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Martes, 17 Abril 2018

Verdades y mentiras sobre el caso Santrich

Por José Felipe Sarmiento Abella

Los candidatos presidenciales Iván Duque y Humberto de la Calle se enfrentaron por el proceso para extraditar al exnegociador de las Farc. Entregarlo a Estados Unidos es más difícil de lo que parece y su caso se convirtió en un tema de debate de los aspirantes a la presidencia.

Si en algo están de acuerdo el candidato liberal a la Presidencia, Humberto de la Calle, y su contendor por el Centro Democrático, Iván Duque, es en que ambos extraditarían al exjefe guerrillero Seuxis Hernández, alias ‘Jesús Santrich’, acusado en Estados Unidos de conspirar para enviar diez toneladas de cocaína a ese país después de haber firmado el acuerdo de paz entre el Gobierno y las Farc. Aun así, los dos tuvieron un acalorado debate sobre el procedimiento para hacerlo.

El exsenador uribista pidió una extradición exprés, al tiempo que cuestionó el plazo de 120 días que tiene la Justicia Especial para la Paz (JEP) para evaluar la solicitud en virtud de lo pactado, con el fin de determinar cuándo ocurrieron los hechos que lo tienen en la cárcel.

En teoría, si fueron antes del acuerdo, el exguerrillero estaría blindado contra la extradición. De lo contrario, su caso pasaría a ser examinado por la Corte Suprema, que puede negar su salida del país o autorizar a presidente Juan Manuel Santos para que tome la decisión definitiva (él es quien firma la autorización final).

De la Calle, que lideró el equipo del Gobierno en los diálogos de La Habana, defendió el papel de la jurisdicción transicional en el caso y calificó la posición de Duque como “tremendamente exagerada” e incluso dijo que tenía cierto “tufillo ligeramente demagógico”.

El candidato del CD advirtió que la JEP no tiene “ni procedimientos autorizados ni normas ni protocolos para determinar si lo que el señor Santrich hizo es cierto o no”. Esto es parcialmente cierto porque esta jurisdicción aun no tiene un reglamento para analizar el caso de Santrich.

En contraste, recordó las declaraciones del fiscal general, Néstor Humberto Martínez, quien anunció que la acusación y la orden de captura internacional contra el líder fariano se emitieron con base en “evidencia concluyente” conseguida por la agencia antidrogas de Estados Unidos, DEA.

“¿Son 120 días para mirar si lo que dijo el Fiscal o lo que dice la solicitud de extradición de la corte federal es mentira? (...) ¡Qué lástima que no podamos obrar con celeridad cuando este y otros gobiernos han procedido rápidamente con extradición cuando hay evidencia concluyente!”, remarcó luego Duque.

El argumento del aspirante del partido Liberal fue que “el único requisito (para extraditar a Santrich) es que la Jurisdicción Especial verifique si esos hechos son posteriores a esa fecha o no”.

Y ante la reacción de su interlocutor, aseveró que “el examen de una solicitud de extradición frente a un colombiano siempre exige una revisión de los hechos”. En consecuencia, De la Calle concluyó que “lo que yo estoy diciendo es lo que pasa siempre con cualquier ciudadano colombiano”.

Ambas partes usaron afirmaciones engañosas. Aunque es cierto que cualquier extradición tiene un trámite de revisión, el proceso de Santrich sí es distinto al de otros colombianos, precisamente por tratarse de un desmovilizado de las Farc que se acogió a la JEP.

Pero tampoco es verdad que la evidencia que presenta la acusación en el extranjero garantice una entrega rápida del acusado al país que lo pide, ni que al final en un juicio se declare culpable. El proceso de extradición lo que garantiza es que el acusado se presente ante la justicia del país que lo requiere, y que además obliga a los fiscales de Estados Unidos a presentar la evidencia que tienen, para que luego un jurado defina si es inocente o culpable.


Pueden pasar años

Aunque el Código de Procedimiento Penal (art. 490-514) plantea términos que suman máximo cuatro meses entre la captura de la persona y su extradición, con todos los trámites administrativos y judiciales, los tiempos pueden extenderse para que la Corte Suprema solicite pruebas en el proceso para decidir si la autoriza.

Tres penalistas consultados por Colombiacheck.com -César Augusto López, Cielo Velasco, de la firma World Legal Corporation, y una defensora de experiencia en casos de extradición que pidió mantener su nombre en reserva- coincidieron en que un año es lo mínimo que se demora el trámite, cuando el capturado lucha por quedarse en Colombia.

