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Cuestionable

Jueves, 09 Junio 2022

Trino en el que se asegura que Rodolfo Hernández “estaría inhabilitado” es cuestionable

Por Juan Sebastián Lozada

El candidato ha recibido tres sanciones disciplinarias, las necesarias para la inhabilidad, pero solo dos de ellas están en firme.

En Twitter circula una publicación en la que se asegura que el candidato presidencial de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, Rodolfo Hernández, estaría inhabilitado por haber sido sancionado más de 3 veces en los últimos 5 años.

El trino, publicado por el usuario @Javicanon o #ActivismoProgresista el 3 de junio del 2022, dice: “Atención. Rodolfo Hernández estaría inhabilitado por tres años para ser candidato presidencial, según el Código Único Disciplinario Art.38 Literal 2; por haber sido sancionado disciplinariamente por tres o más veces en los últimos cinco años. Se desbarata’ la ‘rodolfoneta’”.


Para verificar esta afirmación consultamos la Ley 734 del 2002 en la cual se puede encontrar el artículo 38 citado en el trino, el cual establece otras inhabilidades a funcionarios para desempeñar cargos públicos. El numeral 2 explica el motivo de inhabilidad al que se refiere la publicación de redes: “Haber sido sancionado disciplinariamente tres o más veces en los últimos cinco (5) años por faltas graves o leves dolosas o por ambas. Esta inhabilidad tendrá una duración de tres años contados a partir de la ejecutoria de la última sanción.”

El Código Disciplinario Único de la Ley 734 del 2002 fue derogado por el Código General Disciplinario, Ley 1952 de 2019, la norma disciplinaria vigente para funcionarios públicos desde el 29 de marzo de 2022. El artículo sobre otras inhabilidades, sin embargo, no ha cambiado: sólo pasó de ser el 38 (ley 734) al 42 (ley 1952).



Es posible consultar si los funcionarios públicos tienen sanciones, y cuántas, en la página de antecedentes de la Procuraduría. La búsqueda de antecedentes disciplinarios del candidato presidencial Rodolfo Hernández muestra que este tiene dos sanciones en firme en segunda instancia. También es posible recuperar, en la página de la entidad, un certificado de antecedentes que registra inhabilidades especiales para ocupar el cargo de Presidente de la República. El documento certifica que Hernández “no presenta inhabilidades especiales para el cargo”.


Sin embargo, el trino afirma específicamente que Hernández estaría inhabilitado para ser candidato presidencial, pero la ley que cita se refiere a las inhabilidades para desempeñar cargos públicos, no para la inscripción de candidaturas. “La observación es falsa si se refiere a que Rodolfo no podría ser candidato. La inhabilidad aplica en el escenario en el cual quede electo y venga una tercera sanción y quede en firme”, detalla el abogado experto en derecho administrativo Manuel Rodríguez.

Gerardo Martínez, abogado administrativista y expersonero de Bucaramanga, explica que los aspirantes a la Presidencia no deben demostrar si tienen o no inhabilidades disciplinarias para inscribir su candidatura: “lo que deben demostrar es que sean ciudadanos colombianos por nacimiento y mayor de 30 años”. Martínez se refiere a lo establecido en el artículo 191 de la Constitución Política.

Los aspirantes deben inscribir su candidatura ante la Registraduría y acreditar unos requisitos consignados en el Manual de inscripción de candidaturas para Presidente de la República. Como requisitos generales los aspirantes deben entregar diligenciado el formulario E-6 en el que se consignan los datos de los candidatos y de la agrupación política, el certificado de Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado como estipula el artículo 91 del Código Electoral, fotocopias de la cédula y fotografías.

“Si la inscripción cumple con los requisitos la RNEC la acepta; si hay irregularidades en la inscripción o alguien considera que no debió aceptarse puede impugnarse el acto administrativo que la acepta”, aclara Rodríguez.

Las sanciones

La primera sanción que figura en los antecedentes de Hernández se debe a que el 17 de abril de 2017 el exalcalde acusó sin pruebas a un funcionario de la alcaldía “por actos de corrupción y hurto de recursos de la contratación del municipio”, según anunció la Procuraduría en un boletín de prensa del 8 de marzo de 2019.

Vanguardia reportó el hecho en una nota del 17 de abril del 2017 en la que explicó que Hernández realizó su acusación a través de su programa llamado ‘Hable con el alcalde’: una charla en vivo que transmitía Hernández en sus redes sociales cada quince días cuando era alcalde de Bucaramanga. La decisión fue apelada pero fue confirmada en segunda instancia, como es posible revisar en el historial de antecedentes de la Procuraduría.

