Pasar al contenido principal
Martes, 28 Mayo 2019

Paola Holguín confundió metas con resultados de Generación E

Por José Felipe Sarmiento

La senadora presentó el número de estudiantes que el programa espera beneficiar en su primer año como si ya fueran un logro alcanzado, para compararlos con los resultados de Ser Pilo Paga.

En su cuenta de Twitter, la senadora Paola Holguín destacó una supuesta cantidad de estudiantes beneficiados por el programa Generación E, con el que el gobierno de Iván Duque busca mejorar el acceso de los jóvenes de escasos recursos a la educación superior, en comparación con los que alcanzó su antecesor a través de Ser Pilo Paga, iniciativa a la que reemplazó y que tenía el mismo fin.

“Mientras [el expresidente Juan Manuel] Santos logró en 8 años, con Ser Pilo Paga, que 40.000 jóvenes fueran a universidades privadas; Duque, con Generación E, logró que en el 2018 fueran 80.000 jóvenes de bajos recursos gratuitamente a la universidad pública y llegará a 300.000 para el 2022”, escribió la congresista del partido Centro Democrático.

Tuit de la senadora Paola Holguín sobre Generación E vs. Ser Pilo Paga

Por el lado de Ser Pilo Paga, el informe de gestión del Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (Icetex) en 2018 sí resaltó que llegó “a 40.000 estudiantes atendidos por el programa”, que es administrado por la entidad. De ellos, quedaban activos 37.954 y empezaron a graduarse las primeras promociones.

La equivocación del mensaje en este punto es que el año de inicio fue 2014. Por tanto, se ejecutó durante los cuatro años del segundo mandato presidencial de Santos y no en los ocho que tuvo su gobierno completo, como lo afirma la parlamentaria.

En cuanto a Generación E, la información es falsa. Para empezar, la Dirección de Fomento de la Educación Superior del Ministerio de Educación todavía no tiene datos definitivos ni siquiera del primer semestre de 2019, cuando se estrenó el esquema. Sus cuentas son preliminares porque todavía están en proceso de validación con las universidades, según explicó Jeisson Ulloa, de la Subdirección de Apoyo a la Gestión de la Instituciones de Educación Superior (IES).

Al respecto, hay que tener en cuenta que muchas universidades públicas empezaron este periodo tarde porque primero tenían que terminar las actividades académicas de 2018, que habían quedado pendientes por el paro. La Distrital, por ejemplo, inició clases del 2019-1 el 26 de marzo. La Nacional lo hizo el 1 de abril en Bogotá y el 15 en Manizales y Palmira.

El segundo semestre, que de por sí no ha comenzado, se ve más lejano en estas instituciones por la misma razón. En consecuencia, todavía no se sabe cuántos serán los matriculados de Generación E para la otra mitad del año. Además, el puntaje en las pruebas Saber 11 es requisito para postularse en una de sus modalidades y, según el cronograma del Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes), la publicación de los resultados se hizo el 11 de mayo, casi tres semanas después del tuit en cuestión.

Hasta el momento, la cuenta parcial del Ministerio va en 23.988 beneficiarios en el primer semestre, sumando los dos componentes del programa que van dirigidos a cubrir las matrículas de los estudiantes (el tercero corresponde a los recursos adicionales para las universidades públicas que estas acordaron con el Gobierno tras las protestas del año pasado). Es decir que, por ahora, la cantidad va en un 30 por ciento de la cifra que dio la congresista.

Tablas del Ministerio de Educación con datos parciales de beneficiarios de Generación E

Además, la comparación que hace Holguín tampoco es exacta porque Generación E es un plan más amplio que Ser Pilo Paga. Precisamente, la esencia de este era premiar a los estudiantes de bajos recursos que sacaran los mejores resultados en el examen de Estado para que estudiaran incluso en universidades privadas. Solo el componente de excelencia del nuevo programa tiene ese mismo esquema, aunque con algunas reformas. Sus beneficiarios son 2.792 hasta ahora. La cantidad que dio Holguín es 28 veces mayor.

En cambio, los otros 21.196 matriculados que el Ministerio ha contado hasta la fecha están en el fondo de equidad, que no contempla requisitos basados en las pruebas Saber. Su foco son los estudiantes de bajos recursos en general, siempre que entren a universidades públicas. Lo que se cubre es la tarifa de la matrícula que le llega al admitido y un apoyo para su sostenimiento, no el costo total que tiene para la institución educar a esa persona.

