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Viernes, 20 Diciembre 2019

Meme exagera sobre los alcances de la Ley ‘Andrés Felipe Arias’

Por José Felipe Sarmiento

Una imagen que circula en Facebook es imprecisa sobre el objetivo del proyecto, que va para segundo debate, y miente sobre la cantidad de políticos condenados a los que beneficiaría su aprobación con retroactividad.

A raíz de la aprobación en primer debate del proyecto de ley conocido con el nombre del condenado exministro Andrés Felipe Arias, los usuarios de redes sociales han debatido sobre diferentes versiones de su contenido, algunas de las cuales no se ciñen a la realidad. Es el caso de la siguiente imagen, creada por una página que se presenta en Facebook y Twitter como “sistema informativo”.

Captura de pantalla de publicación sobre ley Andrés Felipe Arias en Facebook

Captura de pantalla de tuit sobre ley Andrés Felipe Arias

Según este meme, la propuesta “busca crear la figura de la doble instancia o doble conformidad retroactiva”. Además, asegura que esto “favorece a cerca de 700 condenados por parapolítica, narcopolítica, actos de corrupción y hasta condenados por el Proceso 8.000, [para que] se les reabran los procesos y se les juzgue de nuevo, con la posibilidad de quedar libres”.

Colombiacheck califica la publicación como cuestionable porque es inexacta sobre el objeto de la iniciativa y lo que dice el texto aprobado en primer debate. Además, miente sobre la cantidad de beneficiarios, al mismo tiempo que reduce los ejemplos a una minoría dentro de un universo de casos que es mucho más amplio que el de los aforados como el exministro de Agricultura.

De dónde viene y para dónde va

Para empezar, la imagen viral presenta como términos intercambiables dos derechos constitucionales que son diferentes aunque están emparentados.

La segunda instancia permite apelar o revisar cualquier decisión judicial. La impugnación o doble conformidad, como parte del debido proceso, se refiere a que toda sentencia condenatoria en materia penal tenga esa posibilidad, de modo que cualquier fallo en contra de alguien señalado de cometer un delito deba ser confirmado por un juez superior al que lo expidió. Así lo explicó el profesor Mauricio Cristancho Ariza, doctor en Derecho y Ciencia Política, en una columna de febrero pasado en el portal Ámbito Jurídico.

Esto es importante porque, en Colombia, una persona puede ser absuelta en primera instancia y condenada por primera vez en la segunda, cuando la Fiscalía o las víctimas se oponen a la decisión inicial. En este caso, el condenado debe tener la posibilidad de impugnar ante un superior del segundo juez, un tercer peldaño que no existía en la ley hasta 2018, excepto por mecanismos como la tutela o la casación que no les eran aplicables a todos los procesos por igual.

Además, estaba el problema con el proceso de los aforados, que son quienes responden penalmente ante la Corte Suprema de Justicia por cuenta de su cargo, como ministros y congresistas. Ese tribunal era su única instancia. No podían acudir siquiera a la segunda por falta de un superior, al tratarse de la cabeza de esa jurisdicción. Entonces, la violación de la doble conformidad los afectaba a ellos, pero también a un grupo mayor de personas condenadas una sola vez sin posibilidad de impugnar.

Cristancho y las dos ponencias positivas (hubo una negativa de Alexánder López y Julián Gallo, respectivamente del Polo Democrático y la Farc, que fracasó) recuerdan que esta interpretación se materializó en una sentencia de la Corte Constitucional en 2014. La corporación determinó que el Congreso debería llenar esos vacíos jurídicos en un año. Pero el Legislativo se demoró más en hacerlo, con una reforma que entró en vigencia en 2018.

Desde entonces, los casos en mención se resolvieron para procesos futuros, incluso con la creación de nuevas salas en la Corte Suprema. La ley Arias sería el estatuto para reglamentar los procedimientos y definir cómo y a quiénes beneficia.

