Pasar al contenido principal

Cuestionable Cuestionable Cuestionable Cuestionable Cuestionable Cuestionable Cuestionable Cuestionable

Cuestionable

Lunes, 01 Agosto 2022

Informe final no impone “obligatoriedad de negociar con bandas criminales” como dijo la periodista Salud Hernández

Por Pablo Navarrete

La periodista, una de las voces más críticas en contra del informe final de la Comisión de la Verdad, afirmó en su columna de la revista Semana, que además en el documento se obligaba a la reforma de las FF.MM y la Policía, así como a eliminar el ESMAD.

A raíz de la publicación del informe final de la Comisión de la Verdad, la periodista Salud Hernández, opositora del acuerdo de paz suscrito entre el Estado colombiano y la extinta guerrilla de las Farc, en su columna de la revista Semana del 2 de julio, titulada ‘La Comisión, la oposición y la desvergüenza’, cuestionó duramente algunos de los apartes de dicho documento.

Hernández empieza su argumentación diciendo: “No será un documento para el debate, menos aún para someterlo al escrutinio público. Lo que fue quedó para siempre. Lo convirtieron en la verdad absoluta, la que enseñará Fecode en los colegios”.

La columna, que Hernández compartió a través de este trino en su cuenta de Twitter, alcanzó en esta red social más de 2.100 me gusta y 1.430 compartidos, por lo que en Colombiacheck decidimos verificar una de las afirmaciones que ella hace.

Hernández aseguró que “La comisión impone obligatoriedad de negociar con bandas criminales, reformar las FF. MM. y la Policía, eliminar el Esmad [Escuadrón Móvil Antidisturbios] o gabelas para los líderes de las protestas”.

Sin embargo, encontramos que la afirmación de la reportera es cuestionable  por varias razones. Vamos por partes: 

Primero, revisamos el artículo 4 del decreto 588 de 2017, por el cual se constituyó la Comisión para El Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, y en la que, además, se establecen los términos del mandato de la CEV. En el documento, no se hace referencia alguna a acciones de imposición y obligatoriedad de aplicación de las recomendaciones sugeridas por la entidad.

Lo que sí quedó establecido en el mencionado decreto es que la CEV busca “lograr una mejor comprensión de las dinámicas regionales del conflicto y de la diversidad y particularidades de los territorios afectados, y con el fin de promover el proceso de construcción de verdad y contribuir a las garantías de no repetición en los diferentes territorios”.

De ahí que vale la pena señalar que lo establecido en los criterios orientadores del Acuerdo de Paz (página 132), dice: “los esfuerzos de la Comisión estarán centrados en garantizar la participación de las víctimas del conflicto, asegurar su dignificación y contribuir a la satisfacción de su derecho a la verdad”. A partir de allí, vale la pena preguntarse, ¿para qué sirven las recomendaciones?

Para responder esta pregunta, contactamos a Alejandro Restrepo, coordinador de la línea de paz y posconflicto de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares),  él señaló que la CEV tiene 3 ejes de trabajo sobre los que se formularon las mencionadas recomendaciones: 

“Uno, contribuir al esclarecimiento de los hechos ocurridos en el marco del conflicto armado interno, generando explicaciones que promuevan un entendimiento sobre lo sucedido en la sociedad en su conjunto. Dos, promover el reconocimiento de las víctimas y la participación directa e indirecta de los responsables de hechos victimizantes en el marco del conflicto armado interno. Y tres, la promoción de la convivencia. En ese sentido, la Comisión de la Verdad se encarga de promover, a través de una serie de recomendaciones, la reconciliación, la convivencia y la no repetición de la violencia estructural en el marco del conflicto armado interno”. 

Según el investigador, estas recomendaciones adscritas dentro del informe final del conflicto armado en Colombia entregado por la CEV se hacen “teniendo como punto de partida el proceso de investigación y las voces de miles de víctimas que fueron tenidas en la cuenta para la formulación de estas situaciones, con el fin de que busquemos no repetir esta historia. Por lo que es falso que sean de aplicación obligatoria”. 

