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Sábado, 14 Octubre 2017

"Ya tuvimos un sometimiento a la justicia en los 90 y no salió bien"

Por Sania Salazar

Así lo aseguró la periodista Marta Ruiz, quien se refirió a la entrega de Pablo Escobar y a algunos de sus hombres en medio de una discusión sobre el posible sometimiento del Clan del Golfo.

A raíz del anuncio del Clan del Golfo de su intención de acogerse a la justicia, en el programa Semana en Vivo analizaron esta propuesta. Una de las invitadas al debate fue Marta Ruiz, periodista, consejera editorial de la Revista Semana y quien está en la lista de 199 postulados para integrar la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad pactada en el acuerdo entre el Gobierno y las Farc.

Ruiz aseguró que en los años 90 hubo un proceso de sometimiento a la justicia que no salió bien.

 

 

Consultamos libros y revisamos archivos de prensa para saber en qué términos se dio ese proceso y consultamos análisis y expertos sobre los posibles errores que no se deben repetir con el Clan del Golfo.

Calificamos la frase como verdadera, pues Ruiz la basa en que el capo y sus hombres siguieron delinquiendo dentro de la cárcel, lo que las autoridades colombianas comprobaron luego de la fuga.

“El sometimiento del Cartel de Medellín no salió bien porque La Catedral se convirtió en un centro del delito, ellos mataron dentro de la cárcel a sus propios socios”, recordó Ruiz, que añadió que eso fracasó porque un proceso de sometimiento a la justicia es para desarticular una estructura criminal, “pero esa siguió actuando”.

La Parábola de Pablo, biografía escrita por el periodista y político Alonso Salazar, recuerda que el jefe del Cartel de Medellín se entregó a las autoridades el 19 de junio de 1991 luego de que la Constituyente prohibió la extradición de nacionales. Ese día lo acompañaban dos de sus hombres, pero en los días siguientes se entregaron por lo menos nueve más.

La estrategia de sometimiento incluía, en general, beneficios como la no extradición y la rebaja y acumulación de penas, que pretendían promover la entrega de delincuentes a la justicia.

Luego de que Escobar se fugó de la cárcel, en julio de 1992, se comprobó lo que ya era un rumor. “Las autoridades examinaron palmo a palmo La Catedral y sus alrededores. Dijeron haber encontrado restos de los cadáveres de Kiko Moncada y el Negro Galeano, en la cancha de fútbol”, relata La Parábola de Pablo. Ambos hombres eran socios de Escobar.

El libro cuenta que desde el 23 de enero de 1992 funcionarios de la Procuraduría y agentes de la Fuerza Élite habían denunciado que desde la cárcel se reorganizó la red de narcotráfico, se ordenaban atentados y hasta que Escobar salía del lugar.

El libro Días de memoria, del periodista Jorge Cardona, cuenta que luego de que Escobar se fugó, se aprobó en el Congreso una ley para conservar la esencia de la política de sometimiento a la justicia para atraer nuevos narcotraficantes “con el ojo avizor del gobierno de Estados Unidos apoyando, pero advirtiendo que no estaba dispuesto a que se repitiera el lastre de la impunidad de la Catedral”.

Para el profesor del departamento de Gobierno y Ciencias Políticas de la Universidad Eafit de Medellín, Gustavo Duncan, la historia demuestra que el proceso de sometimiento de Escobar salió muy mal para el Estado. “Escobar no se sometió, impuso unas condiciones que, obviamente, estaban dirigidas a poder seguir delinquiendo. Él terminó mandando desde allá”.

Del sometimiento de Escobar al Clan del Golfo

Jorge Iván Cuervo, profesor de la Universidad Externado, analista político y experto en derechos humanos y justicia, recordó que el sometimiento de Escobar y algunos de sus hombres se dio en un contexto muy complejo de narcoterrorismo en el que el Estado no lograba derrotarlos y la única forma de apaciguar el terrorismo fue aceptar no extraditarlos a cambio de que se entregaran y pararan las acciones terroristas. “Ahora no es que el Clan del Golfo esté poniendo contra las cuerdas al Estado como sí lo era un poco en la época de los 90”, explicó.

El profesor resaltó que ese proceso de sometimiento fue poco claro, porque aunque hubo unos decretos y unas modificaciones a las normas penales, no hubo claridad sobre quiénes se entregaron, qué delitos se les imputaron, ni qué penas se impusieron, por ejemplo.

Recomendaciones en el caso del Clan

“Si para el caso de la negociación con las guerrillas se ha necesitado una fina y sofisticada planeación con la participación de importantes asesores internacionales y con una aplicación extraordinaria de un grupo de experimentados líderes y funcionarios del gobierno, para trazar una política de sometimiento a la justicia y una estrategia de desmonte del crimen organizado es necesario hacer una cosa parecida”, indica un documento de la Fundación Paz y Reconciliación, Pares, titulado Las bandas criminales y el posconflicto.

El texto llama la atención sobre que en en el proceso con el Clan del Golfo las reglas deben estar claras desde un principio y que no cabe la negociación, pues se considera indispensable un sometimiento a la justicia.

Cuervo explica que el Clan no tiene la fuerza para ser reconocido como un actor político y así llegar a una negociación como la que se hizo con las Farc y la que se adelanta con el ELN, por lo que el camino que queda es el sometimiento a las reglas del Estado.

