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Sábado, 14 Octubre 2017

"Ya tuvimos un sometimiento a la justicia en los 90 y no salió bien"

Por Sania Salazar

Así lo aseguró la periodista Marta Ruiz, quien se refirió a la entrega de Pablo Escobar y a algunos de sus hombres en medio de una discusión sobre el posible sometimiento del Clan del Golfo.

A raíz del anuncio del Clan del Golfo de su intención de acogerse a la justicia, en el programa Semana en Vivo analizaron esta propuesta. Una de las invitadas al debate fue Marta Ruiz, periodista, consejera editorial de la Revista Semana y quien está en la lista de 199 postulados para integrar la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad pactada en el acuerdo entre el Gobierno y las Farc.

Ruiz aseguró que en los años 90 hubo un proceso de sometimiento a la justicia que no salió bien.

 

 

Consultamos libros y revisamos archivos de prensa para saber en qué términos se dio ese proceso y consultamos análisis y expertos sobre los posibles errores que no se deben repetir con el Clan del Golfo.

Calificamos la frase como verdadera, pues Ruiz la basa en que el capo y sus hombres siguieron delinquiendo dentro de la cárcel, lo que las autoridades colombianas comprobaron luego de la fuga.

“El sometimiento del Cartel de Medellín no salió bien porque La Catedral se convirtió en un centro del delito, ellos mataron dentro de la cárcel a sus propios socios”, recordó Ruiz, que añadió que eso fracasó porque un proceso de sometimiento a la justicia es para desarticular una estructura criminal, “pero esa siguió actuando”.

La Parábola de Pablo, biografía escrita por el periodista y político Alonso Salazar, recuerda que el jefe del Cartel de Medellín se entregó a las autoridades el 19 de junio de 1991 luego de que la Constituyente prohibió la extradición de nacionales. Ese día lo acompañaban dos de sus hombres, pero en los días siguientes se entregaron por lo menos nueve más.

La estrategia de sometimiento incluía, en general, beneficios como la no extradición y la rebaja y acumulación de penas, que pretendían promover la entrega de delincuentes a la justicia.

Luego de que Escobar se fugó de la cárcel, en julio de 1992, se comprobó lo que ya era un rumor. “Las autoridades examinaron palmo a palmo La Catedral y sus alrededores. Dijeron haber encontrado restos de los cadáveres de Kiko Moncada y el Negro Galeano, en la cancha de fútbol”, relata La Parábola de Pablo. Ambos hombres eran socios de Escobar.

El libro cuenta que desde el 23 de enero de 1992 funcionarios de la Procuraduría y agentes de la Fuerza Élite habían denunciado que desde la cárcel se reorganizó la red de narcotráfico, se ordenaban atentados y hasta que Escobar salía del lugar.

El libro Días de memoria, del periodista Jorge Cardona, cuenta que luego de que Escobar se fugó, se aprobó en el Congreso una ley para conservar la esencia de la política de sometimiento a la justicia para atraer nuevos narcotraficantes “con el ojo avizor del gobierno de Estados Unidos apoyando, pero advirtiendo que no estaba dispuesto a que se repitiera el lastre de la impunidad de la Catedral”.

Para el profesor del departamento de Gobierno y Ciencias Políticas de la Universidad Eafit de Medellín, Gustavo Duncan, la historia demuestra que el proceso de sometimiento de Escobar salió muy mal para el Estado. “Escobar no se sometió, impuso unas condiciones que, obviamente, estaban dirigidas a poder seguir delinquiendo. Él terminó mandando desde allá”.

Del sometimiento de Escobar al Clan del Golfo

Jorge Iván Cuervo, profesor de la Universidad Externado, analista político y experto en derechos humanos y justicia, recordó que el sometimiento de Escobar y algunos de sus hombres se dio en un contexto muy complejo de narcoterrorismo en el que el Estado no lograba derrotarlos y la única forma de apaciguar el terrorismo fue aceptar no extraditarlos a cambio de que se entregaran y pararan las acciones terroristas. “Ahora no es que el Clan del Golfo esté poniendo contra las cuerdas al Estado como sí lo era un poco en la época de los 90”, explicó.

