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Domingo, 26 Febrero 2017

Fernando Londoño muestra preocupación engañosa por "los traficantes de la coca"

Por Óscar Felipe Agudelo B.

Una nueva pifia del exministro y director del partido Centro Democrático, que hace oposición al Acuerdo de Paz, esta vez cuando criticó las medidas del Gobierno para desmontar los cultivos ilícitos.

Colombiacheck volvió a coger en una mentira al exministro Fernando Londoño. En una primera ocasión lo agarró en una exageración cuando al invitar a marchar en contra del presidente Juan Manuel Santos manifestó que en el país no se había abierto ni una sola fábrica durante los últimos cinco años.

En esta ocasión, a finales de enero, Londoño apuntó su artillería de nuevo contra el primer mandatario de los colombianos pero ahora se refirió a una supuesta carencia de planes de sustitución de cultivos que aseguren “a los cultivadores, raspachines y traficantes de la coca, un ingreso siquiera remotamente parecido al que hoy tienen”.

La frase completa apareció en una columna de opinión publicada en Las 2 Orillas con su firma y bajo el título de “Milagros de Trump en Colombia”.

Colombiacheck consultó sobre el tema y encontró que la aseveración es engañosa porque el Gobierno sí tiene un plan muy concreto para garantizarle a estas familias un ingreso si deciden dejar los cultivos ilícitos. Es tan así que una de las altas consejerías de Presidencia (Alta Consejería para el Posconflicto, Derechos Humanos y Seguridad) tiene un director para la Atención Integral de la Lucha Contra las Drogas, Eduardo Díaz Uribe.

Lo que sí no tiene el Gobierno, ni se planteó en los acuerdos negociados en La Habana, son ayudas para los traficantes de coca como lo mencionó Londoño.

En cuanto a las ayudas para las familias que tienen cultivos de uso ilícito (cultivadores y raspachines) Díaz habló con Colombiacheck y sostuvo que más allá de entrar en una confrontación con el exministro Londoño lo más importante es exponer los hechos.

Según él, desde el 27 de enero el Gobierno Nacional y las Farc iniciaron el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, en el que se fijaron montos específicos de dinero con los que se va a garantizar el ingreso a los cultivadores y raspachines que dejen la ilegalidad. Todo en relación con el punto cuarto del Acuerdo Final denominado Solución al Problema de las Drogas Ilícitas.

Este programa es preciso en su oferta: Las familias que dejen los cultivos ilícitos y se acojan a los planes de implementación del Gobierno tendrán incentivos económicos. Claro está, el beneficio solo aplica para aquellas familias que hayan sembrado antes del 10 de julio de 2016. ¿Cómo establecer cuándo se sembró?, es una pregunta difícil de responder según reveló el portal Razón Pública.

Las familias que ingresen al programa recibirán un beneficio económico durante el primer año de $1 millón mensual, suma que será entregada hasta por 12 meses. Durante ese mismo primer año y por una sola vez, podrían recibir $1.8 millones por familia para un proyecto que garantice la “seguridad alimentaria de manera inmediata”. También durante el primer año podrán acceder a $9 millones más para un proyecto de ingreso rápido. En plata blanca, y obviamente cumpliendo todos los requisitos para acceder al programa, las familias que siembren o raspen coca podrían recibir ese primer año un monto máximo de $22.8 millones.

El segundo año el plan del Gobierno se enfoca en seguir apoyando el regreso a la legalidad de las familias de cultivadores o raspachines de coca. El acuerdo ofrece $10 millones de pesos más para un proyecto productivo y la posibilidad de una línea de crédito especial. Adicional, podrían tener acceso a un programa de alimentación escolar, otro para la tercera edad y, un bonus extra: la posibilidad de formalizar sus tierras.

Si cada familia campesina cumple con los requisitos del Programa podrían obtener ingresos de parte del Estado por valor de $32.8 millones durante dos años, es decir, tendrían ingresos de $15 dólares diarios en promedio, cifra mucho mayor que la que conseguían los campesinos vinculados a las siembras ilícitas en julio de 2016, el cual se situaba en $1.2 dólares diarios en promedio, según datos del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos, Simci.

En síntesis, Londoño falta a la verdad al manifestar que nadie ha dicho “cómo se garantizará a los cultivadores, raspachines y traficantes de la coca, un ingreso siquiera remotamente parecido al que hoy tienen”. Ya alguien dijo y mostró el cómo y el cuánto de los planes de sustitución.

