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Sábado, 12 Agosto 2017

Comadreando se resiste la violencia en Buenaventura

Por Tatiana Navarrete

Paso a paso y sin hacer mucha bulla, las mujeres del puerto han creado una red de confianza para desenterrar las violencias que pasan inadvertidas a los ojos de las autoridades.

Son las nueve de la mañana y el calor húmedo se hace cada vez más intenso en el puerto de Buenaventura. Faltan dos horas para el estreno de la obra de teatro de la ‘Red Mariposas’ y las comadres no paran de reír. Cada carcajada es más fuerte que la otra.

“Mija, déjate de risas que tú tienes el papel de la violada”, grita la mujer que está a cargo del ensayo. Pero las risas continúan.

La dramatización de una violación por parte de hombres de un grupo armado será la excusa para explicar la ruta de atención. La pieza teatral resume lo que las denunciantes viven en Buenaventura: amenazas de las bandas, vecinos que culpan a la víctima –por cómo estaba vestida– y funcionarios que desacreditan las denuncias.

Aunque todas han vivido la violencia en carne propia, es la primera vez que actúan y están nerviosas. Los diálogos se les olvidan y las risas se les escapan. Esa misma risa que se ha convertido en su terapia.

“Aunque esto es pan de cada día en Buenaventura, ustedes saben que cuentan con ‘las Mariposas’. Acuérdense que no están pidiendo favores, están reclamando sus derechos”, concluye la narradora de la obra ante un auditorio de por lo menos 30 mujeres.

La obra es solo una más de las decenas de actividades que la ‘Red Mariposas de Alas Nuevas Construyendo Futuro’ se ha ingeniado para extenderse con cautela por Buenaventura. En algunos barrios se han hecho famosas por sus comadreos, como le llaman a las reuniones de mujeres.

En estos ‘las Mariposas’ buscan a jovenes y adultas para contarles qué es el autocuidado, cómo hacerse un examen de seno y cómo usar las plantas medicinales para tratar enfermedades. Pero cuando van ganando confianza comienzan a hablar de la violencia física, psicológica y económica que se vive en el Puerto. Asesoran sobre las rutas legales y les prestan apoyo psico-espirtual a quienes hayan sido maltratadas.

Los comadreos son además un intento por destruir la falsa creencia que la violencia debe quedarse de puertas para adentro. Por eso, las han llamado sapas, desocupadas, destruye hogares y hasta pervertidas. Insultos que no se toman a la ligera, no en Buenaventura.

Pues cada paso tiene que ser analizado con detalle, porque no a todos los jefes de las bandas les gusta su trabajo y hay barrios a los que les han impedido la entrada. “Las cosas están prendidas bajo el agua y acá todo el mundo tiene su padrino, sino es de un grupo, es de la Policía”, cuenta a VerdadAbierta.com una mujer que ha trabajado activamente durante diez años en los barrios del puerto. “Yo creo que, si nos visibilizáramos mucho, no existiríamos”.

Y es que Buenaventura no ha sentido la calma de un proceso de paz que se implementa con las Farc, ni los diálogos que lentamente avanzan con el ELN. En el puerto mandan las bandas que nacieron luego de una fallida desmovilización paramilitar: ‘La empresa’ y ‘El Clan del Golfo’ (también llamados ‘Gaitanistas’ o ‘Urabeños’) se dividen los barrios.

“En ese momento el territorio le pertenece a los paramilitares. A los que no permiten hacer reuniones sin autorización, a los que no dejan entrar a los barrios a ciertas horas. Es que si una persona es desconocida la desaparecen”, explicó la líder.

A esto se suman las decenas de desplazados que siguen llegando desde la zona rural de Buenaventura y del vecino departamento del Chocó, donde el ELN y los ‘Gaitanistas’ se enfrentan para quedarse con los territorios que han dejado las Farc. (Ver: Grupos armados ilegales y ausencia del Estado incendian el sur de Chocó)

A finales de 2016 se organizó un torneo de futbol entre los grupos, o los ‘del cuento’ –como los llaman todos en Buenaventura–, donde se rumora que las bandas pactaron el desmonte de algunas fronteras invisibles. Desde otras regiones estaban llegando nuevos miembros a las bandas y, como no conocían los barrios, muchos fueron asesinados por equivocarse de cuadra.

