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Martes, 18 Abril 2017

Las Farc y el narcotráfico: una verdad pendiente de ser contada

Por Sania Salazar

Aunque en el Acuerdo Final no está escrita la palabra delación, las Farc sí se comprometieron a contar la verdad sobre su participación en el narcotráfico, negocio ilícito con el que financiaron su actividad insurgente.

“Nosotros no hemos hecho un acuerdo de delación, sino de sustitución”, aseguró a Noticias Uno Seusis Pausivas Hernández, mucho más conocido como Jesús Santrich, miembro del Estado Mayor Central de las Farc y uno de los negociadores de esa guerrilla.

Colombiacheck solicitó por Twitter y por correo electrónico una entrevista con Enrique Santiago, abogado de las Farc, para pedirle precisión sobre el asunto, pero hasta la publicación de este chequeo no hemos obtenido respuesta.

En el cuarto punto del Acuerdo Final entre Gobierno y Farc, titulado Solución al problema de las drogas ilícitas, se pactó la puesta en marcha de un nuevo Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS) en el cual la guerrilla debe contribuir.

Las Farc se comprometieron a ayudar en el proceso de sustitución de cultivos y aunque la palabra delación no aparece en este punto del Acuerdo, si se pactó que los guerrilleros aportarían información para ayudar a establecer la verdad y construir memoria sobre su participación en este negocio ilegal.

“Será compromiso de todas las personas que hayan tenido relación con conductas asociadas a cualquier eslabón de la cadena de los cultivos de uso ilícito y sus derivados, en el marco del conflicto, y que comparezcan ante la Jurisdicción Especial para la Paz, aportar ante la Sala de Reconocimiento de Verdad, de responsabilidad y de determinación de los hechos y conductas de la Jurisdicción Especial para la Paz, los elementos necesarios de los que tengan conocimiento de una manera exhaustiva y detallada, sobre las conductas cometidas y las circunstancias de su comisión, así como las informaciones necesarias y suficientes de las que tengan conocimiento para atribuir responsabilidades. Todo ello debe contribuir a garantizar los derechos de las víctimas a la reparación y a la no repetición”, dice textualmente el Acuerdo.

De este párrafo llama la atención la parte final, donde se refieren a que los excombatientes aporten información suficiente para “atribuir responsabilidades”, en donde podría caber la delación de otros grupos, modo de operar y rutas de trasiego de estupefacientes. Pero depende de cómo se interprete.

En un video de Acuerdos de La Habana, una iniciativa de la sociedad civil para recoger preguntas surgidas de la lectura del Acuerdo, Lucas Peña, sociólogo y magíster en conflicto, seguridad y desarrollo, asegura que “en el punto dedicado a la solución del problema del narcotráfico Las Farc se comprometen explícitamente a cooperar con el Gobierno a establecer y localizar las rutas del narcotráfico y hallazgo del mecanismo de lavado de activos fruto del narcotráfico, pero adicionalmente van a colaborar con el combate contra crimen organizado mediante la provisión de información, mediante el establecimiento de cooperación con las autoridades y otros mecanismos que deben ponerse en marcha”.

Para Jairo Estrada Álvarez, vocero del movimiento político Voces de Paz (movimiento afín, pero no militante de las Farc, que vela por el cumplimiento del Acuerdo Final en el Congreso), la delación no está planteada explícitamente en el Acuerdo Final.

“En el Acuerdo las Farc no se asumen como una organización insurgente dedicada a la producción y al tráfico de drogas, las Farc en ese sentido manifiestan el compromiso de poner fin a cualquier relación que en función de la rebelión se hubiese presentado con ese fenómeno. Si se presentó esa relación es un asunto que será tratado en su momento en la jurisdicción Especial para la paz, que evaluará cada caso”, indicó.

Estrada hizo énfasis en que no se está hablando de la justicia penal en la que se obtienen ventajas por delaciones, que la JEP no es una justicia de castigo sino una justicia transicional que se fundamenta en el ofrecimiento de verdad.

