En entrevista con Gustavo Gómez del programa 6AM Hoy por hoy de Caracol Radio la senadora Maria Fernanda Cabal comienza con la afirmación de que “No existió ningún comisionado víctima de las FARC o representante de victimas de las FARC”. Colombiacheck encontró que esto es falso ya que siete de los 13 comisionados fueron directamente victimizados por esta guerrilla o trabajaron con comunidades víctimas de ésta.

 De las 13 personas que en algún momento fueron comisionados de la Comisión de la Verdad, cinco fueron victimizados durante el conflicto armado por parte de la guerrilla de las FARC (además, en algunos casos, de otros grupos armados). Dos comisionadas más trabajaron con organizaciones de víctimas que incluían a víctimas de las FARC sin ser ellas mismas víctimas directamente.

De izquierda a derecha: los comisionados, Leyner Palacios, sobreviviente de la masacre de Bojayá, perpetarada por la FARC; Patricia Tobón Yagarí, indígena Embera-Chamí (su comunidad fue muy golpeada por la violencia de las Farc en Jardín, Antioquia). Comisionado, Alejandro Valencia; comisionadas, Alejandra Miller, trabajó con víctimas de las FARC en el Cauca y la comisionada, Lucía Gonzalez, víctima de la FARC por el secuestro del gobernador de Antioquia, Guillermo Gaviria.

El detalle es así: el comisionado Leyner Palacios, sobreviviente de la Masacre de Bojayá y líder de los desplazados que ésta causó, es víctima directa de uno de los crímenes más terribles y emblemáticos de las FARC. Cuando el jueves 2 de mayo del 2002 un cilindro bomba lanzado por las FARC en un combate contra los paramilitares de El Alemán cayó sobre la iglesia del casco urbano de Bojayá, Palacios y su esposa Mercedes Rentería estaban resguardados muy cerca, en la Casa de las Hermanas Agustinas de Bellavista. 

Al menos 30 de sus parientes cercanos estaban entre los casi 120 fallecidos de ese día. Posteriormente Palacios empezó su activismo con la Asociación Dos de Mayo que crearon los más de 5.000 desplazados que llegaron a Quibdó después de la masacre.

 La comisionada Ángela Salazar (q.e.p.d)  fue víctima de desplazamiento en la región del Urabá, por la violencia de los enfrentamientos entre las FARC y otros grupos armados. “Yo viví lo que fue el Urabá, estando en embarazo perdí a mi hijo, tuvimos que dejar todo, sufrimos desplazamiento forzado. Vi morir a infinidad de muchachos hijos de mis amigas, sobrinos, paisanos, conozco el sufrimiento”, contó en una entrevista a Semana Rural. 

Además, Salazar comenzó su trabajo con víctimas del conflicto armado cuando llegó a Apartadó y en 1996 se convirtió en la secretaria de la Junta de Acción Comunal del barrio Barrio Obrero, antes conocido como el barrio La Chinita donde el 23 de enero de 1994 un comando del Frente Quinto de las Farc asesinó a 35 personas durante una fiesta. Salazar además ayudó a crear la Asociación de mujeres víctimas del Urabá (ASOMOVIU) y de la Mesa Departamental de Víctimas Civiles en Antioquia y después de la promulgación de la Ley de Justicia y Paz de 2005 documentó 500 casos de violencia sexual de los cuales más de la mitad fueron cometidos por las guerrillas.

 Otro de los comisionados, el médico Saúl Franco, se identifica como víctima de todos los bandos del conflicto, incluyendo de las FARC que asesinaron a su tío en una finca en Antioquia cuando lo intentaron secuestrar a finales de los años ochenta. Poco antes Franco había tenido que exiliarse en Brasil durante un año porque su nombre había aparecido en la misma lista de amenazados circulada por los paramilitares en la que apareció Héctor Abad Gómez, asesinado en 1987. Y en 1985 la guerrilla del ELN asesinó a su primo hermano por defender como abogado al sector empresarial.

