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Jueves, 19 Abril 2018

El trino de Vargas Lleras destapa la división conservadora

Por Ana María Saavedra

El candidato presidencial trinó que había sido apoyado por el partido Conservador, tras una votación entre los parlamentarios, pero lo cierto es que la decisión no es de todo el partido, que se encuentra dividido.

A menos de dos meses de la primera vuelta presidencial, Germán Vargas Lleras repuntó en las encuestas y las adhesiones le han dado un impulso a su campaña. La semana pasada, el político anunció en su twitter la firma de un acuerdo programático con el partido de La U y el miércoles, tras una reunión de la bancada parlamentaria azul, los conservadores votaron en mayoría por apoyarlo.

El mismo Vargas dio la noticia con este trino:

 

 

Esta afirmación fue ratificada momentos después por la cuenta oficial del partido @soyconservador y por su presidente.

 

 

Pero ante el triunfalismo de Vargas Lleras, que celebraba la adhesión de los azules, varios líderes conservadores salieron a las redes sociales a aclarar que para que el partido elija candidato debe hacerse en una convención y no en una reunión de la bancada.

Colombiacheck encontró que la información divulgada por el político es Ligera, ya que, aunque la votación de la junta partamentaria fue de 31-21 a favor de Vargas Lleras, los conservadores como partido no han definido a quien respaldar. Y las reacciones ante este anuncio evidenciaron la división entre los godos.

Una de las voces que mostró esa división fue la del exministro del interior, Carlos Holguín Sardi, quien difundió un mensaje de voz en el que aseguró que la decisión fue de los parlamentarios y no del partido, “la única que puede tomar la decisión de apoyar un candidato que no es del partido llámese Vargas o Duque es la convención nacional y esta ni siquiera ha sido convocada”, se escucha.

Holguín Sardi es el director nacional de la campaña de Marta Lucía Ramírez, como vicepresidenta de Duque. En el Valle los azules han sido cercanos a Ramírez y ya habían anunciado su apoyo al Centro Democrático, como lo publicó La Silla Vacía, que contó de un acto de campaña el martes pasado en Cali, en el que participó el ex gobernador Ubeymar Delgado.

Pero la división en el partido no solo toca a los grupos del Valle, mientras los conservadores de la Costa, liderados por los senadores Efraín Cepeda (117.059 votos en las elecciones), David Barguil (139.147 votos) y Nora García (96.926 votos), apoyaron a Vargas Lleras, otras fuerzas anunciaron que continúan apoyando a Duque.

Estos bandos se mostraron especialmente en las redes sociales, toda una tribuna de los seguidores de las diferentes campañas.

Los vargaslleristas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los duquistas o uribistas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estos mensajes de reconocidos dirigentes azules y de parlamentarios evidenciaron la división que hay en este partido y dejan ver que no todos apoyarán a Vargas Lleras.

Para el director del Observatorio de Procesos Electorales, Yann Basset, esta división del conservatismo también se presentó en las elecciones entre Juan Manuel Santos y Jorge Iván Zuluaga.

“Estos apoyos son simbólicos por la debilidad de los partidos en Colombia, aunque le dan un poco de ventaja. El Conservador da la sensación de ser un agrupamiento de personalidades más que de un partido”, dijo el politólogo.

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Viernes, 15 Junio 2018

La reforma de Gustavo Petro versus la de López Pumarejo

Por James Estiven Alzate

El candidato de Colombia Humana defiende su propuesta de elevar impuestos a terratenientes y comprar tierras improductivas comparándola con la reforma que adelantó el expresidente liberal Alfonso López. Expertos analizan.

En diferentes medios, el exalcalde de Bogotá, Gustavo Petro, ha tratado de explicar cuál sería su plan de gobierno respecto al manejo y tenencia de la tierra en Colombia. En una entrevista al diario El Tiempo, el candidato de Colombia Humana aseguró que su iniciativa ya fue propuesta por el liberal y presidente de la República entre 1934 – 1938 y 1942 – 1945 Alfonso López Pumarejo, y que no se pudo llevar a cabo por la fuerte oposición de los grandes terratenientes e industriales de la época.

