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Viernes, 15 Marzo 2019

La tabla exagerada sobre las víctimas del conflicto armado por gobiernos

Por José Felipe Sarmiento

Aunque dice basarse en cifras de 2017, sus cuentas no coinciden con los registros generales de ese año. Pese a que no hay cifras por meses, los periodos de Álvaro Uribe y Andrés Pastrana sí concentran la mayoría de casos.

Una tabla sobre la supuesta cantidad de víctimas que dejó el conflicto armado en cada gobierno se viralizó en Twitter “para explicar el porqué del miedo a la JEP y quiénes son los promotores”. En la imagen se resaltan las tres filas correspondientes a los periodos de Andrés Pastrana (1998-2002) y Álvaro Uribe (2002-2006 y 2006-2010), que tienen las mayores cifras y concentran 67,41 por ciento del total.

Bajo el título de la tabla se aclara que las cuentas fueron hechas con base en los datos anuales del Registro Único de Víctimas (RUV) con corte el 1 de junio de 2017. El mismo cuadro fue utilizado por el columnista Napoleón de Armas en un análisis que publicó el diario El Pilón de Valledupar el 9 de julio de ese año, por lo que es probable que el “tuitero juicioso” que lo puso a circular de nuevo lo haya tomado de ese artículo.

El primer problema es sacar las cifras exactas por cada presidencia, porque los mandatarios se posesionan el 7 de agosto y no hay datos mensuales. Colombiacheck agrupó las cifras de diferentes maneras, hasta que encontró que los cálculos de la tabla están hechos de modo que los años de cambio de administración se le atribuyeron al mandatario saliente: 2010 a Uribe II, 2006 a Uribe I, 2002 a Pastrana, 1998 a Ernesto Samper y así sucesivamente.

Para llegar a esa conclusión fue necesario comparar y sacar cuentas también con los números que presenta hoy el RUV, que van hasta el 1 de febrero de 2019, porque no hay manera de acceder a sus versiones históricas. Así surgió un problema mucho más grande: al comparar la tabla de Twitter con la actualidad, los dos periodos de Uribe presentaban una aparente reducción de 222.826 víctimas. ¿Qué se hicieron esas personas?

 

María Inés García, funcionaria de la Subdirección de la Red Nacional de Información (RNI) de la Unidad de Víctimas, entidad que administra el registro, explicó que “no se recomienda” hacer ese tipo de sumas porque hay víctimas que parecen registradas en más de un año por diferentes hechos o por la repetición del mismo. Por ejemplo, personas que han sido desplazadas dos veces en momentos diferentes.

Hoy el RUV cuenta 8’771.850 víctimas, casi 260.000 menos que las 9’028.517 de la tabla. Entre tanto, hay 10,3 millones de hechos victimizantes porque cerca de 850.000 personas han sufrido de dos a nueve eventos de ese tipo.

Es por eso que ni la prensa ni el Estado contaban a tantas víctimas en 2017 como De Armas. En algunos documentos y notas de entonces también se cita al RUV como fuente con resultados muy diferentes. Por ejemplo, un informe del Ministerio de Salud citaba el registro para contabilizar una población total de 8’472.134 víctimas hasta junio de ese mismo año.

En los medios aparecían conteos mucho más cercanos al presentado por esa entidad que al publicado en El Pilón y recién retomado en redes sociales. El 14 de agosto de 2017, la emisora W Radio daba un aproximado de 8’450.000 víctimas. En junio, la revista Semana había escrito la cifra de 8’421.627 personas.

En la academia también se partía de la misma referencia. En la edición de mayo de 2017 de la publicación científica Universidad y Salud, editada por la Universidad de Nariño, un artículo del psicólogo Germán Benavides Ponce, entonces decano de Ciencias Humanas, se refería a 8’376.463 víctimas según el RUV.

Incluso a lo largo de 2018 todavía salieron notas con cifras menores al cálculo del columnista. El 9 de abril La FM habló de 8,6 millones de víctimas reconocidas en el RUV. Cuando el presidente Iván Duque se posesionó, El Espectador le recordó que ya eran 8’650.169. El Tiempo salió dos días más tarde con la cuenta de 8,7 millones, sumando las registradas en sentencias, y RCN Radio reportó la misma cantidad en noviembre pasado.

Las cifras actuales

 

De todas formas, la mayoría de víctimas en el RUV sí fue afectada por el conflicto armado al menos una vez durante los gobiernos de Uribe y Pastrana. Como un ejercicio de proyección, Colombiacheck sacó de nuevo la suma de cada mandato, pero repartió de manera proporcional las cifras de los años en los que cambió el periodo presidencial: 58 por ciento (siete meses) para el saliente y 42 por ciento (cinco meses) para el entrante.

Así, al 1 de febrero pasado la suma por años daba 9’464.784 (con la salvedad, de nuevo, de que algunas víctimas aparecen más de una vez). A la presidencia de Pastrana le corresponden 2,4 millones. Para el primer periodo de Uribe, la cifra es de 2,2 millones y para el segundo, de 1,6 millones; por lo que el total de sus ocho años es de 3,8 millones. Entre los dos exmandatarios suman 6,2 millones, es decir casi dos tercios del total (65 por ciento).

 

Esta proporción no es nueva, incluso ha bajado. Usando esta misma técnica para repartir los años compartidos, Semana publicó un cálculo similar en 2016. En ese momento, los dos gobiernos de Uribe concentraban al 43,52 por ciento de las víctimas y el de Pastrana, 26,61 por ciento. De este modo, sumaban 70,13 por ciento.

En consecuencia, los datos de la tabla no son precisos. No obstante, los dos expresidentes que concentran la mayoría de víctimas en sus respectivos mandatos sí son los señalados allí.

