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Viernes, 20 Diciembre 2019

Meme exagera sobre los alcances de la Ley ‘Andrés Felipe Arias’

Por José Felipe Sarmiento

Una imagen que circula en Facebook es imprecisa sobre el objetivo del proyecto, que va para segundo debate, y miente sobre la cantidad de políticos condenados a los que beneficiaría su aprobación con retroactividad.

A raíz de la aprobación en primer debate del proyecto de ley conocido con el nombre del condenado exministro Andrés Felipe Arias, los usuarios de redes sociales han debatido sobre diferentes versiones de su contenido, algunas de las cuales no se ciñen a la realidad. Es el caso de la siguiente imagen, creada por una página que se presenta en Facebook y Twitter como “sistema informativo”.

Captura de pantalla de publicación sobre ley Andrés Felipe Arias en Facebook

Captura de pantalla de tuit sobre ley Andrés Felipe Arias

Según este meme, la propuesta “busca crear la figura de la doble instancia o doble conformidad retroactiva”. Además, asegura que esto “favorece a cerca de 700 condenados por parapolítica, narcopolítica, actos de corrupción y hasta condenados por el Proceso 8.000, [para que] se les reabran los procesos y se les juzgue de nuevo, con la posibilidad de quedar libres”.

Colombiacheck califica la publicación como cuestionable porque es inexacta sobre el objeto de la iniciativa y lo que dice el texto aprobado en primer debate. Además, miente sobre la cantidad de beneficiarios, al mismo tiempo que reduce los ejemplos a una minoría dentro de un universo de casos que es mucho más amplio que el de los aforados como el exministro de Agricultura.

De dónde viene y para dónde va

Para empezar, la imagen viral presenta como términos intercambiables dos derechos constitucionales que son diferentes aunque están emparentados.

La segunda instancia permite apelar o revisar cualquier decisión judicial. La impugnación o doble conformidad, como parte del debido proceso, se refiere a que toda sentencia condenatoria en materia penal tenga esa posibilidad, de modo que cualquier fallo en contra de alguien señalado de cometer un delito deba ser confirmado por un juez superior al que lo expidió. Así lo explicó el profesor Mauricio Cristancho Ariza, doctor en Derecho y Ciencia Política, en una columna de febrero pasado en el portal Ámbito Jurídico.

Esto es importante porque, en Colombia, una persona puede ser absuelta en primera instancia y condenada por primera vez en la segunda, cuando la Fiscalía o las víctimas se oponen a la decisión inicial. En este caso, el condenado debe tener la posibilidad de impugnar ante un superior del segundo juez, un tercer peldaño que no existía en la ley hasta 2018, excepto por mecanismos como la tutela o la casación que no les eran aplicables a todos los procesos por igual.

Además, estaba el problema con el proceso de los aforados, que son quienes responden penalmente ante la Corte Suprema de Justicia por cuenta de su cargo, como ministros y congresistas. Ese tribunal era su única instancia. No podían acudir siquiera a la segunda por falta de un superior, al tratarse de la cabeza de esa jurisdicción. Entonces, la violación de la doble conformidad los afectaba a ellos, pero también a un grupo mayor de personas condenadas una sola vez sin posibilidad de impugnar.

Cristancho y las dos ponencias positivas (hubo una negativa de Alexánder López y Julián Gallo, respectivamente del Polo Democrático y la Farc, que fracasó) recuerdan que esta interpretación se materializó en una sentencia de la Corte Constitucional en 2014. La corporación determinó que el Congreso debería llenar esos vacíos jurídicos en un año. Pero el Legislativo se demoró más en hacerlo, con una reforma que entró en vigencia en 2018.

Desde entonces, los casos en mención se resolvieron para procesos futuros, incluso con la creación de nuevas salas en la Corte Suprema. La ley Arias sería el estatuto para reglamentar los procedimientos y definir cómo y a quiénes beneficia.

Esto también lo han pedido las mismas altas cortes, por ejemplo, en una sentencia de unificación de varias tutelas en mayo pasado y un fallo de la sala de casación de noviembre de 2018, que condenó por primera vez en segunda instancia al exalcalde de Arjona, Bolívar, Carlos Tinoco por concierto para delinquir en un caso de parapolítica. Mientras tanto, el alto tribunal se vio obligado a crear unas reglas provisionales en abril pasado.

El texto que se acogió en la comisión primera del Senado no fue el radicado por el partido Centro Democrático, que defendió la senadora Paloma Valencia en su ponencia, sino una versión sustituta de Roy Barreras.

