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Chequeo Múltiple

Lunes, 18 Abril 2022

Lupa a afirmaciones sobre racismo de los candidatos a la Vice

Por Juan Lozada, Alexander Campos y Mónica Ospino

En esta campaña presidencial los temas étnicos han sido uno de los puntos fundamentales tanto en debates como en las intervenciones de algunos de los candidatos.

El hecho inédito de que cinco de los ocho postulantes a la vicepresidencia del país son afrodescendientes ha puesto el tema étnico en un primer plano, tanto en debates como en intervenciones de los candidatos. Se trata de Francia Márquez de la coalición Pacto Histórico, Luis Gilberto Murillo de la coalición Centro Esperanza, Marelen Castillo del movimiento Liga de Gobernantes Anticorrupción, Ceferino Mosquera de Colombia Piensa en Grande y Sandra de las Lajas del partido Colombia Justa Libres.

Como aseguró Mara Viveros, profesora de la Escuela de Estudios de Género de la Universidad Nacional, en una entrevista en la Silla Vacía, “lo que vemos ahora es la punta del iceberg. La diferencia racial en estas elecciones es visible y es una novedad porque estábamos acostumbrados a imágenes —y hablo en términos de visualidad— bastante homogéneas de las clases dirigentes en Colombia. Esto nos mueve el piso en relación con el imaginario de quiénes tienen el derecho y la legitimidad de gobernar. Es disruptivo ver una presencia fuerte por primera vez de población afrodescendiente en el ámbito político”.

Pero la agenda de temas étnicos no ha sido solo en un aspecto positivo. La Misión de Observación Electoral, MOE, llamó la atención el pasado 31 de marzo en un comunicado de prensa en el que indicó que los “discursos de odio racistas y sexistas son legitimadores de la violencia”.

Es que Francia Márquez, fórmula presidencial de Gustavo Petro, se ha convertido en el blanco de ataques discriminatorios en redes sociales. E incluso, fue revictimizada por el senador Gustavo Bolívar, quien también pertenece a la misma coalición con una publicación en Twitter que luego borró.

Pero aparte de estas narrativas, los temas étnicos han jugado un papel importante en estas elecciones y lo han hecho en debates e intervenciones de los y las candidatas.

“El racismo siempre ha existido”, sentenció la candidata a la vicepresidencia por el Pacto Histórico, Francia Márquez, en el debate con las fórmulas vicepresidenciales, que organizó El Tiempo y Semana el miércoles 30 de marzo de 2022. En el encuentro participaron siete de los aspirantes a la vicepresidencia que están registrados en las elecciones del 29 de mayo de 2022.

Así es que en Colombiacheck verificamos cinco afirmaciones de los candidatos vicepresidenciales y encontramos que tres de ellas son verdaderas, una verdadera pero y otra cuestionable. Son las siguientes:

Luis Gilberto Murillo

Francia Márquez

Rodrigo Lara Sánchez

Carlos Cuartas

 

Luis Gilberto Murillo

“La relación entre pobreza, exclusión y violencia y comunidades afrodescendientes o comunidades indígenas es totalmente clara desde el punto de vista estadístico”

VERDADERA

Para verificar esta frase del candidato vicepresidencial de la Coalición Centro Esperanza, asegurada por él en el debate organizado por Revista Semana y El Tiempo, revisamos numerosos documentos enfocados en perspectiva étnica. A continuación presentamos nuestro análisis en dos secciones: Violencia y Pobreza - Exclusión social. Consultamos a la campaña de Sergio Fajardo y Luis Gilberto Murillo sobre el origen de los datos usados para la afirmación, pero no obtuvimos respuesta.

Violencia

En octubre de 2006, tras efectuar una visita in loco en 2005, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reconoció en un informe la afectación especial de las mujeres en el marco del conflicto armado colombiano. En ese contexto, se refirió a la exclusión padecida por los pueblos indígenas y afrodescendientes del país.

Como explica este documento del Centro por la Justicia y el derecho Internacional (Cejil), una visita in loco es un mecanismo de protección de la CIDH. Implica el traslado de comisionados a un país en específico para monitorear la situación de derechos humanos y recabar información de primera mano.

Según el organismo, fuentes oficiales e independientes reconocieron que “la población afrocolombiana padece una historia de discriminación, exclusión, invisibilización y desventaja social, tanto económica como geográfica”. En cuanto a los pueblos indígenas, la relatoría enfatizó en los problemas de orden público que impiden a esta parte de la población permanecer en los territorios que consideran ancestrales.

El 26 de enero de 2009, la Corte Constitucional emitió el auto 004, donde se reconoce la afectación diferencial de los pueblos indígenas en el marco del conflicto armado, asegurando que algunas comunidades se encontraban en peligro de ser exterminadas, cultural o físicamente, por el impacto del conflicto. En la misma fecha, la Corte expidió el auto 005, donde se reconoce la necesidad de aplicar un enfoque diferencial para los desplazados afrodescendientes, en tanto se trata de sujetos de especial protección y de condiciones precarias que obligan al abandono del territorio.

Ambos antecedentes demuestran que la violencia generada por la lucha de grupos armados y fuerzas del Estado ha victimizado especialmente a la población de comunidades étnicas. Marco Romero, director de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes), resume así la explicación de este fenómeno:

“Volvamos a la ecuación que nos han planteado las organizaciones de los pueblos étnicos: ‘somos los más desprotegidos y las más desprotegidas en el contexto del conflicto armado colombiano porque somos los más estructuralmente desprotegidos y de algún modo sometidos a procesos de dominio y de discriminación estructural en la larga historia’”.

Datos recabados por la Comisión de la Verdad revelan que, según la Red Nacional de Información (RNI) de la Unidad de Víctimas, 1’144.486 afrodescendientes han sido víctimas del conflicto armado colombiano. Esto corresponde al 38% de esta población, mientras la proporción de víctimas en la población sin etnicidad es del 15%. Según la Unidad, 32 de cada 100 víctimas de violencia en territorios como el Valle del Cauca, fueron afrodescendientes.

