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Miércoles, 29 Julio 2020

Es impreciso decir que todos los feminicidios de Cali han sido esclarecidos y que hay “cero impunidad”

Por Andrés Felipe Martínez Especial para Colombiacheck

Así lo aseguró el alcalde de la ciudad, Jorge Iván Ospina, al dar un balance de este delito en la ciudad. Al verificar su afirmación encontramos que es cuestionable.

Esta semana, un grupo de mujeres realizó un plantón por la violencia de género frente a las instalaciones del CAM en Cali. Con un performance se manifestaron para exigir que las autoridades tomen medidas para frenar las violencias contra las mujeres.  

Semanas atrás,  el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, habló sobre los resultados de la justicia respecto a los casos de feminicidios ocurridos en la primera mitad del año en la ciudad. “Se va a continuar con la senda del éxito que hoy se tiene en la lucha contra el feminicidio, dado que todos los casos que han ocurrido (este año) han sido esclarecidos y existe cero impunidad”, declaró en su balance del pasado 25 de junio, tras una reunión con el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa.

La misma tesis ha sostenido la Fiscalía. “En atención a la política del señor Fiscal General, logramos el 100% de esclarecimiento en la línea de feminicidios”, declaró Martha Janeth Mancera, vicefiscal general de la Nación (e) en un video difundido por las redes oficiales del ente investigador, el 27 de junio.

En Colombiacheck verificamos la afirmación del Alcalde acerca de que todos los casos han sido esclarecidos y que existe cero impunidad y encontramos que es cuestionable.

Primero, consultamos a la Oficina de Comunicaciones de la Alcaldía para conocer la fuente de la información de la declaración del Alcalde.  Su jefe de prensa nos remitió a la Secretaría de Seguridad y Justicia, a cargo del secretario Carlos Rojas, quien nos compartió un informe sobre violencia contra la mujer en Cali. 

En este documento se muestra un listado con los quince casos de feminicidios que han sido tipificados desde el 1 de enero hasta el 3 de junio de este año; cada caso con información de fecha, barrio, comuna y la causa de muerte. 

La fuente de la información sobre esclarecimiento es el sistema de información de la Fiscalía (SPOA).

Tabla de casos de feminicidios en Cali

También consultamos a la Subsecretaría de Equidad de Género de Cali, liderada por Nancy Faride Arias, quien confirmó que contaba con la misma información de número de casos, y tenía como fuente a la Fiscalía.

Consultamos a la Policía Metropolitana, cuya oficina de comunicaciones informó que el número de casos tipificados era un dato que entregaba la Fiscalía General. Y que de parte de la Policía, se contaba como resultado seis capturas realizadas a la fecha.

Entonces le preguntamos a la Fiscalía, pero una integrante de la Oficina de Comunicaciones de Cali nos informó que con corte al 20 de julio se tenían 15 feminicidios tipificados. A corte de junio, la cifra era de 13 feminicidios y 16 intentos de feminicidio.

Aunque no se da una explicación particular sobre por qué cada caso se considera feminicidio, el ente señala que la tipificación del delito de feminicidio se realiza teniendo en cuenta el Artículo 104A del Código Penal.

La norma señala que se entenderá como feminicida a quien cause la muerte a una mujer por su condición de ser mujer o por motivos de su identidad de género o en donde haya concurrido cualquiera de las siguientes circunstancias: 

a) Tener o haber tenido una relación familiar, íntima o, de convivencia con la víctima, de amistad, de compañerismo o de trabajo y ser perpetrador de un ciclo de violencia física, sexual, psicológica o patrimonial que antecedió el crimen contra ella.

b) Ejercer sobre el cuerpo y la vida de la mujer actos de instrumentalización de género o sexual o acciones de opresión y dominio sobre sus decisiones vitales y su sexualidad.

c) Cometer el delito en aprovechamiento de las relaciones de poder ejercidas sobre la mujer, expresado en la jerarquización personal, económica, sexual, militar, política o sociocultural.

d) Cometer el delito para generar terror o humillación a quien se considere enemigo.

e) Que existan antecedentes o indicios de cualquier tipo de violencia o amenaza en el ámbito doméstico, familiar, laboral o escolar por parte del sujeto activo en contra de la víctima o de violencia de género cometida por el autor contra la víctima, independientemente de que el hecho haya sido denunciado o no.

f) Que la víctima haya sido incomunicada o privada de su libertad de locomoción, cualquiera que sea el tiempo previo a la muerte de aquella.