Esto también lo han pedido las mismas altas cortes, por ejemplo, en una sentencia de unificación de varias tutelas en mayo pasado y un fallo de la sala de casación de noviembre de 2018, que condenó por primera vez en segunda instancia al exalcalde de Arjona, Bolívar, Carlos Tinoco por concierto para delinquir en un caso de parapolítica. Mientras tanto, el alto tribunal se vio obligado a crear unas reglas provisionales en abril pasado.

El texto que se acogió en la comisión primera del Senado no fue el radicado por el partido Centro Democrático, que defendió la senadora Paloma Valencia en su ponencia, sino una versión sustituta de Roy Barreras.

Como lo explicó en el debate, el congresista del Partido de la U recortó la retroactividad de la norma de 1976 a 1991, articuló el contenido con los códigos de procedimiento penal (entre otras cosas, para evitar las prescripciones y liberaciones masivas), eliminó la creación de una nueva sala de descongestión en la Corte Suprema y, en su lugar, especificó las funciones de las que fueron creadas en 2018.

El senador también explicó en Twitter que “los 12 votos necesarios para garantizar ese derecho fundamental a la impugnación, que está exigido desde la Constitución del 91 y lleva 28 años sin cumplirse, se lograron con el compromiso de revisar la no retroactividad de la norma”. En efecto, la ponencia para segundo debate que presentó con Rodrigo Lara, de Cambio Radical, elimina cualquier retroactividad de la norma.

Esta modificación debe ser sometida a la plenaria del Senado. En caso de que la iniciativa sea aprobada, con o sin ese cambio, todavía le quedarían pendientes otros seis debates en el Congreso después de ese, por tratarse de un proyecto de ley estatutaria.

Cuántos y quiénes se benefician

De la retroactividad depende el beneficio de Arias, pero también de muchas otras personas. El meme asegura que son 700 políticos. Esta cifra es una aproximación que dio el autor de la iniciativa y representante a la Cámara por los colombianos en el exterior, el uribista Juan David Vélez, en una entrevista con Blu Radio en julio. Según el congresista, serían hasta 500 casos adicionales a los de aforados, que calculó en 260.

En realidad, hay 232 condenas emitidas por la Corte Suprema en única instancia desde la entrada en vigencia de la Constitución de 1991, que es la fecha de corte que hace el texto aprobado en primer debate, hasta 2018. El listado completo, que incluye el caso del exministro, fue publicado por la Corporación Excelencia en la Justicia (CEJ) con base en la respuesta que le dio ese tribunal a un derecho de petición enviado por esta organización.

Sin embargo, algunas personas aparecen repetidas porque tienen más de una condena en diferentes casos. Whitman Herney Porras y William Pérez Espinel, exgobernadores de Casanare, tienen respectivamente cuatro y tres condenas en contra en única instancia. Lucas Gnecco Cerchar, exrepresentante del Cesar, y Arnoldo José Rojas Tomedes, exgobernador del Guainía, también tienen tres.

Los que aparecen dos veces son el exdirector del DAS Jorge Noguera, los excongresistas Salvador Arana, Nelson Pardo Rodríguez, José Vicente Lozano y Édgar Eulises Torres; los exgobernadores José Luis González Crespo, Leslie Bent Archbold, Antonio Manuel Stephens, Norman Guillermo Espinosa, Mario Camacho Prada, Álvaro Londoño Aristizábal y José María López Gómez; los exfiscales María del Carmen Llerena Roca, Guillermo León Valencia Cossio y Jorge Cañedo de la Hoz y el exdiplomático Álvaro Eugenio Márquez Sarmiento.

Al restar estas repeticiones quedan 207 personas. Aun así, muchas de ellas no podrían reclamar por diferentes razones.

Hay quienes ya fallecieron, como Bent Archbold y López Gómez. Otros ejemplos son el general José Guillermo Medina Sánchez, exdirector de la Policía; Miguel Ángel Torres Calero y Daniel Sinisterra Domínguez, ambos exmagistrados del Tribunal Superior de Cali; el excongresista y exconstituyente Jorge Tadeo Lozano Osorio; el exgobernador del Tolima Francisco Peñaloza Castro y los exrepresentantes Teodolindo Avendaño y Rubén Darío Salazar.

