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Jueves, 09 Enero 2020

María José Pizarro no tuvo un contrato con el CNMH para vender tiquetes de avión

Por Luisa Fernanda Gómez Cruz

Un error en la página del Secop, en el que se indicaba que el objeto de un contrato entre Pizarro y el Centro de Memoria era el “suministro de tiquetes aéreos”, llevó a que en redes sociales llamaran a la congresista “vendedora de tiquetes” y “enmermelada”.

El 1 de enero de este año el usuario de Twitter @juliodenuncia publicó un trino en el que afirmaba que la actual Representante a la Cámara por Bogotá María José Pizarro recibió “mermelada marca” Juan Manuel Santos. “Hasta tiquetes aéreos vendió”, dijo el usuario.

Captura de pantalla de @juliodenuncia

La cuenta de @juliodenuncia fue suspendida días después, pero su “denuncia”, que alcanzó más de 2.000 retrinos, produjo que otros usuarios de la red social atacaran a la representante por el supuesto contrato de venta de tiquetes con el Centro Nacional de Memoria Histórica, CNMH.

Captura de pantalla trino

Incluso, la misma Pizarro respondió en un trino a @juliodenuncia, adjuntando los documentos originales de los contratos que habría firmado con el Centro de Memoria, y solicitando a Colombiacheck verificar la información.

Tras la petición, en Colombiacheck verificamos la información disponible en los Secop I y II de los contratos entre María José Pizarro y el Centro Nacional de Memoria Histórica y, con los elementos que recopilamos, concluimos que es falso que, como contratista de esta entidad, la actual representante haya tenido entre sus funciones la venta de tiquetes aéreos, como sostienen los trinos anteriormente enunciados.

Los contratos

Entre 2013 y 2017 María José Pizarro Rodríguez tuvo cinco contratos con el CNMH, de acuerdo con la hoja de vida reportada por la representante en la página funcionpublica.gov.co, y con lo que ella misma dijo al ser consultada por Colombiacheck.


Función Pública

Revisamos las páginas del Secop I y II, donde reposa toda la información de contratación pública con el Estado, y encontramos que, efectivamente, son cinco los contratos suscritos entre el centro de memoria y Pizarro Rodríguez: 282-2013; 101-2014; 082-2015; 338-2016 y 144-2017.

Todos los contratos firmados por la representante y el CNMH tuvieron como objeto la prestación de servicios para liderar, orientar o implementar la participación de las víctimas y, en el último de ellos, coordinar la Agenda exilio del centro de memoria. 

Esto porque, como se afirma en el documento de Estudios Previos para la contratación del 2 de enero de 2017, Maria José Pizarro, hija del exguerrillero del M-19 y excandidato presidencial, Carlos Pizarro Leongómez, “cuenta con 14 años y 11 meses de experiencia relacionada en la interlocución y trabajo con organizaciones de víctimas a nivel nacional e internacional”.

Este último contrato, sin embargo, tiene información incongruente en la página del Secop I. Las casillas ‘Detalle y Cantidad del Objeto a Contratar’ y ‘Objeto del Contrato’ de la plataforma dicen: “Suministro de tiquetes aéreos de pasajeros en rutas nacionales e internacionales y demás servicios conexos, para el desplazamiento de los funcionarios y contratistas del CNMH”.


Captura de pantalla del Secop

Pero, al revisar todos los documentos en PDF adjuntos dentro del Secop (Estudios previos, Contrato, Acta de terminación anticipada y liquidación por mutuo acuerdo, e Informe final) estos sostienen que el objeto del contrato entre Pizarro y el Centro de Memoria es “Prestar servicios para liderar y orientar la participación de víctimas y la Agenda Exilio de acuerdo a los lineamientos del CNMH”.

Captura de pantalla del contrato

Consultamos, entonces, a Humberto García Vega, experto en contratación pública y profesor de la Escuela Superior de Administración Pública de Manizales, quien nos explicó que la plataforma Secop muestra lo que se le alimenta. Es decir, que la única manera de explicar la incongruencia de la información es que se hubiese cometido un error humano por parte de aquella persona que haya subido la información a la plataforma.

Y esa, precisamente, es la explicación que da el Centro Nacional de Memoria Histórica en un derecho de petición interpuesto por Pizarro Rodríguez a la entidad el 3 de enero. 

La respuesta al derecho de petición fue subida a la plataforma del Secop I el pasado 8 de enero a las 7:00 p.m., como se puede ver en esta captura de pantalla que también muestra la fecha (30 de enero de 2017) en que fueron subidos los documentos referidos a la contratación de Maria José Pizarro.

Captura de pantalla Secop

“La información publicada en SECOP I, relativa al contrato de prestación de servicios número 144 de 2017 (...) fue publicado en dicho portal el 30 de enero de 2017; de igual manera, obra en el detalle del proceso, como fecha de publicación de los hitos del proceso (contrato y estudios previos) la fecha 30 de enero de 2017”, dice la respuesta del derecho de petición. Y aclara que con esta información puede establecerse que la publicación del Secop I “no ha sido objeto de modificaciones”, al tiempo que adjunta una captura de pantalla de la página que aloja la información.

Captura de pantalla

Con esta información, el CNMH afirma que “obra presunción de buena fe de las actuaciones realizadas por lo cual no se advirtió de manera previa la falla en la publicidad del contrato”. Es decir, que dado que la información fue subida a la plataforma el 30 de enero de 2017, no ha sufrido modificaciones desde ese momento y no se había alertado anteriormente de la falla, se presume que se trató de un error involuntario.

