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Lunes, 05 Marzo 2018

Plazas Vega confunde cifras de erradicación y sustitución de cultivos ilícitos

Por Sania Salazar

El candidato al Senado asegura que no se cumplió la meta de erradicación de cultivos ilícitos, cuando, en realidad, se sobrepasó. En su crítica omite que el programa tiene dos componentes y generaliza con los datos de uno solo.

Luis Alfonso Plazas Vega, coronel retirado del Ejército, conocido por liderar la retoma del Palacio de Justicia, y ahora candidato al Senado por el Centro Democrático, criticó en su cuenta de Twitter los resultados de la política de erradicación de cultivos de coca en el país. Según el candidato, en febrero de 2017 el Gobierno fijó la meta de erradicar 100 mil hectáreas de coca, pero no lo logró, por lo que ampliaron el plazo hasta mayo, pero a la fecha del trino (8 de febrero de 2018) solo habían erradicado 16 mil hectáreas.

 

 

Después de consultar varias fuentes oficiales y un estudio sobre la sustitución de cultivos ilícitos en el país, Colombiacheck califica la afirmación como engañosa porque, aunque la cifra de la meta es cierta, esta se refiere a dos estrategias: erradicación y sustitución, de las cuales la primera superó su objetivo -totalmente contrario a lo que dice el candidato- y la otra sí es la que ha tenido problemas para su ejecución.

Plazas Vega adjunta en el trino un video en el que el Alto Consejero para el Posconflicto, Rafael Pardo, informa que la meta del Gobierno para 2017 es “afectar y sustituir 100 mil hectáreas de cultivo de coca, de las cuales 50 mil en procesos de sustitución voluntaria y 50 mil en procesos de erradicación forzada”. Esa es la primera precisión que hay que hacer, pues quien lea el trino, pero no vea el video, puede creer que el objetivo era erradicar las 100 mil hectáreas, cuando el plan incluía también sustitución. Los medios, registraron el anuncio de la meta del Gobierno en enero de 2017.

Por un lado, en lo que tiene que ver con erradicación, un informe del Ministerio de Defensa indica que en 2017 erradicaron manualmente 52.001 hectáreas y que en enero de 2018 el conteo iba en 1.615, lo que da un total de 53.616. Es decir, se han erradicado 37.616 más hectáreas de las que dice Plazas Vega. Además, superaron las 50 mil prometidas, por lo que sobrepasaron la meta en erradicación. ¿Pero cuántas se han sustituido?

El director de Sustitución de Cultivos Ilícitos de la Alta Consejería para el Posconflicto, Eduardo Díaz Uribe, aseguró el pasado 22 de febrero en una columna en El Tiempo que la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc) ha certificado la sustitución de 16.754 hectáreas de coca.

Una cifra menor cita el informe ¿En qué va la sustitución de cultivos ilícitos. Balance del 2017 y lo que viene en 2018, de la Fundación Ideas para la Paz, FIP. “Con la información disponible no es posible determinar cuántas hectáreas fueron erradicadas voluntariamente durante ese año. Si bien las familias reportaron casi 40.000 hectáreas que se encontrarían en proceso de sustitución, hasta diciembre de 2017 Unodc había verificado un poco más de 15.000 (la tercera parte de la meta anual establecida)”.

En cuanto al plazo para alcanzar la meta de sustitución, El Espectador informó en septiembre de 2017 que, según el Alto Consejero para el Posconflicto, este se cumpliría a finales de 2017 o inicios de 2018. Sin embargo, Díaz Uribe le dijo a Colombiacheck que la fecha límite es mayo de este año, pues, aunque ambas estrategias fueron anunciadas en febrero, la de sustitución tuvo una primera etapa de conversación con las comunidades y, como tal, inició tres meses después, en mayo de 2017. De todos modos, a tres meses de la nueva meta, Naciones Unidas sólo da cuenta de que se ha alcanzado un 33%.