Ahora bien, en el Acuerdo de Paz (página 132) se afirma que las recomendaciones de la Comisión de la Verdad se formulan para que “puedan contribuir de manera efectiva a la construcción de una paz estable y duradera”.  

Y, frente a ello, Restrepo aclara que, aunque las recomendaciones no tienen un carácter obligatorio, “sí es necesario que las instituciones hagan un esfuerzo con el propósito de generar las condiciones para que la violencia estructural ocurrida en el conflicto armado interno no se repita. Y por eso, han encontrado unos cuellos de botella en el nivel institucional para que se generen esas condiciones. Entonces, aunque no tienen un carácter obligatorio, en el nivel ético y político sí debería ser una lectura necesaria e indispensable en el marco de la política pública, en función de la no repetición”. 

Luego de hablar con el investigador de Pares, profundizamos en el capítulo de ‘Hallazgos y Recomendaciones’ del informe final. En primer lugar, no encontramos en el mencionado capítulo la recomendación en la que, según la periodista Hernández,  se sugiere la “obligatoriedad de negociar con bandas criminales”.

Sin embargo, en su página 535, el capítulo hace referencia al sistema carcelario al indicar que este ha combinado escenarios de “extrema precariedad con burbujas de lujo para los presos de renombre”, haciendo de ellas, “un lugar donde se tasa la justicia y se negocia la guerra, donde se cruzan los intereses de la política y del conflicto armado. Los escenarios creados para el castigo del delito, han sido también espacios para negociar impunidades”. 

Pero, reiteramos, no hay una referencia a hacer procesos de negociación con bandas criminales en este capítulo. Por eso, consultamos con Salud Hernández la fuente de su frase ó un documento público al que pudiéramos tener acceso para verificar lo mencionado por ella, y al momento de publicar este chequeo, no obtuvimos respuesta. 

"Eliminar al ESMAD"

En cuanto a lo indicado por Hernández, cuando dice que el informe recomienda “reformar las FF. MM. y la Policía, eliminar el Esmad”, encontramos que eso es inexacto, pues aunque en el capítulo de ‘Hallazgos y recomendaciones’ del informe final sí se menciona de manera clara lo escrito por la periodista en la columna, la recomendación no tiene un carácter de aplicación obligatoria, por lo que es una recomendación no vinculante.

En el ya mencionado capítulo del informe, el punto 6 se titula ‘Para una nueva visión de seguridad para la paz’, en este aparte, la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad plantea que entre los esfuerzos necesarios para la construcción de paz está el de “reconstruir la confianza entre los ciudadanos y las instituciones, en particular la fuerza pública, como un elemento fundamental para la paz territorial y el fortalecimiento institucional”. De ahí que en esta parte del documento, se señala: 

“La Comisión considera fundamental que se haga una reflexión sobre la visión y el sector de seguridad y defensa que se requieren para responder de mejor manera al propósito de la construcción de paz, teniendo en cuenta los procesos ya iniciados al interior de las Fuerzas Militares y la Policía. Dar respuestas adecuadas a esto supone, además, reconocer las diferentes necesidades de seguridad y adaptarse al propósito de la construcción de paz, comprender el escenario de violencia que vive el país tras la firma del Acuerdo de Paz” (página 841). 

Entonces, lo indicado en la columna de Salud Hernández en cuanto a las reformas de las Fuerzas Militares y Policía eso también es inexacto, porque el informe final escribió 10 recomendaciones de cara a los temas de seguridad que implican a las fuerzas militares, Policía y Esmad. Aquí mencionamos varias de ellas:  

Por una parte, advierte en la necesidad de construir y diseñar “nueva visión de seguridad como bien público, centrada en las personas, en el ser humano, que nos permita superar las lógicas del conflicto armado”.

Y, a su vez, propone ajustes institucionales, “normativos, políticos, educativos y culturales necesarios para que el sector se adapte a la nueva visión de seguridad”.

