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Viernes, 15 Marzo 2019

La tabla exagerada sobre las víctimas del conflicto armado por gobiernos

Por José Felipe Sarmiento

Aunque dice basarse en cifras de 2017, sus cuentas no coinciden con los registros generales de ese año. Pese a que no hay cifras por meses, los periodos de Álvaro Uribe y Andrés Pastrana sí concentran la mayoría de casos.

Una tabla sobre la supuesta cantidad de víctimas que dejó el conflicto armado en cada gobierno se viralizó en Twitter “para explicar el porqué del miedo a la JEP y quiénes son los promotores”. En la imagen se resaltan las tres filas correspondientes a los periodos de Andrés Pastrana (1998-2002) y Álvaro Uribe (2002-2006 y 2006-2010), que tienen las mayores cifras y concentran 67,41 por ciento del total.

Bajo el título de la tabla se aclara que las cuentas fueron hechas con base en los datos anuales del Registro Único de Víctimas (RUV) con corte el 1 de junio de 2017. El mismo cuadro fue utilizado por el columnista Napoleón de Armas en un análisis que publicó el diario El Pilón de Valledupar el 9 de julio de ese año, por lo que es probable que el “tuitero juicioso” que lo puso a circular de nuevo lo haya tomado de ese artículo.

El primer problema es sacar las cifras exactas por cada presidencia, porque los mandatarios se posesionan el 7 de agosto y no hay datos mensuales. Colombiacheck agrupó las cifras de diferentes maneras, hasta que encontró que los cálculos de la tabla están hechos de modo que los años de cambio de administración se le atribuyeron al mandatario saliente: 2010 a Uribe II, 2006 a Uribe I, 2002 a Pastrana, 1998 a Ernesto Samper y así sucesivamente.

Para llegar a esa conclusión fue necesario comparar y sacar cuentas también con los números que presenta hoy el RUV, que van hasta el 1 de febrero de 2019, porque no hay manera de acceder a sus versiones históricas. Así surgió un problema mucho más grande: al comparar la tabla de Twitter con la actualidad, los dos periodos de Uribe presentaban una aparente reducción de 222.826 víctimas. ¿Qué se hicieron esas personas?

 

María Inés García, funcionaria de la Subdirección de la Red Nacional de Información (RNI) de la Unidad de Víctimas, entidad que administra el registro, explicó que “no se recomienda” hacer ese tipo de sumas porque hay víctimas que parecen registradas en más de un año por diferentes hechos o por la repetición del mismo. Por ejemplo, personas que han sido desplazadas dos veces en momentos diferentes.

Hoy el RUV cuenta 8’771.850 víctimas, casi 260.000 menos que las 9’028.517 de la tabla. Entre tanto, hay 10,3 millones de hechos victimizantes porque cerca de 850.000 personas han sufrido de dos a nueve eventos de ese tipo.

Es por eso que ni la prensa ni el Estado contaban a tantas víctimas en 2017 como De Armas. En algunos documentos y notas de entonces también se cita al RUV como fuente con resultados muy diferentes. Por ejemplo, un informe del Ministerio de Salud citaba el registro para contabilizar una población total de 8’472.134 víctimas hasta junio de ese mismo año.

En los medios aparecían conteos mucho más cercanos al presentado por esa entidad que al publicado en El Pilón y recién retomado en redes sociales. El 14 de agosto de 2017, la emisora W Radio daba un aproximado de 8’450.000 víctimas. En junio, la revista Semana había escrito la cifra de 8’421.627 personas.

En la academia también se partía de la misma referencia. En la edición de mayo de 2017 de la publicación científica Universidad y Salud, editada por la Universidad de Nariño, un artículo del psicólogo Germán Benavides Ponce, entonces decano de Ciencias Humanas, se refería a 8’376.463 víctimas según el RUV.

Incluso a lo largo de 2018 todavía salieron notas con cifras menores al cálculo del columnista. El 9 de abril La FM habló de 8,6 millones de víctimas reconocidas en el RUV. Cuando el presidente Iván Duque se posesionó, El Espectador le recordó que ya eran 8’650.169. El Tiempo salió dos días más tarde con la cuenta de 8,7 millones, sumando las registradas en sentencias, y RCN Radio reportó la misma cantidad en noviembre pasado.