Otra excepción clave que señaló Barreras en el debate es la de quienes aceptaron cargos en primera instancia, como el exsenador Bernardo ‘el Ñoño’ Elías o la exrepresentante Yidis Medina. En efecto, la Corte Suprema ya ha manifestado que la renuncia a juicio por medio de la confesión libre, consciente, voluntaria y espontánea implica también la imposibilidad de retractarse y, por ende, la persona pierde su derecho a controvertir los hechos (a menos que demuestre que mintió presionada, por ejemplo).

Además, muchos en la lista ya tienen libertad plena después de cumplir sus penas o condicional por estar próximos hacerlo. Entonces, tampoco es exacto decir que todos los aforados beneficiados saldrían de reclusión. No obstante, podrían reclamar indemnizaciones del Estado si los fallos en contra les fueran revocados en la nueva instancia, según la asesora jurídica de Barreras, Yury Sierra.

Algunos casos llamativos con esas características serían los del exprocurador Orlando Vásquez, los exministros Saulo Arboleda, Diego Palacio y Sabas Pretelt; los exsecretarios presidenciales Alberto Velásquez y Bernardo Moreno; la mayoría de los excongresistas de la parapolítica y otros como Regina Betancourt (‘Regina 11’), Carlos Alonso Lucio y Lucero Cortés e incluso, en su calidad de exgobernador del Valle, el escritor y periodista Gustavo Álvarez Gardeazábal.

Por su parte, el exsenador parapolítico Álvaro Ashton también tiene libertad condicional desde septiembre pasado, pero en su caso es anticipada y transitoria. Esta le fue concedida tras someterse a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) con compromisos concretos para la reparación de las víctimas y haber empezado su proceso de aporte a la verdad, dentro del esquema transicional diseñado en el Acuerdo del Teatro Colón.

En contraste, está el caso de Félix Salcedo Baldión, exrepresentante de Norte de Santander condenado en 2002 que, tras quedar libre y pasar años fuera de la vida pública, ahora enfrenta un nuevo juicio con medida de aseguramiento en su casa por su aparente participación en una red de tráfico de migrantes. El beneficio solo lo podría cobijar en el proceso antiguo, no tendría efectos sobre el que atraviesa actualmente y no podría salir de su actual reclusión por esa causa.

Por otro lado, el cálculo de 700 beneficiarios tampoco es claro cuando se habla de ciudadanos sin fuero constitucional que fueron condenados por primera vez en segunda instancia. No hay datos que permitan afirmarlo con certeza.

Según el equipo de Barreras, desde que se creó el sistema penal acusatorio en 2004, en el país se producen 42.000 condenas al año y hasta entonces, desde 1991, el promedio era de 31.000 anuales. Esto equivale a cerca de un millón de sentencias en este sentido hasta 2017. De estas, 350.000 fueron por primera vez en segunda instancia.

Sierra le dijo a Colombiacheck que la fuente de estos datos es la Corte Suprema. Sin embargo, este tribunal no lo confirmó y la CEJ tampoco tiene esa información.

El último boletín estadístico del Consejo Superior de la Judicatura daba cuenta de 419.998 condenas de 2007 a 2016, lo que de un promedio anual de 41.900, cercano al que tiene Barreras para ese periodo. También es similar a la cifra que se desprende de un informe de la CEJ, que es de 43.478 al año desde 2008 hasta 2014.

Sin embargo, el órgano judicial también cita un estudio de tiempos y procesos en el sistema penal acusatorio que hizo la CEJ en 2014, en el que dice que 90 por ciento de los casos en segunda instancia vienen de condenas en primera, no de absoluciones. Además, que solo el 5 por ciento de las impugnaciones revoca la sentencia inicial. Por tanto, solo 0,5 por ciento de los fallos de impugnación podría producir condenas por primera vez.

El citado boletín de la Judicatura presenta un promedio de 4.556 absoluciones anuales que, sumadas a las 41.900 condenas, dan 46.456 procesos en total. La CEJ, por su parte, calcula que 14 por ciento tienen segunda instancia.

