Pasar al contenido principal

Falso Falso Falso Falso Falso Falso Falso Falso

Falso

Jueves, 15 Octubre 2020

Juliana Giraldo ni era mexicana ni fue asesinada por las Farc ni hay pruebas de que fuera parte del Cartel de Sinaloa

Por Laura Castaño Giraldo

El pasaporte con el que tratan de probar que tenía otra nacionalidad es de una presentadora mexicana y las demás desinformaciones son producto de discursos discriminatorios o de acusaciones sin pruebas.

El asesinato de Juliana Giraldo generó  una serie de desinformaciones en redes sociales. Una de ellas es un mensaje con la foto de este pasaporte que se está difundiendo en Facebook y en Twitter con la intención de afirmar que su nombre no era Juliana, que supuestamente pertenecía al Cartel de Sinaloa y que, además, su muerte había estado en manos de las Farc. 

Pero, al verificar la información, encontramos que es falso y a continuación explicaremos cómo llegamos a esa conclusión. 

El primer paso de nuestra verificación fue buscar en Google el nombre Jimena Sánchez Mejía Reyes, que es el que aparece en el pasaporte, y descubrimos que se trata de una presentadora mexicana de Fox Sports.

 

Crédito de la foto: Notigram

Revisamos algunas de sus fotos en Instagram y, al compararlas con la foto del pasaporte que circula en internet, notamos que los rasgos físicos coinciden, lo cual permite descartar entonces que la mujer del documento fuera Juliana. 

Foto de Instagram        l      Foto del pasaporte

De todos modos, le escribimos a la presentadora, a través de sus redes sociales, con el fin de que nos confirmara la autenticidad del documento, pero, hasta la fecha de publicación de este chequeo, no nos ha contestado. 

Otra parte de la desinformación que estaba circulando es que Juliana, la mujer asesinada, en realidad no se llamaba así, pero esto no fue más que una especulación discriminatoria por el hecho de tratarse de una mujer trans. 

En este informe, Noticias Uno indica que, de acuerdo con la familia de la víctima, ella “se sentía amedrentada por los uniformados de esa zona [Miranda, Cauca] que la habían requerido varias veces en la carretera y se burlaban de ella, según había dicho, cuando al solicitarle la cédula encontraban en ella el nombre y apellido de una persona de género masculino”. 

Con respecto a lo que dice la publicación de que el asesinato de Giraldo fue responsabilidad de las Farc, podemos afirmar que tampoco es cierto. En el video que grabó su esposo, Franciso Larrañaga, que se hizo viral, él denuncia a miembros del Ejército Nacional como autores del crimen y los graba luego de lo sucedido.

Según el recuento de los hechos que hizo Larrañaga en una entrevista para La FM, él, su esposa y otros acompañantes iban en un vehículo desde Miranda, Cauca, hacia el municipio de Corinto y, en el trayecto, en el sector conocido como Guatemala, vieron un retén sin señalización.

Larrañaga contó que no llevaba en ese momento documentación, así que, 500 metros antes del retén, giró el carro para devolverse y acto seguido los miembros del Ejército empezaron a disparar. Su esposa recibió un impacto de bala en la cabeza y murió. Ahí fue cuando él se bajó desesperado del vehículo para grabar lo que había pasado. 

Al respecto, el general Marco Mayorga, comandante de la Tercera División del Ejército, entregó sus declaraciones, en una entrevista que le realizó la Revista Semana, con la versión de los hechos que defiende esta institución, y, a pesar de que en detalles difiere de la del esposo de la víctima, reconoce que el disparo que acabó con la vida de Juliana provino de un soldado de 19 años, lo que confirma que las Farc no tuvieron nada que ver en el incidente, como pretende hacer creer la publicación que estamos verificando. 

Sin embargo, la versión del Ejército sostiene que Giraldo falleció por una bala que rebotó, pero, de acuerdo con la reconstrucción de los hechos realizada por peritos del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, que menciona Noticias Uno en el informe que citamos previamente, la trayectoria de la bala indica “orientación horizontal y directa del proyectil, y excluye el rebote”. 

En Colombiacheck corroboramos la información dada por Noticias Uno con uno de los peritos del CTI que participó en la investigación.

El general en retiro Jaime Lasprilla, excomandante del Ejército, le explicó a El Tiempo que la orden es identificarse “y por ningún motivo disparar. Esa acción solo puede ser en respuesta a un ataque directo”.

Sobre ello, hay que tener en cuenta que según el apartado 5 del artículo 3 de la Disposición 012 de 2007, por la cual se expiden las Reglas de Enfrentamiento para las Fuerzas Militares, el miembro de la Fuerza Pública debe emplear “las armas, a orden de su comandante, sobre objetivos militares (bienes) o sujetos (personas) plenamente ubicados como enemigos”. Además, el apartado 8 del mismo artículo indica que debe usar “solo la fuerza necesaria para el cumplimiento de la misión, evitando o minimizando los daños que se pueden llegar a causar a la población civil y sus bienes o al medio ambiente”. Es decir, todo lo opuesto a lo que sucedió con Juliana Giraldo. 