Además, Rafael Pardo, alto consejero para el Posconflicto, anunció que el presupuesto inicial del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, será de un billón de pesos. Eduardo Díaz aclaró a Colombiacheck que desde el 27 de enero empezó a andar el plan, es decir, fue de público conocimiento tres días antes de la columna de Fernando Londoño.

La frase de Londoño no es del todo falsa porque aunque sí hay planes para beneficiar a cultivadores y raspachines no hay planes para beneficiar a traficantes de coca como él lo plantea. Colombiacheck buscó al exministro para saber de dónde sacó ese dato y por qué considera que se le deben garantizar ingresos a los traficantes de coca, pero no fue posible comunicarse con él.

La existencia del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, no asegura en sí mismo el éxito de esta política que tantas veces se ha intentado en Colombia, echando mano a varios modelos. Es necesario esperar a ver cómo funciona y qué tantos ajustes será necesario hacerle en el terreno.

Por el momento dos pesos pesados del tema de los cultivos ilícitos, Juan Carlos Garzón Vergara y Julián Wilches, han formulado serias dudas en cuanto al funcionamiento del proyecto del plan de sustitución de cultivos.

Los investigadores por medio del artículo publicado en Razón Pública: “Dudas y retos de la sustitución de cultivos después del Acuerdo”, sostienen que no es práctico haber dicho que los beneficios solo serán para los que sembraron antes del 10 de julio de 2016 porque “es imposible” establecer cuando las familias sembraron la coca, queda a criterio de esas familias, dicen los investigadores.

Otros de los problemas que señalan es que habrían zonas en que se terminaría solo favoreciendo a familias que sembraron el cultivo de uso ilícito por encima de las que se abstuvieron, criticaron el cómo y por qué el Gobierno llegó una meta de 50.000 hectáreas para sustituir, si el tiempo es suficiente (180 días), entre otros cuestionamientos.

Es cierto que hay un plan concreto para sustituir cultivos de uso ilícito. Pero el meollo del asunto está en ver si después de múltiples intentos fallidos por parte del Estado colombiano, esta vez sí se logran resultados positivos y constantes en el tiempo.

Por ahora ya empezaron los problemas. En Putumayo, el segundo departamento con más cultivos de coca en el país, un buen número de organizaciones sociales no se sometieron a lo pactado en el Acuerdo.

Lunes, 15 Julio 2019

Las cuatro falsedades de Pastrana en su entrevista con El Espectador

Por Ana María Saavedra y Sania Salazar

Cuatro de las afirmaciones que le dio el expresidente Pastrana a El Espectador sobre coca, la violencia de su gobierno, la CPI y las Farc son falsas.

El pasado 6 de julio, el expresidente Andrés Pastrana (quien gobernó el país entre 1998 y 2002) le dio una entrevista al periódico bogotano El Espectador sobre el proceso de paz con la guerrilla desmovilizada de las Farc. De esa entrevista vino su polémica frase “el de Santos fue el peor proceso de paz”.

Para sustentar esa posición, Pastrana dio varias opiniones y afirmaciones. En Colombiacheck encontramos cuatro afirmaciones verificables. Revisamos las cuatro y encontramos que todas son falsas.

Colombiacheck contactó al expresidente a través de WhatsApp y le envió las preguntas para conocer las fuentes en las que basa sus afirmaciones, pero nos remitió a su secretaria, quien nos dijo que él nos podía atender solo cuando volviera al país, a finales de agosto.

 

Falsa

“Cuando dejamos 40.000 hectáreas de coca con el Plan Colombia; cuando habíamos derrotado a las Farc, porque lo que las lleva a sentarse en la mesa de negociación es el Plan Colombia, ¿que nos dejó Santos?: 300.000 hectáreas de coca (...).

Esta fue la respuesta a la pregunta: “las Farc fueron uno de los males más grandes de Colombia durante cincuenta años y hoy ya no lo son, ¿eso no es suficiente?“

Aunque Pastrana no nos contestó la pregunta de en qué periodo las cifras de cultivos de coca llegaron a 40.000, encontramos que en 2017 el expresidente en una entrevista con W Radio había hablado del mismo tema. 

“Cuando llegó en 1998 Ernesto Samper me había dejado a mí como Presidente y al país cerca de 180.000 hectáreas de coca. En dos años, entre el 2000 y el 2002, las reduje a 90.000 hectáreas de coca y el presidente Uribe, que continuó el Plan Colombia, lo deja en 40.000 hectáreas”. Además, añadió: “de 40.000 hectáreas de coca hoy estamos entre 200.000 y 230.000 hectáreas”, señaló en ese momento.