Como lo explicó en el debate, el congresista del Partido de la U recortó la retroactividad de la norma de 1976 a 1991, articuló el contenido con los códigos de procedimiento penal (entre otras cosas, para evitar las prescripciones y liberaciones masivas), eliminó la creación de una nueva sala de descongestión en la Corte Suprema y, en su lugar, especificó las funciones de las que fueron creadas en 2018.

El senador también explicó en Twitter que “los 12 votos necesarios para garantizar ese derecho fundamental a la impugnación, que está exigido desde la Constitución del 91 y lleva 28 años sin cumplirse, se lograron con el compromiso de revisar la no retroactividad de la norma”. En efecto, la ponencia para segundo debate que presentó con Rodrigo Lara, de Cambio Radical, elimina cualquier retroactividad de la norma.

Esta modificación debe ser sometida a la plenaria del Senado. En caso de que la iniciativa sea aprobada, con o sin ese cambio, todavía le quedarían pendientes otros seis debates en el Congreso después de ese, por tratarse de un proyecto de ley estatutaria.

Cuántos y quiénes se benefician

De la retroactividad depende el beneficio de Arias, pero también de muchas otras personas. El meme asegura que son 700 políticos. Esta cifra es una aproximación que dio el autor de la iniciativa y representante a la Cámara por los colombianos en el exterior, el uribista Juan David Vélez, en una entrevista con Blu Radio en julio. Según el congresista, serían hasta 500 casos adicionales a los de aforados, que calculó en 260.

En realidad, hay 232 condenas emitidas por la Corte Suprema en única instancia desde la entrada en vigencia de la Constitución de 1991, que es la fecha de corte que hace el texto aprobado en primer debate, hasta 2018. El listado completo, que incluye el caso del exministro, fue publicado por la Corporación Excelencia en la Justicia (CEJ) con base en la respuesta que le dio ese tribunal a un derecho de petición enviado por esta organización.

Sin embargo, algunas personas aparecen repetidas porque tienen más de una condena en diferentes casos. Whitman Herney Porras y William Pérez Espinel, exgobernadores de Casanare, tienen respectivamente cuatro y tres condenas en contra en única instancia. Lucas Gnecco Cerchar, exrepresentante del Cesar, y Arnoldo José Rojas Tomedes, exgobernador del Guainía, también tienen tres.

Los que aparecen dos veces son el exdirector del DAS Jorge Noguera, los excongresistas Salvador Arana, Nelson Pardo Rodríguez, José Vicente Lozano y Édgar Eulises Torres; los exgobernadores José Luis González Crespo, Leslie Bent Archbold, Antonio Manuel Stephens, Norman Guillermo Espinosa, Mario Camacho Prada, Álvaro Londoño Aristizábal y José María López Gómez; los exfiscales María del Carmen Llerena Roca, Guillermo León Valencia Cossio y Jorge Cañedo de la Hoz y el exdiplomático Álvaro Eugenio Márquez Sarmiento.

Al restar estas repeticiones quedan 207 personas. Aun así, muchas de ellas no podrían reclamar por diferentes razones.

Hay quienes ya fallecieron, como Bent Archbold y López Gómez. Otros ejemplos son el general José Guillermo Medina Sánchez, exdirector de la Policía; Miguel Ángel Torres Calero y Daniel Sinisterra Domínguez, ambos exmagistrados del Tribunal Superior de Cali; el excongresista y exconstituyente Jorge Tadeo Lozano Osorio; el exgobernador del Tolima Francisco Peñaloza Castro y los exrepresentantes Teodolindo Avendaño y Rubén Darío Salazar.

Otra excepción clave que señaló Barreras en el debate es la de quienes aceptaron cargos en primera instancia, como el exsenador Bernardo ‘el Ñoño’ Elías o la exrepresentante Yidis Medina. En efecto, la Corte Suprema ya ha manifestado que la renuncia a juicio por medio de la confesión libre, consciente, voluntaria y espontánea implica también la imposibilidad de retractarse y, por ende, la persona pierde su derecho a controvertir los hechos (a menos que demuestre que mintió presionada, por ejemplo).

Además, muchos en la lista ya tienen libertad plena después de cumplir sus penas o condicional por estar próximos hacerlo. Entonces, tampoco es exacto decir que todos los aforados beneficiados saldrían de reclusión. No obstante, podrían reclamar indemnizaciones del Estado si los fallos en contra les fueran revocados en la nueva instancia, según la asesora jurídica de Barreras, Yury Sierra.