Finalmente, la publicación sugiere que la víctima pertenecía al Cartel de Sinaloa, un grupo criminal mexicano que se dedica al narcotráfico. Pero en ningún sitio, aparte de las publicaciones desinformadoras en redes sociales, se ha establecido un vínculo de ese tipo entre Giraldo y dichos narcotraficantes. 

Por ahora queda esperar a que la Fiscalía siga realizando la investigación correspondiente para conocer, en su totalidad, todo lo sucedido alrededor del asesinato de Juliana Giraldo, que, por cierto, tendrá un enfoque diferencial para saber “si la identidad de género de la víctima es relevante en la ocurrencia de los hechos”, como explicó Carmen Torres Malaver, delegada para la Seguridad Ciudadana. 

De esta forma, concluimos entonces que la publicación objeto de verificación de este chequeo está hecha a punta de información falsa que no tiene ningún sustento. 

Verdadero pero... Verdadero pero... Verdadero pero... Verdadero pero... Verdadero pero... Verdadero pero... Verdadero pero... Verdadero pero...

Verdadero pero...

Jueves, 06 Agosto 2020

Militares del Ejército investigados por delitos sexuales contra menores no son 118, sino 75

Por Sania Salazar

El general Eduardo Zapateiro usó la cifra total de miembros de la institución implicados en investigaciones por delitos sexuales que adelanta la Fiscalía para referirse a los casos en los que las víctimas son menores de edad.

Después de que se conoció que siete soldados violaron a una menor de edad indígena en Pueblo Rico, Risaralda, en junio pasado, el Comandante del Ejército, general Eduardo Zapateiro Altamiranda, aseguró en una rueda de prensa que desde 2016 eran 118 los integrantes de esa fuerza implicados en investigaciones de la Fiscalía General de la Nación por actos sexuales abusivos contra menores de edad.

La frase exacta del general fue la siguiente: “Hemos organizado una verificación detallada desde el 2016 identificando 118 integrantes de la fuerza relacionados en casos de presuntos actos sexuales abusivos y violentos contra menores de edad, todos esos hechos a la fecha son conocidos por la Fiscalía General de la Nación y cuentan con investigación disciplinaria”.

Basado en información de la Fiscalía, Colombiacheck califica la afirmación del comandante del Ejército como “verdadera, pero”, porque si bien es cierto que son 119, (uno más de los que él dice) los integrantes del Ejército implicados actualmente en investigaciones de la Fiscalía por delitos sexuales, no en todos esos casos las víctimas son menores de edad, como lo aseguró Zapateiro Altamiranda.

En la oficina de prensa del Ejército le explicaron a Colombiacheck que la cifra salió de una revisión interna que ordenó el comandante del Ejército y de la información que han recibido de autoridades judiciales en las que les informan sobre investigaciones penales en las que están involucrados integrantes de esa fuerza pública.

En respuesta a un derecho de petición enviado por Colombiacheck, la Fiscalía informó que, desde 2016 y hasta el 15 de julio de 2020, en sus registros tiene 113 procesos por violencia sexual con por lo menos un implicado perteneciente al Ejército Nacional. Según la entidad, son en total 119 militares implicados en las investigaciones, en su mayoría soldados (73). También están implicados un general y un coronel.

En 75 de los casos  las víctimas son menores de edad y en 36 mayores de edad. En dos casos más la Fiscalía no cuenta con información sobre las víctimas. La Fiscalía aclaró que no tiene registro de la edad exacta de 17 de las víctimas menores de edad.

Del total de casos en los que están implicados miembros del Ejército, 86 están en etapa de indagación (etapa previa en la que se averigua si hay pruebas para abrir un proceso judicial), 19 en etapa de juicio, seis en ejecución de penas y dos en investigación.

Como se ve en el siguiente cuadro, los principales delitos que se investigan en estos casos son actos sexuales con menor de 14 años y acceso carnal abusivo con menor de 14 años.

Pantallazo militares ejercito implicados abuso sexual fiscalia

Julia Castellanos, Coordinadora del observatorio de la Coalición Contra la Vinculación de Niños, Niñas y Jóvenes al Conflicto Armado en Colombia, Coalico, recordó que la violencia sexual en el marco del conflicto armado está entre las violaciones más dificiles de monitorear, por los mitos que hay alrededor de ese tipo de violencia, por el temor de las víctimas a denunciar y por desconfianza en las instituciones.

Castellanos recordó que han alertado al Estado sobre el manejo de las campañas cívico militares, actividades en las que el Ejército lleva asistencia médica, actividades recreativas para los niños, entre otras, a zonas del país en donde hay actores armados ilegales. “Lastimosamente a partir de estas prácticas se genera un acercamiento a los niños y las niñas que los pone en riesgo de situaciones asociadas con violencia sexual o asociadas a que puedan ser víctimas de amenazas, hostigamiento o seguimiento por otros grupos armados, esto lo hemos alertado mucho en la medida en que rompe el principio de distinción de acuerdo con el Derecho Internacional Humanitario y pone en riesgo a los menores de edad”, señaló..

Castellanos no se atrevió a calcular el porcentaje de subregistro de este delito, pero aseguró que debe ser muy alto como todos los delitos en los que las víctimas son menores de edad.