 También la comisionada Lucía González se identifica como víctima de las FARC, y exigió que le pidieran perdón, por el secuestro del ex gobernador de Antioquia Guillermo Gaviria con quien ella estaba en una marcha simbólica por el Movimiento de la No Violencia en el municipio de Caicedo el 21 de abril de 2002 cuando fue raptado. Pastor Alape, excomandante del Bloque Magdalena Medio, lideró el acto de reconocimiento por el secuestro y posterior asesinato de Gaviria y el exministro Gilberto Echeverry.

 Y el comisionado y mayor retirado del Ejército, Carlos Ospina Galvis, quien renunció a la Comisión el pasado 2 de mayo, fue víctima del conflicto y además lideró desde 2013 la Asociación Colombiana de Militares Víctimas del Conflicto Armado.

 Patricia Tobón Yagarí cuenta que le tocó vivir la guerra como indígena embera-chamí y que por eso trabaja desde hace muchos años representando a organizaciones indígenas, una de las poblaciones más victimizadas por todos los grupos armados, incluyendo a la extinta guerrilla de las FARC. En una entrevista con Cerosetenta la comisionada contó cómo le “tocó vivir combates, bombardeos, ver morir gente, recoger muertos”.

El municipio de Jardín, Antioquia, donde queda el resguardo Karamanta Rúa, al que pertenece la comisionada,está en la subregión del suroeste antioqueño cerca de los límites con los departamentos de Caldas y Chocó. 

Esta región fue una de las más golpeadas por el conflcito armado por la presencia de el Frente 34 de las FARC, el el Frente Che Guevara del ELN, el EPL, el M-19 y el Bloque Suroeste de las AUC. Es más, durante la reciente audiencia de la JEP sobre el secuestro Pastor Alape se comprometió a hacer un evento de perdón público por la Toma de Jardín del 8 y 9 de diciembre de 2001, cuando la guerrilla utilizó las fiestas de la Virgen de la Inmaculada para poner retenes en los que secuestraron a decenas de personas y asesinaron a cinco hombres. 

La comisionada Alejandra Miller tampoco se identifica como víctima, pero trabajó con la organización Ruta Pacífica de las Mujeres como coordinadora del departamento del Cauca y como investigadora del informe de esa organización sobre mujeres víctimas del conflicto armado, que incluyó a numerosas víctimas de las FARC.

En todo caso es relevante mencionar que el Decreto 588 de 2017 definió en su artículo 24 el “Proceso de escogencia de los Comisionados” los criterios que se debían tener en cuenta y entre ellos no incluyó que hubiera representantes de distintos victimarios ni de distintos hechos victimizantes, aunque sí dejó explícito que las organizaciones de víctimas pudieran postular candidatos. En cambio, los criterios de diversidad que debían tenerse en cuenta para la elección de los comisionados eran “la participación equitativa entre hombres y mujeres, la diversidad étnica, el pluralismo, la interdisciplinariedad y la representación regional”.

De tal manera que la afirmación de la senadora Cabal, en el sentido de que en la Comisión de la Verdad no “No existió ningún comisionado víctima de las FARC o representante de víctimas de las FARC”, es falsa.

En la misma entrevista del miércoles 29 de junio, un día después de la publicación del informe final del conflicto armado entregado por la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, (CEV) la senadora María Fernanda Cabal aseguró en el mencionado programa radial que “Aquí no aparece responsabilidad de las Farc por ningún lado” (Min 2:15), refiriéndose al documento de la CEV.  

Contactamos a la senadora Cabal para saber cuál fue la fuente en la que se basó para afirmar lo dicho en el programa radial, pero al momento de la publicación de este chequeo, no obtuvimos respuesta de ella ni de su jefe de prensa. 

En Colombiacheck decidimos verificar la afirmación de la senadora por el Centro Democrático y encontramos que lo asegurado por ella es falso por las siguientes razones: 

Lo primero que hicimos fue remitirnos a 2 de los 3 tomos del informe ya publicados por la Comisión en los que, a diferencia de lo aseverado por Cabal, se advierte y se profundiza acerca de las responsabilidades que tuvieron las insurgencias, y concretamente la extinta guerrilla de las Farc EP, en el conflicto armado colombiano. 

Vamos por partes: en el capítulo de Hallazgos y Recomendaciones, se  desglosa la participación de las FARC-EP en el conflicto colombiano de distintas maneras. 