De acuerdo con la Comisión de la Verdad, que cita a la Unidad de Víctimas en su informe, “hay tres periodos en los que un hecho victimizante como el desplazamiento forzado se incrementó afectando a estos grupos étnicos: 2000-2002; 2007-2008 y 2013-2014. Según la misma entidad, con fecha de corte al 30 de septiembre del 2020, mientras el 15% de las personas que no reportaron etnicidad fueron desplazadas de su territorio, el 98% de los palenqueros y el 37,5% de los negros/afrocolombianos del país han sido desplazados por la violencia”.

Entre 1985 y 2020, se registraron 1.115.397 afrodescendientes víctimas de desplazamiento y, en el mismo período, se registraron 49.596 afrodescendientes víctimas de homicidio.

Los pueblos indígenas, por otra parte, cuentan 2.300 víctimas de asesinatos selectivos entre 1958 y 2019, según el Centro de Memoria Histórica. Un acumulado que incluye a 736 líderes y autoridades de estas comunidades.

Los departamentos con más víctimas indígenas son, en su orden, Cauca, Nariño, La Guajira, Chocó, Cesar, Antioquia, Córdoba y Putumayo. El pueblo Páez-Nasa encabeza el recuento de víctimas, seguido del Embera Katío, el Awá y el Kankuamo. Además, de manera sistemática las mujeres indígenas han sido blanco de violencia sexual, desapariciones forzadas y reclutamiento de menores.

Además de la violencia generada por el conflicto armado, existen datos de cómo la violencia urbana también impacta de manera diferenciada a la población étnica, como publicaron en 2015 los investigadores de la Universidad Icesi para el caso de Cali.

Stefan Peters, director del Instituto Colombo Alemán Para la Paz (Capaz), traza una línea directa entre el racismo y la violencia: “El racismo tiene que ver con violencia física, pero también con otros tipos de violencia como la psicológica, epistémica y estructural”. Según explica, es un fenómeno que persiste a nivel internacional: “Es un tema incómodo del que no se quiere hablar. El racismo estructural en pleno siglo XXI. Deberíamos haber superado esas formas de discriminación y opresión, pero sabemos que lamentablemente eso no es así, ni en Alemania ni en Colombia”.

La protección de los territorios se ha mantenido como un factor de violencia contra la población con autorreconocimiento étnico. Así lo demuestra un informe expedido por la Procuraduría General de la Nación en 2018, donde se consolidaron datos del Ministerio de Defensa, la Unidad Nacional de Víctimas y la Defensoría del Pueblo, entre otras instituciones, para concluir que se registraron en Colombia 45 homicidios de defensores de derechos territoriales entre 2011 y 2017. Entre las víctimas, 10 pertenecían a la población afrodescendiente y dos a comunidades indígenas.

Aún así, como lo registró Verdad Abierta, la guardia indígena y la guardia cimarrona fueron excluidas de la formulación del programa de protección a comunidades y organizaciones en los territorios, derivado del Acuerdo de Paz con las FARC.

Finalmente, Marco Romero hace un balance negativo frente a la situación actual de orden público en territorios con predominio de población étnica: “Han ocurrido 643 casos de desplazamiento forzado masivo desde la firma del Acuerdo de Paz. Todo este desplazamiento está ocurriendo en territorios étnicos. En el corredor Pacífico, aunque la crisis se extiende a las zonas de Ituango, Caquetá, Putumayo, Catatumbo y Arauca”.

Pobreza-Exclusión Social

En cuanto a la relación entre etnicidad y pobreza enunciada por el candidato a la Vicepresidencia, la caracterización realizada por el DANE presenta una mínima participación de los grupos étnicos en las clases media y alta de la sociedad colombiana. El 67% se encuentra en los segmentos “vulnerable” y “pobre”, siendo la pobreza de la población indígena más del doble de la pobreza a nivel nacional, así como la pobreza de la población afrodescendiente es superior al nivel nacional por 10 puntos porcentuales.

Por otra parte, la exclusión social es un concepto que aún se encuentra en construcción, como aseguraron los académicos Edinson Ortiz Benavides y José Javier Núñez Velázquez en su trabajo “Etnicidad y exclusión social en Colombia en el período 2012-2017”, publicado en 2021. En él, resumen la definición consensuada a día de hoy sobre este concepto, utilizando citas de otros autores: “La exclusión social se puede definir como un conjunto de mecanismos estructurales [e institucionales] que impiden [de forma sistemática] a ciertos grupos sociales participar plenamente en las esferas económica, social, política y cultural de la sociedad”.

Las consecuencias de este fenómeno, según los académicos, comprenden falta de acceso a los servicios de salud y empleo, menor ingreso, marginación residencial, inadecuada inserción en el mercado laboral, tendencias hacia la segregación ocupacional, limitaciones para recibir una educación de buena calidad, falta de una representación política efectiva en el Estado y una posición social más baja.

Un ejemplo estadístico de la relación entre exclusión social y comunidades étnicas está en los niveles educativos de la población de autorreconocimiento negro, afrocolombiano, raizal y palenquero (NARP), publicados por el DANE. Allí se evidencia que el nivel educativo de esta población es menor a la media nacional en los segmentos de educación “superior” y “posgrado”, mientras que es mayor en el segmento “ninguno”.

Así mismo, las estadísticas revelan que el desempleo en los grupos étnicos es mayor a la media nacional de desempleo. Además, dentro de esta población se acentúan las brechas de género en el mercado laboral.

Esta desigualdad originada en el factor de las poblaciones no es un fenómeno desconocido a nivel internacional ni exclusivo de Colombia, según asegura el profesor de la Universidad del Valle Carlos Augusto Viáfara López, quien explica que en toda Latinoamérica se repite el patrón de una mayor pobreza asociada a los grupos étnicos.

Una publicación realizada en 2019 por la Asociación Nacional de Industriales (ANDI) recaba algunos datos reveladores en cuanto a los indicadores de exclusión de comunidades étnicas en años recientes.