El derecho de petición interpuesto por Pizarro Rodríguez incluía la solicitud de modificar la información errónea que habría quedado consignada en la plataforma, petición que fue aceptada por el CNMH y por ello solicita a Colombia Compra Eficiente, por medio del otro documento adjunto en la plataforma, la rectificación de datos del proceso.

En el documento ‘Formulario de solicitudes de modificación’ (alojado también en el Secop) dirigido a Colombia Compra Eficiente, el CNMH sostiene: “el error consiste en transcrito en la plataforma en ‘información general del proceso- Detalle y cantidad del objeto a contratar’ un objeto contractual diferente al que obra en el estudio previo y contrato publicados dentro del proceso 144-2015, siendo el objeto real del contrato es: ‘Prestar servicios para liderar y orientar la participación de víctimas y la agenda exilio de acuerdo a los lineamientos del CNMH” (sic).

Hasta el momento de publicar esta nota, la información consignada dentro del Secop para el contrato 144-2017 no había sido modificada por Colombia Compra Eficiente.

Martes, 31 Julio 2018

Consulta Anticorrupción busca darle dientes al Estado para que le quite contratos a corruptos

Por Sania Salazar

Actualmente un contratista al que se le comprueben actos de corrupción debe ceder voluntariamente el contrato, la Consulta pretende que el Estado pueda terminarlo unilateralmente.

A 26 días de votar la Consulta Anticorrupción en Colombia persisten las dudas y la información falsa con respecto a ese proceso.

En Facebook circula una publicación que asegura que la Consulta busca, entre otras cosas, impedir que los contratistas corruptos cedan los contratos a terceros y que, por el contrario, el Estado pueda recuperar esos contratos. Colombiacheck encontró que esta información contiene una inexactitud, por lo que la califica de Aproximada.

Publicación sobre consulta anticorrupción

La publicación de Facebook se refiere a la última parte de la pregunta número dos de la Consulta en donde se habla de darle potestad al Estado de terminar unilateralmente con contratos obtenidos con actos de corrupción:

¿Aprueba usted que las personas condenadas por corrupción y delitos contra la administración pública deban cumplir la totalidad de las penas en la cárcel, sin posibilidades de reclusión especial, y que el Estado unilateralmente pueda dar por terminados los contratos con ellas y con las personas jurídicas de las que hagan parte, sin que haya lugar a indemnización alguna para el contratista ni posibilidad de volver a contratar con el Estado?

En Vence al Corrupto, la página de los promotores de la consulta anticorrupción, explican, sobre esa parte de la segunda pregunta, que actualmente dentro de las causales para que la entidad contratante termine unilateralmente un contrato no están contemplados los hechos de corrupción.

El artículo 17 de la Ley 80 de 1993 dice que la entidad, en acto administrativo debidamente motivado, dispondrá la terminación anticipada del contrato, entre otros, en los siguientes eventos: muerte o incapacidad física permanente del contratista, o disolución de la persona jurídica del contratista, o por declaración de quiebra del mismo, pero no se mencionan casos de corrupción.

En conversación con el periódico El Espectador, la exsenadora del Partido Verde Claudia López dice que el objetivo de esta parte de la iniciativa es “darle la facultad al Estado de cancelar de manera unilateral y sin ninguna indemnización los contratos que se consiguen con corrupción”.

https://youtu.be/i9qxIySpIzI

En la página Vence al Corrupto explican, además, que la Ley 80 de 1993 ya impide que los condenados por delitos contra la administración pública puedan contratar con el Estado. Sin embargo, en el caso de los contratistas a los que se les comprueban actos de corrupción cuando el contrato ya está firmado y en ejecución, la cesión o renuncia al contrato depende de la voluntad del contratista.

Hay que anotar que la cesión del contrato no es un derecho del contratista, sino una opción que tienen las entidades del Estado.

“Cuando una persona es condenada por peculado, concusión, cohecho, celebración indebida de contratos, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito, prevaricato, abuso de autoridad o usurpación y abuso de funciones públicas, le corresponde ceder el contrato o renunciar a su ejecución si lo primero no es posible. Esta consecuencia es abiertamente insuficiente, pues la administración no cuenta con las herramientas para terminar unilateralmente los contratos en razón a las condenadas de los corruptos”, precisan los impulsores de la Consulta.

Para Humberto García Vega, especialista en derecho administrativo y profesor de contratación de la Escuela Superior de Administración Pública, lo que se pretende es aprobar una causal más de inhabilidad y de terminación anticipada de un contrato, iniciativa que él ve bien, porque cree que la sola difusión de la Consulta servirá como factor de difusión.

Angélica Lozano, senadora del Partido Verde, le explicó a Colombiacheck que “hoy lo que aplica es la cesión, existe en la Ley 80. Lo que nosotros queremos es que no se necesite la voluntad o la firma del contratista para ceder el contrato, porque si no lo quiere ceder no se le puede quitar ni asignar a otra persona”.

En un Facebook Live con el periódico El Colombiano Lozano explicó, además, que si el contratista se niega a ceder el contrato puede seguir ejecutándolo “y además se le sale a deber y hay que indemnizar, como a Odebrecht”, concluyó la senadora.

La publicación de Facebook tiene razón en que un contratista condenado por corrupción puede ceder su contrato, pero eso no es malo, lo malo es que es la única forma en la que, actualmente, se le puede despojar del mismo. Lo que busca el punto dos de la Consulta Anticorrupción es que el Estado tenga potestad para terminar unilateralmente con el contrato y no depender de que el contratista lo quiera ceder.