Sobre los 15 casos tipificados por la Fiscalía en Cali en todos se ha dictado orden de captura contra el presunto autor de cada hecho, lo que hace que cada proceso se catalogue como “esclarecido” por el ente investigador.

Así lo explica Guillermo Londoño, subsecretario de la Política de Seguridad de la Alcaldía de Cali: “Lamentablemente se han presentado 15 feminicidios en Cali. De estos, en ocho casos los autores han sido capturados por Policía Judicial o CTI; en cinco casos está pendiente la ubicación y captura; y en dos casos, los autores se suicidaron en el lugar de los hechos”.

“El esclarecimiento significa que hay emitidas órdenes de capturas sobre los presuntos responsables. Esto quiere decir que tenemos un nivel de efectividad del 100%. Tenemos un equipo destacado de más de doce investigadores del CTI de la Fiscalía y tenemos prioridad sobre estos casos”, agregó el funcionario. 

La oficina de prensa de la Fiscalía de Cali nos informó que cuatro de esos casos están en juicio y uno ya fue condenado.

Sin embargo, al respecto, la jurista Isabel Agatón, promotora de la Ley Rosa Elvira Cely (Ley 1761 de 2015) por la cual se crea el delito de feminicidio en Colombia, asegura que es impreciso usar los términos “esclarecimiento” o “cero impunidad” para estos casos.

“El indicador de esclarecimiento se da cuando se realiza una investigación efectiva que termine en una condena. Cuando se surte la etapa de investigación, imputación, acusación y juicio. La captura es simplemente la privación de la libertad de quien se considera el presunto responsable, pero finalmente tenemos que agotar la etapa de investigación hasta el juicio, o antes, si el perpetrador acepta la responsabilidad”, señala la abogada, quien es Directora del Centro de Investigación en Justicia y Estudios Críticos del Derecho. 

En ello coincide el abogado penalista Richard Valencia, para quien el término de “esclarecimiento” para los casos en los que no se ha emitido una sentencia no es correcto. 

“No se puede dar por esclarecido toda vez que aún si el sujeto estuviera capturado, se presumiría su inocencia. Debe esperarse a tener un juicio donde se permita controvertir las pruebas y con un juez de conocimiento que declare si es culpable o lo absuelve. Se esclarece sea por que el imputado acepta cargos o un Juez de conocimiento lo condena por considerar que el material probatorio fue contundente”, dice el experto en derecho penal. 

Además, para la docente Norma Bermúdez, activista de los derechos humanos de las mujeres e integrante del Centro de Investigaciones y Estudios de Género, Mujer y Sociedad de la Universidad del Valle, el mensaje de “100% de esclarecimiento y cero impunidad” enviado a la ciudadanía y a las familias de las víctimas podría ser cuestionable, si se tiene en cuenta que hay casos en los que el feminicida sigue libre, así se haya identificado. 

“Hay mucha presión por mostrar resultados. Entonces la Fiscalía reporta cero impunidad en casos en los que está esclarecido el móvil, el autor, etc, así en este momento no haya capturas. Y eso a las familias de las víctimas les aporta muy poco en justicia y en consuelo, pues ellos obviamente saben quién fue, pero no está detenido, puede continuar siendo un riesgo para la familia sobreviviente, o incluso tener la humillación de impunidad de que aunque se sabe quién es, no está detenido. Esto también revictimiza”.

La activista advierte que hay asesinatos sospechosos de ser feminicidios que ocurrieron en la primera mitad del año y aún no han sido tipificados de ese modo por la justicia, según el seguimiento hecho por ese centro de estudios.