Y así lo hará Santrich, según lo anunció su abogado, Gustavo Gallardo, en El Tiempo y otros medios de comunicación.

 

 

Los expertos señalaron que incluso quienes se acogen a extradición simplificada, un procedimiento expedito en el que aceptan irse, pasan entre tres y cuatro meses en cárceles colombianas, mientras se resuelven los papeleos para poder trasladarlos.

En comparación, el proceso en el que se impugna la solicitud es más dispendioso porque el acusado intenta demostrar que no hay lugar a la extradición ya que no quiere irse de Colombia. “Es como si esa persona se fuera a un juicio en un proceso penal”, explicó Velasco.

Colombiacheck.com revisó algunos casos emblemáticos y encontró que los cálculos coinciden.

A Ricardo Palmera, el exjefe de las Farc conocido como ‘Simón Trinidad’, lo capturaron en Ecuador el 2 de enero de 2004, fue notificado el 3 de junio de su pedido por narcotráfico y toma de rehenes por Estados Unidos, la Corte Suprema autorizó su extradición en noviembre de ese año y solo fue entregado por el gobierno de Álvaro Uribe a las autoridades norteamericanas hasta el 31 de diciembre de 2004. Es decir que pasó casi un año desde su captura.

El mandatario -que hoy es senador y lidera el partido de Duque- se demoró casi mes y medio en firmar la resolución. Lo hizo en un intento por convencer a las Farc de liberar a 63 secuestrados a cambio de que Trinidad se quedara en Colombia.

Hasta entonces el caso de Palmera había sido paralelo al del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso. La Corte avaló la entrega de ambos a Estados Unidos el mismo día.

Pero el segundo solo fue enviado a responder en ese país por narcotráfico hasta mayo de 2008 con otros 13 cabecillas de las Auc. Uribe, de nuevo, suspendió la decisión por tres años y medio debido al proceso de paz con ese grupo y, cuando al fin la tomó, argumentó que los afectados habían seguido delinquiendo después de su desmovilización y que estaban incumpliendo con lo pactado en colaboración con la justicia y reparación de las víctimas.

Pero el expresidente no fue el único que demoró la salida de exparas en nombre de la paz. La Corte Suprema también les puso sus propias condiciones a las extradiciones.

Con la teoría de que el delito de narcotráfico “palidece” ante los crímenes de lesa humanidad cometidos por hombres como ‘don Mario’, ‘el Alemán’, ‘Diego Vecino’ o ‘comandante Chaparro’, por los que debían responder primero en Colombia, el tribunal detuvo sus respectivos viajes a prisiones americanas.

Entonces, por más evidencia que ponga la justicia extranjera a disposición de la colombiana, el proceso para extraditar a alguien está lejos de funcionar con celeridad, como lo afirma Iván Duque. En lo que sí tiene razón es que el paso previo de Santrich por la JEP le agrega una instancia más, lo que hace previsible una mayor demora.


No es como los otros

El propio candidato del Centro Democrático reconoció que tiene que haber una valoración previa de la extradición para garantizar el derecho al debido proceso que tiene Santrich.

Pero resulta incorrecto afirmar que este es igual al de cualquier otra persona, como dijo De la Calle, y señalar que la revisión de la JEP es el único requisito para la extradición del exjefe de las Farc.

Tras reunirse, el presidente Santos y el máximo líder del partido Farc, Rodrigo Londoño -conocido como ‘Timochenko’-, ratificaron que las normas que cobijan este caso son “claras” a la luz del acuerdo de paz.

En la misma línea se pronunciaron los magistrados José Luis Barceló, que encabeza la Corte Suprema, y Patricia Linares, que lidera la JEP; así como la Misión de Verificación de la ONU.

 

 

El punto 72 del Acuerdo del Teatro Colón y el artículo 19 del acto legislativo que creó todo el sistema de justicia y verdad para la paz dicen que, cuando se presenta una solicitud de extradición contra un exmiembro de las Farc, la JEP tiene 120 días para definir si los hechos por los que se le acusa en el exterior ocurrieron antes o después de la firma del 26 de noviembre de 2016. De esto depende que se mantenga o se levante el blindaje del desmovilizado para ser enviado ante la justicia extranjera.

El plazo, que de todas formas admite excepciones según el texto, incluiría una eventual apelación de la decisión tomada por la sala de revisión ante otra sección del mismo sistema especial, posibilidad que dejó abierta Linares en entrevista con RCN Radio.

Si luego de esto, se determina que los hechos por los que es acusado el exguerrillero fueron después de la fecha límite, el caso pasa al examen normal de la Corte.