“Se tendrá que ofrecer verdad y los jueces serán quienes evalúen si la verdad ofrecida, primero, es suficiente y exhaustiva, porque la JEP obliga a un ofrecimiento de verdad exhaustivo y detallado. Hay que recordar que si no se ofrece verdad suficiente, no se verán beneficiados por la JEP, uno supone que en este caso las Farc ofrecerán la verdad que tengan sobre sus presuntos vínculos, reales o no, con el narcotráfico. Es más ofrecimiento de verdad que delación”, precisó Estrada, quien además comentó que según la investigación social en las zonas donde ha habido cultivos de uso ilícito la función de la guerrilla ha sido básicamente de cobro de impuestos y de regulación del mercado de hoja de coca.

Para Carlos Montoya, investigador de la Fundación Paz y Reconciliación, la frase de Santrich tiene que ver con no señalar a los campesinos cocaleros, que son el eslabón más frágil de la cadena y que en muchos casos se metieron en el negocio por el abandono estatal, pues la coca resulta más rentable y más fácil de vender que los cultivos lícitos.

El Gobierno ha resaltado esa descriminalización de los campesinos, pues es una de las estrategias para que participen voluntariamente en el programa de sustitución de cultivos.

Para Montoya, habrá que ver bajo qué condiciones están obligados a suministrar información en tanto el narcotráfico quedó como un delito conexo a la actividad política porque era la forma de sostenibilidad del grupo, “pero lo más lógico es que cuando sean llamados ante la justicia tendrán que contar esas situaciones, cuáles eran sus rutas, con quien negociaban e idealmente uno quisiera saber qué empresarios los protegían para el lavado de activos, ese sería el escenario ideal”.

La importancia de combatir el narcotráfico

“El acuerdo sobre drogas ilícitas parte de reconocer que si bien el conflicto armado antecede al narcotráfico, el narcotráfico ha alimentado, ha atravesado y financiado el conflicto armado y que por tanto es necesario una solución contundente”, explica María del Pilar Barbosa, del equipo del Acuerdo sobre drogas ilícitas de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz.

La Comisión para el esclarecimiento de la verdad, la convivencia y la no repetición (punto 5 del Acuerdo Final) tiene entre sus mandatos esclarecer y promover el reconocimiento de “la relación entre el conflicto y los cultivos de uso ilícito, la producción y la comercialización de drogas ilícitas, y el lavado de activos derivados del fenómeno del narcotráfico”.

Aunque en el Acuerdo Final no se utiliza la palabra delación, es claro que uno de sus objetivos principales es ofrecer a las víctimas justicia, verdad y reparación. Para establecer la verdad y para determinar las medidas que se deben tomar para garantizar la no repetición es fundamental, en este caso, que las Farc cuente cómo funciona el negocio del tráfico de drogas, una de las formas con que financiaron su lucha armada.

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Lunes, 05 Diciembre 2016

Lizcano defendió legitimidad del Congreso con cifra engañosa de votaciones

Por Sania Salazar

El Presidente del Congreso defendió la legitimidad de esa corporación para refrendar el acuerdo de paz con las Farc usando cifras totales de votación y aseguró que fueron mayores a las del plebiscito, lo que no es cierto.

El Congreso refrendó el nuevo acuerdo de paz entre el Gobierno y las Farc, decisión que no estuvo exenta de polémica pues hubo quienes pusieron en duda la legitimidad del legislativo para hacerlo. Mauricio Lizcano, su presidente, defendió la idoneidad de esta corporación para la refrendación argumentando que “para el Congreso hubo más votos que para el Plebiscito”.

 

 

 

 

Los argumentos de Lizcano están claros en estos dos trinos que fueron publicados tanto en su cuenta personal de Twitter como en la de RCN Radio.

Colombiacheck llamó a Lizcano y le dejó un mensaje en WhatsApp solicitando una entrevista sobre el tema, pero no hemos recibido respuesta. Entonces para saber qué tan cierto es su argumento, revisamos las cifras de ambas votaciones.

Los 14 millones de votos de los que habla Lizcano son el total de sufragios depositados en las elecciones de 2014 para el Senado, que incluyen los nulos y los no marcados. Pero, siendo estrictos, los votos que sirvieron para elegir a los actuales senadores fueron apenas 10.925.592.

