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Sábado, 14 Octubre 2017

"Ya tuvimos un sometimiento a la justicia en los 90 y no salió bien"

Por Sania Salazar

Así lo aseguró la periodista Marta Ruiz, quien se refirió a la entrega de Pablo Escobar y a algunos de sus hombres en medio de una discusión sobre el posible sometimiento del Clan del Golfo.

A raíz del anuncio del Clan del Golfo de su intención de acogerse a la justicia, en el programa Semana en Vivo analizaron esta propuesta. Una de las invitadas al debate fue Marta Ruiz, periodista, consejera editorial de la Revista Semana y quien está en la lista de 199 postulados para integrar la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad pactada en el acuerdo entre el Gobierno y las Farc.

Ruiz aseguró que en los años 90 hubo un proceso de sometimiento a la justicia que no salió bien.

 

 

Consultamos libros y revisamos archivos de prensa para saber en qué términos se dio ese proceso y consultamos análisis y expertos sobre los posibles errores que no se deben repetir con el Clan del Golfo.

Calificamos la frase como verdadera, pues Ruiz la basa en que el capo y sus hombres siguieron delinquiendo dentro de la cárcel, lo que las autoridades colombianas comprobaron luego de la fuga.

“El sometimiento del Cartel de Medellín no salió bien porque La Catedral se convirtió en un centro del delito, ellos mataron dentro de la cárcel a sus propios socios”, recordó Ruiz, que añadió que eso fracasó porque un proceso de sometimiento a la justicia es para desarticular una estructura criminal, “pero esa siguió actuando”.

La Parábola de Pablo, biografía escrita por el periodista y político Alonso Salazar, recuerda que el jefe del Cartel de Medellín se entregó a las autoridades el 19 de junio de 1991 luego de que la Constituyente prohibió la extradición de nacionales. Ese día lo acompañaban dos de sus hombres, pero en los días siguientes se entregaron por lo menos nueve más.

La estrategia de sometimiento incluía, en general, beneficios como la no extradición y la rebaja y acumulación de penas, que pretendían promover la entrega de delincuentes a la justicia.

Luego de que Escobar se fugó de la cárcel, en julio de 1992, se comprobó lo que ya era un rumor. “Las autoridades examinaron palmo a palmo La Catedral y sus alrededores. Dijeron haber encontrado restos de los cadáveres de Kiko Moncada y el Negro Galeano, en la cancha de fútbol”, relata La Parábola de Pablo. Ambos hombres eran socios de Escobar.

El libro cuenta que desde el 23 de enero de 1992 funcionarios de la Procuraduría y agentes de la Fuerza Élite habían denunciado que desde la cárcel se reorganizó la red de narcotráfico, se ordenaban atentados y hasta que Escobar salía del lugar.

El libro Días de memoria, del periodista Jorge Cardona, cuenta que luego de que Escobar se fugó, se aprobó en el Congreso una ley para conservar la esencia de la política de sometimiento a la justicia para atraer nuevos narcotraficantes “con el ojo avizor del gobierno de Estados Unidos apoyando, pero advirtiendo que no estaba dispuesto a que se repitiera el lastre de la impunidad de la Catedral”.

Para el profesor del departamento de Gobierno y Ciencias Políticas de la Universidad Eafit de Medellín, Gustavo Duncan, la historia demuestra que el proceso de sometimiento de Escobar salió muy mal para el Estado. “Escobar no se sometió, impuso unas condiciones que, obviamente, estaban dirigidas a poder seguir delinquiendo. Él terminó mandando desde allá”.

Del sometimiento de Escobar al Clan del Golfo

Jorge Iván Cuervo, profesor de la Universidad Externado, analista político y experto en derechos humanos y justicia, recordó que el sometimiento de Escobar y algunos de sus hombres se dio en un contexto muy complejo de narcoterrorismo en el que el Estado no lograba derrotarlos y la única forma de apaciguar el terrorismo fue aceptar no extraditarlos a cambio de que se entregaran y pararan las acciones terroristas. “Ahora no es que el Clan del Golfo esté poniendo contra las cuerdas al Estado como sí lo era un poco en la época de los 90”, explicó.

El profesor resaltó que ese proceso de sometimiento fue poco claro, porque aunque hubo unos decretos y unas modificaciones a las normas penales, no hubo claridad sobre quiénes se entregaron, qué delitos se les imputaron, ni qué penas se impusieron, por ejemplo.

Recomendaciones en el caso del Clan

“Si para el caso de la negociación con las guerrillas se ha necesitado una fina y sofisticada planeación con la participación de importantes asesores internacionales y con una aplicación extraordinaria de un grupo de experimentados líderes y funcionarios del gobierno, para trazar una política de sometimiento a la justicia y una estrategia de desmonte del crimen organizado es necesario hacer una cosa parecida”, indica un documento de la Fundación Paz y Reconciliación, Pares, titulado Las bandas criminales y el posconflicto.