En el punto de Violaciones de derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario, uno de los ejes temáticos se centra en el secuestro, extorsión y pillaje (página 160). Allí, el informe señala que:

“Los secuestros y la toma de rehenes han sido sobre todo llevados a cabo por las organizaciones guerrilleras y muchas veces durante muchos meses o años. Los mayores responsables fueron las FARC-EP con 40 % de los casos (20.223 víctimas), los grupos paramilitares con el 24 % (10.538 víctimas) y el ELN con 19 % (9.538). También los secuestros fueron llevados a cabo en un número considerable por otros grupos (9%). En algunos casos también fueron cometidos por agentes del Estado. Esta violación se presentó durante los diferentes periodos del conflicto armado, en la década de los sesenta sobre todo por el M-19, y en las décadas de los ochenta y noventa principalmente por las FARC-EP y el ELN. De 1995 a 2004 se incrementó el número de casos de manera vertiginosa: Se calcula que en esos 10 años hubo aproximadamente 38.926 víctimas (77 % del total de secuestros) y que solo entre 2002 y 2003 fueron 11.643 (23 % del total). Estas cifras demuestran la masividad de estos hechos, lo que permite calificarla como una práctica generalizada desde mitad de los años noventa hasta 2004, cuando empieza a descender sustantivamente”.

Gráfica. Víctimas de secuestro por año, según la integración final de datos

Fuente: Proyecto de integración de datos JEP-CEV-HDRAG. Junio de 2021. Publicado en Informe Final del conflicto CEV. Capítulo de Hallazgos y Recomendaciones. 

En el mismo punto, también se advierte acerca de la participación que tuvo el entonces grupo guerrillero en el marco de las violencias sexuales. Según el documento, las FARC-EP cometía este tipo de “violencias reproductivas, entre las que están la anticoncepción forzada, la esterilización forzada y el aborto forzado. Aunque las FARC-EP penalizaron en sus filas la violación sexual, incluso con «ajusticiamientos»”.

Además, precisa la Comisión que pudo acceder a testimonios de violencias sexuales dentro de las distintas filas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, así como a “testimonios de mujeres víctimas civiles que sufrieron violaciones sexuales por miembros de este grupo”.

En este mismo apartado, la Comisión no rehúye en indicar las responsabilidades de las diferentes organizaciones guerrilleras en las graves infracciones del DIH, así como los “abusos de derechos humanos de forma extensiva”. De acuerdo con esto, la Comisión asevera que las guerrillas en Colombia son responsables,  “por haber tomado decisiones de orden político y estratégico que llevaron a un crecimiento y expansión de su violencia en el territorio nacional con un gran impacto en la población civil”.

El informe reconoce que todas las guerrillas “consideraron en algún momento que se estaban dando las condiciones para una insurrección general de las mayorías en Colombia”, pasando así a resaltar la política implementada por las FARC-EP desde el año 1997 haciendo del secuestro, cometido en contra de policías y militares, un arma de guerra, para “presionar un canje por guerrilleros recluidos en las cárceles del país y también de secuestrar y/o asesinar a líderes políticos, congresistas, gobernadores, alcaldes, y miembros de asambleas departamentales y concejos municipales. La vida, la libertad, y la dignidad humana fueron subordinadas a la guerra”.

El informe también profundiza en que, bajo el marco de los hechos cometidos por la extinta guerrilla de las FARC-EP en contra de la población civil, “convirtieron barrios, veredas y comunidades en espacios de guerra o lugares de reclutamiento”. Y en lo que la misma Comisión describe como el “todo vale” entre los actores involucrados en el conflicto armado,  recalcan la simbiosis que existió entre el mencionado grupo insurgente y el narcotráfico  “donde el desprecio por la vida de la gente considerada parte del enemigo fue parte de su modus operandi”. 

Además, el documento es categórico al señalar a los combatientes de la otrora guerrilla de ser “responsables porque, a pesar de la masividad y sistematicidad de la violencia guerrillera, no tomaron decisiones ni implementaron políticas que frenaran y previnieran de manera efectiva la comisión de graves infracciones al DIH”.