La Comisión recalca también varios aspectos que proponen una transformación dentro de las mencionadas instituciones: 1, garantizar el liderazgo y direccionamiento civil de las Fuerzas Militares y la Policía. 2, “controles penales, disciplinarios, fiscales y políticos que garanticen estándares de independencia y transparencia en las investigaciones, en particular en materia de Justicia Penal Militar así como en procesos disciplinarios”. 3, replantear los roles y misiones de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional. 

El cuarto punto precisa, “poner en el centro el cuidado de la vida, lograr que el proceso tenga publicidad y transparencia suficientes para que la sociedad en general tenga plena confianza sobre los principios que guían el actuar de la fuerza pública y la manera como se garantiza su difusión y seguimiento”, esto a razón de la doctrina de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional. 5, “Necesidad de un marco legal estatutario y de política claro para el uso de la fuerza tanto para las Fuerzas Militares como para la Policía Nacional”. 6, generar estrategias de cambio dentro de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional para que ambas instituciones actúen bajo el rol y la misión de “la visión de seguridad” (página 852).  

Asimismo, estas recomendaciones sugieren “el uso adecuado de la fuerza por parte de las Fuerzas Militares y la Policía en sus respectivas operaciones, operativos, actividades y procedimientos, teniendo en cuenta la nueva visión de seguridad, así como el ajuste en roles y misiones. Lo anterior sobre la base de los principios del DIH, los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y rendición de cuentas y la complementariedad y convergencia del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario en escenarios de conflicto armado”.

Dentro de los puntos que más han llamado la atención está el de sugerir la eliminación gradual de la obligatoriedad del servicio militar y separar la Policía del Ministerio de Defensa. Y propone eliminar las alianzas entre Fuerzas Militares y empresas privadas. Por último, la Comisión recomienda reconocer a las guardias indígenas como mecanismos autónomos de protección, convivencia y cuidado. 

Para entender por qué es importante y legítimo que la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad haga recomendaciones frente al funcionamiento que debería tener las Fuerzas Militares y la Policía de cara a un escenario de construcción de paz, consultamos a Elvira Sánchez Blake, ella es escritora colombiana con experiencia en asuntos de paz y docente de Michigan State University.

Según ella, “todas las recomendaciones de la CEV son necesarias y posibles, porque parten de una visión de seguridad que pone en el centro el cuidado de la vida para transformar la doctrina del enemigo interno, que ha justificado tantos abusos de la Fuerza Pública. La Comisión de la Verdad tiene toda la autoridad para hacer estas recomendaciones, si se piensa y se tiene en cuenta que la fuerza pública no genera confianza en la ciudadanía, y esta confianza se tiene que restablecer dentro de un marco jurídico de respeto y dignidad”.

La profesora Sánchez-Blake explica que tanto las recomendaciones como los hallazgos que hacen referencia a las Fuerzas Militares y Policía hacen parte del necesario reconocimiento que “ellos deben hacer como actores del conflicto armado en Colombia. Es que la seguridad ha sido concebida como seguridad para unos sectores privilegiados del país, pero nunca se habla de la seguridad de las poblaciones que viven en riesgo permanente por los actores armados. No hay seguridad para estas poblaciones. Por eso es importante que existan estas recomendaciones que proponen una nueva visión de seguridad, pluralismo, diversidad y el principio de dignidad humana ”. 

Por último, en cuanto a “eliminar el Esmad”, y otorgar “gabelas para los líderes de las protestas”,  encontramos que ambas afirmaciones están basadas en el aparte ‘Para consolidar democracia incluyente, amplia y deliberativa’ del capítulo de ‘Hallazgos y recomendaciones’  (página 807). En este segmento se proponen ajustes institucionales, políticos, sociales y culturales necesarios para garantizar el derecho a la protesta y a la movilización:

“Como parte esencial de una sociedad democrática que avanza en la protección de derechos. Estos buscan acabar con la represión violenta y su estigmatización, que están conectadas con medidas de limitación y definición de roles de la fuerza pública, y hacen énfasis en el rol de la Policía como garante del derecho a la protesta”, (página 810)

Entonces, hallamos que, aunque, como lo asegura Hernández, sí se propone la eliminación del Esmad, también se contempla en el documento (página 817) la posibilidad de diseñar una reforma dentro del Escuadrón Móvil Antidisturbios para incorporar procesos formativos que ayuden a prevenir la estigmatización y criminalización de organizaciones y movimientos sociales.