Colombiacheck hizo algunos cálculos con esas cifras. Serían 6.504 procesos al año con dos etapas. De estos, solo 650 terminarían en absolución en primera instancia y apenas 32 o 33 serían revocados para condenar en segunda. Lo que llevaría a una estimación de 455 casos de 2004 a 2017.

Pero estas no dejan de ser cuentas alegres. Para tener la certeza de afirmar que serían 700 beneficiados, como lo hace la publicación chequeada, hace falta información más exacta y actualizada en algunos casos, también los datos detallados anteriores a la creación del sistema penal acusatorio y discriminar, como con los aforados, cuántas personas se repiten, cuántas ya fallecieron o cuántas han confesado. Lo demás, es especulación.

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Martes, 14 Marzo 2017

Por “decreto” se suspenden investigaciones a las Farc

Por Óscar Felipe Agudelo B.

Con esa contundencia, bajo el calificativo de insólito, trinó José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch, sobre un decreto presidencial que lleva a “suspender investigaciones sobre atrocidades”. Vivanco también señaló que la decisión “ni siquiera respeta el acuerdo de paz”, dos críticas verdaderas.

En las últimas semanas han sido varios los decretos presidenciales polémicos en lo referente a la implementación del Acuerdo Final pactado en La Habana, por ejemplo, unos de ellos fue sobre los $1.8 millones para hasta 1.2000 integrantes de las Farc que se convertirían en escoltas.

Dentro de las voces de inconformidad por los decretos presidenciales sonó una más, esta vez de carácter internacional y de incuestionable trascendencia. Fue el 18 de febrero, la del director de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco.

 

 

El alto funcionario señaló, con documentos como evidencia, que el decreto presidencial 277 de 2017 suspende las investigaciones sobre atrocidades, lo que ocasiona un irrespeto al Acuerdo de Paz. Algo que Colombiacheck pudo establecer como verdadero gracias a la claridad de las pruebas presentadas por Vivanco y también por un informe que realizó Noticias RCN sobre el tema.

Para comprender el tema lo primero que hicimos fue conocer qué se entiende por crímenes atroces.

Al respecto Naciones Unidas publicó en su informe de 2014 Marco de Análisis para Crímenes Atroces que “el término crímenes atroces se refiere a tres crímenes internacionales definidos jurídicamente: genocidio, que es el exterminio sistemático y deliberado de un grupo social por motivos raciales, políticos o religiosos; crímenes de lesa humanidad, que es todo acto tipificado como asesinato, exterminio, esclavitud, deportación o traslado forzoso de población, encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales, y finalmente, crímenes de guerra, los malos tratos a prisioneros de guerra y civiles y los genocidios”.

Ya teniendo claro a qué nos referimos, verificamos los documentos que presentó Vivanco y encontramos que es verdadero el hecho de que el decreto presidencial mencionado va en contravía del Acuerdo Final. Lo anterior porque lo pactado en La Habana le daba alas a la Fiscalía para seguir su labor investigativa hasta que entre en vigencia la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, y en contravía, el decreto presidencial le quita de tajo esas alas y lo hace de manera inmediata.

“Todos los procesos en los cuales se haya otorgado la libertad condicionada o decidido el traslado a las Zvtn, de que tratan la Ley 1820 de 2016 y el presente decreto, quedarán suspendidos hasta que entre en funcionamiento la Jurisdicción Especial para la Paz”, sentenció el decreto 277 de 2017.

Por su parte, la página 156 del Acuerdo Final, en lo referente a las funciones de la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad, estableció en el numeral J que:

“La Fiscalía General de la Nación o el órgano investigador de cualquier otra jurisdicción que opere en Colombia, continuarán adelantando las investigaciones hasta el día en que la Sala… anuncie públicamente que en tres meses presentará al Tribunal para la Paz su resolución de conclusiones, momento en el cual la Fiscalía o el órgano investigador de que se trate, deberán remitir a la Sala la totalidad de investigaciones que tenga sobre dichos hechos y conductas, momento en el cual la Fiscalía o el órgano investigador de que se trate perderá competencias para continuar investigando hechos o conductas competencia de la Jurisdicción Especial de Paz”.