  • Sólo el 26% de los afrocolombianos recibe un salario superior al salario mínimo. El 60% de ellos son pobres, mientras el 63% de la población indígena está por debajo de la línea de la pobreza.
  • Los hombres afrodescendientes viven, en promedio, seis años menos que el promedio nacional, mientras que una mujer negra promedio puede esperar vivir casi 11 años menos que el promedio nacional.
  • El 70% de los niños y niñas indígenas sufren desnutrición crónica.
  • De 195 instituciones educativas en los 10 municipios con más del 80% de población afrodescendiente, el 84,1% fue catalogado en las categorías de “baja”, “inferior” y “muy inferior”.
  • El porcentaje de niños indígenas de 6 a 11 años que va al colegio es de 74%, mientras que para los niños no indígenas este porcentaje asciende a 92%.
  • En el campo empresarial, el nivel directivo está claramente desbalanceado en términos étnicos. La población blanca ocupa el 62% de los puestos, seguida de la población mestiza con 30%, la población afrocolombiana con 6% y la población indígena con 1%.

Este último dato conecta con el que utilizaron los académicos Ortiz y Núñez en su investigación, exponiendo que “aunque en la actualidad está científicamente comprobado que no se puede aplicar el concepto ni la concepción de raza para clasificar a la especie humana, también es cierto que el color de las personas tiene utilidad instrumental para discernir cómo se distribuyen las oportunidades en las sociedades”.

El Proyecto sobre Etnicidad y Raza en América Latina (Perla) a cargo del Profesor Edward Telles, de la Universidad de Princeton, publicado en 2010 con resultados de una encuesta aplicada en Brasil, Colombia, México y Perú, concluyó que “las sociedades latinoamericanas son ‘pigmentocracias’ en las que el color de la piel (junto con la clase social, el género y otros factores) afecta las oportunidades que se tienen en la vida”.

Una medición independiente de Ortiz y Núñez con datos publicados por el DANE entre 2012 y 2017, incluyó el color de la piel junto al autorreconocimiento étnico y la cualidad de inmigrante para generar una propuesta de escala de etnicidad. La conclusión fue que, sin demeritar factores como el género, la edad o la religión, la etnicidad es una evidente y significativa condición para la exclusión social en el país.

“Cuando la etnicidad se incrementa 1 punto porcentual, la exclusión social aumenta 7 puntos porcentuales. El hecho de tener un tono de piel más oscuro, autoadscribirse a un grupo étnico o pertenecer a la categoría de inmigrante aumenta el grado de exclusión social en Colombia”, aseguran los investigadores.

Así pues, los datos de diversas organizaciones presentan una afectación especial a los grupos étnicos en términos de violencia. Las cifras del DANE denotan una mayor pobreza para esta parte de la población y, finalmente, investigaciones independientes y análisis estadísticos de expertos en la materia dan cuenta del fenómeno generalizado de la exclusión a las comunidades étnicas de Colombia. Por estas razones, calificamos como verdadera la afirmación de Luis Gilberto Murillo.


Francia Márquez Mina

“Las estadísticas del DANE muestran que la población más empobrecida, con las necesidades básicas más insatisfechas, es la población étnicamente reconocida en este país”

VERDADERA

En el debate organizado por Revista Semana y El Tiempo, la candidata a la vicepresidencia realizó esta afirmación. Le consultamos por la fuente de la que obtuvo estos datos, pero no obtuvimos respuesta.

El profesor Carlos Augusto Viáfara López, de la Facultad de Estudios socioeconómicos de la Universidad del Valle, asegura que sí existe un vínculo entre pobreza y discriminación, no sólo en Colombia. “Uno de los hechos estilizados más relevantes en torno a la pobreza en América Latina ha sido el descubrimiento de que los grupos étnico-raciales presentan una mayor incidencia en la pobreza”.

Esta afirmación tiene sustento en los datos del DANE, que presentan una mínima participación de los grupos étnicos (afrodescendientes e indígenas) en las clases media y alta de la sociedad colombiana. El 67% se encuentra en los segmentos “vulnerable” y “pobre”.

Además, según un informe del DANE publicado en octubre de 2021, el ingreso laboral promedio de la población con autorreconocimiento étnico es menor al de la población sin este. La indígena es la que menores ingresos percibe y la que mayor brecha de género presenta.

Por otra parte, una presentación del DANE emitida en 2019 evidencia que la cobertura de servicios básicos como alcantarillado, recolección de basura, gas natural, electricidad y acueducto son notablemente inferiores para esta población, en comparación con la media nacional.

Finalmente, según datos del Censo Nacional de Población y Vivienda, todas las poblaciones con autorreconocimiento étnico tienen un mayor porcentaje de personas con necesidades básicas insatisfechas en comparación con la población sin autorreconocimiento étnico. Los segmentos más afectados son el índígena y el afrodescendiente.

Por esta razón calificamos como verdadera la afirmación de la candidata vicepresidencial Francia Márquez, dado que las estadísticas confirman que la población étnicamente autorreconocida es la que cuenta con mayor incidencia de necesidades básicas insatisfechas. Además, en términos de clases sociales e ingreso laboral, es cierto que estas comunidades perciben menores ingresos e integran mayoritariamente los grupos pobres y vulnerables de la sociedad colombiana.

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Francia Márquez Mina

“El promedio de vida, de esperanza de vida, de las mujeres afro en Colombia es 5 años menos que el resto de la sociedad colombiana. Eso evidencia el racismo estructural”

VERDADERA PERO...


Durante el intercambio de opiniones acerca del racismo en Colombia, que se llevó a cabo en el debate de las fórmulas vicepresidenciales, organizado por la revista Semana y el diario El Tiempo, el miércoles 30 de marzo, Francia Márquez Mina aseguró que “El promedio de vida, de esperanza de vida, de las mujeres afro en Colombia es 5 años menos que el resto de la sociedad colombiana. Eso evidencia el racismo estructural”.

En este tuit quedó el clip de video en el que Márquez hace su aseveración:

Así que en Colombiacheck decidimos revisar las cifras sobre mortalidad entre esta población para verificar si las afirmaciones de Márquez tienen sustento en los estudios demográficos del país.