También buscamos en el informe la palabra ‘gabela’ (palabra utilizada por la periodista Hernández en su columna) que, de acuerdo con la Real Academia de la Lengua Española significa “provecho o ventaja”, pero no logramos encontrar nada en lo que se señalara algo relacionado con ventajas o provechos otorgados a los líderes de las protestas. 

Lo que sí se recomienda frente a la protesta social es el cumplimiento de lo suscrito en el Acuerdo de Paz: “Garantías plenas para la movilización y la protesta pacífica como parte del derecho constitucional a la libre expresión”, “garantías a los derechos de los y las manifestantes y de los demás ciudadanos y ciudadanas”, (página 45). Entonces, lo que se recomienda en el informe respecto a la protesta es la creación de un sistema político con garantías de participación “para los grupos minoritarios, la movilización y la protesta social”. (Página 807)

Entre las recomendaciones del informe están: Respaldar las manifestaciones legítimas de protesta social, acompañamiento permanente de la Defensoría del Pueblo, prohibición de intervención militar así como gestos de rechazo del alto gobierno respecto a la violencia como mecanismo planteado para la resolución de conflictos. Más allá de una “gabela”, lo que el informe plantea en este sentido es comprometerse con la certeza de la no violencia en medio de manifestaciones. 

Frente a esto, Sánchez-Blake comenta que “es innegable que la violaciones a los derechos humanos han sido evidentes en los excesos de la Policía en contra de la población civil en las recientes protestas ciudadanas, sin mencionar los ataques en contra de las poblaciones minoritarias”. 

Por todo lo anterior, podemos decir que: el mandato de la Comisión reconoce las múltiples versiones para intentar construir el camino para una paz completa, estable y duradera. Además de todo, las recomendaciones de la CEV, contrario a lo señalado por Salud Hernández, no son de aplicación obligatoria, pero sí buscan promover, a través del reconocimiento de distintos actores de la sociedad civil y de la institucionalidad, la reconciliación nacional. 

Y, aunque es cierto lo que dijo Hernández en relación a la recomendación que hace la CEV de modificar las Fuerzas Militares y la Policía, no es cierto que se recomienda categóricamente la eliminación del ESMAD, ya que también sugiere hacer modificaciones al mencionado escuadrón antidisturbios, así como tampoco es cierto que sugiera gabelas para los líderes de las protestas y negociaciones con bandas criminales. En ese sentido, calificamos esta afirmación de Salud Hernández como cuestionable.

 

Falso Falso Falso Falso Falso Falso Falso Falso

Falso

Lunes, 11 Julio 2022

Es falso que casos de ‘falsos positivos’ que investiga la JEP sean solo 800, como dijo Enrique Gómez

Por Carlos Mayorga, especial para Colombiacheck

El excandidato presidencial por el Movimiento de Salvación Nacional califica de “mitología” la cifra de 6.402 víctimas de ejecuciones extrajudiciales y que “hoy no hay más de 800 casos que hayan sido radicados ante la JEP en los que haya víctimas”. Verificamos sus afirmaciones.

Enrique Gómez Martínez ha sido un crítico del Acuerdo de Paz que se firmó entre el Estado colombiano y las FARC en el 2016 y consecuentemente con las instituciones creadas a partir del mismo (JEP, CEV), así es como luego de la entrega del informe final de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición (CEV), el pasado 28 de junio, Gómez se convirtió en uno de los contradictores más activos en redes sociales del documento.

