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Viernes, 06 Agosto 2021

“Ya hemos logrado que 700 mil víctimas superen su situación de vulnerabilidad”

Por Andrés Felipe Martínez

Este chequeo hace parte del especial sobre el discurso del presidente, Iván Duque, en la instalación de las sesiones ordinarias del Congreso el 20 de julio de 2021.

Durante su discurso, el presidente Duque mencionó algunos resultados de su política de Paz con Legalidad. Entre esos logros afirmó:  “Ya hemos logrado que 700 mil víctimas superen su situación de vulnerabilidad”.

Respecto a la cifra de víctimas, se debe tener en cuenta que en Colombia desde el año 2015, se miden las condiciones de vida de las personas caracterizadas como víctimas del desplazamiento forzado, y se evalúa su nivel de acceso a derechos como identificación, salud, educación, alimentación, vivienda, empleo, entre otros. 

Cuando una víctima tiene garantizados estos derechos, se concluye que ha superado su situación de vulnerabilidad.

El indicador se llama Superación de Situación de Vulnerabilidad (SSV). Los criterios para esta evaluación fueron inicialmente establecidos con la Resolución 1126 de 2015, del Departamento Nacional de Planeación, DNP, y la Unidad para las Víctimas. Este documento fue actualizado en 2018 con la Resolución 2200.

Cada año, en su rendición de cuentas, la Unidad para las Víctimas hace un balance del número de personas han superado su situación de vulnerabilidad, de acuerdo a los criterios de dicha resolución.

Durante el anterior cuatrienio, 2014 - 2018, un total de 798.005 superaron su condición de vulnerabilidad, de acuerdo con esta entidad. Mientras en el período de la actual presidencia, con corte a junio de 2021 (33 meses), esa cifra es de 1,07 millones de personas.

El siguiente gráfico muestra la evolución de este indicador en el quinquenio 2015 - 2020, con cifras acumuladas:

Situación de vulnerabilidad, víctimas

 

De esta forma, las cifras de Duque sobre víctimas coinciden con las registradas por el índice de Superación de la Situación de Vulnerabilidad en Colombia.

Sin embargo, existen cuestionamientos sobre las condiciones en las que se lleva a cabo este conteo de cifras.  El año pasado, en su informe anual, la Comisión de Seguimiento y Monitoreo a la Ley de Víctimas concluyó que “persiste la ausencia de un enfoque de goce efectivo de derechos en la medición de la Superación de Situación de Vulnerabilidad de la población desplazada”.

De esta Comisión hacen parte la Mesa Nacional de Participación efectiva de las Víctimas, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría y la Procuraduría General de la Nación.

“La Comisión evidenció que el 61 % de las víctimas que superaron su situación de vulnerabilidad (de acuerdo con el indicador de Plan Nacional de Desarrollo) no se les comprobó el cumplimiento del derecho a la vivienda; y a un 36%, el de alimentación. Llama la atención que el indicador se base principalmente en la verificación de un nivel mínimo de ingresos del hogar, con lo cual se presume que la población puede obtener por sí misma derechos como salud, educación, vivienda digna y alimentación, en contravía de lo establecido por la Corte Constitucional, el Decreto 1084 de 2015 y la Resolución 2200 de 2018”, dice el informe, que puede ser consultado aquí.

En este documento, la Comisión señala que “todavía falta mucho” para hablar de la superación del estado de vulnerabilidad en las víctimas en este indicador.

“En la práctica, sus derechos no se han restablecido y esto se debe a políticas públicas que en unos casos están incompletas (salud y educación), en otros son erróneas (caso vivienda). En otras, a pesar del tiempo, de los recursos, y de la importancia que logró el tema, el Estado aún no ha definido y no existe una política pública para las víctimas al respecto (empleo y generación de ingresos)”, advierte.