Como primer paso, consultamos con la oficina de prensa de Márquez para saber cuáles fueron las fuentes que ella usó para hacer su afirmación, sin embargo, no recibimos respuesta.

Luego, revisamos los resultados detallados del Censo Nacional de Población y Vivienda de 2018 realizado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), desagregados para la población negra, afrocolombiana, raizal o palenquera (NARP).

En este documento, publicado en noviembre de 2019, encontramos que, de acuerdo con los resultados, el total de la población NARP en Colombia es de 4’671.160 millones de personas, que constituyen el 9,34% de la población colombiana, es decir, 93 por cada 1000, de los cuales el 48.8% son hombres y el 51.2% son mujeres.

Gráfico tomado del DANE.

Ahora, en este otro boletín, también del DANE, y en lo que tiene que ver con el autorreconocimiento de la población NARP por departamentos, la entidad encontró que en Chocó el 73,8% de sus habitantes se autorreconoció como negro, afrocolombiano, raizal o palenquero, seguido del departamento de San Andrés y Providencia, en donde el porcentaje se ubicó en 55,6%.

Ahora, analizaremos las estimaciones de Cambio Demográfico, realizadas por el DANE a partir del Censo de 2018, en los territorios con mayor cantidad de población Narp (Chocó y San Andrés, Cauca, Nariño y Bolívar).

Y para verificar la afirmación de Márquez, se debe explicar que la esperanza de vida, según un documento del Ministerio de Salud, “indica la cantidad de años que vivirá un recién nacido si los patrones de mortalidad se mantienen constantes a lo largo de su vida; además, permite evaluar las condiciones con que los individuos se desarrollan en la sociedad”.

La investigadora del Centro de Estudios Afrodiaspóricos, CEAF, de la Universidad Icesi de Cali, Erika Paredes, explicó que “la esperanza de vida de las mujeres en territorios predominantemente afrodescendientes (caso Chocó), es menor que la esperanza de vida de una mujer promedio en Colombia. Según las estimaciones del cambio demográfico calculadas por el DANE con base en los resultados del censo de 2018, la esperanza de vida de las mujeres de territorios predominantemente afrodescendientes (caso Chocó) es de 74,75 años, mientras que la de una mujer promedio en Colombia es de 79,75 años, presentando una brecha diferencial de 5 años”.

La investigadora precisa además que “la esperanza de vida de las mujeres afrodescendientes disminuye aún más si habitan en áreas rurales, se estima que su esperanza de vida es de 71,5 años (caso Chocó rural), lo que implica una brecha diferencial de 8 años frente a la de una mujer colombiana promedio que es de 79,75 años”.

Así se puede ver en las tablas reveladas por el DANE en las ya mencionadas estimaciones de cambio demográfico: Principales indicadores - estimaciones por sexo nacional 2018-2070 y departamental 2018-2050 con base en el CNPV 2018.

Tablas tomadas de: DANE.

Pero más allá de los datos del departamento del Chocó, en donde es claro que el dato que ofreció Márquez es verdadero, revisamos también las cifras de esperanza de vida en el departamento de San Andrés y Providencia.

Allí, en donde el 55,6% de la población se identifica como raizal, la esperanza de vida de las mujeres es menor que el total nacional, pero por poco menos de un año, con 79,02 años frente a los 79,75 años del promedio nacional.

En este punto vale la pena destacar los resultados del estudio: Análisis de la situación de salud con el modelo de determinantes sociales de salud 2020, publicado por la Gobernación de San Andrés y Providencia, precisa respecto a la esperanza de vida de los habitantes de ese territorio:

“En Colombia se espera que para el quinquenio 2015-2020 sea de 76.39. En el Departamento de Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina es bajo respecto al país, aunque se observa un incremento sostenido pasando de 71,33 años en el quinquenio 2005-2010 a 74,39 años en el quinquenio 2015-2020, siendo 2,0 años por debajo de la esperanza de vida nacional. Por sexo se observa que la esperanza de vida tiende a ser más alta en las mujeres que en los hombres”.

Y en el departamento del Cauca, en donde el 19,7% de la población se identifica como afrocolombiana, de nuevo la esperanza de vida de las mujeres está ligeramente por debajo del promedio nacional, con 79,32 años, sin embargo, si se toman los datos de zonas rurales y dispersas, esta esperanza de vida cae a 78,76 años.

Ahora, en el departamento de Bolívar, en donde el porcentaje de población identificada como afrocolombiana es del 16,7%, la esperanza de vida de las mujeres decrece, respecto al porcentaje nacional en poco más de un año con 78,58 años.

También revisamos las estimaciones del departamento de Nariño, cuyo porcentaje de población Narp es del 17,5% y allí la situación difiere en positivo para la población total y en particular para las mujeres viven cuya esperanza de vida para el año del Censo, es decir, 2018 era de 80,2 años, por encima de la media nacional que es de 79,75 años.

Sin embargo y pese a la existencia de los datos estadísticos producto del Censo Nacional de Población y Vivienda de 2018, de acuerdo con el docente de la Universidad del Valle, sociólogo y magíster en Ciencia Política Fernando Urrea, “los datos del censo para la población afrocolombiana no son precisos, pues la caída del autorreconocimiento étnico, por la omisión censal no permiten dar un detalle claro de esas diferencias en la esperanza de vida con el componente étnico por sexos, por lo que existe un subregistro, pero sin duda lo que afirma Francia Márquez está muy cerca de lo que pasa en el país”.

Urrea, quien se especializa en investigaciones Étnico-raciales y del trabajo en sus diferentes componentes sociales y fue autor del estudio: Patrones de mortalidad comparativos entre la población afrodescendiente y la blanca-mestiza para Cali y el Valle, asegura que además que “hay un patrón de subregistro muy grande en el sistema de salud, pues mayoritariamente no se registra la etnia en los certificados de defunción y eso afecta, sin duda, la construcción de estadísticas confiables para la población afrocolombiana. Pero es claro que un año o dos de brecha en esperanza de vida es una cantidad enorme en términos demográficos”.