Además, contactamos a un asesor y al equipo de prensa de Plazas Vega para saber en qué fuente se basó para asegurar lo de la ampliación del plazo y la mencionada cifra de erradicación, pero no hemos recibido respuesta. En resumen, la frase del candidato usa cifras cercanas a la realidad, pero las pone en el contexto equivocado:

 

  1. La meta de erradicación era de 50 mil hectáreas, no de 100 mil. Ese último dato hace referencia a la meta del programa completo, es decir, mitad erradicación y mitad sustitución.
  2. La meta de erradicación sí se alcanzó, e incluso se superó.
  3. La ampliación del plazo, en el caso de la sustitución, parece que sí se dio, pues el gobierno, efectivamente, inicialmente habló de que se cumplirían las dos metas durante el año pasado.
  4. No se han erradicado 16 mil hectáreas, sino 53.616. Al parecer, el candidato confundió esa cifra con los alcances que ha tenido el programa de sustitución, cuyas dificultades explicamos a continuación.

La sustitución, difícil y lenta

El director del programa de sustitución resaltó que la sustitución depende del involucramiento de las familias cultivadoras y explicó que Naciones Unidas verifica si esta se está realizando, proceso que está rezagado por motivos de seguridad: “de 17 misiones que se hicieron entre enero y febrero 12 fueron bloqueadas”, informó.

Díaz Uribe indicó que los principales problemas a los que se han enfrentado para lograr que los cultivadores de coca sustituyan sus sembrados por productos lícitos es la desconfianza en las instituciones. También los intereses de quienes no quieren que esos cultivos desaparezcan, que han derivado en problemas de seguridad como asesinatos de líderes y bloqueos de las actividades de sustitución y de verificación de las Naciones Unidas.

El informe de la FIP aclara que a un año de la implementación del Acuerdo Final y la puesta en marcha del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS) es apresurado sacar conclusiones sobre su éxito o su fracaso.

“La sustitución requiere de recursos y tiempo. Se trata, nada más y nada menos, que de generar condiciones para que comunidades afectadas por la guerra y dependientes de esta economía ilegal sean incluidas social y productivamente. En otras palabras, que el Estado llegue y permanezca en territorios donde su presencia ha sido intermitente”, dice el informe.

El documento da cuenta de los avances, pero también de las dificultades del proceso de sustitución:

-El aumento en las tasas de homicidios y los altos niveles de violencia en las zonas donde se desarrolla la sustitución de cultivos.

-La respuesta del Estado se ha enfocado en incrementar el pie de fuerza, con la creación de centros estratégicos, sin contar con un verdadero modelo de seguridad rural.

-La asistencia técnica y los proyectos de ciclo corto no han llegado a las regiones. “Actualmente, hay miles de familias recibiendo un subsidio mensual sin ningún tipo de orientación o asistencia técnica”.

-La inversión en bienes públicos es claramente insuficiente.

Coordinación con Mindefensa

Díaz Uribe explicó que el Ministerio de Defensa, encargado de la erradicación, ayuda en el proceso de sustitución brindando seguridad y ayudando en la sustitución cuando la comunidad lo solicita, en un trabajo conjunto que han denominado “sustitución asistida” o “sustituir con seguridad”. La diferencia entre ambas estrategias radica en que para las sustitución el punto de partida son las familias, mientras que para la erradicación son las matas”, precisó.

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Miércoles, 21 Marzo 2018

“Las elecciones más pacíficas en más de medio siglo”: Santos

Por Ana María Saavedra

El presidente resaltó que en estas elecciones no se registraron hechos de violencia. Revisamos archivos del siglo pasado, consultamos a la MOE y analistas para verificar esta frase y Santos tiene razón.

Un día después de las elecciones legislativas, el presidente Juan Manuel Santos hizo un balance de los comicios y aseguró que “el pasado domingo vivimos las elecciones más pacíficas, más transparentes en más de medio siglo. Con el mayor número de candidatos, el mayor número de mesas de votación y una mayor participación. Las Farc ya desmovilizadas y desarmadas se presentaron como un partido político, cambiaron las balas por los votos”.

