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Inchequeable

Viernes, 03 Diciembre 2021

Es inchequeable la cifra de Alejandro Gaviria sobre el gasto de salud para atender a migrantes venezolanos en Colombia

Por Jhoandry Suárez*

El precandidato presidencial señaló que la atención sanitaria de las personas provenientes de Venezuela costaba entre 350 y 500 mil millones de pesos al año. A pesar de consultar datos del Ministerio de Salud, de la Contraloría, Banco de la República, no se pudo corroborar el gasto total anual ya que es confidencial.

El precandidato presidencial Alejandro Gaviria señaló durante una entrevista de La Silla Vacía, el 5 de noviembre de 2021, que la atención de salud para los migrantes venezolanos rondaba los 350 y 500 millones de pesos anuales, aunque no explicó de dónde provenía este cálculo.

“Mi política sería la integración plena de los ciudadanos, que implica, por ejemplo, su cobertura plena de salud, que me parece un tema fundamental. Creo que cuesta 350 mil millones 500 mil millones de pesos al año”, señaló el exministro de Salud. 

En Colombiacheck, en el marco del proyecto Conectando Caminos por los Derechos, en el cual se hacen verificaciones de interés para la población migrante venezolana, colombiana retornada y para las comunidades de acogida, nos dimos a la tarea de verificar la cifra. Aunque algunos datos son confidenciales y existen limitaciones para su acceso, lo que nos lleva a calificar como “inchequeable” la declaración de Gaviria, procedimos a intentar comprobarla a la luz de la información que pudimos obtener. 

Buscamos contactar al también exrector de la Universidad de los Andes a través de su cuenta en Twitter (1, 2, 3) y vía Whatsapp (1, 2) para conocer en qué se basaban sus números, pero al cierre de esta nota, no obtuvimos respuesta. Por lo tanto, procedimos a consultar fuentes oficiales y documentos. 

Primero procedimos a esclarecer si la población migrante y refugiada venezolana tenía cobertura plena de salud en Colombia y determinamos que no. Para que esto ocurra las personas procedentes de Venezuela deben estar afiliada al régimen contributivo o subsidiado para acceder al Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS), pero apenas un 23,5% lo está, según datos aportados por el departamento de Aseguramiento del Ministerio de Salud y Protección Social.

“Cobertura plena significa que la persona entra al sistema de salud, ya sea en régimen subsidiado o contributivo. Lo que tiene cualquier migrante sea el que sea su estatus, así haya llegado por trocha, es atención de emergencia por ley. Por eso el tema de la regularización es clave para que puedan ingresar al sistema de salud”, explica el profesor Andrés Segura, consultor de asuntos públicos y migración. Así lo explicamos antes en Colombiacheck.

A propósito, Lucia Ramírez Bolívar, coordinadora de temas de migración en Dejusticia, coincidió que el estatus migratorio sigue siendo un obstáculo para el derecho a la salud de los venezolanos. "Presentan barreras para acceder a tratamientos médicos, cirugías, medicamentos de consumo permanente que no se atienden con una emergencia. Ha habido ciertos avances gracias a la jurisprudencia de la Corte Constitucional (...) y la respuesta del Estado ha sido progresiva, esperamos que con el Estatuto Temporal las barreras se eliminen", sostuvo.

En la Estrategia para la atención de la migración desde Venezuela contemplada por el Consejo Nacional de Política Económica y Social en su CONPES 3950, de noviembre de 2018, se incluyeron varias acciones en áreas como la educación, empleo, seguridad y por supuesto en salud, específicamente para incrementar la afiliación de los migrantes. El plan previó una inversión total de 422.779 millones de pesos en cuatro años desde 2018 hasta el 2021.

Durante la investigación sobre números más actualizados del gasto total en salud para la población venezolana, encontramos una traba y es que el dato de financiamiento es confidencial, así lo revela Ronald Rodríguez, profesor y vocero del Observatorio Venezuela de la Universidad del Rosario. 

“El Estado determinó que eso era información que no era de acceso público, ya que podría causar tensiones y xenofobia. Esto es así desde la administración del expresidente Juan Manuel Santos”, explica Rodríguez.