De tal manera, que si bien el términos generales, el dato dado por Francia Márquez coincide con la situación de las mujeres afrocolombianas en un departamento de mayoría de población Narp, en los departamentos analizados que también tienen altos porcentajes de esta población las cifras indican menores brechas, aunque siempre por debajo de la media nacional, con excepción de Nariño.

Del racismo estructural

La última parte de la frase de Francia Márquez, objeto de este chequeo, es en la que ella enfatiza que esa menor esperanza de vida evidencia el “racismo estructural”.

En este punto es clave entender de qué se trata el racismo estructural y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Cepal, en el informe, Afrodescendientes y la matriz de la desigualdad social en América Latina Retos para la inclusión, publicado en el 2020 lo define así:

“El racismo estructural puede entenderse como un sistema o un conjunto de prácticas basadas en prejuicios y estereotipos por características como raza, etnia, color o cultura, entre otras, que son legitimadas y terminan afectando a grupos sociales determinados, en este caso particular a la población negra y afrodescendiente del país. Es estructural, porque estas prácticas permean toda la sociedad y tornan el racismo en un instrumento de dominación que justifica la desigualdad y la exclusión de determinados grupos y los privilegios de otros”.

De tal manera que para la investigadora Paredes, “el racismo, es un factor importante en la persistencia de desigualdades socioeconómicas, así como en el acceso a oportunidades, recursos y en la garantía de derechos, además tiene manifestaciones en la vida cotidiana y en las instituciones que estructuran la sociedad. Se refleja en la distribución desigual de acceso a una vida digna”.

Entre tanto, para la politóloga, socióloga y doctora en Ciencias Sociales con énfasis en antropología Social, la sanandresana, Sally Ann García Taylor, el racismo estructural es persistente en un territorio como San Andrés y Providencia, “aquí se evidencia tan solo con analizar la estructura de la cadena del turismo. La mayoría de los trabajos a los que pueden acceder los raizales son los más bajos: meseros, aseadoras, o de pronto por la habilidades con el manejo del inglés pueden llegar a tener puestos en el nivel de comunicaciones, pero en general no hay reales posibilidades de ascenso para los raizales dentro de estas organizaciones”.

Erika Paredes, por su parte, señala que hay otras variables de orden demográfico que permiten ver claramente la existencia de racismo estructural en Colombia y cita por ejemplo:

“El índice de pobreza multidimensional) según censo 2018 en mujeres afro y sin ninguna etnia. En Colombia la proporción de mujeres negras, afrodescendientes, raizales y palenqueras que afrontan pobreza multidimensional es dos veces mayor a las mujeres que no pertenecen a ninguna minoría étnica. De acuerdo con datos censales 2018, el 39% de las mujeres afrodescendientes son pobres, frente al 21% de las mujeres que no pertenecen a ningún grupo étnico”.

Cita además la “Pobreza en jefaturas femeninas de hogar afro, pues los hogares con jefatura de hogar femenina en la región Pacífica enfrentan mayores índices de pobreza multidimensional que en las otras regiones del país. En la región Pacífica el 35% de los hogares con jefas de hogar mujeres son pobres, mientras que en Bogotá el porcentaje de hogares pobres con jefatura femenina es del 7,5%”

Por último, de acuerdo con el análisis realizado por la investigadora de la Icesi, “no sólo los indicadores en nuestro país o en la región evidencian las desigualdades y retos de inclusión que enfrentan la poblaciones afrodescendientes, también, partir de la creciente investigación científica desarrollada en las últimas décadas, que examina las múltiples formas en que el racismo puede afectar negativamente a la salud, se ha concluido que el racismo se considera una causa fundamental de los resultados adversos para la salud de las minorías raciales/étnicas y de las desigualdades raciales/étnicas en la salud”.

Así es que tras estos análisis de las estadísticas demográficas disponibles en nuestro país y el análisis de la experta, concluimos que lo afirmado por Francia Márquez sobre la menor esperanza de vida de las mujeres afro y el racismo estructural es verdadero pero.

Rodrigo Lara Sánchez

“Las poblaciones afro tienen mayores niveles de pobreza comparativamente con la media del país”.

VERDADERA

La fórmula vicepresidencial de Federico Gutiérrez realizó esta afirmación en el debate organizado por Revista Semana y El Tiempo. Consultamos a su equipo de campaña sobre los datos que soportan esta afirmación, pero no obtuvimos respuesta. Por esta razón no sabemos si hacía referencia a la pobreza monetaria, cuya medición compara los ingresos de los hogares con el costo de la canasta básica de bienes y servicios esenciales, o bien a la pobreza multidimensional, que en Colombia evalúa las condiciones del hogar en términos educativos, sanitarios, de empleo, de acceso a servicios públicos y de bienestar de la infancia.

Ya hace 10 años, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) aseguró que “los afrodescendientes representan el 12,3% del total de la población internamente desplazada en Colombia” y que “el 98,3% de los afrocolombianos en situación de desplazamiento viven bajo la línea de pobreza”.

Para dimensionar estos datos, acudimos a la estimación de población negra, afrocolombiana, raizal y palenquera elaborada por el DANE, basándose en la Encuesta de Calidad de Vida realizada con datos de 2018.

Esta estimación es la cifra más cercana que a día de hoy existe sobre esta población, dado que los datos iniciales del Censo Nacional de Población y Vivienda (CNPV), de donde se toman los datos de la estimación, registraron menos de tres millones de afrocolombianos. A raíz de ese error, Colombia fue catalogado como el país con el mayor retroceso censal de población afrodescendiente en América Latina según la Cepal. Alí Bantú Ashanti, director de Justicia Racial, calificó este decrecimiento como “genocidio estadístico del pueblo negro”.

Aún con esta subrepresentación estadística, entre los países que cuentan con información disponible, Colombia es el que presenta mayores índices de pobreza y pobreza extrema relacionados con condiciones étnico-raciales. Un flagelo especialmente grave para la población afrodescendiente que habita en zonas rurales, puesto que en ese segmento la pobreza extrema es superior a la pobreza no extrema, un fenómeno que “no ocurre entre los no afrodescendientes y tampoco es la tendencia en los otros países”, según el informe.