La segunda se dio porque el entonces alcalde agredió físicamente al exconcejal del partido ASI (Alianza Social Independiente) John Claro el 28 de noviembre de 2018 cuando este le cuestionó sobre su participación como accionista en una compañía que participaba para operar el relleno de Bucaramanga antes de que Hernández fuera alcalde de la ciudad.

La Procuraduría anunció el 23 de diciembre de 2019 la sanción a Hernández con “suspensión e inhabilidad especial por ocho meses”. La razón de la sanción fue incumplir el numeral 6 del artículo 34 del entonces vigente Código Único Disciplinario. La sanción fue calificada como “grave cometida a título de dolo”, según el boletín de la entidad.

El exmandatario apeló la decisión en primera instancia pero la sanción quedó en firme en segunda instancia por el Ministerio Público el 19 de agosto de 2020, como figura en el historial de antecedentes de la entidad. La falta fue calificada como grave a título de dolo.

La tercera sanción se debe a que Rodolfo Hernández insultó a un veedor ciudadano que le pidió explicaciones por una tala de árboles en el parque Solón Wilches el 26 de octubre de 2018. La Procuraduría informó su sanción a Hernández el 8 de junio de 2020, cuando ya no estaba en la alcaldía de Bucaramanga: “En fallo de primera instancia el órgano de control estableció que el exmandatario local incurrió en falta disciplinaria al emitir pronunciamientos irrespetuosos e indignos”.

En el boletín de prensa se puede leer que el ente de control calificó la falta como “grave a título de dolo”. Hernández apeló la decisión y está por resolverse en la Sala Disciplinaria de la Procuraduría, por lo que aún no está en firme.

Además de las sanciones mencionadas, la Procuraduría también suspendió provisionalmente e inició una investigación contra Hernández el 16 de septiembre de 2019, tres meses antes de terminar su alcaldía, por presunta participación en política en favor del entonces candidato y ahora alcalde de Bucaramanga Juan Carlos Cárdenas.

La decisión de la entidad se basó en un video que se emitió en el canal regional TRO durante un debate de aspirantes a la alcaldía en el que Hernández denuncia compra de votos e invita a votar por un alcalde de los ciudadanos, un slogan que también utilizaba Cárdenas en campaña. El video se emitió en un espacio reservado para pauta comercial de candidatos.

Esta suspensión, como lo explica el abogado Manuel Rodríguez, es una medida provisional y no una sanción disciplinaria, así que no debe tenerse en cuenta para los efectos de la inhabilidad. “Es una medida previa, se adopta, de manera preventiva, antes de que se profiera el fallo. Lo que se busca con esa medida es que mientras se adelanta el proceso y se determina si hay lugar o no a imponer una sanción, el investigado no interfiera en la investigación, no se continúe cometiendo la falta o la reitere”, agrega.

La Procuraduría también formuló pliego de cargos en contra de Hernández el 6 de agosto de 2019 por “por presuntas irregularidades relacionadas con el proceso de selección para el tratamiento, transformación y disposición final de las basuras en los municipios del Área Metropolitana de Bucaramanga”, pero esto tampoco configura una sanción. Según Rodríguez, la formulación del pliego de cargos, en el proceso disciplinario, significa que la investigación disciplinaria ha culminado y ahora continúa un juicio que puede concluir en un fallo sancionatorio, en un fallo de absolución o puede archivarse.

En conclusión el candidato presidencial Rodolfo Hernández ha sido sancionado disciplinariamente tres veces en los últimos cinco años por faltas graves dolosas pero solo dos de ellas quedaron en firme en fallo de segunda instancia proferidos por la Sala Disciplinaria de la Procuraduría. La tercera sanción fue apelada y está por resolverse.

En Colombiacheck calificamos como cuestionable el trino que afirma que Rodolfo Hernández “estaría inhabilitado por tres años para ser candidato presidencial”. La publicación afirma que Hernández está inhabilitado para ser candidato, pero para ello cita un artículo que establece inhabilidades para desempeñar cargos públicos, no para inscripción de candidaturas.

La ley determina que deben confirmarse 3 o más faltas disciplinarias “graves o leves dolosas” para que se configure una inhabilidad, por lo que Hernández puede ser candidato presidencial y ocupar cargos públicos mientras no se confirme una nueva falta disciplinaria.