Algunos casos llamativos con esas características serían los del exprocurador Orlando Vásquez, los exministros Saulo Arboleda, Diego Palacio y Sabas Pretelt; los exsecretarios presidenciales Alberto Velásquez y Bernardo Moreno; la mayoría de los excongresistas de la parapolítica y otros como Regina Betancourt (‘Regina 11’), Carlos Alonso Lucio y Lucero Cortés e incluso, en su calidad de exgobernador del Valle, el escritor y periodista Gustavo Álvarez Gardeazábal.

Por su parte, el exsenador parapolítico Álvaro Ashton también tiene libertad condicional desde septiembre pasado, pero en su caso es anticipada y transitoria. Esta le fue concedida tras someterse a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) con compromisos concretos para la reparación de las víctimas y haber empezado su proceso de aporte a la verdad, dentro del esquema transicional diseñado en el Acuerdo del Teatro Colón.

En contraste, está el caso de Félix Salcedo Baldión, exrepresentante de Norte de Santander condenado en 2002 que, tras quedar libre y pasar años fuera de la vida pública, ahora enfrenta un nuevo juicio con medida de aseguramiento en su casa por su aparente participación en una red de tráfico de migrantes. El beneficio solo lo podría cobijar en el proceso antiguo, no tendría efectos sobre el que atraviesa actualmente y no podría salir de su actual reclusión por esa causa.

Por otro lado, el cálculo de 700 beneficiarios tampoco es claro cuando se habla de ciudadanos sin fuero constitucional que fueron condenados por primera vez en segunda instancia. No hay datos que permitan afirmarlo con certeza.

Según el equipo de Barreras, desde que se creó el sistema penal acusatorio en 2004, en el país se producen 42.000 condenas al año y hasta entonces, desde 1991, el promedio era de 31.000 anuales. Esto equivale a cerca de un millón de sentencias en este sentido hasta 2017. De estas, 350.000 fueron por primera vez en segunda instancia.

Sierra le dijo a Colombiacheck que la fuente de estos datos es la Corte Suprema. Sin embargo, este tribunal no lo confirmó y la CEJ tampoco tiene esa información.

El último boletín estadístico del Consejo Superior de la Judicatura daba cuenta de 419.998 condenas de 2007 a 2016, lo que de un promedio anual de 41.900, cercano al que tiene Barreras para ese periodo. También es similar a la cifra que se desprende de un informe de la CEJ, que es de 43.478 al año desde 2008 hasta 2014.

Sin embargo, el órgano judicial también cita un estudio de tiempos y procesos en el sistema penal acusatorio que hizo la CEJ en 2014, en el que dice que 90 por ciento de los casos en segunda instancia vienen de condenas en primera, no de absoluciones. Además, que solo el 5 por ciento de las impugnaciones revoca la sentencia inicial. Por tanto, solo 0,5 por ciento de los fallos de impugnación podría producir condenas por primera vez.

El citado boletín de la Judicatura presenta un promedio de 4.556 absoluciones anuales que, sumadas a las 41.900 condenas, dan 46.456 procesos en total. La CEJ, por su parte, calcula que 14 por ciento tienen segunda instancia.

Colombiacheck hizo algunos cálculos con esas cifras. Serían 6.504 procesos al año con dos etapas. De estos, solo 650 terminarían en absolución en primera instancia y apenas 32 o 33 serían revocados para condenar en segunda. Lo que llevaría a una estimación de 455 casos de 2004 a 2017.

Pero estas no dejan de ser cuentas alegres. Para tener la certeza de afirmar que serían 700 beneficiados, como lo hace la publicación chequeada, hace falta información más exacta y actualizada en algunos casos, también los datos detallados anteriores a la creación del sistema penal acusatorio y discriminar, como con los aforados, cuántas personas se repiten, cuántas ya fallecieron o cuántas han confesado. Lo demás, es especulación.

Falso Falso Falso Falso Falso Falso Falso Falso

Falso

Miércoles, 06 Marzo 2019

El PND no propone expropiar las pensiones

Por Luisa Fernanda Gómez Cruz

Según Angélica Lozano, el PND plantea quitarle el ahorro pensional a quienes no alcanzan requisitos para cobrar una pensión, pero el proyecto impulsa realmente un ingreso vitalicio.

