencias hacia la segregación ocupacional, limitaciones para recibir una educación de buena calidad, falta de una representación política efectiva en el Estado y una posición social más baja.

Un ejemplo estadístico de la relación entre exclusión social y comunidades étnicas está en los niveles educativos de la población de autorreconocimiento negro, afrocolombiano, raizal y palenquero (NARP), publicados por el DANE. Allí se evidencia que el nivel educativo de esta población es menor a la media nacional en los segmentos de educación “superior” y “posgrado”, mientras que es mayor en el segmento “ninguno”.

Así mismo, las estadísticas revelan que el desempleo en los grupos étnicos es mayor a la media nacional de desempleo. Además, dentro de esta población se acentúan las brechas de género en el mercado laboral.

Esta desigualdad originada en el factor de las poblaciones no es un fenómeno desconocido a nivel internacional ni exclusivo de Colombia, según asegura el profesor de la Universidad del Valle Carlos Augusto Viáfara López, quien explica que en toda Latinoamérica se repite el patrón de una mayor pobreza asociada a los grupos étnicos.

Una publicación realizada en 2019 por la Asociación Nacional de Industriales (ANDI) recaba algunos datos reveladores en cuanto a los indicadores de exclusión de comunidades étnicas en años recientes.

• Sólo el 26% de los afrocolombianos recibe un salario superior al salario mínimo. El 60% de ellos son pobres, mientras el 63% de la población indígena está por debajo de la línea de la pobreza.
• Los hombres afrodescendientes viven, en promedio, seis años menos que el promedio nacional, mientras que una mujer negra promedio puede esperar vivir casi 11 años menos que el promedio nacional.
• El 70% de los niños y niñas indígenas sufren desnutrición crónica.
• De 195 instituciones educativas en los 10 municipios con más del 80% de población afrodescendiente, el 84,1% fue catalogado en las categorías de “baja”, “inferior” y “muy inferior”.
• El porcentaje de niños indígenas de 6 a 11 años que va al colegio es de 74%, mientras que para los niños no indígenas este porcentaje asciende a 92%.
• En el campo empresarial, el nivel directivo está claramente desbalanceado en términos étnicos. La población blanca ocupa el 62% de los puestos, seguida de la población mestiza con 30%, la población afrocolombiana con 6% y la población indígena con 1%.

Este último dato conecta con el que utilizaron los académicos Ortiz y Núñez en su investigación, exponiendo que “aunque en la actualidad está científicamente comprobado que no se puede aplicar el concepto ni la concepción de raza para clasificar a la especie humana, también es cierto que el color de las personas tiene utilidad instrumental para discernir cómo se distribuyen las oportunidades en las sociedades”.

El Proyecto sobre Etnicidad y Raza en América Latina (Perla) a cargo del Profesor Edward Telles, de la Universidad de Princeton, publicado en 2010 con resultados de una encuesta aplicada en Brasil, Colombia, México y Perú, concluyó que “las sociedades latinoamericanas son ‘pigmentocracias’ en las que el color de la piel (junto con la clase social, el género y otros factores) afecta las oportunidades que se tienen en la vida”.

Una medición independiente de Ortiz y Núñez con datos publicados por el DANE entre 2012 y 2017, incluyó el color de la piel junto al autorreconocimiento étnico y la cualidad de inmigrante para generar una propuesta de escala de etnicidad. La conclusión fue que, sin demeritar factores como el género, la edad o la religión, la etnicidad es una evidente y significativa condición para la exclusión social en el país.

“Cuando la etnicidad se incrementa 1 punto porcentual, la exclusión social aumenta 7 puntos porcentuales. El hecho de tener un tono de piel más oscuro, autoadscribirse a un grupo étnico o pertenecer a la categoría de inmigrante aumenta el grado de exclusión social en Colombia”, aseguran los investigadores.

Así pues, los datos de diversas organizaciones presentan una afectación especial a los grupos étnicos en términos de violencia. Las cifras del DANE denotan una mayor pobreza para esta parte de la población y, finalmente, investigaciones independientes y análisis estadísticos de expertos en la materia dan cuenta del fenómeno generalizado de la exclusión a las comunidades étnicas de Colombia. Por estas razones, calificamos como verdadera la afirmación de Luis Gilberto Murillo.