Sin embargo, esta tregua no tuvo un efecto sobre los maltratos que a diario viven las mujeres.

Armas que controlan las vidas y los cuerpos

Para develar dichas violencias, entre octubre y noviembre de 2016 la red ‘Mariposas’ aplicó una encuesta, en conjunto con la Casa de la Mujer. Los resultados, que aún no son públicos, son desoladores.

“Al comienzo todas nos decían: ‘No, a mí nunca me ha pasado nada’”, recuerda una de las encuestadoras, “pero cuando se daban cuenta de que nosotras también sabemos lo que es vivir con miedo, que también nos han matado a nuestros hijos y esposos, que también nos han golpeado, ahí nos hicimos comadres”.

Todo comienza cuando son menores. En algunos colegios del puerto se han descubierto redes de prostitución. Donde los mismos niños son contratados como proxenetas, “son pelados de 12 años que les dicen “necesitamos unas niñas así y así”, entonces comienzan con gastarles en el recreo e invitarlas a cine”, explica otra de las encuestadoras. “Son niñas, pero también niños, a los que convencen con un nuevo celular o con un pantalón de tal marca”. El dinero recolectado va directo a las arcas de las bandas.

Otra situación viven las mujeres –sobretodo menores– que son “elegidas” por el jefe ‘del cuento’. Este es uno de los mayores temores de las madres, pues como si se tratara de un supermercado, el delincuente escoge a una mujer para obligarla a ser su pareja. “Es como si esa niña le perteneciera, entonces las tienen vigiladas”, cuenta una líder de Buenaventura que en su adolescencia vivió esa tragedia. “Me tuve que encerrar casi un año en mi casa, porque el señor no me permitía ni salir del barrio, incluso si iba con mi mamá. Me salvé solo porque lo mataron”, detalla.

Hoy estas mujeres tienen ‘campaneros’ que las persiguen y mantienen a los jefes ‘del cuento’ al tanto de sus movimientos, lo que hace imposible que ellas se acerquen a la Fiscalía a poner cualquier tipo de denuncia. “Solo pueden ir del colegio a la casa y de la casa al colegio”, relata una líder comunal.

Las parejas de los jefes de las bandas –sean obligadas o no– sufren todo tipo de violencia que no se denuncia. ‘Las Mariposas’ encontraron casos aterradores: una mujer a la que su esposo le quemó el pecho por usar escote, otra a la que su marido agarró del pelo y arrastró por todo el barrio, unas que han sido obligadas a realizarse operaciones estéticas en contra de su voluntad y varias mujeres que deben a pagarle la mitad del sueldo a su pareja.

“Hay un control real de la vida y de los cuerpos de las mujeres”, concluye una de las líderes de la Red Mariposas, “pueden planificar solo cuando les digan. Si quedan en embarazo sin autorización, las obligan a abortar”. Hay casos también de menores teniendo varios hijos, porque su novio “no sabe cuánto va a durar y quiere que lo recuerden”.

Cansadas de esta situación, decenas de adolescentes han tenido que salir de Buenaventura hacia Cali o Bogotá. Incluso algunas han huido a otros países como Chile o Ecuador. Sin embargo, varias han muerto asesinadas antes de lograr su huida. Es tal el peligro para ellas, que la casa de acogida que la ‘red Mariposas’ creó para ayudarlas, ni siquiera tiene letreros y pocos conocen su dirección.

Los resultados de esta encuesta son entonces una herramienta para contrarrestar la versión de algunas autoridades, como la Fiscalía, que ha dicho que la violencia contra las mujeres es sobretodo intrafamiliar.

“Este ejercicio nos mostró que las cosas no son tan simples. Que la violencia cometida por grupos no es denunciada, que a veces los mismos familiares son del grupo o son protegidos por los grupos”, dice una de las coordinadoras de la Red. Sus resultados serán presentados el 12 de septiembre en la Mesa Intersectorial de violencia contra las mujeres, integrada por autoridades locales y nacionales.