Con las reformas a Ser Pilo Paga en la primera modalidad de Generación E y la entrada en juego de las nuevas áreas, los dos programas “no son tan comparables”, según el economista e investigador pedagógico Julián de Zubiría Samper. El consultor señala que el grupo de equidad, que es la mayoría, “infla los datos del beneficio porque el Estado paga la matrícula de un estudiante de estrato 1 y 2; el problema está en quién cubre el resto”.

Aquí entra el tipo de universidad escogida por los jóvenes de los programas. Es cierto que 87 por ciento de los recursos del programa de Santos terminaron en universidades privadas porque los estudiantes las preferían y que el de Duque, en cambio, pretende fortalecer las públicas. En su componente de excelencia, donde los estudiantes tienen la libertad de elegir las privadas, estas deben financiar la cuarta parte del costo mientras el plan lo cubre completo en las públicas.

El problema con la afirmación de la parlamentaria en este caso es que la mayoría de los beneficiarios de este fondo sigue escogiendo las privadas, aunque en una proporción menor, de 58 por ciento. Son 1.621 contra 1.171 que prefirieron las instituciones del Estado y componen el restante 42 por ciento.

No obstante, “según la ex viceministra [de Educación Superior] Natalia Ariza, hay una población del componente de Equidad de Generación E que está contenida en el componente de Excelencia (los de mejores puntajes) pero al final pueden llegar a ser los mismos. Al menos en las universidades públicas que tienen un ingreso más restringido que requiere un puntaje de Saber 11 más alto”, cita un artículo del portal Cerosetenta de la Universidad de los Andes, publicado cuando se anunció la creación del programa en octubre pasado.

En este orden de ideas, la admisión en universidades públicas cumpliría una función de filtro meritocrático en el componente de equidad, como el que se explicita en el de excelencia. De Zubiría, sin embargo, recuerda que la mayoría de estas instituciones tiene su propio examen, con criterios distintos a los evaluados por las pruebas Saber. Además, el sociólogo Víctor Manuel Gómez Campo, doctor en Educación, explica que “hay un debate muy fuerte sobre cuál de esas dos opciones es mejor para predecir resultados académicos”, al menos en la Nacional, donde es docente.

Otra variable que traen a flote los dos académicos son las formas especiales de admisión que tienen las universidades públicas para algunas poblaciones. Un ejemplo es el Programa Especial de Atención y Movilidad Académica (Peama) de la Nacional que, en aras de la inclusión, modifica el proceso y los puntajes requeridos para los aspirantes de regiones apartadas que se inscriban a ciertos programas en las sedes andinas de la institución (Bogotá, Medellín, Manizales y Palmira).

Entonces, no es posible establecer con seguridad la mejor manera de comparar el número de beneficiarios entre los dos programas: si tomar Generación E como un todo o solo su componente de excelencia, al ponerlo frente al antiguo Ser Pilo Paga. Además, el profesor Gómez Campo señala que “no es pertinente” hacerlo tan pronto, por las diferencias en los periodos de ejecución (cuatro años contra seis meses). “Si lo miramos de aquí a tres años y no hay mucha deserción, podrían ser equivalentes”, dijo.

Los 80.000 son una meta

La senadora Holguín no le respondió a Colombiacheck cuál fue su fuente de información. Lo que concluimos, sin embargo, es que confundió los resultados de Generación E con la meta anual que tiene en su componente de equidad: 80.000 beneficiarios para un total de 320.000 en todo el periodo presidencial de Duque.

El de excelencia, que es el heredero directo de Ser Pilo Paga, tiene unos objetivos más modestos: 4.000 estudiantes al año, para 16.000 hasta 2022. Sumados, ambos fondos darían un promedio de 42.000 matriculados por semestre hasta completar 336.000 al finalizar el mandato.

Mientras el tiempo pasa para ver si esas cifras se concretan, de modo que se pueda hacer una mejor comparación entre los dos programas, la afirmación de la congresista es falsa porque presenta objetivos a largo plazo como si fueran metas cumplidas de manera muy anticipada.

Miércoles, 16 Enero 2019

En el archivo: El tratado de extradición de Colombia con Estados Unidos

Por Pablo Medina Uribe

Paloma Valencia y otros miembros del CD volvieron a afirmar erróneamente que el país no tiene tratado de extradición con EE.UU. Sí existe el tratado, pero la historia de su validez nacional e internacional es compleja.