Colombiacheck verificó esta frase y la calificó como Aproximada, pues, excepto el tema de la transparencia -que es una percepción subjetiva-, el resto de afirmaciones del presidente Santos se ajustan a la verdad.

Para este chequeo consultamos bases de datos e informes de la Registraduría y de medios de comunicación (en la web y en un periódico impreso), a la MOE y analistas.

Camilo Mancera, coordinador jurídico de la MOE; Felipe Botero, codirector de Congreso Visible, y Juan Pablo Milanese, jefe del departamento de estudios políticos de la Universidad Icesi, coincidieron en que no se puede medir ni afirmar que estas elecciones hayan sido las más transparentes de los últimos 50 años.

​Mancera de la MOE, aseguró que esto es “imposible de determinar, en la medida que no se tiene toda la información en este momento. Solo para mostrar un ejemplo, sobre el fraude que denunció el MIRA, en 2014, cuando perdió sus curules, el Consejo de Estado determinó las irregularidades solo cuatro años después, cuando falló la demanda”.

El segundo boletín de la MOE daba cuenta de un total 1.290 reportes sobre presuntas irregularidades, como compra de votos y publicidad cerca a los puestos de votación. “Sabemos de la compra de votos por parte de la maquinaria de este domingo, eso pasó hace cuatro años y pasó antes”, dijo Botero.

Otro hecho, presentado el domingo, que deslegitima la afirmación de Santos acerca de la transparencia es el allanamiento a la sede en Barranquilla de la senadora electa Aída Merlano, donde encontraron $268’993.000 en efectivo, cuatro armas de fuego, certificados electorales, fotocopias de cédulas de ciudadanía, documentos y planillas electorales, listados con nombres de votantes y líderes, formatos firmados para certificar el compromiso de compra de voto y organigramas detallados de seguimiento y operación.

Las más pacíficas

Las declaraciones de Santos coincidieron con las dadas por el ministro del Interior, Guillermo Rivera, el día de las elecciones. “Es una jornada histórica. No hubo necesidad de trasladar ningún puesto de votación como ocurría en el pasado. Ningún ataque de ninguna organización ni del crimen organizado”.

Y la candidata a la vicepresidencia Claudia López también trinó: #EleccionesColombia2018 fueron las más pacíficas recientes: ¡Cero hechos violentos! La abstención bajó 5 puntos.

 

 

Colombiacheck verificó cada uno de los datos de las tres frases y estos (excepto el de la transparencia) son ciertos.

Camilo Mancera de la MOE explicó que no hubo ningún acto de violencia relacionado con las elecciones, salvo lo ocurrido en Pizarro, Nariño, y San Onofre, Sucre.

El informe de la MOE, que hace el seguimiento a lo ocurrido en la jornada, indicó que “por protestas de la comunidad en contra de la falta de cobertura de servicios públicos, al medio día seguían sin abrirse todos los puestos de votación del municipio de Francisco Pizarro, en Nariño. En el puesto de votación de Bocacerrada en San Onofre, Sucre, apenas pasado el mediodía, la Armada intentaba abrir el puesto, a pesar de las protestas de la comunidad por falta de servicios públicos”.

Ariel Ávila, analista del conflicto y subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación, expresó que “en el 2008, cuando entré a trabajar en la MOE, los municipios afectados por violencia eran aproximadamente 380, ahora ese número bajó a 0. Lo de Pizarro es un hecho social. El día antes de estas elecciones un grupo salió por El Palo (Cauca) pero no pasó nada y la gente votó al otro día”.

Para verificar los actos de violencia en las últimas elecciones se revisaron los boletines de la MOE de 2014 y del plebiscito. En un documento, la MOE informó que “las elecciones de 2016 fueron las más tranquilas de los últimos 10 años, que es el tiempo que la plataforma de organizaciones de la sociedad civil reunida por la MOE lleva haciendo veeduría a los procesos electorales en el país”.