Una comparativa entre las necesidades básicas insatisfechas (NBI) en las zonas habitadas en más del 50% por población NARP, versus la Media Nacional, evidencia que en los lugares en los que predomina la presencia de población afrodescendiente son mayores las carencias en materia de servicios básicos, vivienda, dependencia económica, miseria, entre otras.

El profesor Carlos Augusto Viáfara López explica así este fenómeno:

“El racismo y a la discriminación racial en varios ámbitos tienen un efecto central en la explicación de por qué la población afrodescendiente se ve sobrerrepresentada entre los más pobres de la sociedad. En efecto, la discriminación racial incita menores inversiones en las regiones de mayor concentración de la población afrodescendiente, que genera menores opciones de desarrollo para sus habitantes”.

En efecto, en los 20 principales municipios con mayor concentración de población autorreconocida como afrodescendiente, el índice de pobreza multidimensional es superior al 70%. Sólo cuatro de estos municipios están por debajo de las cifras nacionales de pobreza multidimensional que para 2019 y 2020 se ubicaron en 17,5% y 18,1% respectivamente.

Así pues, es cierto que los municipios con mayor autorreconocimiento afrodescendiente tienen altos índices de pobreza multidimensional, así como grandes brechas de necesidades básicas insatisfechas frente a la media nacional y una incidencia mucho mayor de la pobreza y la pobreza extrema que la que percibe la población sin autoreconocimiento étnico. Por estas razones, calificamos la afirmación de Rodrigo Lara Restrepo como verdadera.

Carlos Cuartas Quiceno

"En Colombia hay 87 pueblos indígenas, 64 lenguas amerindias, 710 resguardos en 27 departamentos, el 3,4% de la población es indígena, y tiene 28 millones de hectáreas para que produzcan".

CUESTIONABLE

En el debate de El Tiempo y Semana del 30 de marzo de 2022, el candidato a la Vicepresidencia por el partido Movimiento de Salvación Nacional, Carlos Cuartas Quiceno, dijo: “En Colombia hay 87 pueblos indígenas, hay 64 lenguas amerindias, 710 resguardos en 27 departamentos, el 3,4% de la población es indígena y tiene 28 millones de hectáreas para que produzca y ahora está esperando que el Estado les dé más dinero para hacer algo con ellas”.

En Colombiacheck verificamos esta afirmación y encontramos que la mayoría de los datos de los que habla Cuartas no son actuales y, por lo tanto, no reflejan la situación de las poblaciones indígenas en el presente, por lo que calificamos su afirmación como cuestionable.

Consultamos con la campaña del candidato la fuente de su afirmación y respondieron que eran datos del DANE y Acnur, sin especificar los informes o las publicaciones de origen.

En Colombia hay 87 pueblos indígenas…

La cifra de pueblos indígenas de la que habla Cuartas es de hace más de 15 años. En 2007,el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) publicó el documento ‘Colombia, una nación multicultural’ que muestra los hallazgos demográficos del Censo General del 2005 sobre los grupos étnicos en el país, principalmente de las comunidades indígenas, la población afrodescendiente y el pueblo rom.

Allí se explica que, en ese entonces, en Colombia eran reconocidos 87 pueblos indígenas, además de “otros pueblos indígenas de Ecuador, Bolivia, Brasil, Guatemala, México, Perú y Venezuela”. El informe también indica que algunas personas se reconocieron, en el momento del censo, como pertenecientes a etnias extintas como tayronas, quimbayas, calimas, chitareros y panches

Sin embargo, un informe del 16 de septiembre de 2019 con los resultados del Censo General de Población y Vivienda del 2018 (CNPV 2018) sobre la población indígena de Colombia, dice que la medición permitió identificar personas que afirman pertenecer a 115 pueblos indígenas nativos. Este documento también explica que, en 2005, se habían identificado 93 pueblos indígenas nativos. “Los 22 pueblos adicionales de 2018 corresponden a nuevos reconocimientos étnicos o pueblos indígenas de zonas fronterizas”, se puede leer en los resultados.

Consultamos con el DANE por qué en los informes se registran dos cifras distintas sobre el mismo censo del año 2005 (87 y 93). La institución nos explicó que la medición de 93 pueblos indígenas se debe a la suma de los 87 pueblos identificados en el 2005 más los cinco pueblos considerados extintos y, también, los otalaveños, un pueblo indígena ecuatoriano al que le fue asignado un código de identificación por su presencia en el país.

La Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) también cuestionó, en un artículo de noviembre de 2021, que a pesar de que las fuentes documentales del Estado reconocían 87 pueblos indígenas en 2005, su trabajo recopilatorio los llevó a establecer que eran 102 para ese momento.

Entonces, en ambos datos, los del DANE y los de la propia ONIC, existen más pueblos indígenas de los que dice Cuartas, pues su cifra está desactualizada.

64 lenguas amerindias…

El informe de 2007 del DANE reza que, en el país, se hablan 64 lenguas amerindias, además de la lengua raizal, la lengua criolla de San Basilio de Palenque y el romaní de los pueblos gitanos.

Esta cifra es bastante cercana a la de la ONIC. En un comunicado del 2015, la organización aseguró que 65 de las 69 lenguas nativas que existen en Colombia son indígenas.

“En Colombia se hablan 70 lenguas: el castellano y 69 lenguas maternas. Entre ellas 65 son lenguas indígenas, 2 lenguas criollas (palenquero de San Basilio y la de las islas de San Andrés y Providencia - creole), la Romaní o Romaníes del pueblo Room – Gitano y la lengua de señas colombiana”, se puede leer en el texto.

Este número coincide con el que ofrece el ‘Plan decenal de lenguas nativas en Colombia’ que publicó el Ministerio de Cultura en febrero de 2022, en el cuál se afirma que 819.291 personas que se identifican como indígenas hablan alguna de las 65 lenguas indígenas que, a su vez, están agrupadas en 13 familias lingüísticas.