El pasado 18 de febrero inició en el Congreso la discusión sobre el Plan Nacional de Desarrollo para el periodo 2018-2022. Y a propósito de los debates que se han impulsado desde entonces, la senadora Angélica Lozano publicó un trino en la mañana del 4 de marzo en el cual afirma que el artículo 117 del plan “es la expropiación del ahorro pensional de los que no se pensionan”.

Colombiacheck revisó la información contenida en el trino y encontró que es falsa, principalmente, porque quienes hayan llegado a la edad de pensión y no cumplan con los requisitos para recibir un salario mínimo mensual, tienen la opción de elegir si prefieren retirar el total de sus ahorros en lugar de que su dinero entre a los Beneficios Económicos Periódicos, o Beps.

Lo que dice Lozano

Antes de hablar con distintos abogados y economistas sobre el tema, consultamos a la senadora para que nos explicara las razones de su interpretación.

Lozano le dijo a Colombiacheck que habla de “expropiación” porque “si en diez días la gente no pide la devolución, su ahorro pasa a Beps” y que “hoy este ahorro es heredable a sus sucesores. Con el 117 deja de ser individual y va a una cuenta común Beps, por lo tanto deja de ser heredable … Lo llamo expropiado porque no le será devuelto completo, como es hoy, ni a sus herederos, si muere”, afirma.

Además, nos dijo que hoy el promedio de ingresos en los Beps es de 40.000 pesos y que, si se aprueba el artículo 117, el valor pasará a depender de lo ahorrado. Finalmente, adjuntó la siguiente tabla de, según dijo, dos ejemplos en fondo público y privado “con el promedio devuelto el año pasado”:

Imagen Lozano
 

“Cuatro millones en total; 16.000 y pico mes en Beps”, dice la senadora. “Claro, el Beps sube si el monto total ahorrado que no se devuelve es mayor”.

Esta misma información la publicó en un segundo trino:

Los Beps

Los Beps son un mecanismo creado para ayudarles a las personas que no alcanzan a tener una pensión a tener un ingreso en la vejez. De los 23 millones de trabajadores con los que cuenta Colombia actualmente, de acuerdo con Mauricio Olivera, expresidente de Colpensiones, cerca del 40 por ciento tienen ingresos por debajo del salario mínimo; es decir que están fuera del sistema pensional.

En Colombia, la Constitución Política y la ley 71 de 1988 determinan que ninguna pensión podrá ser inferior al salario mínimo legal mensual, razón por la cual quienes cotizan deben hacerlo al menos por ese mismo valor, según le explicaron a Colombiacheck Olivera, y Jorge Llano, vicepresidente técnico de Asofondos.

Entonces, para todas las personas que llegan a la edad de pensión, pero no alcanzaron a cotizar las 1.300 semanas que exige la ley, el gobierno nacional creó en 2012 los Beneficios Económicos Periódicos (Beps).

Olivera fue uno de los creadores de estos beneficios cuando fue Viceministro de Empleo y Pensiones de Rafael Pardo, y explica que se ideó como un mecanismo para impulsar a las personas a hacer un ahorro que luego les sirviera como ingreso en la vejez. Pero advierte: “no es una pensión”.

La idea de los Beps es que quienes no tienen un ingreso mensual constante vayan ahorrando a medida que puedan hacerlo y que tengan un incentivo: por lo ahorrado, el gobierno les da un 20 por ciento adicional y lo administra para entregarles un ingreso mensual hasta que fallezcan.

Actualmente, en el supuesto de que una persona llegue a la edad de pensión (57 años para las mujeres y 62 para los hombres) y no tenga las semanas suficientes para pensionarse, se le devuelve el ahorro que haya hecho aportando al sistema de pensiones, como primera opción. Pero, si lo prefiere, puede ingresar a un Beps.

Con el artículo 117 el orden de las opciones se invierte: el dinero del ahorro va a un Beps, a menos que en un plazo de 10 días la persona informe que prefiere recibir su dinero en un solo pago.

El artículo en cuestión dice:

ARTÍCULO 117o. PROMOCIÓN DE LOS BENEFICIOS ECONÓMICOS PERIÓDICOS.

En el evento en que los afiliados al Sistema General de Pensiones obtengan como

prestación sustituta una devolución de saldos o indemnización sustitutiva de vejez, estos recursos serán trasladados al mecanismo de los Beneficios Económicos Periódicos para el reconocimiento de una anualidad vitalicia en las condiciones legales vigentes, excepto en el evento en que el afiliado manifieste su decisión de recibir dicha prestación, dentro de los 10 días hábiles siguientes a la notificación del documento o acto que la define. El gobierno reglamentará la materia y las especificaciones para la asesoría por parte de las administradoras de pensiones.