Esta frase la verificamos en el chequeo “¿Cálculos de Andrés Pastrana sobre cultivos de coca son correctos?” y encontramos que era falsa.

En Colombia, explica Daniel Rico en su columna “¿Y las cifras de la coca?”, existen tres monitoreos de cultivos ilícitos: “el primero que paga el Gobierno y calcula el Simci (Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos) de las Naciones Unidas, en este se censan las hectáreas de coca una vez al año desde 1999. El segundo es el más viejo y lo construye una agencia del sector defensa de los Estados Unidos (CNC) desde los años ochenta, usa más algoritmos que análisis de imágenes y por eso se publica más temprano. El nuevo sistema es el Siima (Sistema Integrado de Información y Monitoreo Antinarcóticos), que opera la Policía Antinarcóticos desde hace un par de años. De este se sabe poco y no difunde estimaciones de manera oficial”.

Los dos primeros son públicos y han sido difundidos en los últimos años. Al revisar las cifras de los dos monitoreos encontramos que Pastrana no acierta en ninguno de los números de hectáreas de coca.

Adam Isaacson, director para la veeduría defensa de Wola (Washington Office on Latin America), una organización civil a favor de los derechos humanos en Washington, recopiló en el siguiente gráfico las cifras de los dos monitoreos de las hectáreas de coca en Colombia desde 1994.

isaacson

En las cifras se puede ver que en ningún año Colombia ha tenido 40.000 hectáreas. Cuando Pastrana asumió la presidencia, en 1998, según las cifras de Estados Unidos, teníamos 102.000 hectáreas y en su salida, en 2002, las hectáreas aumentaron a 144.000.

La medición de la ONU, como se ve en el recuadro, arranca a partir de 1999, con 160.100 y muestra 102.000 hectáreas en 2002. 

Pastrana asegura que el Plan Colombia durante su gobierno y el de Uribe logró reducir a 40.000 las hectáreas de coca, pero en 2002, el último año del Gobierno de Uribe, los dos informes hablan de cifras mayores: 100.000 hectáreas (EE.UU.) y 62.000 (ONU). 

La cifra más baja de cultivos ilícitos se reportó en 2012, durante el gobierno del presidente Santos: 78.000 hectáreas (EE.UU) y 48.000 (ONU).

Otra de las cifras dadas por Pastrana de los cultivos de coca es que Santos nos dejó “300.000 hectáreas de coca”. Sin embargo, este número también es falso. El informe de los cultivos de 2018 de la ONU aún no ha salido, pero el de 2017 dio la cifra de 180.000 hectáreas.

En cuanto al informe de Estados Unidos, revelado recientemente, fue de 208.000 hectáreas. Una cifra que difiere en 92.000 hectáreas a la dada por el expresidente. 

Falsa

“Eso de los 2.000 actos al año se desvirtuó, porque lo que el Ejército hacía era que, en las llamadas “pescas” de las Farc, por ejemplo, retenían diez buses y si en cada uno de ellos iban cien personas, se contaban entonces como mil secuestrados. Nunca escuché la cifra de 2.000”.

Con esa frase, el expresidente Pastrana respondió la pregunta: “en el pasado, las Farc cometían hasta 2.000 actos terroristas al año: atentados, secuestros, tomas de pueblos. Hoy esas cifras no llegan ni a cien por parte de las disidencias, ¿eso no es suficiente para apoyar el proceso de paz, así tenga falencias?”.

Para verificar esta afirmación, nos remitimos a las bases de datos del Observatorio de Memoria y Conflicto del Centro Nacional de Memoria Histórica. Al descargar los datos, buscamos los siguientes actos cometidos por las Farc: acciones bélicas (sin contar los combates), asesinatos selectivos, masacres, ataques a poblaciones, atentados terroristas, atentados que ocasionaron daños en bienes civiles (explosivos y atentados contra la infraestructuras eléctrica o petrolera) y secuestros.

La información de estos documentos está por casos y no por número víctimas. Asimismo, Memoria Histórica define un atentado terrorista como “todo ataque indiscriminado perpetrado con explosivos contra objetivos civiles en lugares públicos, con el fin de ocasionar una alta letalidad y devastación sobre la población civil. Se trata de ataques que pretenden asegurar una visibilidad pública de la violencia que contribuya a generar pánico entre la ciudadanía y a propagar una percepción de desestabilización”. 

La base datos incluye hechos ocurridos desde 1965 hasta 2016. Revisamos los años en los que Pastrana fue presidente del país: asumió el poder en agosto de 1998 y lo entregó en agosto de 2002.