Aun así, decidimos hacer un acercamiento de lo que sería el costo y para ello analizamos por separado cuánto sería el gasto en aseguramiento y la deuda de hospitales por servicios a migrantes venezolanos para intentar comprobar si estas cifras coincidían con las de Gaviria. 

En cuanto al gasto de aseguramiento, lo primero que hicimos fue calcular a cuánto podría ascender el financiamiento del Estado colombiano para los 205.577 migrantes activos en el régimen subsidiado si multiplicábamos esa cantidad por la actual Unidad de Pago por Capitación (UPC) de $872.496. El resultado es casi 180 mil millones de pesos. Es decir, este número está muy por debajo de lo que dijo el candidato presidencial, sin embargo, desde el Ministerio de Salud hacen una aclaratoria. 

"Estos datos se mueven muy rápido y por la entrada en vigencia del Estatuto Temporal de Protección se espera mayor regularización y mayor probabilidad de afiliación. Por lo tanto, es muy factible que en el 2022 la UPC anual del régimen subsidiado de toda la población migrante cueste más o menos eso, pero si se regularizan más, costará más", indica Andrés Olaya, consultor de aseguramiento en salud para poblaciones migrantes.

Por otro lado, procedimos a conocer la deuda a hospitales públicos por servicios a migrantes venezolanos. El contralor general de la República, Felipe Córdoba, aseguró el 5 de octubre de 2021 que la deuda del gobierno nacional con los hospitales públicos por la atención de urgencias de la migración venezolana alcanzaba los 407 mil millones de pesos en los últimos tres años, es decir, un promedio de 135 mil millones anuales pero en deuda.

De hecho, recientemente se procedió al pago de lo adeudado a los hospitales hasta el 30 de abril de este año a través de la Resolución N° 1897, del 24 de noviembre de 2021, por el monto de $460.423.542.200. 

Adicionalmente un estudio publicado por el Banco de la República en mayo de 2020, titulado Impacto fiscal de la migración venezolana, recopila datos del Ministerio de Salud que revelan que los costos acumulados por servicios para los venezolanos entre 2017 y 2019 se ubicaron en 616.235 millones de pesos (557.423 millones de la red pública y 58.812 del régimen subsidiado), lo que significa una media de 205.411,66 millones de pesos por año. 

Gasto fiscal en migrantes según Banco de la República

El mismo texto presentaba una serie de estimaciones del costo fiscal entre el régimen subsidiado asociado a la migración y los servicios de urgencia el cual podría ascender a $1 billón en 2020 y $1,2 billones en 2021. Sin embargo, estas cifras fueron publicadas antes de crisis de la pandemia del Covid-19 y el proceso de vacunación, además, son solo proyecciones.

Por lo tanto, aunque se determina que en estos momentos los migrantes no tienen cobertura plena de salud e intentamos comprobar la veracidad de las cifras aportadas por Gaviria, las limitantes de acceso a información nos llevan a calificar sus declaraciones como inchequeables.  

Este contenido se produce con el fin de ofrecer información verificada y pertinente, que apoye el desarrollo de mediano y largo plazo para migrantes venezolanos, colombianos retornados y comunidades receptoras en Colombia. Es realizado en el marco de Conectando Caminos por los Derechos, programa de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), e implementado por el consorcio integrado por Pact, ABA-ROLI, Freedom House e Internews, que promueve la cohesión comunitaria y la seguridad ciudadana para garantizar el derecho de todos los miembros de la sociedad a vivir libres de toda forma de crimen y violencia, independientemente de su estado legal en el país.

*Integrante de la red de corresponsales del proyecto Conectando Caminos por los Derechos.

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Falso

Miércoles, 09 Febrero 2022

Foto viral sobre cédula ni es de 2022 ni la suplantación la cometió un venezolano

Por Abraham Puche (*) y Ana María Saavedra

La imagen, que es de un caso real, ha sido usada para señalar a migrantes venezolanos de suplantar colombianos fallecidos para votar y de hacer parte de un plan de Maduro para infiltrar las elecciones. Pero esto es falso, ni el suplantado está muerto, ni el detenido es venezolano y el caso real ocurrió en 2019. Aquí se lo contamos.  