En ese boletín, la MOE indicó que “la jornada electoral de 2016 tuvo apenas dos hechos aislados y de poco impacto, a saber, el uso de explosivos en inmediaciones de un puesto de Miraflores, Guaviare, aparentemente por parte de disidentes del Frente Primero de las Farc que rechazaron el Acuerdo de Paz; y actos de proselitismo en contra del plebiscito en un puesto de votación de El Tarra, Norte de Santander, por parte de la guerrilla del EPL”.

Teniendo en cuenta que en estas elecciones no se reportó ningún acto violento, tanto Santos, como Claudia López y Guillermo Rivera, tienen razón en su afirmación. Sin embargo, el presidente amplió su comparación al último medio siglo.

Para verificar la afirmación de Santos, hicimos una búsqueda manual de las elecciones legislativas, desde 1974 hasta 2014, en el archivo del diario El País de Cali. Y en cada una de estas fechas se presentaron actos de violencia. Los años 1994, 1998 y 2002 fueron los más violentos.

Ver la línea de tiempo más grande.

El ministro Rivera aseguró que “no hubo necesidad de trasladar ningún puesto de votación como ocurría en el pasado”. Colombiacheck verificó un informe de la Registraduría acerca de los traslados de mesas por problemas de orden público, desde 1994 hasta 2016, y en todas las elecciones fueron trasladadas mesas. Incluso, en el plebiscito trasladaron, según el documento, 38. Este año, según la MOE, no se presentó ningún traslado por orden público.

Los números más altos

En su declaración, el presidente también dijo que estas elecciones tuvieron el mayor número “de candidatos, el mayor número de mesas de votación y una mayor participación”.

En estas elecciones, según la Registraduría, se inscribieron 2.957 candidatos. En el informe del ente encargado de la organización electoral, se indica que las listas al Congreso superaron en un 25,93 % los aspirantes de las elecciones, con respecto a 2014 (2.348). En otro documento de la Registraduría se dan las cifras de las elecciones de 2010 y 2006 con 2.543 y 2.780 inscritos, respectivamente. Además, en la búsqueda manual en el diario El País, encontramos que en 1998 se inscribieron 1.010 candidatos.

Entonces, con estas cifras, podríamos decir que sí hubo un aumento en los candidatos. Sin embargo, Botero, de Congreso Visible, precisó que el aumento o disminución en el número de candidatos “no es un indicador de democracia. El número de mesas sí es un indicador de seguridad, dependiendo de si llegan a lugares a los que antes no llegaban”.

Al buscar en los históricos de resultados de la Registraduría, encontramos que el número de mesas en 2010 fue de 76.940; en 2014, de 97.417 y en 2018, 103.345.

Precisamente, el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, aseguró que “la Fuerza Pública cubrió el 100% de los puestos y mesas de votación a nivel nacional, y es la primera vez en la historia electoral, que su cobertura se pudo desarrollar sin ninguna limitación”.

En las elecciones de 2014, el entonces ministro Juan Carlos Pinzón, indicó que “los 266.000 miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía que fueron movilizados en todo el país para garantizar la seguridad en las elecciones de Senado y Cámara de Representantes, cubren el 99,4 % de las mesas de votación”.

Finalmente, el presidente habló de la mayor participación en estos comicios. En este aspecto, coincidió con Claudia López, quien aseguró que la abstención bajó en 5 puntos. Al verificar esta información, encontramos que ambos tiene razón. La abstención en estas elecciones fue de 51%, mientras la de 2014, de 56%.

El informe Abtencionismo electoral en Colombia -realizado por el Centro de Estudios en Democracia y Asuntos Electorales de la Registraduría y la Universidad Sergio Arboleda- da las cifras de 1978 a 2010, y en todos estos años el porcentaje de abstencionistas en elecciones legislativas nunca fue menor al de este 2018.

Las siguientes visualizaciones* muestran los niveles de abstención y la cantidad de mesas de votación trasladadas en las elecciones del Congreso desde 1994:

 

 

* Fuente: Registraduría Nacional del Estado Civil
Elaborado en colaboración con Lorena Morales, de la Maestría en Periodismo de la Universidad del Rosario