Según el informe,  las Farc EP y el ELN, usaron métodos y medios “prohibidos” como minas antipersonales o cilindros bomba, como ocurrió en la masacre de Bojayá, perpetrada por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia en el año 2002, hecho cruento enmarcado en el conflicto colombiano, que también es mencionado en este informe.  “que terminaron afectando indistintamente a civiles y combatientes con muertes de pobladores de todas las edades. Cometieron asesinatos de personas puestas fuera de combate, mantuvieron a las personas secuestradas en condiciones que constituyen torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes, y en varios casos las asesinaron por querer escapar o ante la inminencia de un rescate por las Fuerzas Militares”.

Y claro, también se hace énfasis en los hechos que dieron como resultado el reclutamiento forzado de niñas y niños “que no estaban en condiciones de decidir sobre reclutamiento y se encontraban en condiciones de vulnerabilidad y grave desprotección social del Estado y la sociedad”. 

Más allá de lo que diga el informe entregado por la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, en Colombiacheck quisimos saber por qué fue importante mencionar las responsabilidades de las FARC-EP en la formulación del documento que aglutina casi 60 años de conflicto; para eso, acudimos a Diego Arias, analista político y experto en temas de paz y conflictos armados, según él, “Este informe tiene como apoyo los testimonios de las propias víctimas de la guerrilla y es la descripción profunda de un universo en el que todos tenemos responsabilidades por acciones y por omisiones”. 

Precisa Arias, “Y, aunque las responsabilidades son diferenciadas, cada una de ellas está perfectamente bien atribuida en relación al papel de las FARC-EP en la debacle humana que tuvimos en el conflicto armado. Tener las responsabilidades claras de la guerrilla en el informe, hace del documento una interpelación pública a las Farc para preguntarles cómo no se dieron cuenta de que al prolongar una guerra durante tantos años, el sufrimiento iba a ser enorme, al igual que la responsabilidad por no haberla terminado antes. En un conflicto tan complejo como el colombiano, el informe debía dar cuenta de las responsabilidades grandes, ineludibles y sustentadas debidamente de la participación de todos los actores en el conflicto”. 

También, vale la pena ponerle la lupa al discurso de entrega del informe del presidente de la Comisión, Francisco de Roux, en el que es enfático en señalar a las FARC-EP como un actor vivo y responsable de los hechos acaecidos durante la guerra en Colombia, como cuando señaló en la primera parte de su discurso que “Aunque hay zonas del país donde las comunidades consideran que ahora la inseguridad es peor, somos conscientes de que no estamos en los tiempos cuando las FARC-EP llegaron a controlar la iniciativa de la confrontación violenta”.

En la segunda parte de su discurso, el presidente de la comisión recalca: “ojalá Colombia toda escuchara a las miles de víctimas que fueron secuestradas por las FARC, el ELN y demás guerrillas (...) Ojalá prestara atención a los relatos de la degradación humana de las mujeres despojadas de todo derecho, y arrebatadas de la selva. La voz de las familias de los diputados del Valle baleados después de cinco años de selva”.  

Más adelante, de Roux señala: “Fueron más de treinta mil niños y niñas vinculados a la lucha armada cuando tenían quince años o menos. La Comisión ha escuchado el testimonio de esta niñez que hoy son jóvenes o adultos. Ha acompañado a las mamás de Argelia, Antioquia, que reclaman a las FARC-EP la forma como llegaban a sus casas a llevarse a los menores”. 

Pero, además de todo, en el capítulo de Hallazgos y recomendaciones, hay un punto titulado ‘Infracciones graves al derecho internacional humanitario y responsabilidad de las

insurgencias en la crisis humanitaria’ (página 231), en este aparte se profundiza en las distintas maneras que los grupos armados insurgentes hicieron de los distintos territorios de Colombia escenarios en los que protagonizaron teatros de la guerra y de la muerte, así se lee: “Los grupos guerrilleros, en desarrollo de sus objetivos militares y de control del territorio y la población, victimizaron a la población civil, en particular a determinados sectores políticos y económicos a los que declararon objetivo militar”.