El presidente del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, Indepaz, Camilo González Posso, también menciona algunas debilidades de este indicador:

“Este indicador tiene como referencia unas variables mínimas que incluyen solo parcialmente la reparación de derechos, porque hay otros aspectos que no se consideran respecto a los activos perdidos, el daño moral, y no tienen en cuenta que la reparación es restituir una situación mejor que la que perdieron las víctimas. Hay una subvaloración. En algunos casos se reconocen los mínimos, pero se desconoce la deuda con lo justo”, señala.

Consultamos también a Ánderson Morales, representante de la Mesa Nacional de Participación efectiva de las Víctimas, quien considera que el índice de Superación de Vulnerabilidad se ciñe a una lista de chequeo en la que no se refleja la situación real de las personas.

“La encuesta que aplican para la superación de Vulnerabilidad no analiza el contexto real de un hogar. Se vuelve un checklist, con preguntas muy limitadas. Una variable es tener identificación o cédula, y con eso se suma para decir que se superó la vulnerabilidad”, advierte.

Y continua: “No se puede decir que alguien superó su situación de vulnerabilidad cuando no se ha recuperado ni siquiera lo que perdió por el conflicto. Hay un error que hemos manifestado sobre el cálculo: ellos toman en cuenta el núcleo familiar que se desplazó hace diez años, y ahora miden si una persona de ese núcleo tiene ingresos, entonces esa familia ya superó su vulnerabilidad; pero resulta que actualmente ya esa familia no es una, sino tres o cuatro, porque han pasado diez años”.

Según el vocero de las víctimas, “también está la vulnerabilidad de la exclusión social: en ciudades como Bogotá siguen viendo a las víctimas como un mantenido del Estado, pero es un mantenido que nadie mantiene. Existe la vulnerabilidad en la posibilidad de empleo, pues la mayor parte de los desplazados somos campesinos que no encontramos fácilmente ocupación en la ciudad”.

En ese sentido, aunque las cifras para dar por superada la vulnerabilidad de una persona desplazada por el conflicto armado dadas por Duque se ajustan a los datos oficiales, estos han sido cuestionados por la Comisión de Seguimiento a la Ley de Víctimas, que reúne a las entidades del Ministerio Público, por los mismos voceros de víctimas y expertos. Por esa razón, al poner en contexto su afirmación y cotejarla con fuentes alternativas, la calificamos de cuestionable.

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Jueves, 18 Enero 2018

Candidato a la Cámara casi le atina al porcentaje de víctimas en Urabá

Por Sania Salazar

Aunque estuvo muy cerca, no tuvo en cuenta que hay varias cifras oficiales, que dependen del lugar de declaración del hecho violento.

Daniel Duque, aspirante a la Cámara por Antioquia del partido Alianza Verde, aseguró que el 70% de la población de Urabá está inscrita en el Registro Único de Víctimas, RUV.

La cifra está incluida en una carta que el candidato le envió al presidente Juan Manuel Santos en la que le pedía conformar una mesa de diálogo para buscarle solución a las peticiones de la población de Urabá, donde se realizó un paro cívico la primera semana de enero por la instalación de tres peajes, protesta que terminó en disturbios.

 

 

Después de revisar las cifras del RUV, Colombiacheck calificó la afirmación como Aproximada, pues el candidato estuvo muy cerca de atinarle al porcentaje, pero no tuvo en cuenta que en el RUV hay cifras distintas dependiendo de la ubicación de la víctima a la hora de declararse como tal.

Duque le dijo a Colombiacheck que tomó la cifra del RUV por los días en que se registraron las protestas, además, resaltó que es una aproximación que puede ser mayor. El candidato indicó que corroboró las cifras con el secretario de Gobierno de Carepa, Camilo Calle.

El aspirante a la Cámara especificó que la cifra corresponde al Urabá antioqueño, región que, según explicó, está conformada por 11 municipios: Arboletes, San Juan de Urabá, San Pedro de Urabá, Necoclí, Apartadó, Carepa, Chigorodó, Turbo, Mutatá, Murindó y Vigía del Fuerte.

Hay que aclarar que el Urabá es una región más extensa compuesta además, por municipios de Chocó (Acandí, El Carmen del Darién, Riosucio y Ungía) y Córdoba (Tierralta y Valencia).