En el plebiscito, los votos válidos (los marcados con alguna de las dos opciones posibles, sí o no) fueron 12.808.858. Es decir: la votación por el plebiscito superó a la del Senado por 1.883.266 sufragios, al contrario de lo que dice el senador.

Si comparamos también los votos por la Cámara, encontramos que el total de tarjetones que sirvieron para elegir a los actuales representantes fueron 11.129.722 (sumados votos departamentales, indígenas y afrodescendientes). Son 1.679.136 menos que los sufragios por el plebiscito.

Hay que aclarar que los votos por Senado y Cámara se analizan por separado porque se trata de dos circunscripciones diferentes, la del primero es nacional y la de la segunda es territorial.

Después de comparar ambas cifras y basados solo en números, en Colombiacheck calificamos las frases del Presidente del Congreso como engañosas, pues aunque parten de datos ciertos anuncian una conclusión insostenible.

Ahora bien, ¿la legitimidad del Congreso para refrendar el acuerdo de paz se mide solo en votos?

La encuesta Colombia Opina, realizada por Ipsos Napoleón Franco en marzo de este año, encontró que el 82% de los 1.008 consultados en 13 ciudades del país desconfía del Congreso.

Para Felipe Botero, codirector del observatorio Congreso Visible, la discusión sobre si el Congreso es representativo viene, precisamente, de la decisión de llevar los acuerdos allá para refrendarlos e implementarlos, “la oposición dice que el Congreso no es representativo y por lo tanto tenemos que hacerlo en otro lado o revocarle el mandato. Eso es problemático porque es cuestionar una institución simplemente porque en este momento no nos gusta que sea la que esté tomando esa decisión”.

Botero indica que la historia colombiana ha demostrado que las instituciones son sólidas y que el país tiene una larga trayectoria de elecciones que se consideran, en su mayoría, libres, transparentes y justas.

“La democracia colombiana tiene problemas en su funcionamiento, los partidos son históricamente clientelistas y están alejados del sentir nacional, pero no por ello cuestionamos que el Congreso sea la piedra angular de la democracia; las elecciones se hacen frecuentemente y la gente acude a las urnas a votar de forma libre para elegir un Congreso y un Presidente y eso le da una legitimidad especial al Congreso de la República”, argumenta Botero.

El codirector de Congreso Visible recuerda que en el país ha habido “congresos como el de la parapolítica, que tal vez fue la crisis reciente más aguda de una institución política en el país y en ese momento no nos hicimos la pregunta sobre su representatividad”.

Visto bueno del Consejo de Estado

La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado conceptuó que el Congreso puede refrendar el nuevo “Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”, suscrito por el Gobierno y las Farc el 24 de noviembre luego de que el primer acuerdo no pasó en el plebiscito realizado el 2 de octubre.

“De acuerdo con el artículo 133 C.P. –que consagra la representación popular en cabeza de los miembros de cuerpos colegiados de elección directa– y en ejercicio de la función constitucional de control político, la refrendación por parte del Congreso debe entenderse como un voto de confianza respecto de la política al mando en el manejo de la paz, con el fin de que la acción pública y estatal en la materia tenga el mayor grado de legitimación democrática posible, producto de la seria discusión y deliberación acerca de los problemas cuya solución reclama con insistencia la sociedad, por manera que las iniciativas, planes y compromisos asumidos por el Estado en el acuerdo suscrito con las Farc cuenten con una base sólida de estabilidad política”, indica el concepto.

¿El del Congreso es un respaldo político?

Para Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral, MOE, se debe partir de que estamos frente a un acuerdo distinto al que se sometió al plebiscito, como lo han dicho Gobierno y Farc, que establece otros mecanismos de refrendación.

“El Congreso tiene la absoluta legitimidad para hacer un debate y aprobar una moción en la que reconoce ese acuerdo como legítimo, lo refrenda y le da vida política”, asegura, y resalta que ese respaldo político del Congreso no tiene ningún otro efecto.

“Los ciudadanos delegamos en el Congreso nuestra representación, si creemos que no es legítimo porque son unos vagos, unos bandidos, el que no puede lo menos no puede lo más, y lo menos, la verdad, es una moción, si no es legítimo para eso, mucho menos es legítimo para hacer actividades legislativas, que es su labor”, concluye Barrios.