“También está el tema del subregistro. Hay casos que se descartan porque el asesinato lo cometen sicarios, pero es que ese también está siendo un modus operandi del feminicida. O cuando las causas que se registran en el levantamiento de las víctimas son ‘accidentales’. Aquí hubo un caso muy conocido de una joven que falleció al caer de un edificio. Se tuvo inicialmente como muerte accidental o suicidio, y después de un año y medio sí se reconoció como feminicidio. Como ese caso hay varios. Hay otros casos que se descartan como feminicidios porque se descubre que la víctima estaba vinculada a una actividad ilegal, y se da por hecho que por allí vino su muerte”.

Homicidios de mujeres

Este año en Cali han sido asesinadas, según el informe de la Secretaría, 47 mujeres, 15 más que en el mismo periodo del 2019. En todo el 2019, la cifra fue de 62, de los cuales 14 fueron catalogados por la Fiscalía como feminicidios.

Al consultarle al subsecretario Londoño y a una integrante del equipo de comunicaciones de la Secretaría de Seguridad sobre cuáles eran los móviles de los homicidios a mujeres nos contestaron que esa información la tenía la Fiscalía.

Teniendo en cuenta que el Observatorio Social de la Secretaría de Seguridad reportaba en sus informes los móviles preliminares, le preguntamos a Carolina Rodríguez, integrante del equipo de prensa, por qué ya no manejan esta información. 

“El Observatorio de seguridad y Justicia sigue siendo igual de útil como hace 28 años. Pero la violencia se transforma y es necesario que las instituciones también lo hagan, el Observatorio está manejando un enfoque más renovada con más capacidad de análisis y una estructura más de enfoque. La violencia no se puede mirar sólo con un móvil, hay una serie de situaciones que conllevan a esas violencias y a esos resultados. Todo se transforma así como lo hacen los medios de comunicación, las instituciones lo hacen y el observatorio cambió de mirada y eso no lo hace menor al trabajo que se ha venido adelantando”, nos contestó por WhatsApp.

“Los móviles preliminares se obtienen del Comité Interinstitucional de Muertes por Causas Externas, una clasificación que no responde al proceso investigativo, sino a una definición inicial, según los casos de homicidios.  La Alcaldía Municipal, depende de la información de las fuentes primarias: Policía en primera instancia cuando sucede el hecho, y Fiscalía para lo referente a los procesos de investigación y esclarecimiento. La Fiscalía cuenta con un Censo de Homicidios que se realiza semanalmente, estamos en la gestión de nuestra participación en dicho espacio, para conocer la información sobre el esclarecimiento de los homicidios en Cali”, agregó.

“El análisis de mayo, incorporó el tema de móviles, pero en relación con otras variables de análisis, de tal manera que se identificara su relación con otros aspectos”, concluyó.

El informe del mes de mayo al que hace referencia solo habla de móviles relacionado con ‘la identificación de tres (3) clústeres o conglomerados de variables, que se detallarán en los siguientes acápites, en los que los homicidios presentaron características similares en cada uno de ellos, que – a su vez – los hacen diferentes a los otros’.

‘El Clúster 3 identificado plantea que el homicidio se caracterizó porque: fue cometido contra mujeres entre los 60 y los 79 años; ocasionados con otras armas; cuyo móvil principal fueron los asuntos de violencia basada en género (pero se destaca que hubo otros móviles por establecer); y coincidieron en su localización en la zona del noroccidente de Cali.

Sin embargo, ese planteamiento de clúster que ubica a las mujeres entre 60 y 79 años cuyos asesinatos son la violencia de género (es decir feminicidio) no corresponde con las cifras de feminicidios, pues como se observa en este cuadro solo dos de ellas superaban los 60 años, la mayoría tenían edades entre 19 y 30 años. 

En el cuadro cruzamos la tabla anterior con los reportes de los medios de los asesinatos de mujeres para agregarle las edades de las víctimas.

Tabla de feminicidios con edades

Lo que sí destaca esa parte del informe es que en los asesinatos de mujeres hubo otros móviles por establecer.