Es claro entonces que el Acuerdo Final permitía que la Fiscalía continúe con su labor investigativa hasta que la JEP anuncie públicamente la resolución de sus conclusiones en cada caso estudiado por ella. A partir de ese momento, la Fiscalía perdería todas sus competencias en las investigaciones con ocasión al conflicto y con posterioridad al 1 de diciembre de 2016, y entonces debería pasarle todas las investigaciones a la JEP.

Así está planteado en el Acuerdo Final, pero pasando por encima de lo acordado el Gobierno por medio del decreto 277 señaló que en cuanto a los procesos de los integrantes de las Farc “quedarán suspendidos hasta” la entrada en vigencia de la JEP.

Quedan suspendidos todos los procesos sin diferencia alguna, sin importar si son crímenes atroces o amnistiables. “Todos son todos”, y en eso también tiene razón José Miguel Vivanco.

 

¿Una “metida de pata” del abogado de las Farc?

Un hombre conocedor de leyes y cercano a las Farc, Enrique Santiago, abogado del grupo guerrillero, contestó el trino de José Miguel Vivanco y manifestó que la suspensión de procesos no impedía el trabajo investigativo de las autoridades judiciales.

De inmediato y como si se tratará de Colombiacheck el propio Vivanco corrigió a Enrique Santiago por su falta de actualización sobre la legislación colombiana.

 

 

Respecto a la “metida de pata” el abogado de las Farc no respondió nada pero sí le contra argumentó a Vivanco que los que investigan en Colombia son la Fiscalía y la Policía, no los jueces. Aunque claro, Enrique Santiago no perdió la oportunidad para solicitarle a Vivanco que no alimentará al uribismo. Luego, Vivanco no continuó con la conversación tuitera.

 

 

Al margen de cualquier argumentación jurídica para Colombiacheck el decreto 277 fue claro. Todos los procesos “quedarán suspendidos hasta” que entre en vigencia la JEP. Todos son todos. El decreto no discriminó entre qué tipo de procesos y el ente investigador encargado de dichos procesos. Solo manifestó que la medida será para los que se les haya “otorgado la libertad condicionada o decidido el traslado a las Zvtn”.

 

¿Mientras tanto quién investigará?

¿Si con el decreto presidencial la Fiscalía pierde sus competencias entonces quién investiga mientras entra en vigencia la JEP? ¿Es clara la fecha de reinicio de las investigaciones?

Sobre el primer interrogante Colombiacheck consultó a Mario Hernán López, doctor en resolución de conflictos de la Universidad de Caldas, quien sostuvo que si bien puede haber un vacío jurídico momentáneo, estas son situaciones excepcionales que debe vivir el país en el marco de una justicia transicional. “Seguramente habrán situaciones similares a estas”, señaló López.

Frente al mismo tema, el abogado penalista Francisco Bernate, explicó que si el decreto dice que “quedarán suspendidos” todos los procesos la única exclusión que se podría hacer a esa literalidad es la referida a investigaciones sobre conductas con posterioridad a la firma del Acuerdo Final. Bernate añadió que no sería viable que graves conductas contra la humanidad como crímenes de lesa humanidad sean paradas en sus investigaciones.

El reinicio de las investigaciones es algo que no tiene fecha clara porque según el decreto presidencial éstas quedan suspendidas hasta la entrada en vigencia de la JEP, un tema bien espinoso porque tampoco hay fechas específicas para que entre en vigencia y porque para el Gobierno solo arrancará la JEP hasta que todas todas las salas estén en funcionamiento, así lo comprobó Colombiacheck en “La JEP funcionará hasta por diez años, un engaño del presidente Santos”.

Lo lógico sería que las investigaciones vuelvan a ser retomadas cuando entre en funciones la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad, pero habrá que esperar, por ahora no hay información precisa sobre cuándo será esto.

Colombiacheck le consultó a la Fiscalía si a raíz del decreto presidencial suspendieron los procesos de investigación contra los integrantes de las Farc a quienes acoge esta medida pero no tuvo respuesta del ente investigador.