El profesor resaltó que ese proceso de sometimiento fue poco claro, porque aunque hubo unos decretos y unas modificaciones a las normas penales, no hubo claridad sobre quiénes se entregaron, qué delitos se les imputaron, ni qué penas se impusieron, por ejemplo.

Recomendaciones en el caso del Clan

“Si para el caso de la negociación con las guerrillas se ha necesitado una fina y sofisticada planeación con la participación de importantes asesores internacionales y con una aplicación extraordinaria de un grupo de experimentados líderes y funcionarios del gobierno, para trazar una política de sometimiento a la justicia y una estrategia de desmonte del crimen organizado es necesario hacer una cosa parecida”, indica un documento de la Fundación Paz y Reconciliación, Pares, titulado Las bandas criminales y el posconflicto.

El texto llama la atención sobre que en en el proceso con el Clan del Golfo las reglas deben estar claras desde un principio y que no cabe la negociación, pues se considera indispensable un sometimiento a la justicia.

Cuervo explica que el Clan no tiene la fuerza para ser reconocido como un actor político y así llegar a una negociación como la que se hizo con las Farc y la que se adelanta con el ELN, por lo que el camino que queda es el sometimiento a las reglas del Estado.

“Es preciso que el gobierno nacional y la Fiscalía tengan un diagnóstico y un mapa de las bandas criminales antes de abordar el sometimiento a la justicia y un proyecto integral para desmontar o reducir drásticamente el crimen organizado. Deben saber cuántos son, dónde están, qué actividades realizan, en qué tipo de estructuras se han organizado, cuáles son las rutas y los territorios que controlan, qué alianzas tienen, qué incentivos esperan del Estado para su entrega y a qué compromisos están dispuestos, concluye el documento, recomendaciones en las que coincide Cuervo.

Martes, 18 Abril 2017

Las Farc y el narcotráfico: una verdad pendiente de ser contada

Por Sania Salazar

Aunque en el Acuerdo Final no está escrita la palabra delación, las Farc sí se comprometieron a contar la verdad sobre su participación en el narcotráfico, negocio ilícito con el que financiaron su actividad insurgente.

“Nosotros no hemos hecho un acuerdo de delación, sino de sustitución”, aseguró a Noticias Uno Seusis Pausivas Hernández, mucho más conocido como Jesús Santrich, miembro del Estado Mayor Central de las Farc y uno de los negociadores de esa guerrilla.

Colombiacheck solicitó por Twitter y por correo electrónico una entrevista con Enrique Santiago, abogado de las Farc, para pedirle precisión sobre el asunto, pero hasta la publicación de este chequeo no hemos obtenido respuesta.

En el cuarto punto del Acuerdo Final entre Gobierno y Farc, titulado Solución al problema de las drogas ilícitas, se pactó la puesta en marcha de un nuevo Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS) en el cual la guerrilla debe contribuir.

Las Farc se comprometieron a ayudar en el proceso de sustitución de cultivos y aunque la palabra delación no aparece en este punto del Acuerdo, si se pactó que los guerrilleros aportarían información para ayudar a establecer la verdad y construir memoria sobre su participación en este negocio ilegal.

“Será compromiso de todas las personas que hayan tenido relación con conductas asociadas a cualquier eslabón de la cadena de los cultivos de uso ilícito y sus derivados, en el marco del conflicto, y que comparezcan ante la Jurisdicción Especial para la Paz, aportar ante la Sala de Reconocimiento de Verdad, de responsabilidad y de determinación de los hechos y conductas de la Jurisdicción Especial para la Paz, los elementos necesarios de los que tengan conocimiento de una manera exhaustiva y detallada, sobre las conductas cometidas y las circunstancias de su comisión, así como las informaciones necesarias y suficientes de las que tengan conocimiento para atribuir responsabilidades. Todo ello debe contribuir a garantizar los derechos de las víctimas a la reparación y a la no repetición”, dice textualmente el Acuerdo.

De este párrafo llama la atención la parte final, donde se refieren a que los excombatientes aporten información suficiente para “atribuir responsabilidades”, en donde podría caber la delación de otros grupos, modo de operar y rutas de trasiego de estupefacientes. Pero depende de cómo se interprete.