“Es preciso que el gobierno nacional y la Fiscalía tengan un diagnóstico y un mapa de las bandas criminales antes de abordar el sometimiento a la justicia y un proyecto integral para desmontar o reducir drásticamente el crimen organizado. Deben saber cuántos son, dónde están, qué actividades realizan, en qué tipo de estructuras se han organizado, cuáles son las rutas y los territorios que controlan, qué alianzas tienen, qué incentivos esperan del Estado para su entrega y a qué compromisos están dispuestos, concluye el documento, recomendaciones en las que coincide Cuervo.

Sábado, 05 Agosto 2017

“$424.000 es lo que gana mensual un cultivador de coca”

Por Paula Vásquez

Juan Manuel Galán, precandidato presidencial por el partido Liberal, dio cifras difíciles de comprobar respecto al salario de los campesinos cocaleros pues su ingreso depende de las variables de cada zona.

Juan Manuel Galán, senador y precandidato presidencial por el partido Liberal, quien ha defendido la legalización de la marihuana con fines terapéuticos, durante su participación en el debate sobre las estrategias de seguridad y justicia en los municipios más afectados por el conflicto armado, llevado a cabo el 2 de junio, se refirió a los ingresos mensuales de los campesinos cultivadores de coca.

“…lo que les da un ingreso mensual promedio neto de $424.000 pesos al mes, eso es lo que se gana un campesino cultivador de hoja de coca”.

Philipp Wodak, asesor de Galán, le dijo a Colombiacheck que el senador había basado su ponencia en la investigación Costos económicos y sociales del conflicto en Colombia, de la Universidad de los Andes.

Después de leer el estudio y hablar con un experto calificamos su afirmación como aproximada, porque no existen cifras exactas de los ingresos mensuales de los cultivadores ya que estas dependen de distintos factores.

Luego de revisar el estudio referido por el asesor de Galán, donde a pesar de que buscamos detalladamente no logramos encontrar la cifra que el senador expuso en su discurso, consultamos a Luz Perly Córdoba, Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana, Coccam, experta en el tema, quien nos aseguró que la cifra no es precisa pues no existen datos exactos debido a la diferencia entre las regiones productoras.

“Esa puede ser una cifra cierta porque es menos de un salario mínimo, lo que ha descubierto Coccam es que no se puede hacer una tabla rasa con la producción de coca porque eso varía de una región a otra, depende de las condiciones de accesibilidad que la zona tenga, de la banda criminal que los maneje, no puede haber una tabla rasa que diga que en todo lado la gente gana lo mismo, pero lo que sí es cierto es que, al campesino es al que menos le quedan ganancias de ese proceso y que los pequeños cultivadores no se hacen ricos con la coca, tampoco tienen un nivel de vida aceptable o digna con el cultivo de coca”, explicó la representante de los cultivadores.

Para reforzar su explicación, Córdoba expuso el caso del Pacífico, donde afirma que al ser más fácil el acceso fluvial para sacar la coca, al campesino le quedan más ingresos a comparación de un departamento como el Guaviare.

Según el Monitoreo de territorios afectados por cultivos ilícitos 2016, investigación de la Oficina de la Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, (Unodc), la cifra de cultivos de coca tuvo un incremento del 52% al pasar de 96.000 hectáreas en el 2015 a 146.000 en el 2016.

Sustitución, no erradicación

Córdoba cuenta que los campesinos siempre han tenido la voluntad de sustituir cultivos, si y sólo si esta restitución se hace de manera integral. “Ellos no pueden cambiar simplemente una mata por otra, si tú cambias una planta ilícita, por una lícita, pero no hay vías de comunicación, pues la gente va a tener que regresar a la ilícita porque con esa las bandas criminales sí se meten donde les toque”, aseguró.

A principios de este año, las Farc y el Gobierno lanzaron el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos ilícitos, (Pinis), que cuenta con la participación activa de la guerrilla y de las comunidades. Además, representa un avance en la implementación de la primera parte del punto cuatro del Acuerdo Final, Solución al Problema de las Drogas Ilícitas.

Según lo estipulado en el Acuerdo, el objetivo principal del programa es buscar la transformación estructural del campo colombiano para que de esta manera mejoren las condiciones para el campesino y al mismo tiempo se acaben cultivos ilícitos.

“Es un programa integral en el que a través de la sustitución hay un desarrollo del territorio”, indicó Rafael Pardo, alto consejero para el Posconflicto, Derechos Humanos y Seguridad, en una nota publicada por el portal de la revista Semana.

En el especial realizado por el diario El Tiempo: Sustitución de coca, el diablo está en los detalles, publicado en mayo del 2017, cuentan que el Gobierno, las Farc y las comunidades han realizado 23 acuerdos que cobijan a 81.849 familias y 63.542 hectáreas de coca aproximadamente.

Entre los compromisos de estos acuerdos está el de sustituir y no resembrar, apoyar a las familias cultivadoras con un subsidio, mejorar las condiciones en las que se pueden hacer erradicación forzosa, entre otras.

“La gente de todas maneras tiene desconfianza con el Gobierno, porque ellos reiterativamente han incumplido los acuerdos que hacen con las comunidades y con todo el mundo, pero la gente ha recibido con muchísima esperanza el acuerdo de paz, en el anhelo de que se convierta en realidad”, afirmó la representante de Coccam.