Dos días después de la entrega de la investigación de la CEV, que representa 43 meses de trabajo, Gómez aseguró en Semana TV, espacio moderado por la periodista Vicky Dávila, que alrededor de los ‘falsos positivos’ se han construido mitos “ajenos a la realidad judicial”.

Cabe recordar que el abogado bogotano fue candidato presidencial en las recientes elecciones con el movimiento Salvación Nacional, fundado por su tío, Álvaro Gómez Hurtado, tres años antes de ser asesinado por las FARC en 1995,, según reconocieron miembros del último Secretariado de esa guerrilla en agosto del año pasado. 

Esa colectividad había desaparecido, pero el Consejo Nacional Electoral le otorgó nuevamente personería jurídica en diciembre del año pasado, siguiendo lineamientos de reparación dictados por la Corte Constitucional, como lo hizo con los partidos Verde Oxígeno y Nuevo Liberalismo, porque la violencia y el conflicto armado los sacó del escenario electoral.

“Yo he hecho un seguimiento cuidadoso de los radicados reales de Justicia y Paz y la justicia permanente, por ejemplo, en el caso de los excesos operacionales que se han llamado ‘falsos positivos’. Ahí el país entero cabalga sobre la mitología de las 6.402 víctimas. Hoy no hay más de 800 casos que hayan sido radicados ante la JEP en los que haya víctimas (de ejecuciones extrajudiciales)”, sostuvo Gómez en la entrevista.

 

En su cuenta de Twitter subió su intervención, acompañado por un texto en el que asegura: “La mitología es lo que impera en la Comisión de la Verdad. A la fecha de hoy, ante la JEP de los excesos operativos o llamados ‘falsos positivos’, no hay más de 800 casos radicados. Sin embargo, se empeñan en la cifra falsa de 6.402. Esa construcción es mentira tras mentira”.

El tuit ya tiene más de 2.869 me gusta y más de 1.741 retweets y el video que lo acompaña obtuvo más de 144.000 visualizaciones, por lo que en Colombiacheck decidimos verificar las afirmaciones hechas por Gómez en el mencionado trino.

Sobre la responsabilidad del Estado en las ejecuciones extrajudiciales, varios sectores han  manifestado su inconformidad con las conclusiones de la Comisión de la Verdad, uno de esos fue el partido del expresidente Álvaro Uribe Vélez. El 28 de junio, mismo día en que salió el capítulo Hallazgos y Recomendaciones del Informe Final, el Centro Democrático expidió un comunicado de cuatro puntos buscando convencer a los internautas sobre la disposición del expresidente de acabar con los ‘falsos positivos’. 

En Colombiacheck ya verificamos esta publicación en el chequeo titulado “Medidas tomadas por el gobierno de Álvaro Uribe no acabaron los ‘falsos positivos’ en el país” y encontramos que tres de las afirmaciones eran falsas.

El análisis de Gómez deja varias preguntas y encontramos que el excandidato, con sus intervenciones, desconoce información que la misma Fiscalía ha presentado a la justicia transicional y a la Corte Penal Internacional sobre la magnitud del fenómeno de ‘falsos positivos’; indica conocer información del proceso de Justicia y Paz, donde no caben este tipo de investigaciones; y minimiza su interpretación a lo que expertos consideran busca referirse a las acreditaciones ante la JEP. Por eso, calificamos sus aseveraciones como falsas. Empecemos con los detalles.

“...Seguimiento cuidadoso de los radicados reales de Justicia y Paz”

En sus declaraciones, Gómez sostiene que ha revisado en los radicados de Justicia y Paz los casos de ‘falsos positivos’, pero ese sistema de justicia transicional no tenía por objeto conocer esos crímenes, por lo menos no de manera directa de parte de los uniformados, ni mucho menos procesarlos.

El 25 de julio de 2005 entró en vigencia la Ley 975 de 2005, conocida como Ley de Justicia y Paz. Su objetivo fue facilitar los “procesos de paz y la reincorporación individual o colectiva a la vida civil de miembros de grupos armados al margen de la ley, garantizando los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación”. Esto concierne tanto a paramilitares como guerrilleros.