Es la misma cifra que ofrece la base de datos Mapa Sonoro - Lenguas Nativas de Colombia, que publicó en 2017 la Dirección de Población del Ministerio de Cultura y en la cual se pueden encontrar 65 registros de lenguas indígenas en el país. Lo mismo señala la publicación ‘Atlas sociolingüístico de pueblos indígenas en América Latina’, que lanzaron en 2009 el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) y la Agencia Española para la Cooperación Internacional al Desarrollo (Aecid).

Es decir que, en este caso, Cuartas se equivocó por una.

710 resguardos en 27 departamentos…

De nuevo, este dato también es del censo de 2005, 17 años atrás. El informe del 2007 del DANE que mencionamos anteriormente señala que en ese año existían “710 resguardos titulados ubicados en 27 departamentos y 228 municipios del país”.

Pero el DANE, en una presentación que realizó a la ONIC en 2020 sobre los datos que se recopilaron en el CNVP del 2018 aseguraron que se pudieron identificar 838 resguardos en el país.

Asimismo, en la base de datos de enero de 2021 Resguardos Indígenas a Nivel Nacional que presenta la Dirección de Asuntos Indígenas, ROM y Minorías del Ministerio del Interior, es posible identificar 842 resguardos indígenas en 28 departamentos y 268 municipios en el país.

Por su parte, la Agencia Nacional de Tierras (ANT), que contiene la información de los resguardos indígenas legalizados o registrados en el país hasta el 2021, presenta una tabla de datos con 788 registros. Esto es 78 resguardos indígenas más de los que dijo Cuartas.

El 3,4% de la población es indígena

Este es otro dato desactualizado de Cuartas. En efecto, el documento que cita los resultados demográficos del 2005 sobre los grupos étnicos muestra que para ese año la población indígena era de 1’392.623 personas que correspondía, en ese momento, al 3,4% de la población colombiana.

Sin embargo, los datos del CNPV 2018 muestran que la población indígena en Colombia pasó de 3,4% en 2005 a 4,4% en el censo más reciente. La participación de la población indígena en el total nacional aumentó 1 punto porcentual, según el DANE.

Aunque pareciera no ser un cambio significativo, esto quiere decir que las personas que se identifican como indígenas en el país pasaron de 1’392.623 a 1’905.617, un aumento de 512.994 personas o del 36%.


El crecimiento significativo de la población indígena se explica, según el director del DANE Juan Daniel Oviedo, por tres factores, el aumento en la tasa de natalidad de estas poblaciones; una mayor cobertura en los territorios predominantemente indígenas, y mayor inclusión de personas indígenas por parte de sus comunidades.

En este chequeo múltiple que le hicimos a unas afirmaciones del ex candidato presidencial del Centro Democrático, Rafael Nieto, mencionamos un artículo llamado ‘Aumento de la población indígena no es cuestión de ‘malicia’ en el que el experto en derechos étnicos, Camilo Borrero, explica que en el censo de 2018 también influyeron factores metodológicos a considerar como la creación de una mesa de concertación con las comunidades para aprobar preguntas del censo y “el compromiso de llegar a nuevos territorios a partir de actualizaciones cartográficas y acompañamiento de indígenas en calidad de censores y supervisores”.

Los datos más recientes muestran que la población indígena es el 4,4% del país y no el 3,4%, como asegura Cuartas.

Tiene 28 millones de hectáreas para que produzca…

En 2020, publicamos una serie de verificaciones (1, 2, 3, 4) sobre la extensión en hectáreas que representan los resguardos indígenas en el país. En ese año, la ANT respondió a un cuestionario que, para el primer semestre de 2020, “el área total legalizada a comunidades indígenas asciende a 33’252.675 hectáreas en 28 departamentos del país”, esto es aproximadamente 5 millones de hectáreas más de las que dijo Cuartas en el debate.

Un comunicado de agosto de 2021 del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), que recoge datos del DANE y de la ANT, indica que los resguardos indígenas se extienden sobre 33,6 millones de hectáreas en Colombia.

Cuartas dice que este número de hectáreas son para que las poblaciones indígenas produzcan pero, sobre esa afirmación, el antropólogo Carlos Duarte advierte que muchas de estas hectáreas se encuentran en zonas de protección ambiental, parques naturales, zonas de reserva forestal o páramos “y evidentemente no tienen una función productiva”, comenta.

Maricela Londoño, vocera de la ONIC, también aclaró que más del 90% de los territorios de resguardo son para la conservación natural. En uno de los chequeos mencionados, explicamos que, según el Ministerio de Ambiente, los resguardos tienen 26 millones de hectáreas de bosque natural, esto implica que la mayoría de las extensión de resguardo no corresponde a áreas destinadas a la producción agrícola.

Según la distribución del área rural dispersa por territorios étnicos que presenta el boletín étnico del Tercer Censo Nacional Agropecuario, el 93% del territorio indígena corresponde a bosques naturales.

También en esa verificación, explicamos que la Corte Constitucional ha definido que los resguardos son territorios que les son reconocidos a los pueblos para la “preservación de las culturas indígenas y de sus valores espirituales”.

La sentencia T-387/13 de la Corte recuerda que los pueblos indígenas tienen derecho a la propiedad colectiva de los territorios que son resguardo, lo que implica “un medio para garantizar la integridad étnica y la supervivencia de los pueblos indígenas”.

El decreto 1071 de 2015 establece lo siguiente sobre el manejo y la administración de los resguardos indígenas:

“Las áreas que se constituyan con el carácter de resguardo indígena serán manejadas y administradas por los respectivos cabildos o autoridades tradicionales de las comunidades, de acuerdo con sus usos y costumbres, la legislación especial referida a la materia y a las normas que sobre este particular se adopten por aquellas”.

En otro de los chequeos sobre una afirmación que señalaba a los indígenas como terratenientes, la directora del programa en Colombia de Amazon Conservation Team, Carolina Gil, le explicó a Colombiacheck que los resguardos “son inembargables, imprescriptibles e inadjudicables. Es decir, los indígenas no pueden vender el resguardo a diferencia de lo que sí podría hacer un propietario individual. No pueden disponer de ese territorio salvo para sus actividades como comunidad”.