Las cifras actuales

 

De todas formas, la mayoría de víctimas en el RUV sí fue afectada por el conflicto armado al menos una vez durante los gobiernos de Uribe y Pastrana. Como un ejercicio de proyección, Colombiacheck sacó de nuevo la suma de cada mandato, pero repartió de manera proporcional las cifras de los años en los que cambió el periodo presidencial: 58 por ciento (siete meses) para el saliente y 42 por ciento (cinco meses) para el entrante.

Así, al 1 de febrero pasado la suma por años daba 9’464.784 (con la salvedad, de nuevo, de que algunas víctimas aparecen más de una vez). A la presidencia de Pastrana le corresponden 2,4 millones. Para el primer periodo de Uribe, la cifra es de 2,2 millones y para el segundo, de 1,6 millones; por lo que el total de sus ocho años es de 3,8 millones. Entre los dos exmandatarios suman 6,2 millones, es decir casi dos tercios del total (65 por ciento).

 

Esta proporción no es nueva, incluso ha bajado. Usando esta misma técnica para repartir los años compartidos, Semana publicó un cálculo similar en 2016. En ese momento, los dos gobiernos de Uribe concentraban al 43,52 por ciento de las víctimas y el de Pastrana, 26,61 por ciento. De este modo, sumaban 70,13 por ciento.

En consecuencia, los datos de la tabla no son precisos. No obstante, los dos expresidentes que concentran la mayoría de víctimas en sus respectivos mandatos sí son los señalados allí.

[Actualización del 20 de marzo de 2019]

La respuesta de la Unidad de Víctimas

El 19 de marzo, cuando esta nota ya había sido publicada, la Unidad de Víctimas nos respondió a la solicitud de aclaraciones que habíamos pedido. En consecuencia, modificamos el texto para reflejar mejor las limitaciones de interpretación a la hora de sumar los datos del RUV por años y gobiernos.

García también explicó que el registro no solo se actualiza con nuevas personas que llegan a declarar su condición de víctimas. En algunos casos puede bajar la cantidad de personas porque también se va depurando la información antigua que el sistema heredó de bases de datos externas como Fondelibertad para secuestros, el ICBF para reclutamientos forzados o el Sipod para desplazamientos, entre otras.

Por ejemplo, cuando hay homónimos sin número de documento u otros datos que permitan establecer que se trata de una misma persona, se cuentan por aparte. Pero gracias al cruce de bases de datos con otras entidades, en especial con la Registraduría y el Ministerio de Educación, y a nuevas declaraciones de las víctimas, algunas de esas repeticiones se aclaran y sus registros se unifican.

Miércoles, 29 Junio 2016

Santos echa ‘tierrita’ a sus regulares resultados

Por Sania Salazar

El Presidente entregó cifras sueltas que no dicen mucho sobre cómo va la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, pero al indagar por las metas propuestas inicialmente, el balance no pinta tan bien.

La Ley de Víctimas y Restitución de Tierras cumplió cinco años en junio de 2016 y el Presidente Santos presentó cifras y datos con los que intentó mostrar un balance favorable de su ejecución, pero ¿qué hay detrás de esos números y cómo va en realidad la implementación de esta Ley?

Pese a su esfuerzo por mostrar el avance de esta política social, considerada clave por ser un espejo de lo que puede venir en el posconflicto, las cifras que ofreció muestran una realidad contraria. Al escarbar a fondo, lo que aparece es un atraso en el cumplimiento de la meta en restitución de tierras pactada en su propio Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, “Todos por un nuevo país”.

 

 

Basados en el trino que se ve en la imagen, Colombiacheck indagó cómo van tanto la Unidad de Víctimas como la de Restitución de Tierras en la ejecución de las metas, concluyendo que la afirmación del Presidente es engañosa.

¿A qué se refiere Santos con beneficiados?

Los 600 mil beneficiados de los que habla el Presidente son víctimas a las que han indemnizado con una cifra cercana a los $4 billones, le explicó a Colombiacheck María Eugenia Morales, Directora Técnica de Reparación de la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas.

Si bien la cifra de Santos es cierta, lo que no se dijo es que la Unidad de Víctimas solo atendió en estos años al 10% de quienes ostentan esa condición y son reclamantes. Según Morales, este déficit se debe a que la Ley de Víctimas se aprobó sin incluir el pago de indemnizaciones en dinero a la población desplazada, lo que hizo que se quedara corta en el cálculo de número de personas a las que se les debía pagar y, por obvias razones, en presupuesto.