“Sabiendo en principio que Justicia y Paz no tiene competencia frente a este tipo de hechos y sobre todo la responsabilidad de miembros de la Fuerza Pública, lo cual desde ahí empieza a plantear serias dudas acerca de la información que está intentando contrastar, por lo que dice que ha hecho un seguimiento cuidadoso”, señala Sebastián Bojacá, abogado de la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ).

Según VerdadAbierta.com, “de los 32 mil desmovilizados de grupos armados al margen de la ley, solo el ocho por ciento están postulados al proceso de Justicia y Paz”, y ninguno de ellos llegó a esos tribunales como agente del Estado porque no eran competentes para juzgarlos. 

Lo que sí hicieron los magistrados y fiscales de Justicia y Paz fue remitir compulsas de copias a la justicia ordinaria para que investigara aquellos miembros o exmiembros de la Fuerza Pública nombrados por los exparamilitares como cómplices en varios de los crímenes perpetrados por esas organizaciones armadas ilegales, entre ellos algunos 'falsos positivos'. Pero es necesario insistir que bajo la Ley 975 no hubo procesos contra miembros de la Fuerza Pública, pues su articulado no lo contempla.

En la sentencia del 25 de julio de 2016 sobre la Estructura paramilitar del Bloque Centauros y Héroes del Llano y del Guaviare, la sala de Justicia y Paz hace un llamado a prestarle atención al fenómeno de los ‘falsos positivos’ por los señalamientos que paramilitares le hicieron a entonces militares adscritos al Batallón de Infantería No. 21 Pantano de Vargas, con sede en Granada, Meta. Pero, como se ha insistido en esta verificación, no investiga.

“Lo referente a los falsos positivos, advierte ahondar en dicho asunto como una práctica sistemática, que tuvo un auge en la operatividad tanto del Ejército como de las Autodefensas, con ocasión de la validación que se obtuvo por parte de diferentes funcionarios judiciales, en procedimientos como la inspección técnica de cadáver realizada por la policía judicial, en que se consideraba que había existido un combate, así como lo relacionado con el protocolo de necropsia, y la suspensión de la investigaciones de la justicia penal militar, y en la jurisdicción ordinaria –en caso de que llegaran a dicho estadio judicial–”, se lee en la página 272 de la sentencia. 

VerdadAbierta.com registró en 2010 cómo las versiones de paramilitares dentro de ese proceso judicial llegaron a la Fiscalía a investigar a miembros de la Fuerza Pública por haber coordinado con las autodefensas el asesinato de civiles inocentes para después presentarlos como muertos en supuestos combates. 

“A raíz de las denuncias por ‘falsos positivos’ de los ex jefes paramilitares del Bloque Centauros Daniel Rendón Herrera, alias ‘Don Mario’; Manuel de Jesús Pirabán, alias ‘Jorge Pirata’; Luis Arlex Arango, alias ‘Chatarro’ y Mauricio de Jesús Roldán Pérez, alias ‘Julián’ la Fiscalía Quinta de Justicia y Paz radicó copias contra el coronel del Ejército Héctor Alejandro Cabuya De León (r), Wilson Orlando Lizarazo y el mayor Ricardo Efraín Arcos Rosero”, registró ese medio.

Otro caso relevante es el del Bloque Norte, entonces comandado por Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’, que habría coordinado acciones con miembros del Batallón de Artillería No. 2 La Popa con sede en Valledupar, Cesar, para coordinar la entrega de de civiles que después fueron presentados como muertos en combates.

“El despacho 3 de Justicia y Paz logró documentar estos casos después de varias versiones libres de John Jairo Hernández Sánchez, alias ‘Centella’, Randys Julio Torres Maestre, alias ‘El Niño’, Adolfo Guevara Cantillo, alias ‘101, en las que los desmovilizados narraron cómo realizaron estos crímenes en supuesta complicidad con miembros de ese batallón militar”, precisó en junio de 2010 VerdadAbierta.com.