De otro lado, al pedirle los móviles de los asesinatos de mujeres a la oficina de prensa de la Fiscalía en Cali, nos remitieron a Medicina Legal.

Por esa razón, revisamos el informe de homicidios que elaboró Medicina Legal con corte al 30 de junio

Hasta ese sexto mes del año, Medicina Legal contaba 34 homicidios de mujeres en Cali. Seis ocurrieron en enero; siete en febrero; ocho en marzo; cuatro en abril; uno en mayo; y ocho en junio.  

De todos estos casos, solo tres se atribuían a feminicidios; dos, a hurtos; uno, a ajustes de cuentas; dos, a riñas; dos, a violencia de pareja; uno a “otros”; y 23 aparecían “sin información”. 

Además, el informe revela que de las 34 mujeres asesinadas en ese período, una era adolescente (entre 12 y 17 años); 16 eran jóvenes (entre 18 y 28 años); 13 eran adultas (entre 29 y 59 años) y cuatro eran adultas mayores (más de 60 años).

Sobre las armas usadas, se sabe que 18 casos fueron con armas de fuego; 11 con armas cortopunzantes; tres por generadores de asfixia; y dos por armas contundentes o cortocontundentes. 

Respecto a los autores, cinco fueron parejas o exparejas de las víctimas; y en 29 casos el autor es desconocido o no se tiene información.

Vale decir que las cifras de feminicidios de Medicina Legal no coinciden con las de la Fiscalía, pues las de la primera institución son preliminares y basadas de los informes iniciales, mientras los datos de la Fiscalía están actualizados con el transcurso de la investigación.

Pero lo que sí revela tanto el informe de Medicina Legal como el del Observatorio es que hay un número de asesinatos de mujeres que están sin esclarecer, como lo explicó Norma Bermúdez anteriormente.

En cuanto a que haya “cero impunidad” en los feminicidios no es preciso, pues, según la Real Academia de la Lengua,  impune es quien queda sin castigo y 5 de los hombres con órdenes de captura por su presunta participación en un feminicidio, siguen libres. 

Así que con estos elementos calificamos de cuestionable la afirmación del Alcalde de Cali de  que “todos los casos que han ocurrido (este año) han sido esclarecidos y existe cero impunidad”.

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Viernes, 12 Abril 2019

Impunidad en Justicia y Paz supera el 90 por ciento, pero Lozano exageró

Por José Felipe Sarmiento

A la senadora de la Alianza Verde se le fue la mano al criticar el escaso número de sentencias que ha producido el sistema transicional creado para los desmovilizados en 2005.

En un mensaje que celebraba la negación en la Cámara de Representantes de las seis objeciones que el presidente Iván Duque le hizo al proyecto de ley estatutaria de la Justicia Especial para la Paz (JEP), la senadora Angélica Lozano comparó esta jurisdicción con el sistema transicional creado en 2005 para los desmovilizados de grupos armados ilegales, en especial las AUC, por medio de la Ley de Justicia y Paz.

La congresista de la Alianza Verde señaló en Twitter que el “99 por ciento de casos de paramilitares quedó en absoluta impunidad y la verdad enterrada”. Colombiacheck le preguntó por esa cifra y reconoció no estar segura. “No tengo el dato exacto”, dijo. Pero insistió en que ese proceso había emitido “una cifra microscópica de sentencias en más de 10 años de funcionamiento, me atrevo a asegurar que fueron menos de 40”.

Captura de pantalla del tuit de Angélica Lozano sobre Justicia y Paz

En 2017, la Contraloría publicó un estudio sobre los resultados de Justicia y Paz, que calificó como “insatisfactorios”. Con base en datos de la Fiscalía, afirmó que este sistema había producido 47 sentencias condenatorias contra 195 personas hasta 2016, tras 11 años de vigencia. Es decir que solo 8,2 por ciento de los 2.378 exparamilitares que estaban postulados habían sido sujetos de una decisión judicial. Por tanto, la impunidad en esos años se podía calcular en 91,8 por ciento.