La violencia que sigue silenciada

Si en el casco urbano llueve, en la zona rural no descampa. La diferencia es que en algunas comunidades la verdad está más enterrada. “Falta mucho por trabajar. A las mujeres de mi resguardo, por lo menos, los maridos no las dejan salir porque dicen que la mujer se va a la ciudad a prostituirse y coger otros vicios, a muchas les prohíben salir, pero algunas desobedecemos”, cuenta una de las pocas mujeres indígenas que hace parte de la red.

Esta líder de su resguardo se ha atrevido a hablar en público sobre relaciones sexuales, algo que no está bien visto; ha cuestionado los matrimonios de niñas de 10 y 12 años y ha llamado por su nombre lo que denominan una “borrachera”, una violación que ocurre cuando las mujeres que han tomado alcohol están inconscientes. “Los maridos me dicen que quiero destruir las familias, pero las mujeres me escuchan”.

Por eso, la red está haciendo todo lo posible por seguir extendiéndose a la zona rural. Durante más de un año conversaron con varios resguardos para que permitieran la capacitación de quince mujeres indígenas que puedan convertirse también en líderes de su comunidad.

La situación más compleja la viven en este momento los pueblos ribereños del San Juan en zona rural de Buenaventura y en el sur del Chocó. Las comunidades indígenas y afro que allí habitan han sido testigos de la expansión de los ‘Gaitanistas’ y las disputas con el ELN por tener el control de los territorios como lo ha venido advirtiendo la Defensoría del Pueblo en sus informes del Sistema de Alertas Tempranas: hay comunidades confinadas por la instalación de minas antipersonales, menores vulnerables al reclutamiento forzado y desplazamientos masivos por miedo. (Ver: Informe del SAT)

De acuerdo con el Registro Único de la Unidad de Víctimas, entre 2016 y lo que va de 2017 se han registrado más de 21.000 personas desplazadas en el Valle del Cauca y Chocó.

En algunas comunidades el desplazamiento ha sido masivo. Así sucedió en el Consejo Comunitario de Cabecera, de la zona rural de Buenaventura, cuyos habitantes salieron al casco urbano del puerto después de que el ELN entrara a la vecina comunidad de Carrá y asesinara a cinco jóvenes de una misma familia el pasado 25 de marzo.

Las 38 familias de la comunidad llevan cuatro meses viviendo en el coliseo de Buenaventura esperando que las cosas se calmen para poder retornar. En toda la mitad del coliseo, casi detrás de la cesta de baloncesto, está pegado un mapa que dibujaron de su pueblo, en compañía de varias organizaciones gubernamentales. Justo en la orilla del río San Juan dibujaron un aviso que dicen “ruta para violencia sexual”.

“Es que ese río se volvió la maldad, por ahí nos llegaron todos los males”, dice una de las mujeres del Consejo Comunitario mientras mira el mapa. Prefiere no dar detalles: “Nosotras nos cuidamos mucho entre todas, pero esa gente llegó haciendo de todo”.

Aunque es difícil aún medir el impacto de esta violencia, los primeros hallazgos confirman que las mujeres siguen siendo usadas como ‘botín de guerra’. “Allá había una muchacha que se ennovió con alguien de los paramilitares y la obligaron a salir, luego mataron a otras que eran novias de los guerrilleros. Eso pasa por igual si es con el ELN, con los paramilitares o con el Ejército”, dijo una de las líderes de Cabecera a VerdadAbierta.com

El más reciente informe de Human Rights Watch, encontró el caso de niñas de 12 años que han sido presionadas para convertirse en las parejas de los ‘Gaitanistas’. (Ver informe)

Este es el escenario al que se enfrentan las líderes sociales que a diario luchan en contra de discriminación y la violencia contra las mujeres. En este contexto viven y no están dispuestas a detenerse. Como lo resume una de las coordinadoras: “Acá pasan tantas cosas, pero nosotras, sin hacer mucha bulla, seguiremos extendiendo nuestras alas de Mariposa”.