La polémica se ha centrado en la idea de “Transformar el latifundio improductivo e impulsar la economía campesina”, donde llaman la atención propuestas que buscan que alrededor de tres millones de hectáreas que hoy están destinadas a la ganadería extensiva o no tienen uso alguno, pasen a ser productoras de alimentos; o la búsqueda de la democratización del acceso a la tierra, para lo cual se aplicaría un impuesto predial rural “con tarifas crecientes en función del área de los terrenos, de las condiciones de producción y de la relación entre la aptitud y el uso del suelo”.

López Pumarejo, en lo que se conoció como la Revolución en marcha, contemplaba seis reformas: tributaria, constitucional, educativa, laboral, penal y, la que nos interesa, agraria, reglamentada por la Ley 200 de 1936. En esta última se destacan el concepto de la función social y productiva de la propiedad, y los siguientes puntos: qué se conocerá como terreno baldío, cuándo el Estado podrá aplicar la extinción de dominio sobre esos terrenos y bajo qué condiciones, qué garantías de defensa tendrían quienes se consideren dueños de esa tierra, el uso que tendría la tierra que sería únicamente agrícola respetando el ecosistema y el medios ambiente, y por último, el uso del subsuelo.

Para el economista agrícola y profesor universitario José Ignacio Díez, con respecto a las reformas agrarias que se han intentado en el país, estas “parten de la idea de que el Estado entrega tierras, y es cierto, el Estado entrega tierras, no las expropia, y estas tierras tienen que ser productivas para garantizar la seguridad alimentaria; sin embargo, estas reformas fracasan porque son tierras de muy poca productividad, requieren de mucho trabajo, son muy lejanas, no hay infraestructura: vías, electricidad, sistemas de transporte y los canales de comercialización son muy escasos, sacar esos productos desde allá no es rentable.”

Díez asegura que la propuesta de Gustavo Petro y la reforma agrícola de López Pumarejo, parten de la misma idea: entregar tierras a los campesinos para que estas sean dedicadas a cultivar alimentos, respetando el ecosistema y el medio ambiente.

Por su parte, el politólogo y magíster en estudios políticos José Luis Correa, asegura que la reforma de López Pumarejo buscaba saldar las deudas que en materia agraria había dejado la hegemonía conservadora, y con respecto al plan de gobierno de Gustavo Petro en este asunto, tiene dos lecturas. Por un lado, el hecho de que el candidato defienda el proceso de paz y el primer punto de los acuerdos de la Habana se refiere a eso, a apostarle a solucionar los problemas que siempre ha tenido el campo colombiano.

Por otro lado, la propuesta de Petro busca un modelo de redistribución de tierras; sin embargo, dice Correa, ”en el modelo ruralista hay una preocupación que no debería tenerse. Petro se preocupa por la cantidad de tierra, de cuánta tierra hay improductiva, cuanta tierra se podría distribuir… pero no se ha ocupado de responder la pregunta por la potenciación de la capacidad productiva de esa tierra, mediante la implementación de infraestructura, tecnología e innovación”.

Precisamente, la ley de Pumarejo, según Julio César Morales en su texto Incidencia de la reforma agraria de 1936 en la creación de autodefensas campesinas en Colombia, solo se quedó en el corto plazo y en el papel, gracias a la incapacidad del Estado para comprobar los títulos de propiedad sobre las tierras, la falta de financiación y tecnificación para los pequeños campesinos y la no contemplación de una cadena de valor de los alimentos producidos.

César Giraldo, en su texto Primera administración López Pumarejo: La revolución en marcha, dice: “El objetivo principal de la ley 200 del 36 era acabar con el latifundio y permitir que la tierra se vinculara al proceso productivo, minando de esta forma el poder político y económico de los terratenientes.” Y agrega: “[…] es preciso señalar, de un lado, que los propietarios reaccionaron de forma adversa a la ley, no sólo en sus debates, sino mediante la presión sobre los campesinos para que abandonaran las parcelas para evitar las reclamaciones (quema de ranchos, destrucción de mejoras), lo que generó nuevas manifestaciones de violencia.”