El otro punto al que hace referencia Enrique Gómez es a los radicados de la justicia permanente, los cuales sostiene no corresponden con la magnitud que ha hecho pública la JEP con la determinación de víctimas, sin embargo, la Fiscalía anunció que le entregó más de dos mil procesos al tribunal de justicia transicional sobre ejecuciones extrajudiciales. 

 

“Hoy no hay más de 800 casos que hayan sido radicados ante la JEP”


En julio de 2018, la Fiscalía General de la Nación (FGN) le entregó a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) el informe Muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combates por agentes del Estado. Días después, la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas (SRVR) abrió el macrocaso 03, Muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado.

“El Informe No. 5 de la Fiscalía a la JEP —se lee en un comunicado del 2018 del órgano de justicia transicional— identifica un total de 2.248 víctimas entre 1988 y 2014, de las cuales el 48% fueron hombres jóvenes entre los 18 y 30 años. Según el informe de la Fiscalía, el fenómeno allí descrito aumenta de manera sustancial a partir del año 2002 y muestra su etapa más crítica entre 2006 y 2008”.  

En el primer semestre del 2020, se conoció que la Fiscalía le entregó un informe a la Corte Penal Internacional para su evaluación anual sobre la situación del país, en el que da cuenta de 2.268 casos activos, en los cuales se contaban 3.876 víctimas de ‘falsos positivos’ a octubre de 2019.

“Por los homicidios de civiles a quienes luego hicieron pasar como muertos en combates había hasta esa fecha 10.742 personas investigadas y 1.740 personas condenadas”, precisó El Tiempo al referirse al informe del ente acusador.

Meses después, la Sala de Reconocimiento de la JEP realizó un cruce de bases de datos con información suministrada por la Fiscalía General de la Nación (FGN), el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) y la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos (CCEEU) y de allí determinó que entre 2002 y 2008 ocurrieron 6.402 ejecuciones extrajudiciales presentadas como bajas en combate por agentes del Estado, así lo registró el Auto 033 del 12 de febrero de 2021.

Aunque en ese periodo se presentaron los índices más altos de ‘falsos positivos’, la JEP pudo establecer víctimas de ese crímen desde 1978 hasta 2016, por lo cuál las 6.402 son solo un fragmento del universo total de víctimas en el país. 

Como lo precisa la Comisión de la Verdad en el capítulo de Hallazgos y Recomendaciones del Informe Final, página 147, “La JEP determinó que entre 2002 y 2008 se registraron por lo menos 6.402 víctimas de ejecuciones extrajudiciales en 31 departamentos del país, perpetradas bajo esta modalidad. A pesar de que existe un subregistro de épocas anteriores, según la JEP, ese periodo agrupa el 78 % del total de las ejecuciones extrajudiciales de las que hay registro en el periodo comprendido entre 1978 y 2016 (8.208 personas asesinadas en ese tipo de acciones)”.

 

 Tomado del Auto 033 del 12 de febrero de 2021 de la JEP
 

Al revisar la gráfica que la JEP presenta en el auto de 2021 y evaluar los datos del “Total”, se obtiene la cifra de 8.163 ‘falsos positivos’ identificados con nombre y número de cédula, cifra cercana a la que expone la CEV en su informe casi un año y medio después. El segundo dato relevante que se obtiene de la gráfica es de la Fiscalía, institución que le habría suministrado información de 5.041 ‘falsos positivos’ a la JEP. 

El análisis de información y bases de datos es un trabajo que varias organizaciones de la sociedad civil ya venía desarrollando para identificar los patrones de esta deleznable práctica. La Comisión Colombiana de Juristas (CCJ) le solicitó información mediante derecho de petición a la Fiscalía, logrando consolidar una cifra de hechos y estableciendo un universo de casos. 

“Deberíamos empezar con que los hechos que Enrique Gómez  menciona como excesos operacionales realmente son homicidios contra la población civil”, precisó, en entrevista con este medio, Sebastián Bojacá, coordinador de Litigio Penal de la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), organización que, desde el 2018, representa a víctimas de ‘falsos positivos’ ante la JEP. 