En la Unidad de Víctimas estimaron que del total de víctimas registradas debían indemnizar alrededor de 1.3 millones que tenían derecho a ello, pero en 2013 la Corte Constitucional ordenó incluir a los desplazados entre los beneficiarios de la ley, sumándole 4.9 millones más, con lo que la cifra total de víctimas para atender llegó a 6.2 millones de personas.

La funcionaria aclaró que el registro actual de víctimas es de 8 millones de personas, pero que no todas son objeto de indemnización porque no cumplen con los requisitos contemplados en la ley para ello. Actualmente están depurando el registro para saber a cuántas personas deben indemnizar y saber qué dinero necesitan, pero no hay una fecha exacta para tener las cifras. Por ahora, con el dinero que tienen, están atendiendo también a los desplazados.

“Tal como fue concebida la ley, si hubiera permanecido así, iríamos en el 50% de indemnización”, aseguró Morales.

Consultada sobre el tema, Paula Gaviria, exdirectora de la Unidad de Víctimas, corroboró que inicialmente la Ley de Víctimas no consagraba la indemnización en dinero a los desplazados.

¿Restitución rezagada?

Por el lado de la Unidad de Restitución de Tierras, URT, aseguran, que en efecto, el proceso de devolución de tierras está a punto de alcanzar las 200 mil hectáreas devueltas a sus dueños.

Alcelis Coneo Barbosa, subdirectora general de la URT, explicó que para entender cómo se llegó a esta cifra, se debe comprender la magnitud de las reclamaciones que han recibido: 90.395 solicitudes de inclusión en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente, Rtdaf, de las cuales no a todas las cobija la Ley porque son hechos anteriores a 1991 o porque las debe resolver la justicia ordinaria, ya que no son producto de violaciones a los Derechos Humanos o al Derecho Internacional Humanitario.

El primer paso al recibir los casos es evaluar las condiciones de seguridad y retorno, además, priorizan las zonas con mayor afectación, todo esto para determinar si es viable devolver los predios.

Este proceso lo denominan microfocalización y es la bandera verde para que los casos inicien la etapa administrativa de indagación y documentación, luego pasan a manos de jueces de restitución de tierras, quienes tienen la última palabra.

Según la funcionaria, actualmente han microfocalizado 47.358 casos, más del 50% del total de solicitudes. Además, 33.382 casos agotaron la etapa administrativa. De esos, 17.763 no fueron incluidos en el Rtdaf por no cumplir los requisitos anteriormente descritos.

Coneo precisó que los 15.619 casos restantes sí se incluyeron y que alrededor de 12.000 se han trasladado a los jueces y magistrados para que resuelvan las demandas. Hasta ahora han fallado 1.812 sentencias en las que han ordenado devolver alrededor de 200 mil hectáreas.

La subdirectora de la URT resaltó que esas 1.812 sentencias restituyeron tierras a 3.670 personas, porque opera la figura de demanda colectiva, en la que una reclamación puede contener varios casos.

Gerardo Vega, director de La Fundación Forjando Futuros, que tiene un informe sobre la ejecución de la ley, critica el rezago en el cumplimiento de las metas.

Basándose en cifras publicadas en el libro “La cuestión agraria”, uno de cuyos autores es el exministro de agricultura, Juan Camilo Restrepo, Vega dice que el Gobierno calculó los casos en 360 mil para restituir aproximadamente 6.5 millones de hectáreas.

“Al 2016 deberían ir 72 mil sentencias. No van en el 0.3% de la meta planteada por ellos mismos”, recalca Vega.

Al revisar el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, “Todos por un nuevo país” (página 526), la meta para el 2018 son 50.000 solicitudes en trámite administrativo de restitución inscritas en el RTDAF, pero actualmente solo hay 15.619 inscritas.

Precisamente el exministro Restrepo aseguró en una columna de opinión publicada el 26 de mayo de este año que “la ejecución de la ley 1448 no tiene pues propiamente metas: se deben tramitar tantas cuantas solicitudes de restitución se presenten”, además aseguró que se ha gestionado el 22% de las solicitudes recibidas y no el 3,4% y se declaró en contra de quienes critican la ley con argumentos como los de Vega.

Ante este panorama, un gran interrogante queda en el aire: ¿Los 10 años para los cuales fue diseñada y aprobada la Ley alcanzarán para resarcir a todas las víctimas?