El texto llama la atención sobre que en en el proceso con el Clan del Golfo las reglas deben estar claras desde un principio y que no cabe la negociación, pues se considera indispensable un sometimiento a la justicia.

Cuervo explica que el Clan no tiene la fuerza para ser reconocido como un actor político y así llegar a una negociación como la que se hizo con las Farc y la que se adelanta con el ELN, por lo que el camino que queda es el sometimiento a las reglas del Estado.

“Es preciso que el gobierno nacional y la Fiscalía tengan un diagnóstico y un mapa de las bandas criminales antes de abordar el sometimiento a la justicia y un proyecto integral para desmontar o reducir drásticamente el crimen organizado. Deben saber cuántos son, dónde están, qué actividades realizan, en qué tipo de estructuras se han organizado, cuáles son las rutas y los territorios que controlan, qué alianzas tienen, qué incentivos esperan del Estado para su entrega y a qué compromisos están dispuestos, concluye el documento, recomendaciones en las que coincide Cuervo.

Miércoles, 01 Junio 2016

"El dinero de Paz Colombia vendrá de los propios bolsillos de los colombianos"

Por Miriam Forero

Marta Lucía Ramírez: "Con el Plan Colombia el gobierno dio algo más de $100.000 millones de dólares, mientras que EE.UU. solo ha puesto unos $10.000 millones de dólares”.

La dirigente conservadora y excandidata presidencial, Marta Lucía Ramírez habló con la revista digital KienyKe en el marco de los 15 años del Plan Colombia y el anuncio del nuevo plan de apoyo del gobierno norteamericano, que ahora se llamará “Paz Colombia”, cuyo objetivo es ayudar a financiar el posconflicto. “Ese dinero vendrá de los colombianos. Con el Plan Colombia el gobierno dio algo más de $100.000 millones de dólares, mientras que EE.UU. ha puesto unos $10.000 millones de dólares”, aseguró Ramírez.

El medio hizo una interpretación de esa advertencia: “Esto significa que ese dinero para la lucha contra el narcotráfico vendría de los impuestos. Esto es justamente un problema teniendo en cuenta el déficit económico que se presenta por la baja del precio del petróleo”.

Por un lado, las cuentas de la exministra de defensa son reales. Según el especial multimedia que preparó la Presidencia de la República para la conmemoración, en la ejecución del Plan Colombia el gobierno nacional aportó $131.000 millones de dólares, equivalentes al 97% de los fondos totales usados, mientras que el gobierno del “Tío Sam” puso $10.000 millones de dólares, que significan el 3% de la inversión final.

Eso se explica por la naturaleza misma del plan: se trata de un acuerdo de cooperación en el que los dos países hacen inversiones para un propósito común. Así mismo, es muy probable que el renovado “Paz Colombia” mantenga el esquema con el que la alianza ha funcionado durante 15 años.

Aunque esto todavía no está establecido con precisión y el Congreso de Estados Unidos aún no ha aprobado la nueva ayuda, un grupo de congresistas de ese país emitió el 9 de febrero una resolución, en el marco del aniversario del Plan Colombia, en la que el Senado “reafirma su compromiso de continuar la alianza entre Estados Unidos y Colombia en asuntos de seguridad mutua, incluyendo cooperación antinarcóticos, combate trasnacional del crimen organizado y garantías de justicia para aquellos que han causado daños imborrables en nuestras poblaciones”.

En cuanto a la posibilidad de que parte del dinero para el posconflicto venga del bolsillo de los colombianos, Vicenc Fisas, director de la Escuela de Paz de la Universidad de Barcelona, que estudia conflictos y procesos de paz en todo el mundo, afirma que es lo normal e, incluso, recomienda que sea así. “Sería un agravio contra los países pobres y los que hoy están buscando refugio en Europa que Colombia sólo pidiera ayuda internacional para financiar la paz. Se debe acudir también a recursos propios a través de los ahorros que permite la reducción en la guerra, dinero de las élites colombianas y dinero de las Farc”.

De hecho, el ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas le dijo a El Espectador que desde 2015 se ha destinado parte del presupuesto nacional ($13 billones) para financiar la implementación de puntos acordados en La Habana, como reparación de víctimas e inversión en el sector rural.

Sin embargo, el ministro del Posconflicto, Rafael Pardo, aclaró en una entrevista con Colprensa que el gobierno no planea generar más impuestos sino incentivos. “Tenemos la mitad de lo que necesitamos para la acción inmediata. Lo que tiene que ver con los acuerdos de la mesa va en el presupuesto. Lo que tiene que ver con el ministerio del Posconflicto, hemos pensado que sean más bien incentivos tributarios y no nuevos impuestos”.