El mismo documento registró que los hechos delictivos cobijados por esos fallos habían sido 5.401, un 6,6 por ciento de los 82.114 imputados por la Fiscalía, y que se había reconocido a 26.778 víctimas de las 211.013 relacionadas con esos casos, un 12,7 por ciento. Además, la mitad de los 4.981 postulados originales habían salido del proceso.

La Dirección de Justicia Transicional del ente acusador publicó sus propias cifras hasta el 6 de junio de 2017, que retomó un informe del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) en 2018. Hasta ese momento iban 50 sentencias que cobijaban a 205 exparamilitares, 6.004 hechos y 28.055 víctimas.

Con el número de postulados constante, la impunidad habría bajado cuatro décimas porcentuales en dos años, a 91,4 por ciento. “Luego de 12 años de haberse implementado [la Ley de Justicia y Paz], las cifras relacionadas con impunidad y violencia en contra de las víctimas de los paramilitares son alarmantes”, concluye el primer capítulo de la publicación.

Un balance del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) se aproxima más al dato de Lozano, pero su fecha de corte es el 31 de julio de 2015. Esto quiere decir que es más antiguo que los anteriores, aunque cubre exactamente los 10 primeros años de la ley, expedida en el mismo mes de 2005.

Sus números, también basados en la Fiscalía, hablan de 35 sentencias en tribunales (primera instancia) y 15 en la Corte Suprema de Justicia (segunda), que decidieron sobre 125 exparamilitares entre 3.666 postulados. Esto da una impunidad de 96,6 por ciento.

Hay que mencionar que esta ineficacia se debió a que “inicialmente, la Fiscalía, que no tenía experiencia en procesos de justicia transicional, desarrolló una metodología de investigación de caso por caso e identificación de todos los autores”, explica Gabriel Ignacio Gómez, investigador de la Universidad de Antioquia y doctor en Estudios de Justicia. Por eso, como lo contamos en otro chequeo reciente, en los primeros siete años solo salieron 10 sentencias.

La directora en Colombia del Instituto Internacional de Justicia Transicional (ICTJ, por sus siglas en inglés), María Camila Moreno, le dijo el pasado 9 de marzo a la Fundación Paz y Reconciliación (Pares) que “el aprendizaje de Justicia y Paz es absolutamente valioso para este país”, porque al principio “nadie sabía qué era eso de investigar crímenes de carácter internacional, crímenes de guerra, delitos de lesa humanidad”. Ese cambio de enfoque permitió aumentar los resultados en los años siguientes. 

También señaló que la información que revelaron los procesos ha mejorado la comprensión sobre el paramilitarismo y ha visibilizado las responsabilidades de otros actores y su relación con la Fuerza Pública. “Eso es importantísimo y (...) ha tenido algún eco en la justicia ordinaria. No como lo que esperábamos, pero ha habido resultados gracias a lo que dijeron los paramilitares en las versiones libres”, reconoció en la entrevista.

Otro informe del CNMH, este sobre la verdad surgida de ese sistema hasta 2012, también reconoce los esfuerzos de algunas fiscales por satisfacer este derecho de las víctimas. No obstante, es crítico de los relatos construidos en algunos casos porque privilegiaron las versiones de los victimarios, aunque el sistema sí contaba con mecanismos para contrastar con otras pruebas.

Además, el documento critica las consecuencias que tuvieron las extradiciones de ex altos mandos de las AUC, para que respondieran por narcotráfico en Estados Unidos. Por ejemplo, “con la extradición de “H.H” (Éver Veloza), quedaron por esclarecer al menos 11.000 hechos delictivos que la Fiscalía había recopilado contra este exjefe de los Bloques Bananero y Calima de las Autodefensas” en la región del Urabá y el Valle del Cauca.

Por tanto, a pesar de las altas tasas de impunidad y del debate sobre el aporte de Justicia y Paz a la verdad, el cálculo de la senadora es cuestionable. Le puso ocho puntos porcentuales por encima a la proporción conocida en el informe público más reciente y tampoco le atinó a la cantidad de sentencias.