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Jueves, 24 Marzo 2022

Chile no “tomará todas las propiedades de el país” ni desmantelará las “Fuerzas Armadas”

Por Mónica Ospino Orozco

Tras la posesión del nuevo presidente del país austral, Gabriel Boric, han empezado a circular falsas cadenas con supuestas decisiones de su gobierno y llaman la atención para que en Colombia no pase lo mismo con Gustavo Petro.

Se ha hecho viral una cadena a través de la red de mensajería, Whatsapp, y en la red social, Facebook que asegura que “Chile anuncia la decisión de tomar todas las propiedades del país. La 1 ministra del Chile, además de anunciar la extinción de las fuerzas armadas y policías, declara que todas las propiedades pasan a ser estatales”.

Y continúa: “inmuebles residenciales, comerciales, fincas, haciendas, transportes colectivos, etc… Ahora todo es del gobierno!!  Para quien le gusta el comunismo (Gustavo Petro), ahí está el nuevo Chile!!

Finaliza así: DESPIERTA COLOMBIA. Bueno señores arrancó Chile con la nacionalización de grandes empresas, bancos y de los medios de producción. Eso se sabía, pero muchos Chilenos pedían un cambio igual que muchos colombianos lo están pensando hacer y eh ahí los resultados con consecuencias garrafales a corto plazo” (sic).

 

Adicionalmente, la cadena está acompañada de un clip de video extraído de la sesión No. 38 de Comisión del Sistema Político de la Convención Constitucional de Chile.

En dicho clip, que tiene una duración de 2’16 segundos, la convencional [miembro de la asamblea constituyente], María Rivera, propone una norma que se titula “Por la disolución de los actuales poderes del Estado y creación de una asamblea plurinacional de las y los trabajadores y los pueblos”.

En dicha propuesta. Rivera, en efecto propone “Un Estado en el que las decisiones estén bajo la responsabilidad de la clase trabajadora”, además de “disolver las actuales instituciones estatales y reemplazarlas por una única asamblea que concentre todos los poderes y sea organizada de manera distinta”.

También propuso, en ese momento, que “la tropa de las Fuerzas Armadas tenga el derecho de organización y el derecho a elegir sus representantes” y plantea la “socialización de todas las grandes empresas del país, minas, empresas de energía, puertos, bancos, etc… todas esas empresas deben pasar al control de la clase trabajadora y del pueblo”. 

Propuesta de disolución del Estado fue rechazada 

Con este contexto debemos decir que aunque el video que enlaza la cadena viral  es verdadero, dicha intervención hace parte de la sesión No. 38 de la Comisión del Sistema Político de la Convención Constitucional que tuvo una duración de 4 horas y 10 minutos.

También, que la propuesta hecha por María Rivera, fue rechazada, por votación unánime. 25 a 0, de esa comisión al día siguiente de haber sido presentada, es decir, el 10 de febrero de 2022, tal como lo registró esta nota del diario La Tercera de Chile y por lo tanto no será considerada en el pleno de la Convención Constituyente.

“La Comisión de Sistema Político rechazó de forma unánime con 25 votos en contra la iniciativa de norma constitucional presentada por la convencional María Rivera (ex Lista del Pueblo), que proponía disolver los tres poderes del Estado (Ejecutivo, Judicial y Legislativo) para reemplazarlos por una asamblea integrada por 600 miembros, entre trabajadores y comunidades indígenas”, precisa La Tercera.

También lo confirmó, a través de su cuenta de Twitter la periodista, Josefina de la Fuente, de la cadena CNN Chile, quien cubre los hechos en la Convención Constitucional.

 

Además debemos aclarar que en Chile no existe el cargo de primer ministro o ministra, como afirma la cadena viral, en este caso le atribuyen ese cargo a la convencional María Rivera, quien aparece en el video. 

En ese país, “la cabeza del Poder Ejecutivo se encuentra el Presidente, el cual es elegido por sufragio popular y directo por todos los ciudadanos chilenos mayores de 18 años, por períodos de 4 años, sin derecho a reelección” como lo registra el portal del gobierno de Chile.

En Chile, el segundo cargo de la nación, dentro del Ejecutivo, es el que ejerce hoy la ministra Izkia Siches, quien encabeza el Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

Acerca de las nacionalizaciones, el gobierno de Boric no ha tomado ninguna decisión ni ha planteado hacerlo. De hecho, nuestros colegas chequeadores de malaespinacheck, consultaron con la oficina de comunicaciones del Ministerio del Interior de Chile, acerca del contenido de la cadena y éstos corroboraron que es falso.