* Esta investigación fue elaborada con el apoyo de Consejo de Redacción, la Embajada de Suecia y la Organización para las Migraciones (OIM) para el proyecto CdR/Lab Con Enfoque.
**Esta investigación fue publicada originalmente en Verdad Abierta.
***Los nombres de las personas y de los barrios no han sido revelados para no exponer a las ‘Las Mariposas’, ni a las víctimas que decidieron hacer pública su historia.
Viernes, 14 Septiembre 2018

Implementación de enfoque de género del acuerdo de paz, todavía en palabras

Por Sania Salazar

Casi dos años después de que el gobierno nacional firmara el acuerdo de paz con la guerrilla de las Farc, el enfoque de género que quedó plasmado en el documento no ha pasado de los decretos a la realidad. Las entidades que han evaluado la implementación del enfoque de género coinciden en que hay dificultades para aterrizarlo en acciones concretas en los territorios. La atención de la comunidad LGBTI está todavía más quedada.

“En política sexual y reproductiva está super mal el asunto”, dice Camila Hoyos, abogada y asesora de temas de mujer y género de la UTL de la senadora del partido Farc, Victoria Sandino, sobre las mayores dificultades de la implementación de género en el proceso de reincorporación de los excombatientes.

“No hay atención diferencial para los temas de anticoncepción, para el seguimiento a los embarazos, hay dificultades con las enfermedades del aparato reproductivo. En algunos ETCR (Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación) no hay médico ni enfermera, y en los que hay van una vez a la semana y atienden cosas generales”, detalla Hoyos.

Este es apenas un ejemplo de la dificultad de llevar a la práctica la implementación del enfoque de género incluido en el Acuerdo Final entre el Gobierno y la antigua guerrilla de las Farc que organizaciones como el Instituto Kroc han detectado al hacer una balance de la implementación en esta materia.

Hoyos asegura que la política de sustitución de cultivos ilícitos carece del enfoque de género. Dice que, por ejemplo, los acuerdos de sustitución colectiva no tienen medidas especiales para las mujeres y, según ella, eso va a generar dificultades para que las mujeres ingresen y se mantengan en esos programas. Para Hoyos se trata de falta de compromiso y de voluntad política.

Voluntad política que también menciona Borja Paladini, director del Instituto Kroc, de estudios internacionales de paz, de la Universidad de Notre Dame, al hablar del más reciente informe de esa entidad sobre la implementación del Acuerdo

“Falta fortalecer la voluntad política, pero sobre todo, falta que a la hora del diseño de las políticas, de las leyes, de las normas, del diseño de la implementación de esas políticas no se pierda el enfoque de género, los enfoques diferenciales, a veces se pierden en la acción. Es la capacidad transformadora de esa política, de esos recursos, de ese bien que ofrece el Estado”, explica Paladini, quien además dice que se trata de un asunto de capacidad técnica y de eficacia y llama la atención sobre la importancia de que las políticas sean sensibles a las necesidades diferenciadas de la población.

El llamado de atención no es gratuito. El informe indica que de las 578 disposiciones contenidas en el Acuerdo Final, 130 tienen enfoque de género y que, de estas últimos solo el 3% se ha implementado completamente (a mayo de 2018). El 7% está en nivel intermedio. El 26% tiene un nivel mínimo y el 64% de esos compromisos no se han empezado a implementar. “Esta mirada general muestra que, si bien hay avances, aún falta mucho por implementar”, concluye el documento.

Según el informe, el 53% de las disposiciones con enfoque de género requerirán de una implementación a largo plazo, mientras que el 42% de las que no lo tienen necesitarán ese lapso, lo que, según el análisis puede explicar parcialmente el bajo nivel de implementación completa a la fecha.

El documento aclara que iniciar una disposición con enfoque de género puede depender de acciones como la inclusión de ese enfoque en una iniciativa legislativa, lo que explica los niveles relativamente altos de implementación mínima para este tipo de compromisos.

Pero para Paladini el enfoque fuerte del enfoque de género ha estado hasta el momento en el diseño de normas y programas y en la creación de instituciones. Aunque dice que en algunas de estas iniciativas se menciona el tema de género más que en otros, hay avances y sensibilidad en que ese tema es importante

“En algunos casos se observa que, aun cuando el enfoque es explícito y el compromiso es de corto o mediano plazo, su implementación no se ha priorizado”, lo que puede explicar los altos niveles de implementación no iniciada, según el estudio.