Es así como en 1998 encontramos que se presentaron 1900 actos de violencia cometidos por las Farc; en 1999, 2.163; en 2000, 2.321; en 2001, 2.232, y en 2002, 2.874.

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Con esta información, extraída de la base de datos del conflicto, calificamos la afirmación de Pastrana como falsa, pues, en sus años de Gobierno la cifra de acciones de las Farc sí superó los 2000 casos.

Asimismo, encontramos notas de prensa que mostraban las altas cifras de violencia durante esos años. Por ejemplo, una nota de Caracol Radio, titulada “Colombia rompió todos los records de violencia en 2000”. La nota relataba que, “pese a los esfuerzos de paz del presidente Andrés Pastrana, Colombia rompió todos sus récords de violencia en el 2000, con un registro de más de 38.000 muertes violentas, 205 masacres y más de 3.000 personas secuestradas, entre ellas 35 extranjeros”, indicaba la noticia.

Falsa

“En mi gobierno me tocó negociar la CPI y pedí una moratoria de siete años para no cerrarle la puerta a mi sucesor, a ver si las Farc querían hacer la paz”.

Colombiacheck califica la afirmación como falsa, pues Pastrana lo que hizo fue acogerse a un artículo del Estatuto de Roma que permitía un plazo de siete años para que la Corte Penal Internacional, CPI, pudiera juzgar específicamente crímenes de guerra cometidos en Colombia.

Colombiacheck contactó al expresidente y le preguntó a qué se refería con que le había tocado “negociar la CPI”, pero como ya explicamos, nos remitió a su sercretaria, quien dijo que el expresidente solo se pronunciaría después de volver a Colombia en agosto.

La CPI es un institución con la facultad de juzgar a personas que hayan cometido crímenes graves de trascendencia internacional cuando los Estados no hayan procesado y castigado a esas personas.

Colombia suscribió el Estatuto de Roma, instrumento que constituyó la Corte Penal Internacional, en 2002, año en que esta entró en vigencia, pero se acogió al artículo 124 del Estatuto, que establece que los Estados pueden abstenerse de aceptar la competencia de la CPI durante siete años contados a partir de la fecha en la que lo firman específicamente para los crímenes de guerra.

Es decir, Pastrana no tuvo que negociar ese plazo, el Estatuto ya lo contemplaba, lo que hizo fue firmarlo con esa condición en junio de 2002. El proceso de paz de ese gobierno con la guerrilla de las Farc se había roto en febrero del mismo año. 

René Fernando Urueña Hernández, profesor de la facultad de derecho de la Universidad de Los Andes, le explicó a Colombiacheck que acogerse al artículo 124 del Estatuto era una opción que tenían los países y que solo lo hicieron Colombia y Francia.

“Hacerlo implicaba un costo político, los países se unían al Estatuto y no usaban esa oportunidad. Hacerlo mostraba que Colombia no sentía que podía cumplir sus obligaciones con el Tratado de Roma inmediatamente, entonces eso es costoso internacionalmente y nacionalmente era costoso porque el Estatuto le servía al Gobierno para forzar a los guerrilleros a negociar, entonces cuando el Gobierno Pastrana decide no tener esa herramienta, al menos para crímenes de guerra durante siete años, es un costo político, porque eso mina su posición en la negociación”, indicó el profesor.

Urueña Hernández explicó que los países adoptan los tratados voluntariamente y que los tratados normalmente permiten reservas, es decir, adherirse, pero solicitar que no aplique alguna cláusula, pero el Estatuto de Roma no permite esas reservas, entonces los Estados que lo negociaron decidieron incluir el artículo 124 para los crímenes de guerra. El profesor aclaró que los países pueden acogerse a ese artículo solo al firmar el tratado y por una sola vez.

El Tratado entró en vigor en Colombia desde el 1 de noviembre de 2002, para los crímenes de lesa humanidad y genocidio, pero no para crímenes de guerra (homicidio intencional, tortura, toma de rehenes, dirigir intencionalmente ataques contra bienes civiles, es decir, bienes que no son objetivos militares, entre otros).

Falsa

“Las Farc [son] el mayor cartel del narcotráfico del mundo”

Colombiacheck ya había chequeado esta frase, pues la habían mencionado en varias ocasiones el expresidente Álvaro Uribe y otros miembros del Centro Democrático, partido de Uribe.

La conclusión del chequeo, después de consultar varias fuentes y de revisar documentos al respecto es que, si bien hay pruebas de que ese grupo estuvo involucrado en dicha actividad ilegal, su papel no alcanzó las dimensiones para configurarse como el mayor cartel de narcotráfico del mundo.