Con la llegada del 2022, año electoral en Colombia, las redes sociales se inundan de acusaciones por presuntos fraudes electorales y un supuesto plan de Nicolás Maduro de infiltrar las elecciones. Y entre estos rumores aparecen publicaciones en redes sociales en las que vinculan a supuestos migrantes venezolanos como portadores de cédulas de ciudadanía falsas y que se hacen pasar por votantes colombianos fallecidos.

En el marco del proyecto Conectando Caminos por los Derechos, en el que hacemos verificaciones de interés para la población venezolana, colombiana retornada y para las comunidades de acogida, analizaremos la veracidad de una publicación que se ha difundido masivamente en redes sociales y que involucra a los venezolanos.

Recientemente se hizo viral una publicación en Facebook de fecha 22 de enero de 2022, donde se muestra la imagen de una misma cédula de ciudadanía pero con dos identidades diferentes: arriba el portador real y abajo el suplantador, supuestamente de nacionalidad venezolana. Dicha publicación va a acompañada de la siguiente leyenda: “Esta cédula es de una persona fallecida (arriba) Abajo la misma cédula con el mismo número hoy pertenece a un venezolano. Esta persona puede votar con la cédula que debió haberse dado de baja por la Registraduria” (sic).

Foto de cédula falsificada y cédula real

 

Asimismo, se encontró un trino publicado el 16 de enero de 2022 por una cuenta denominada @CorreaBrigante (quien se califica a sí mismo como “de derecha al 2000 %”), quien asegura que el portador verdadero de la cédula es fallecido y que supuestamente estaba siendo suplantado por un venezolano. Además, insinúa que el mandatario venezolano Nicolás Maduro estaría detrás de un supuesto plan para enturbiar las elecciones colombianas y, por último, cita la cuenta de Twitter del expresidente Álvaro Uribe para alertarlo sobre esta supuesta irregularidad.

Esta misma publicación circula con mensajes como “pilas con el fraude” o “​​La cédula de abajo es la de un colombiano fallecido y la cédula de arriba es la de un venezolano pretendiendo ser un colombiano homónimo, los datos son idénticos, lo único que cambia es la firma. Este es uno de los cientos de casos detectados. Según dicen las autoridades se evidencia la forma en que Nicolás Maduro quiere influir en las elecciones presidenciales de la República de Colombia”.

También la imagen ha sido publicada con el mensaje: “Petro hace visitas a los que manejan el software para las elecciones. Hay un aumento de registros de cédulas en zonas cocaleras y guerrilleras”. 

¿Qué hay de cierto en este caso? ¿Se trata de un caso reciente? ¿La persona suplantada está fallecida? ¿Es verdad que el ciudadano acusado es venezolano? 

Una imagen real con varias mentiras

Aunque la imagen sí es real y sí se presentó un caso de un intento de fraude electoral, no se trata de un hecho reciente, la persona suplantada no es un muerto y el implicado no es venezolano. Al realizar una búsqueda inversa de la foto en google encontramos que la imagen de las cédulas fue publicada por El Heraldo, en alusión a una suplantación de identidad que se descubrió durante las elecciones regionales del 27 de octubre de 2019.

Esta nota periodística explica que una persona, con presunto “acento propio de los ciudadanos que proceden de Maracaibo en la República de Venezuela”, había intentado votar en el corregimiento Papayal del municipio Barrancas, departamento de La Guajira, utilizando una cédula de ciudadanía falsificada, cuyo número coincide con la identidad de José José Mendoza Hernández, ciudadano colombiano que ha trabajado como jurado en las últimas elecciones en el país.

De acuerdo con esta reseña de El Heraldo, el fraude fue descubierto en la mesa electoral, cuando la persona presentó el documento falsificado al momento de votar. Varios miembros del jurado se percataron del fraude (ya que conocían a la víctima de la suplantación de identidad) y llamaron a Mendoza, quien se encontraba en el mismo recinto electoral trabajando como jurado en otra mesa. El afectado confrontó al falsificador, quien posteriormente fue detenido por las autoridades. Ese mismo día, Mendoza Hernández presentó la denuncia ante la Fiscalía.