En el siguiente punto titulado ‘La muerte suspendida del secuestro’ (página 232), se relata cómo, debido al accionar de las Farc EP, el conflicto armado colombiano alcanzó niveles de deshumanización y degradación: “El secuestro es, sin duda, una de las modalidades de violencia que expresa los niveles de deshumanización que alcanzó el conflicto armado colombiano. Muchos secuestrados y sus familias describieron a la Comisión esos meses y muchas veces años en que se prolongó su cautiverio, especialmente en el caso de las FARC-EP, el cual sufrieron como una muerte en vida, como una muerte suspendida en el tiempo, vivida en paralelo entre quienes permanecían secuestrados y sus familias”. 

A su vez, el informe detalla la participación de las FARC-EP en estadísticas, como la que se presenta a continuación, en la que se grafica la participación de esta guerrilla en los homicidios, entre 1985 y 2018 en el marco del conflicto: 

Gráfica responsables de homicidios entre 1985 y 2018

Fuente: JEP-CEV-HRDAG, «Proyecto conjunto de integración de datos y estimaciones estadísticas», corte del 26 de junio de 2022. Informe final de la Comisión para el esclarecimiento de la Verdad. (Página 142).

Según la estadística publicada en el informe, los principales responsables de homicidios son los grupos paramilitares, con aproximadamente el 45 % de la responsabilidad (205.028 víctimas), las guerrillas fueron responsables del 27 % de las víctimas (122.813 víctimas) y los agentes estatales directamente del 12 % (56.094 víctimas). Del porcentaje de guerrillas, el 21 % corresponde a las FARC-EP, el 4 % al ELN y el 2 % a otras guerrillas.  

Ahora bien, en el volumen testimonial, rotulado ‘Cuando los pájaros no cantaban. Historias del conflicto armado en Colombia’, se recogen relatos de personas víctimas de las Farc EP. Para dar un ejemplo, en la página 42, en la narración denominada ‘Ya está para hacer llover’ una voz campesina describe cuando un grupo armado llegó hasta su territorio: “Apareció y nos llevó a una escuela, nos reunió en una escuela de la vereda. Se identificaron como las FARC y pues en la identificación ya comenzaron a propinarnos miedo, terror. Comenzaron a decir «aquí hay sapos y hay que no sé qué; que nosotros somos el ejército del pueblo y que tienen que ir mirando a ver qué grupo van a escoger ustedes. Tienen que ir escogiendo si es por el Ejército o es por la guerrilla, que es el ejército del pueblo”. 

Vale la pena recordar que no todo el informe se ha publicado. Todavía faltan varios tomos, como el de los relatos de las mujeres y la población LGTBIQ+, así como los pueblos étnicos, y el de los niños, niñas y adolescentes en la guerra, en los que habrá nuevas revelaciones de las distintas formas en las que las Farc EP afectaron al país en los años del conflicto.

Y así, el informe es un recorrido por los testimonios, relatos, datos y estadísticas que le otorgan a cada personaje clave en la historia del conflicto en Colombia, la responsabilidad de sus actos. Y a su vez, es un estudio riguroso que pone a la extinta guerrilla de las FARC- EP como un actor trágicamente relevante en la historia de la guerra en Colombia. Por eso calificamos la afirmación de la senadora Cabal como falsa. 

“Cuatro años que costaron 400 mil millones de pesos”, dijo la senadora Cabal en un vídeo publicado (minuto 0:15) en su cuenta de Twitter sobre el presupuesto que se destinó para el informe de la Comisión de la Verdad, CEV. La cifra la dio el mismo día de la presentación del informe, 28 de junio. 

La Comisión de la "Verdad" está diseñando una estrategia para deshonrar a la Fuerza Pública y destruir el honor militar.

Nosotros publicaremos la estruendosa contratación de esa entidad. Fueron más de $400 mil millones que hubieran servido para reparar a las víctimas. pic.twitter.com/vLCcs425t4

— María Fernanda Cabal (@MariaFdaCabal) June 28, 2022

El dato es verdadero e, incluso, la fuente es la misma CEV, según le dijo a Colombiacheck una funcionaria del equipo de comunicaciones de Cabal y que ratificó Juan Carlos Rodríguez, funcionario de la comisión quien maneja temas de presupuesto en la entidad. 