En un video de Acuerdos de La Habana, una iniciativa de la sociedad civil para recoger preguntas surgidas de la lectura del Acuerdo, Lucas Peña, sociólogo y magíster en conflicto, seguridad y desarrollo, asegura que “en el punto dedicado a la solución del problema del narcotráfico Las Farc se comprometen explícitamente a cooperar con el Gobierno a establecer y localizar las rutas del narcotráfico y hallazgo del mecanismo de lavado de activos fruto del narcotráfico, pero adicionalmente van a colaborar con el combate contra crimen organizado mediante la provisión de información, mediante el establecimiento de cooperación con las autoridades y otros mecanismos que deben ponerse en marcha”.

Para Jairo Estrada Álvarez, vocero del movimiento político Voces de Paz (movimiento afín, pero no militante de las Farc, que vela por el cumplimiento del Acuerdo Final en el Congreso), la delación no está planteada explícitamente en el Acuerdo Final.

“En el Acuerdo las Farc no se asumen como una organización insurgente dedicada a la producción y al tráfico de drogas, las Farc en ese sentido manifiestan el compromiso de poner fin a cualquier relación que en función de la rebelión se hubiese presentado con ese fenómeno. Si se presentó esa relación es un asunto que será tratado en su momento en la jurisdicción Especial para la paz, que evaluará cada caso”, indicó.

Estrada hizo énfasis en que no se está hablando de la justicia penal en la que se obtienen ventajas por delaciones, que la JEP no es una justicia de castigo sino una justicia transicional que se fundamenta en el ofrecimiento de verdad.

“Se tendrá que ofrecer verdad y los jueces serán quienes evalúen si la verdad ofrecida, primero, es suficiente y exhaustiva, porque la JEP obliga a un ofrecimiento de verdad exhaustivo y detallado. Hay que recordar que si no se ofrece verdad suficiente, no se verán beneficiados por la JEP, uno supone que en este caso las Farc ofrecerán la verdad que tengan sobre sus presuntos vínculos, reales o no, con el narcotráfico. Es más ofrecimiento de verdad que delación”, precisó Estrada, quien además comentó que según la investigación social en las zonas donde ha habido cultivos de uso ilícito la función de la guerrilla ha sido básicamente de cobro de impuestos y de regulación del mercado de hoja de coca.

Para Carlos Montoya, investigador de la Fundación Paz y Reconciliación, la frase de Santrich tiene que ver con no señalar a los campesinos cocaleros, que son el eslabón más frágil de la cadena y que en muchos casos se metieron en el negocio por el abandono estatal, pues la coca resulta más rentable y más fácil de vender que los cultivos lícitos.

El Gobierno ha resaltado esa descriminalización de los campesinos, pues es una de las estrategias para que participen voluntariamente en el programa de sustitución de cultivos.

Para Montoya, habrá que ver bajo qué condiciones están obligados a suministrar información en tanto el narcotráfico quedó como un delito conexo a la actividad política porque era la forma de sostenibilidad del grupo, “pero lo más lógico es que cuando sean llamados ante la justicia tendrán que contar esas situaciones, cuáles eran sus rutas, con quien negociaban e idealmente uno quisiera saber qué empresarios los protegían para el lavado de activos, ese sería el escenario ideal”.

La importancia de combatir el narcotráfico

“El acuerdo sobre drogas ilícitas parte de reconocer que si bien el conflicto armado antecede al narcotráfico, el narcotráfico ha alimentado, ha atravesado y financiado el conflicto armado y que por tanto es necesario una solución contundente”, explica María del Pilar Barbosa, del equipo del Acuerdo sobre drogas ilícitas de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz.

La Comisión para el esclarecimiento de la verdad, la convivencia y la no repetición (punto 5 del Acuerdo Final) tiene entre sus mandatos esclarecer y promover el reconocimiento de “la relación entre el conflicto y los cultivos de uso ilícito, la producción y la comercialización de drogas ilícitas, y el lavado de activos derivados del fenómeno del narcotráfico”.

Aunque en el Acuerdo Final no se utiliza la palabra delación, es claro que uno de sus objetivos principales es ofrecer a las víctimas justicia, verdad y reparación. Para establecer la verdad y para determinar las medidas que se deben tomar para garantizar la no repetición es fundamental, en este caso, que las Farc cuente cómo funciona el negocio del tráfico de drogas, una de las formas con que financiaron su lucha armada.