Así, ni la revisión de la JEP es el único requisito ni el proceso es igual al de cualquier otro colombiano solicitado en extradición, como lo había señalado De la Calle. Lo confirmó también el penalista Norberto Hernández Jiménez, doctorado en Derecho y director del Observatorio Constitucional de la Universidad Libre, en un análisis para El Tiempo. “Quedamos entonces a la espera de la decisión de la JEP”, señaló el académico.

Pero además, Duque tiene razón en que la nueva jurisdicción todavía no tiene normas claras sobre su funcionamiento interno.


Falta claridad

Cuando el aspirante uribista arremete contra la JEP por su falta de protocolos, se refiere a que todavía no existe una ley que regule los procedimientos al interior de esa jurisdicción.

Los magistrados elaboraron un borrador de proyecto que le entregaron al Gobierno, pero este todavía no lo ha radicado para que haga trámite en el Congreso. Entre tanto, a sus estatutos aprobados por el Legislativo en noviembre todavía les falta el aval de la Corte Constitucional para que puedan ser sancionados por el Ejecutivo y entrar en vigencia.

Lo que sí existe es un reglamento interno expedido por los mismos magistrados mediante acuerdo. Este dice (art. 134) que la sala de revisión puede solicitar pruebas para cumplir con su evaluación de los casos de extradición, como en cualquier proceso judicial.

Linares lo reiteró en RCN y argumentó que la entidad cuenta “con suficientes normas jurídicas, inclusive las de procedimiento” para ese propósito. Según ella, bastarían la Constitución y su reforma transitoria que creó la jurisdicción de paz, además de los tratados internacionales en materia penal y de derechos que ha suscrito Colombia.

No obstante, la inseguridad jurídica ha sido señalada por expertos como la publicación de asuntos legales Ámbito Jurídico, con base en información del programa JEP Visible de la Corporación Excelencia en la Justicia, y el coordinador de incidencia nacional de la Corporación Colombiana de Juristas, Juan Ospina, en La Silla Vacía.

Duque ve el vaso medio vacío y De la Calle, medio lleno. En todo caso, el trecho que debe recorrer Santrich entre Colombia y Estados Unidos todavía es largo y difícil de pronosticar.

Su proceso es más complejo que el de los demás colombianos capturados con fines de extradición porque tiene un paso adicional en la justicia transicional. Pero este añade máximo cuatro meses a unos términos que, de todas formas, son largos para el resto de ciudadanos pedidos por cortes extranjeras.

Falso Falso Falso Falso Falso Falso Falso Falso

Falso

Lunes, 31 Agosto 2020

Expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Álvaro García, no fue quien estuvo a cargo del caso ‘Santrich’

Por Laura Castaño Giraldo

La sala encargada del proceso judicial del exguerrillero ‘Jesús Santrich’ es la Sala Especial de Instrucción y el magistrado García hace parte de la Sala de Casación Civil.

Tras la decisión de la Corte Suprema de Justicia de ordenar la detención domiciliaria del expresidente y exsenador Álvaro Uribe, algunos usuarios de redes sociales mostraron su inconformidad al respecto a través de comparaciones con el caso del exguerrillero y miembro de la disidencia de las Farc, Seuxis Paucias Hernández, alias ‘Jesús Santrich’, a quien la Corte le concedió libertad porque consideró que quienes ordenaron su captura (luego de ser señalado de haber cometido un delito de narcotráfico después de haber firmado el acuerdo de paz) “no tenían competencia para su aprehensión y legalización”.

Muestra de ese sinsabor es una publicación que adjunta un collage de imágenes de Santrich y de un juez, acompañado de un texto que dice: “Se busca magistrado corrupto. Presidente de la Corte Suprema de Justicia dice que no cometió ningún error en el caso Santrich, porque no tenía argumentos para dictar orden de captura”. 

La publicación ha sido compartida más de 300 veces y, entre los comentarios que la acompañan, hay quejas sobre la falsedad del contenido, así que en Colombiacheck decidimos poner manos a la obra y verificarlo. 

Lo primero que hicimos fue una búsqueda inversa en Google para saber quién es la persona de la foto y nos dimos cuenta de que se trata del magistrado Álvaro Fernando García Restrepo, que es actualmente presidente de la Sala de Casación Civil, no presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), como indica la publicación. De hecho, ese cargo lo ocupó desde abril de 2019 hasta la elección de su reemplazo Jorge Luis Quiroz en marzo de 2020. 