Y continuó: “No es que exista un mito ajeno a la realidad judicial, lo que pasa es que la realidad judicial es clara sobre la existencia de varios de estos casos que quieren ser descategorizados mencionándose como excesos operacionales”.  

“Las conclusiones de la CEV se encuentran amparadas en una metodología de investigación que el señor Gómez obviamente desconoce, y sus opiniones carecen de sustento y son con el único propósito de informar falsamente sobre este tema”, complementó, en entrevista con este medio Sebastián Escobar, abogado del Colectivo de Abogados José Albear Restrepo (CAJAR).

Sin embargo, el excandidato Gómez se empeña en sostener que la magnitud del flagelo es diez veces menor a las investigaciones de la JEP de las que se valió la Comisión de la Verdad para su informe. “En términos de víctimas, hoy en la JEP, sumados todos los repartos y suponga que quedan por llegar, no van a haber nunca más de mil víctimas en este proceso de 'falsos positivos'”, dijo en entrevista con Semana TV. 

Al respecto, Sebastian Escobar, abogado del CAJAR sentencia: “Solo revela el desconocimiento —de Gómez— por los hallazgos de los organismos del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición”. También agrega:

“La cifra de civiles ilegítimamente presentados como bajas en combate, ‘falsos positivos’, identificada por la JEP corresponde a la determinación de un universo provisional de hechos a partir de las fuentes de información que pueden aportar datos a la JEP. El universo provisional puede variar, incluso ser superior, si en el progresivo proceso de contrastación desarrollado por la JEP así lo determina. Así lo ha establecido en varias regiones del país en donde se han adoptado los primeros autos de determinación de hechos y conductas”.

El abogado de la CCJ resalta que las investigaciones que han llevado organizaciones no gubernamentales e internacionales apuntarían a que el universo de víctimas puede llegar a 10 mil ‘falsos positivos’.

“Estas subpriorizaciones que tiene la Jurisdicción Especial para la Paz en el caso 03 obedecen específicamente a una masividad de hechos cometidos en algunos territorios, en algunas épocas, pero que no aborda la totalidad de los períodos en todo el territorio nacional, esto para desmentir que solo sean 800 casos radicados en la JEP de manera determinante, de una práctica institucional o de una política nacional”.

El último punto sobre el que queda duda es a qué se refiere Gómez sobre “800 casos radicados” en la JEP. Abogados de víctimas y miembros de la oficina de prensa de la JEP, consultados por este portal, consideran que el excandidato presidencial podría referirse a las acreditaciones de víctimas. Sin embargo, tampoco así cuadra la cifra de Gómez, pues en el macrocaso 03 hay acreditadas 1.444 víctimas, según registros de la JEP con corte al 31 de diciembre de 2021. 

Cifra que refleja su error, pues más allá de exceder las 800 acreditaciones, debe tenerse en cuenta que el universo de víctimas no se define por estas, que son solo una parte de todas las víctimas existentes en el país y que reclaman justicia ante ese tribunal de justicia transicional.

Colombiacheck buscó a Enrique Gómez por medio de su hijo, Nicolás Gómez Arenas, para conocer a qué se refería con “seguimiento cuidadoso de los radicados reales de Justicia y Paz” sobre el tema de ejecuciones extrajudiciales, teniendo en cuenta que en esos despachos no se abrieron procesos por ‘falsos positivos’ cometidos por miembros del Estado. 

Además, para saber qué información tenía consolidada el excandidato presidencial sobre los procesos que había llegado la justicia ordinaria sobre ejecuciones extrajudiciales y si conocía sobre el informe y las bases de datos que la Fiscalía le había entregado al órgano de justicia transicional, pero a la fecha de esta publicación no suministró respuesta.

De tal manera que tras estas evidencias y análisis de los documentos judiciales disponible, concluimos que la afirmación de Gómez Martínez es falsa.