Colombiacheck consultó las proyecciones de población del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, que indican que hay 711.687 personas para el 2018 en los 11 municipios del Urabá Antioqueño.

El 70% de esa cifra son 498.180 habitantes. Según el RUV, hasta el primero de enero de 2018, habían registradas 490.795 personas en el RUV que declararon haber sufrido victimizaciones en alguno de los 11 municipios de la región. El 68, 9% de la población.

Si tomamos como referencia esta cifra la conclusión es que Duque estuvo muy cerca del verdadero porcentaje de víctimas del Urabá Antioqueño, pues aseguró que era el 70% de la población.

Pero hay que aclarar que el RUV tiene otras dos formas de registrar a las víctimas, una por lugar de declaración, que corresponde al sitio donde la víctima se declara como tal a las autoridades, es decir, un campesino pudo haber sido despojado de su tierra en un municipio determinado, pero haberse desplazado a otro a denunciar el hecho. En este caso las víctimas son el 68,3% de la población.

También está la categoría ubicación, que corresponde al último lugar de atención o de ubicación conocido, se trata del 56,4% de los habitantes del Urabá Antioqueño. Esta cifra se aleja más del 70% de víctimas del que habla Duque.

¿Qué pasa en Urabá?

Las protestas que se registraron en el Urabá Antioqueño por la instalación de tres peajes son una manifestación de múltiples males que aquejan a esta región de contrastes, con una inversión fuerte en infraestructura y una importante producción de banano de exportación, pero con pobreza y corrupción, como lo describe el artículo de la revista Semana titulado Urabá: las contradicciones de una región que mueve millones de pesos el de la revista Dinero La realidad del Urabá: más allá de las masacres.

El Informe socioeconómico de la Cámara de Comercio de Urabá de 2016* resaltó que la base productiva de Urabá ha estado tradicionalmente asociada a la siembra del banano. “Los rubros de mayor relevancia son: la agroindustria bananera con aproximadamente 34.000 hectáreas, el cultivo de plátano con 29.000 hectáreas”.

El informe indicó que la economía de la región “mostró un excelente desempeño durante 2016”. La constitución de empresas creció en un 5,4%, entre 2015 y 2016, la construcción está en ascenso y la compra de vivienda creció en 16 %.

Pero esta región también ha sido blanco del conflicto armado, sus habitantes han sufrido las acciones de las guerrillas de las Farc, el EPL y los paramilitares.

“Las cifras de las consecuencias de la violencia en Urabá hasta el día de hoy, en términos de homicidios y desplazamientos, no han sido sistematizadas en su totalidad. El investigador de la Universidad de los Andes, Juan Aparicio, reseñó que entre 1995 y 1997 se registraron 2.950 homicidios con fines políticos. Andrés Suarez, del Centro Nacional de Memoria Histórica, por su parte registró 103 masacres entre 1998 y 2002. Y una investigación de la Universidad de Antioquia registró que hubo más de 32 mil desplazamientos, solo en los cuatro municipios del eje bananero”, señaló el informe de Verdad Abierta Veinte años de una guerra sin límites en Urabá.

Pese a la firma del acuerdo de paz entre el Gobierno y las Farc en noviembre de 2016, las cifras del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses muestran un incremento en los homicidios en la región. En 2016 se registraron 197 asesinatos en los 11 municipios del Urabá Antioqueño, mientras que las cifras preliminares de 2017 (de enero a noviembre) indican que hubo 209 homicidios. Esto indicaría un incremento del 6, 09% en los casos.

Tener claridad sobre las cifras y sobre cómo se recopilan es fundamental para que candidatos y legisladores propongan y vigilen las políticas públicas que solucionen problemas sociales como los que afectan al Urabá Antioqueño.

*El informe presentan aspectos relevantes de la dinámica empresarial de Urabá en los municipios que son jurisdicción de la Cámara de Comercio: Dabeiba, Mutatá, Chigorodó, Carepa, Apartadó, Turbo, San Pedro de Urabá, Necoclí, San juan de Urabá y Arboletes.