Pero también hicimos una búsqueda avanzada en Google con varias de las afirmaciones de la cadena y no obtuvimos resultados coincidentes con las siguientes frases:
1. Chile se tomará todas las propiedades del país
2. Chile acabará con las fuerzas armadas
3. Se nacionalizaron las grandes empresas y bancos de Chile.

Consultamos además el plan de Gobierno de Gabriel Boric, quien se posesionó como presidente de Chile el pasado 11 de marzo, y en este plan tampoco figuran acciones como las que se plantean en la cadena viral. 

Sí, hay propuestas para ejecutar reformas estructurales por ejemplo en el Cuerpo de Carabineros de Chile, una nueva política habitacional e incluso una amplia reforma pensional.
 

Sin embargo, acerca de posibles expropiaciones, en el sistema de búsqueda de la página boricpresidente.cl al escribir el término expropiación sólo hay una entrada y es en el aparte que se refiere a las propuestas para los Pueblos originarios y tribal afrodescendiente , en el que se plantea:
“Generar un diálogo plurinacional con todos los pueblos originarios para acordar los términos de una restitución territorial que incluya la cuestión de las tierras antiguas y el acceso a los bienes naturales, de manera de permitirles el ejercicio de su derecho a la autonomía, evitando y reparando la fragmentación de los territorios. Los mecanismos para hacer efectiva esta restitución seguirán los lineamientos establecidos en el derecho internacional de los derechos humanos, incluyendo en su caso la expropiación y la respectiva indemnización, tal como lo recomendó la Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato (2001-2003)”.

También nuestros colegas de Mala Espina, ya verificaron como falso un tuit viral que aseguraba que se acababa de aprobar la eliminación de las Fuerzas Armadas en Chile.

Dicho trino, publicado el martes 22 de febrero pasado, aseguraba que en “Lamento comentarles que en la mañana de hoy, en la Comisión de Sistema Político de la CC, se aprobó la eliminación de las FFAA y su reemplazo por una «fuerza de paz» sin armas de ningún tipo y con misiones básicamente de apoyo a la comunidad».

Pero MalaEspina encontró que “se pudo confirmar que no hubo trabajo en la fecha que indica el posteo en Twitter. De hecho, la última sesión con votación que se registra fue el día 16 de febrero, en donde abordaron las Iniciativas Constitucionales Indígenas. Y actualmente siguen trabajando en los temas del primer bloque, tras la votación en general y  próxima semana en particular con sus indicaciones”.

Pero además que el “desde el equipo de comunicaciones de Ricardo Montero, coordinador de la Comisión de Sistema Político, aclararon que es un tema que no ha sido tratado, y lo mismo hizo el constituyente en sus redes sociales”:

 

Por último, cabe recordar que hoy Chile vive un proceso de Convención Constitucional del que saldrá una nueva Constitución que reemplazará a la que data de 1980 y se aprobó en el periodo de la dictadura de Augusto Pinochet. 

En el marco de ese proceso, el pasado 1 de febrero, la comisión constitucional encargada del medio ambiente aprobó un artículo que plantea estatizar la actividad de la gran minería en Chile.

Así lo registró este artículo de cooperativa.cl, que precisa además que “la convencional Ivanna Olivares de Pueblo Constituyente explicó que la norma considera una nacionalización, que es distinta a la expropiación (...) Se nacionalizan los bienes, las empresas, y también damos fin a las concesiones mineras. Lo que nosotros vamos a hacer es una nacionalización y cuando se haga el proceso de traspasar todos los bienes y la infraestructura al Estado, vamos a hacerlo a través de la Contraloría".

La norma propuesta pasó la primera votación de la Comisión de Medio Ambiente, pero como ya dijimos, esta se refiere exclusivamente al sector minero de Chile y no a bancos o otra clase de propiedades como lo menciona la cadena viral, objeto de este chequeo. 

Es clave recordar que el texto que salga de la actual Convención Constitucional deberá ser refrendado por el pueblo chileno a través de un plebiscito, una vez termine el mandato de la misma (de nueve meses), mandato que puede ser prorrogado por tres meses y solo por una vez.

De manera tal que con evidencias calificamos como falsa la cadena que circula en redes de mensajería como WhatsApp y Facebook que asegura que “Chile anuncia la decisión de tomar todas las propiedades del país”, pues el actual gobierno de ese país no ha planteado nada en ese sentido y las normas propuestas y discutidas en Convención Constitucional deberán ser aprobadas en un plebiscito.

Este tipo de cadenas buscan confundir y desinformar en medio del momento electoral que se vive en Colombia, poniendo fuera de contexto lo acaecido en Chile.