Sindy Torres, asesora del tema de mujer y género del partido Farc, calcula la implementación del enfoque de género en un 25%. Dice que no es suficiente y coincide con Paladini en que los avances significativos se han logrado en creación de institucionalidad de normas, pero resalta que faltan medidas específicas. Torres también menciona la apropiación en esa materia que ha visto en el movimiento de mujeres. “Falta, pero estamos andando, que es lo importante”, concluye.

 

Puntos álgidos


Reforma Rural

El informe llama la atención sobre la vulnerabilidad de las mujeres cabeza de familia y las realidades de las mujeres rurales, especialmente en términos de la economía del cuidado. También en la estigmatización a las mujeres involucradas en cultivos de uso ilícito.

Hace un llamado de atención sobre la participación de las mujeres en los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), pues indica que a enero de 2018, de las 404 pre-asambleas PDET realizadas, 38.865 personas han asistido, de las cuales el 38% son mujeres.

Otro punto que se destaca es la necesidad de garantizar la seguridad, tanto de las mujeres como de las comunidades que participan en los procesos de sustitución o formalización de tierras. Por ejemplo, recuerda que “el 1 de abril, Magdalena Cruz Rojas líder comunitaria, quien encabezaba el Movimiento para la sustitución de cultivos en Mapiripán fue asesinada en presencia de su familia”.


Reincorporación

El informe resalta como una avance importante la creación de la Mesa Técnica de Género del Consejo Nacional de Reincorporación, que ha trabajado en el diagnóstico de la situación de las excombatientes y en una hoja de ruta.

La participación en política de las mujeres del partido de la Farc podría ser mucho mayor. El informe indica que en la campaña cumplieron con el mínimo del 30% de participación de candidatas que establece la ley de cuotas (en las listas departamentales a Cámara), pero solo dos de las 10 curules en el Congreso pactadas en el Acuerdo las ocupan mujeres, Victoria Sandino y Sandra Ramírez, ambas en el Senado y no hay ninguna en la Cámara de Representantes.

Torres explicó que el partido Farc está en el proceso de apartarse de las prácticas machistas y está cualificando sus mujeres y en general a sus cuadros políticos.

En cuanto a los proyectos productivos, que hacen parte de la reincorporación económica, el informe encontró que “a enero de 2018, de las 45 cooperativas que se han creado en las diferentes zonas (ETCR), 27% son de mujeres” y menciona que en dos proyectos aprobados durante la semana del 16 de abril de 2018 no incluyeron ni la participación de mujeres en el liderazgo del proyecto, ni una consideración del impacto del proyecto en las mujeres. Por eso la conclusión es que el principal reto es “lograr que en los proyectos aprobados se evidencie la inclusión efectiva y desarrollo del enfoque”.

Según el censo socioeconómico que realizó la Universidad Nacional sobre las Farc, el 23% de los excombatientes son mujeres. Hay que aclarar que ese no fue un censo poblacional, por lo que los 10.015 exguerrilleros a los que se les realizó la encuesta no son el total de miembros que forman parte de esa exguerrilla.


Garantías de seguridad

“En la comisión nacional de garantías de seguridad, que es un espacio en el que se toman decisiones, un espacio de diálogo político entre el Gobierno, la sociedad civil y otros actores del Estado para mirar los temas de seguridad relacionados con la implementación del Acuerdo no hay una mujer y las mujeres han pedido que esté al menos una en una comisión que está integrada por varias personas, ¿si no hay mujeres cómo podemos esperar que estén representadas las visiones de las mujeres?”, pregunta Paladini.

Los buenos ejemplos

Quizá el mejor ejemplo de la implementación del enfoque de género hasta ahora son los mecanismos del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición, “donde las mujeres representan el 54,9% de las integrantes de la Jurisdicción Especial para la Paz y el 45,45% de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No repetición”.

Paladini destaca además que en la JEP no solo hay representación equitativa de hombres y mujeres, sino que además hay indígenas y afros. Para el director del Instituto Kroc, aunque todavía hay mucho por hacer en términos de género, no se puede olvidar que el Acuerdo colombiano es el que más incluye, en términos comparados, medidas afirmativas hacia las mujeres y un enfoque de género como elemento transversal.