Por lo cual es falso lo que dice Lozano de que el ahorro se “expropia” y de que con la propuesta del PND no le devuelven la plata. Además porque los Beps no tienen comisión o cobro alguno. Todo lo contrario, como ya mencionamos, los Beps contemplan un subsidio del 20% sobre el valor de lo ahorrado.

Ingresos mensuales

En su primer trino, Lozano dijo que con los Beps se les daría a las personas 40.000 pesos mensuales, que luego precisó como un valor aproximado del año pasado en la respuesta que dio a Colombiacheck. Esta cifra es cuestionable porque depende del régimen al cual estén afiliadas las personas.

De acuerdo con cifras promedio de Asofondos con corte a diciembre de 2018, los fondos devolvieron a quienes no pudieron pensionarse 35 millones en el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad ,(o Rais, administrado por los privados) y 4,8 millones de pesos en el caso del Régimen de Prima Media (o RPM, el sistema público administrado por Colpensiones),

Eso significa en Beps un ingreso vitalicio mensual de 280.000 pesos en el primero y 36.000 en el segundo. “Los valores exactos del ingreso vitalicio se determinan con la fórmula de cálculo del gobierno para Beps”, según explica Llano.

Ahora, no es muy claro de dónde saca Lozano que con el artículo 117 el ingreso mensual de Beps serían 16.667 pesos como indica su tabla, pero en el segundo trino que compartió de alguna manera rectifica al decir que “en concreto dependería de lo cotizado”.

Lo que dice el vicepresidente técnico de Asofondos sobre el tema es que ni siquiera los 40.000 pesos que menciona Lozano inicialmente es cierto “a futuro para todos los afiliados de RPM". Según Llano, aunque hoy ese es el promedio (36.000 pesos) no es cierto que necesariamente en un futuro se mantenga ese mismo promedio.

La heredabilidad

El último tema sobre el cual la senadora Angélica Lozano basa su crítica al artículo 117 del proyecto de ley del PND tiene que ver con la heredabilidad de los ahorros pensionales.

Actualmente, si una persona fallece el ahorro pensional se hereda a su cónyuge o a sus hijos. Y así se mantiene con la propuesta de Plan de Desarrollo.

Pero, según Lozano, el articulado crearía un cambio por el que, cuando una persona ingresa su dinero a Beps y fallece, el ingreso bimensual no sería heredable. Esto es falso, pues actualmente los Beps no son heredables y el PND tampoco haría ninguna modificación en este sentido.

Y la razón de ello la explica Rodrigo Galarza, abogado financiero y exvicepresidente de Asofondos. Al ser los Beps un mecanismo de incentivo que involucra un subsidio del gobierno, no puede extenderse a los familiares del ahorrador en caso de fallecimiento. “¿Con qué dinero se completa el excedente (subsidio) de las personas?”, pregunta y responde Galarza: “Pues con plata del gobierno que son los impuestos de todos”.

Ese subsidio del 20 por ciento también debe entenderse como una ayuda significativa que suministra el gobierno, porque de no contar con él, el ingreso que recibirían las personas sería aún menor y probablemente no cubriría todos los años que esta persona viva, en caso de superar la expectativa de vida (75 años para los hombres y 81 para las mujeres).

Finalmente, volviendo nuevamente a lo que mencionamos al principio, los Beps no son una pensión y, por lo tanto, no son comparables, de acuerdo con Galarza.

Un ‘empujón’

Para Galarza, el tema criticable del artículo 117 es que otorgue un plazo de tan solo diez días para que las personas tengan que tomar una decisión. Pero, al mismo tiempo, supone que esto se debe a que al estar estas personas por fuera del mercado laboral por haber cumplido la edad de pensión, necesitan una solución rápida o se quedan sin ningún ingreso.

Según Llano, es más conveniente contar con un ingreso mensual vitalicio durante la vejez, en lugar de entregar un solo pago que muchos no van a saber administrar.

Y de acuerdo con Jorge Restrepo, economista y analista, esta propuesta se corresponde con la teoría del premio Nobel de economía Richard Thaler, quien escribió un libro sobre los “empujones” para tomar decisiones razonables. Restrepo publicó un hilo sobre el tema.