Acto seguido hicimos una búsqueda avanzada en Google con el fin de encontrar pruebas de que García, en algún momento, hubiera dicho que “no cometió ningún error en el caso Santrich, porque no tenía argumentos para dictar orden de captura”, que es lo que se sugiere en la imagen que circula en Facebook, pero no obtuvimos resultados que coincidieran con esas supuestas declaraciones. 

Los dos datos anteriores dan pie para calificar la publicación como falsa porque ni Quiroz (actual presidente de la CSJ), ni García (expresidente de la CSJ) se han referido al caso ‘Santrich’ de esa manera. Sin embargo, profundizaremos en el contexto de la situación para que todo quede más claro.

Para empezar, hay que precisar que, como explicamos en este chequeo, la decisión de dejar en libertad a ‘Jesús Santrich’ fue tomada, según la providencia judicial, por la Sala de Casación Penal de la CSJ, bajo la ponencia del magistrado Eugenio Fernández y las firmas de Eyder Patiño, José Franciso Acuña, Eugenio Fernández, Luis Antonio Hernández, Patricia Salazar y Luis Guillermo Salazar. 

En ningún momento el magistrado García figuró en el proceso y la razón de ello es que él pertenece a la Sala de Casación Civil, no a la Sala de Casación Penal, que fue la que tomó las riendas de la situación judicial de ‘Santrich’ y remitió su caso a la Sala Especial de Instrucción de la CSJ. 

El caso ‘Santrich’

Pero este fue un proceso de ires y venires. En el chequeo que mencionamos unas líneas más arriba hicimos un recorrido por el caso Santrich, que podemos resumir de la siguiente manera: 

En abril de 2018, la Fiscalía lo capturó y lo acusó de cometer un delito de narcotráfico después de haber firmado el acuerdo de paz. La captura se dio, según un comunicado del ente acusador, luego de una solicitud de extradición que hizo una Corte del Distrito de Nueva York.

Así fue como Santrich llegó a la cárcel La Picota, donde no duró mucho tiempo, pues el 15 de mayo de 2019, la Justicia Especial para la Paz (JEP) ordenó su liberación porque consideró que “con las pruebas aportadas no se puede evaluar la conducta atribuida a Hernández Solarte ni tampoco determinar la fecha precisa de su realización”.

Pero la dicha le duró poco a Santrich. El día de su liberación (17 de mayo), la Fiscalía lo capturó otra vez bajo el argumento de nuevas pruebas. Sin embargo, el 28 de mayo, el Consejo de Estado resolvió mantener su investidura como congresista, lo cual llevó a la CSJ a restablecer su libertad por su condición de aforado constitucional (es decir que goza del derecho de ser juzgado por un tribunal distinto al que le correspondería a un ciudadano común), que hace que su caso sea competencia directa de la Sala de Casación Penal. 

Esta Sala delegó, como mencionamos anteriormente, las diligencias a la Sala Especial de Instrucción de la CSJ, que, en medio de su investigación, ordenó la captura de Santrich por no haber llegado a la indagatoria para la que estaba citado el 9 de julio de 2019 y la dirigió tanto a las autoridades nacionales como a la Interpol “para activar el trámite de publicación de notificación roja”, que “es una solicitud a fuerzas del orden de todo el mundo para localizar y detener provisionalmente a una persona en espera de extradición, entrega o acción judicial similar”.

Hasta ahora, Santrich sigue siendo un prófugo de la justicia colombiana, pero cabe anotar que, contrario a lo que dice la publicación de Facebook que estamos chequeando, la CSJ sí ordenó su captura, pero lo hizo cuando el exguerrillero incumplió la responsabilidad que tenía como parte de su proceso judicial.

Sobre esa situación, el magistrado García (que en ese entonces era presidente de la CSJ) le dijo a RCN Radio que el tribunal "fue burlado por la forma como actuó el señor Santrich. Sin embargo, eso no nos hace arrepentir sino pensar en que somos una Corte que respeta los derechos". Y en una entrevista en Blu Radio dijo que “fue una decisión motivada y una decisión de ley”.

Además, en RCN habló sobre los señalamientos (como el de la imagen de Facebook) que han aparecido respecto a la decisión de la Corte de no haber ordenado, desde un principio, la captura de ‘Santrich’: "Él había manifestado estar comprometido con la paz y con el país (...) La Corte esperaba que compareciera, por lo que debíamos abundar en garantías y reconocerle todos los derechos".

Con esto, insistimos, a pesar de que García se pronunció sobre el caso ‘Santrich’, que no fue él el encargado de determinar el rumbo de la libertad y de la situación judicial del exguerrillero.