Petro casi que se enfrentaría a las mismas dificultades de Alfonso López: los grandes latifundistas y terratenientes estarían en su contra, al igual que el Congreso de la República donde ni él ni sus aliados lograránn mayorías con facilidad.

El profesor Díez agrega que la propuesta de Gustavo Petro es impopular pero real, ya que en Colombia, según él, el agro paga muy pocos impuestos frente a otros países de América Latina y el mundo, y en todos los países ricos y desarrollados quien no ponga a producir la tierra lo llenan de impuestos. Además, reconoce que es una medida que causa temor: “los grandes terratenientes tienen ese miedo, porque acumulan tierras y las dejan ahí baldías, en las clases medias ocurre que tienen tierras pero no tienen capital, entonces no producen, y en los campesinos o pequeños productores, no les cobran impuestos o no pagan impuestos porque a veces la tierra no ha sido legalizada. El problema es que a nadie le gusta que le cobren impuestos y se convierte en una medida muy impopular, ya sea para el que tiene mucho, o el que tiene poco.”

Además, difiere con la idea de que el Estado compre esas tierras improductivas: “no es su obligación; el Estado está es para entregar tierras, pero tierras baldías, tierras de nadie, para que la gente genere riqueza y alimentos. El quitar tierras implicaría una fuga de capitales”, afirma José Ignacio Díez.

José Luis Correa, desde su punto de vista, no encuentra mayores similitudes entre lo que propone Petro y lo que ya se trató de hacer con la Ley 200, y dice: “Con Pumarejo en materia agraria se habla de un socialismo de Estado, es decir, que no nace en las bases proletarias para tomarse el poder sino que nace desde las clases dirigentes para evitar brotes de violencia. Yo con Gustavo Petro veo lo contrario, un modelo agrario soportado en las bases sociales que quiere imponerse sobre los que están arriba; lo de López Pumarejo era una revolución de arriba hacia abajo, lo de Petro es al contrario.”

En conclusión, la afirmación del actual candidato de la Colombia Humanada es Aproximada, si bien su propuesta tiene matices de lo que fue la Ley 200 de 1936, el país se encuentra en dos contextos diferentes y no hay suficientes datos para verificar qué tan efectiva o perjudicial fue la reforma de Pumarejo y qué tan viable y efectiva será la propuesta de Petro, si este llega a la Casa de Nariño.

 

* James Estiven Alzate: Estudiante de periodismo de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín. Participó en el proyecto “Laboratorio de verificación de datos”, de Colombiacheck, con el apoyo de Facebook, Deutsche Welle Akademie y la Pontificia Universidad Javeriana. Este artículo fue desarrollado con el acompañamiento y edición de Colombiacheck.

Conozca la ruta del chequeo
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    Frase: “El latifundio improductivo impide la industrialización en Colombia. Lo que se proponía en aquel entonces Keynes, y la escuela Cepalina, es que hay que elevarle el impuesto al latifundio. El primero que habló de eso en Colombia fue Alfonso López Pumarejo.”
    Autor de la frase: Gustavo Petro
    Fuentes consultadas y expertos: Constitución Política de Colombia. Programa de Gobierno de Gustavo Petro. Texto Incidencia de la reforma agraria de 1936 en la creación de autodefensas campesinas en Colombia. Texto Primera administración López Pumarejo: La revolución en marcha. José Ignacio Díez, economista agrícola y profesor universitario. José Luis Correa Henao, politólogo y magíster en Estudios Políticos de la Universidad Pontificia Bolivariana.
    Contexto: La frase ha sido utilizada constantemente por el candidato para decir que lo que él propone, ya fue propuesta por gobiernos anteriores.
    Calificación de la afirmación: Aproximada