Por lo que es posible afirmar que el derecho de la propiedad colectiva de los resguardos comprende la conservación del medio ambiente y las costumbres étnicas y no se destina, solamente, para fines productivos.

En conclusión, es cuestionable la cifra sobre el número de hectáreas que ocupan los resguardos en el territorio, que no son 28 millones sino más de 33 y la afirmación de que estos son para “que produzcan”; la caracterización de los resguardos indígenas muestra que estos se componen, en su mayor parte, de áreas de reserva naturales que no son empleadas para la producción agrícola.

Por último, calificamos como cuestionable la afirmación del candidato vicepresidencial Carlos Cuartas. La razón es que los datos demográficos que ofrece sobre los pueblos indígenas, las personas en el país que se reconocen como parte de ese grupo étnico y el número de resguardos no son actuales y, por lo tanto, no corresponden con la realidad. El único dato aproximado es sobre las lenguas nativas indígenas que existen en Colombia.

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Falso

Jueves, 30 Junio 2022

Foto de Francia Márquez junto a grafiti en el que se lee “hoy desayuné feto” es un montaje

Por Paola Benjumea Brito

La fotografía de la vicepresidenta electa que circula en redes sociales fue manipulada. La parte del grafiti corresponde a otra foto tomada en Argentina.

Una fotografía en la que aparece la vicepresidente electa Francia Márquez, con una pañoleta verde en la que dice “Aborto Libre” amarrada en el cuello y un grafiti detrás en el que se lee: “Hoy desayuné feto”, circula en Facebook (1, 2)  y Twitter  (1, 2). 


“La casta política Apoya y Quiere que el Aborto sea Gratuito, legal, hasta los 9 meses y no sólo eso sí no que también le tocarán el bolsillo a los colombianos haciéndolos partícipes de la financiación en la muerte del feto a través de los impuestos. Francia Márquez una feminista de cartón que propone solucionar los problemas de la sociedad hablando con la letra ‘e’ y usando un pañuelo verde. El feminismo actual es una farsa y una herramienta efectiva para conseguir opositores. #NoMasPetro #NoMasFranciaMarquez #noalfeminismomarxista” (sic), dice un post de Facebook que comparte la foto. 

Asimismo, los trinos publicados con la imagen están acompañados del mensaje: "Esta activista que promueve el aborto libre, hoy es la vicepresidente de Colombia. En su foto dice hoy desayuné feto".

Hicimos una búsqueda inversa de la imagen en Yandex y Google Lens y encontramos un trino publicado por el exconcejal de Bogotá Marco Fidel Ramírez en el que aparece la foto de la vicepresidenta electa. 

“Y toditos estos del ‘Pacto Diabólico’ de Petro son abortistas consumados. Y también se la pasan pregonando que defienden los derechos humanos. ¡Bellacos y desalmados! #YoNoCallaré”, dice el trino de Ramírez del 6 de febrero de 2022. 

En la fotografía compartida por el concejal, Márquez tiene la misma ropa, un vestido amarillo con figuras en rosa y una pañoleta verde en la dice “aborto libre”. En el fondo de la imagen hay una pared amarilla, unas persianas blancas y una silla negra, pero no se observa el grafiti con el mensaje “hoy desayuné feto” que está en la imagen difundida en redes sociales, lo que apunta a que se trata de un montaje.

También hicimos una búsqueda en Google con la frase “hoy desayuné feto” y encontramos una nota del diario argentino Perfil titulada “Escándalo en redes sociales por jóvenes fotografiadas con la frase ‘hoy desayuné feto’”, publicada en junio de 2018. 

En la nota aparece una foto de una joven junto a una pared blanca en la que se lee la misma frase que en la foto de Francia Márquez. Esa foto y otras parecidas también se encuentran en Twitter (1, 2). 


Al comparar las marcas que aparecen junto al grafiti se puede comprobar que se trata de la misma foto usada en el montaje viral junto a Francia Márquez.

Fotos aborto

Nuestros colegas chequeadores de AFP y Newtral, de España, también verificaron esta desinformación.

¿Cuál es la posición de Francia Márquez sobre el aborto?

La vicepresidenta electa Francia Márquez ha expresado en varias oportunidades que está a favor de la despenalización del aborto en Colombia. El 15 de diciembre de 2021, en un hilo de Twitter manifestó: “Las mujeres somos las que tenemos que decidir sobre nuestros cuerpos. No estoy de acuerdo con el aborto cero”.

El 21 de febrero de 2022, la Corte Constitucional despenalizó el aborto hasta la semana 24 de gestación en Colombia. 

Sobre la decisión de la Corte, Márquez dijo en un debate de El Tiempo y Semana, en marzo de 2022, que estaba de acuerdo. “Hoy quienes abortan son niñas, adolescentes, mujeres indígenas, campesinas, afrodescendientes que no han tenido procesos de formación sobre la sexualidad, sobre la reproducción de la vida”, afirmó. 

Agregó que el gobierno del Pacto Histórico “tendrá que brindar todas las garantías a las mujeres. Queremos maternidades con amor, consentidas, deseadas y seguras”. 

Igualmente, después de ganar la primera vuelta de las elecciones presidenciales el  29 de mayo de 2022, en una entrevista en Noticias Caracol, reiteró su posición frente a la interrupción voluntaria del embarazo.

“Esta situación del aborto se ha elevado en nuestro país, obedece a reconocer las condiciones económicas, sociales en las que han estado la mayoría de las mujeres colombianas, porque si usted mira, la mayoría de las mujeres que hoy abortan, son mujeres empobrecidas, mujeres como yo, que adolescentes nunca obtuvieron una formación sobre la vida sexual y reproductiva; son mujeres que se han criado solas, a veces con la mamá, empobrecidas, en los barrios populares, en las comunidades y estas mujeres no se pueden simplemente penalizar, aquí hay una responsabilidad del Estado colombiano, en términos de la formación”, dijo Márquez.

Con todas estas evidencias, en Colombiacheck calificamos como falsa la fotografía en la que se ve a la vicepresidenta electa junto a un grafiti en el que dice “hoy desayuné feto”. Se trata de un montaje.