La semana pasada, tras la audiencia que se realizó en Miami en medio del proceso jurídico contra el exministro Andrés Felipe Arias por el caso de Agro Ingreso Seguro, varios miembros del Centro Democrático trinaron un mensaje alegando que "Colombia no tiene un tratado de extradición con Estados Unidos".

Por ejemplo, este fue el mensaje trinado por la senadora Paloma Valencia:

En Colombiacheck ya habíamos revisado una afirmación similar en julio de 2018, tras un debate en el Congreso sobre la Justicia Especial para la Paz (JEP) en el que salió a colación el tema (por el caso del exjefe guerrillero 'Jesús Santrich', quien es acusado en los Estados Unidos por supuesto narcotráfico posterior a la firma del Acuerdo de Paz).

En ese momento, el entonces senador del Centro Democrático Jaime Amín argumentó, sobre el tratado de extradición, que "unas veces el Gobierno dice que no está vigente, como en este caso [el de ‘Jesús Santrich’], y otras veces, como en el caso del exministro Arias, dice que sí”.

Por su parte, el entonces senador del Partido de La U Roy Barreras dijo que "el tratado Cyrus Vance-Zea Hernández no existe. Lo que existe es una decisión unilateral de buena fe del Estado colombiano en el Código de Procedimiento Penal que permite la colaboración internacional”.

En nuestro chequeo original, calificamos la afirmación de Amín como "engañosa" y la de Barreras como "ligera" (en nuestro nuevo sistema de calificaciones, ambas serían calificadas como "cuestionables".

Esta fue nuestra explicación para llegar a esas calificaciones:

"El expresidente Álvaro Uribe había afirmado en su momento que el tratado de extradición entre los dos países no estaba vigente. Ese fue también uno de los argumentos de los abogados de Arias. En cambio la Cancillería manifestó lo contrario.

El Ministerio de Relaciones Exteriores explicó entonces la situación compleja de ese acuerdo binacional. De hecho, una cartilla sobre la extradición publicada por el Gobierno [de Santos] explica de manera muy escueta lo que sucede en el caso de Estados Unidos.

El exmagistrado José Gregorio Hernández le contó a Colombiacheck la historia completa. El secretario de Estado de Estados Unidos en la administración de Jimmy Carter, Cyrus Vance, y el ministro de Gobierno colombiano como delegado presidencial de Julio César Turbay, Germán Zea Hernández, firmaron un tratado bilateral de extradición en 1979. Este, en principio, fue ratificado por ambos países y entró en vigencia en 1982.

Pero la ley con la que se aprobó el tratado en Colombia fue demandada y la Corte Suprema de 1986 la declaró inexequible. Según el tribunal, era un vicio que el texto no hubiera sido firmado por el presidente Turbay sino por el ministro delegatario Zea. Aunque cabe recordar que la decisión se dio después de una serie de amenazas y atentados contra los magistrados, además de la toma del Palacio de Justicia el año anterior. “Los narcos, en especial Pablo Escobar y los Extraditables, atacaron mucho ese tratado”, afirmó Hernández.

Incluso el presidente Virgilio Barco firmó una nueva ley ese año para tratar de que Colombia acogiera el tratado. Sin embargo, la Corte la ‘tumbó’ de nuevo. Luego vendrían la prohibición de la extradición en la Constitución de 1991 (una concesión a Escobar para que se entregara) y su levantamiento con la reforma de 1997, como lo recuerda un informe del Departamento de Estado americano.

A pesar de todo esto el tratado, aunque inaplicable en la legislación interna por falta de aprobación, permaneció siempre vigente a nivel internacional, como lo ha explicado la Cancillería. Es por eso también que en Estados Unidos lo asumen así y, en consecuencia, la corte de Florida que lleva el caso de Arias determinó que el acuerdo está en vigor antes de avalar la extradición del exministro de Agricultura.

El exmagistrado advirtió que “no podemos decirles a los estadounidenses que no apliquen el tratado porque se cayó la ley acá; ese es un problema nuestro”. En consecuencia, no es cierto que el tratado no exista, como dice el senador Barreras, ni que solo esté vigente a veces, como señala Amín".

Por las mismas razones, calificamos la afirmación de la senadora Valencia como "cuestionable".