[Actualización del 20 de marzo de 2019]

La respuesta de la Unidad de Víctimas

El 19 de marzo, cuando esta nota ya había sido publicada, la Unidad de Víctimas nos respondió a la solicitud de aclaraciones que habíamos pedido. En consecuencia, modificamos el texto para reflejar mejor las limitaciones de interpretación a la hora de sumar los datos del RUV por años y gobiernos.

García también explicó que el registro no solo se actualiza con nuevas personas que llegan a declarar su condición de víctimas. En algunos casos puede bajar la cantidad de personas porque también se va depurando la información antigua que el sistema heredó de bases de datos externas como Fondelibertad para secuestros, el ICBF para reclutamientos forzados o el Sipod para desplazamientos, entre otras.

Por ejemplo, cuando hay homónimos sin número de documento u otros datos que permitan establecer que se trata de una misma persona, se cuentan por aparte. Pero gracias al cruce de bases de datos con otras entidades, en especial con la Registraduría y el Ministerio de Educación, y a nuevas declaraciones de las víctimas, algunas de esas repeticiones se aclaran y sus registros se unifican.

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Falso

Viernes, 14 Junio 2019

Uribe publica cifra falsa de consumidores de “narcóticos” en Colombia

Por Sania Salazar

El senador aseguró que en Colombia hay 1,7 millones de consumidores de “narcóticos”, pero no hay cifras recientes al respecto y la última que se publicó, en 2013, los calculaba en 839 mil personas.

El senador del Centro Democrático, Álvaro Uribe Vélez, aseguró en su cuenta de Twitter que en Colombia hay 1,7 millones de consumidores de narcóticos.

Le preguntamos a su equipo de prensa en qué fuente se basa la cifra y nos dijeron que el senador recibió esa información del Gobierno, pero no nos especificaron la fuente a pesar de que insistimos en conocerla.

Dos expertos consultados por Colombiacheck coincidieron en que no entienden de dónde pudo haber sacado la cifra el senador del Centro Democrático, pues en última medición, de hace seis años, esta población consumidora de drogas ilícitas se calculaba en 839 mil personas.

Debido, precisamente, a que no hay cifras actualizadas, y a que la publicada por Uribe no coincide con la de la última medición realizada por el Observatorio de Drogas de Colombia, del Ministerio de Justicia, Colombiacheck califica la frase como falsa.

El más reciente Estudio Nacional de Consumo de Sustancias Psicoactivas en Colombia, que se realizó en 2013, encontró que “el uso reciente o en el último año de alguna droga ilícita fue reportado por el 3.6% de los encuestados, lo que equivale a unas 839 mil personas”.

El estudio corresponde a una encuesta realizada en hogares en población general de 12 a 65 años, residentes en todos los municipios del país con más de 30.000 habitantes en el área urbana. Se encuestó a un total de 32.605 personas.

Orlando Scopetta, consultor y asesor en asuntos sociales y de salud pública, aclaró que aunque en el trino el senador usa la palabra narcóticos, esa no es la denominación más apropiada porque la narcosis está asociada al sueño, por lo tanto habría que hablar de drogas cuyo uso es ilegal en el país.

Sobre la periodicidad de la medición, Scopetta explicó que se definió técnicamente que una periodicidad apropiada para estos estudios debería ser de aproximadamente cuatro años “porque el costo es muy alto, la metodología es muy exigente y difícil de hacer en el país porque hay cierta renuencia a responder con las encuestas”.

Scopetta recordó que también se hacen el Estudio Nacional de Consumo de Sustancias Psicoactivas en Población Escolar, que se debe hacer cada dos años, y el Estudio de Consumo en Población Universitaria. “Cuando se está haciendo el Estudio de sustancias psicoactivas en población escolar, el último se hizo en 2016, los recursos, que son escasos para este tipo de estudios, se destinan a uno o a otro y además el equipo técnico y humano encargado de hacer estos estudios, también está comprometido en un estudio o en el otro”, resaltó el experto.

Scopetta concluyó que hacer el estudio de consumo anualmente sería muy costoso para el país y tal vez no nos daría información tan útil.

Pablo Zuleta, director del área de consumo de sustancias psicoactivas del Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas, Cesed, de la Universidad de Los Andes, coincidió con Scopetta en que en una encuesta de esa naturaleza el valor que podría ser razonable para calcular el consumo actual sería solamente si se considerara ese consumo durante el último mes. Scopetta agregó que en su defecto, el último año.

Zuleta indicó además, que si se va a hacer una consideración sobre un consumo nuevo o reciente que haya aumentado, tiene que haber un parámetro comparativo.

Sobre la falta de cifras actualizadas, Zuleta indicó que es un problema estructural de los procesos de evaluación del consumo por varias razones “una es que el corte que hacen las encuestas de hogares no son buenos en la medida en que solamente están preguntando a una población posiblemente representativa, pero escasa en la medida en que solo preguntan por los usos en ciertos periodos de tiempo que son muy largos, entonces uno con esas cifras no puede evaluar si hay un consumo problemático en la población consultada”, señaló.

Según Zuleta, los consumos problemáticos que podrían estar arrojando la información son aquellos que se registran en el sistema nacional de salud en los hospitales públicos y privados a través del reporte de las estadísticas de atención de consumo, que es finalmente lo que implicó la atención en servicios, lo que arrojaría qué porcentaje de personas tendrían consumos problemáticos y que por lo tanto necesitarían atención, pero indicó que en esas cifras apenas se está trabajando.

El profesor de Los Andes concluyó que hace falta un trabajo continuo, consistente y metodológicamente bien establecido de mediciones de consumo de droga en el país.