Sin embargo, el monto debe darse en contexto porque aunque en efecto se gastó casi el montó que refirió Cabal, si comparamos el presupuesto de la entidad, que tiene como mandato esclarecer y promover el reconocimiento de los hechos y causas del conflicto armado colombiano, dista mucho de lo que por ejemplo, se presupuesto para el gasto militar. 

Fuente: UTL María Fernanda Cabal con datos de la CEV

La cifra exacta de lo que pagó el Estado colombiano por el informe hecho por la CEV fue 391 mil millones, por los cuatro años, 100 mil por año aproximadamente.  Ese rubro se destinó en el pago de honorarios de aproximadamente 900 personas (450 contratados directamente por la CEV y 450 por prestación de servicios aproximadamente), viajes a terreno, arriendos de las oficinas en las que tuvo presencia la CEV y en general gastos de funcionamiento, explicó Rodríguez. 

Aproximadamente el 20% del gasto se destinó a pagar los sueldos de los comisionados que están en la misma escala de un magistrado en Colombia. Devengan unos 32 millones de pesos, según contó hace cinco años la Corporación Excelencia en la Justicia. 

Pero además, Cabal manifestó su inconformidad por lo que ella considera el alto costo y “la estruendosa contratación de esa entidad. Fueron más de $400 mil millones que hubieran servido para reparar a las víctimas”. 

Rodríguez indicó que es difícil comparar si es un alto, mediano o pequeño costo. “¿Alto costo frente a qué?”. Si se compara frente al presupuesto del Centro Nacional de Memoria Histórica, CNMH, sí es más costoso porque el presupuesto de la entidad en 2022 fue de 66 mil millones de presupuesto, según su información financiera. Entre 2018, 2019 y 2022 el CNMH gastó unos 216 mil millones. 

Sin embargo, si se le compara con el gasto militar la diferencia es notoria. El país gastó en 2021 cerca de 40 billones en presupuesto del sector defensa. De acuerdo con esa cartera, el gasto ha ido aumentado en los últimos años siendo 2021 el de mayor suntuosidad para el sector defensa. 

En los últimos cuatro años el presupuesto para ese sector ha sido de 140 billones de pesos, lo que quiere decir que el gasto de los cuatro años de la CEV es apenas un 0,2% del presupuesto en defensa de los últimos cuatro años. 

De acuerdo con Mindefensa, “en promedio, la asignación presupuestal para el Sector Defensa y Seguridad de los últimos 11 años ha sido del 2,9% como porcentaje del PIB. Asimismo, en promedio el 94% de los recursos asignados se han utilizado en gastos de funcionamiento, que incluye el pago de la nómina del personal activo de la Fuerza Pública, los pagos de pensiones y asignaciones de retiro, así como los gastos para el sostenimiento de operaciones”. 

Además, según el Instituto Nacional de Investigación de Paz de Estocolmo (Sipri) y del Banco Mundial, Colombia en 2018 fue el país de la región con el mayor gasto militar. Ese año el país invirtió US$10.600 millones. Según datos del Banco Mundial de 2020 sobre el gasto militar sobre porcentaje del PIB, Colombia gastó el 3.3%, Ecuador 2.2%, Chile 1.8%, Brasil 1.4% y Perú 1.3%. Países como México y Argentina gastaron menos del 1% del PIB. 

La senadora Cabal no ha sido la única inconforme con el presupuesto de la CEV, hace unos seis meses su jefe político, el expresidente Álvaro Uribe manifestó que: “Muy difícil la austeridad en Colombia, los costos de La Habana, que no llegan a la ciudadanía, son inmensos”, en relación a los 116 mil millones del presupuesto de la CEV en 2021. 

De tal manera, que tras este análisis calificamos como Verdadero, pero la afirmación de la senadora Cabal frente al costo de la Comisión de la Verdad en sus casi cuatro años de trabajo, pues esta entidad además de ser una de las partes del Sistema de integral de paz, justicia, reparación y no repetición, creado a partir del Acuerdo de Paz de 2016 firmado entre el Estado colombiano y las Farc, si se le compara con el gasto militar colombiano representa el 0,2% de lo que el sector gastó en cuatro años.