Según El Heraldo, la víctima habría asegurado que esa misma mañana de elecciones hubo otros siete casos de falsificación de documentos y que la mayoría de los involucrados en este delito también tenían “acento venezolano”.

Ya otros portales y agencias de noticias han verificado la publicación. Por ejemplo, la agencia francesa de noticias AFP consultó a la Fiscalía General de la Nación y confirmó que la foto original corresponde al intento de suplantación de identidad que denunció José José Mendoza Hernández el 27 de octubre de 2019, quien denunció al suplantador ese mismo día ante la Dirección Seccional del organismo en La Guajira y fue judicializado con aceptación plena de cargos. 

Al revisar en el portal de la Fiscalía, con el número de SPOA 442796001083201900706 (noticia criminal), encontramos que el caso se encuentra inactivo por sentencia condenatoria por aceptación total de cargos.

En Colombiacheck le preguntamos a la Fiscalía por la identidad del sentenciado con ese número de SPOA. La persona fue identificada como “Francisco Antonio Batista Rangel, con cédula colombiana número 7617426. Su país de nacimiento es Colombia y reside, según el ente investigador, Valledupar”. Esta persona fue sentenciada a 30 meses de prisión por los delitos de uso en documento falso y tentativa de voto fraudulento.

Al buscar en la Procuraduría, aparece este certificado de antecedentes:

Antecedentes de la procuraduría

Debido  a la migración venezolana a Colombia se han generado una serie de desinformaciones en época electoral. En Colombiacheck ya hemos publicado verificaciones como ‘Con la regularización, los migrantes venezolanos no podrán votar en elecciones presidenciales’, No es cierto que todos los venezolanos puedan votar en elecciones de Colombia’, ‘Es falso que ‘100.000 venezolanos’ se hayan sumado al censo electoral en Bogotá’ y ‘El falso audio sobre cedulación de venezolanos para votar por Petro’.

Los delitos electorales no empezaron a presentarse con la migración venezolana. En esas elecciones de 2019, la Misión de Observación Electoral, MOE, indicó que el municipio de Barrancas era una de las poblaciones de La Guajira con riesgo electoral (que incluye antecedentes de trashumancia, fraude y presencia del ELN).

Asimismo, al revisar casos de delitos electorales, encontramos reportes de prensa de hechos como el registrado en 2014 de una presunta banda delincuencial en La Guajira a la que el CTI de la Fiscalía sorprendió con 45 certificados electorales, 38 cédulas de ciudadanía, 28 contraseñas, 3 pasaportes, 99 registros civiles y una pistola calibre 9 milímetros.

En las elecciones de 2018, la Fiscalía publicó un boletín de prensa en el que se indicó: 

A lo largo del país se encontraron distintas modalidades de corrupción electoral, llegándose al extremo de subordinar bajo promesas y pagos a ‘electores’ reclutados indignamente entre poblaciones vulnerables, con bajo nivel de escolaridad e inclusive caracterizadas condiciones de marginalidad y pobreza absoluta. ‘Se trata de una forma de dominación inaceptable en pleno siglo XXI’, afirma el Fiscal General”. 

En resumen, la imagen que ha sido viralizada en redes sociales sí es real, pero fue sacada de contexto, ya que pretenden presentarlo como un caso reciente, asociado al un plan de Nicolás Maduro de intervenir en las elecciones presidenciales. En realidad, se trató de un hecho ocurrido en 2019,  la persona afectada está viva y el detenido no es un venezolano. Por esas razones, calificamos las publicaciones que usan esta imagen como falsas.

 

 

 

 

Este contenido se produce con el fin de ofrecer información verificada y pertinente, que apoye el desarrollo de mediano y largo plazo para migrantes venezolanos, colombianos retornados y comunidades receptoras en Colombia. Es realizado en el marco de Conectando Caminos por los Derechos, programa de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), e implementado por el consorcio integrado por Pact, ABA-ROLI, Freedom House e Internews, que promueve la cohesión comunitaria y la seguridad ciudadana para garantizar el derecho de todos los miembros de la sociedad a vivir libres de toda forma de crimen y violencia, independientemente de su estado legal en el país.

 

* Integrante de la red de corresponsales del proyecto Conectando Caminos por los Derechos.