El avance de las normas

Otro informe sobre la implementación del Enfoque de Género en los Acuerdos de Paz, realizado por el Centro de Investigación y Educación Popular, Cinep, y el Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos, Cerac, coincide con el informe del Instituto Kroc en varios puntos. Por ejemplo, dice que la implementación se ha quedado en la creación de normas y no ha pasado a las acciones concretas, coincide en señalar la baja participación política de las mujeres del nuevo partido Farc y en la necesidad de aumentar la participación de las mujeres en los PDET, entre otros aspectos.

El informe también menciona la falta de atención en materia de salud sexual y reproductiva que señala la asesora de la senadora Victoria Sandino.

Además, este informe indica que aunque hay un reconocimiento de la comunidad LGBTI en las normas expedidas, tampoco en ese caso son claras las acciones afirmativas para incluir de manera efectiva a esa población en el enfoque de género.

Para Torres, la inclusión de la población LGBTI en el enfoque de género de la implementación es prácticamente nula y es una tarea que le corresponde al nuevo Gobierno, pero en la que Farc tiene el compromiso de ayudar a impulsar las medidas necesarias porque están conscientes de que es una deuda.

Marcela Sánchez, directora ejecutiva de Colombia Diversa, también habla de la dificultad para que se concreten las acciones para esta población, aunque aclara que las normas le parecen adecuadas. Para Sánchez esto se puede deber a falta de formación técnica de los funcionarios en esta materia y a falta de voluntad política. Ella asegura que todavía se está en un nivel muy alto de la planeación.

“Si uno se pone a ver los PDET, que tenían acciones concretas para involucrar a las poblaciones LGBT en las asambleas o en las discusiones a nivel local, tenían dificultades para hacer las convocatorias porque decían: no conocemos los grupos, no sabemos dónde están, no sabemos si vamos a violar su intimidad si los llamamos directamente, a ese tipo de cosas se han enfrentado”, dice Sánchez.

Paladini explica que una paz con enfoque de género es más sostenible, más transformadora y le pone más atención a la calidad de vida de las personas, a los niños, a los ancianos, le pone más atención a temas que son importantes para la vida. “Enfoque de género por justicia, por eficacia y por calidad de la paz”, sentencia.

 

Balance de las normas

El informe de Cinep y Cerac hace un balance desde la perspectiva de género de la implementación de las normas del Acuerdo Final (del 24 de noviembre de 2016 al 30 de mayo de 2018):

 

Reforma rural

Han sido expedidos 11 Decretos Ley; 3 Decretos ordinarios; y aprobados 1 Acto Legislativo y 1 Ley. De los cuales 2 Decretos Ley; 1 Decreto ordinario y 1 Ley incorporan disposiciones correspondientes a la inclusión del enfoque de género

Ninguna de las disposiciones identificadas hace referencia directa a la población LGBTI.

 

Participación política

Se han expedido 4 Decretos Ley; 1 Decreto ordinario;1 Acto Legislativo y 1 Ley Estatutaria. 2 Decretos Ley y 1 Ley estatutaria que incorporan disposiciones correspondientes a la inclusión del enfoque de género. Además, este último decreto dispone de medidas de participación e inclusión para la población LGBTI.

 

Fin del conflicto

Se han expedido 6 Decretos Ley, 49 Decretos ordinarios, 2 Actos Legislativos y 2 Proyectos de Ley. De los cuales: 7 Decretos Ley; 1 Decreto ordinario y 1 Acto Legislativo incorporan disposiciones correspondientes a la inclusión del enfoque de género.

Incluye a la comunidad LGBTI.

 

Solución al problema de drogas ilícitas

El Gobierno ha expedido 2 Decretos Ley y 1 Decreto ordinario en relación a este punto, de los cuales 1 incorpora disposiciones correspondientes a la inclusión del enfoque de género.

Las disposiciones con enfoque de género identificadas en el Decreto que crea el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), priorizan la inclusión de las mujeres en el programa y promueven su participación. El Decreto no hace referencia a la población LGBTI.

 

Víctimas

Este punto el Gobierno ha expedido 8 Decretos Ley; 9 Decretos ordinarios y 3 Proyectos de Ley. De los cuales: 3 Decreto Ley; 1 Acto Legislativo y 1 Proyecto de Ley incorporan disposiciones correspondientes a la inclusión del enfoque de género. Incluye enfoque para comunidad LGBTI.

 

Implementación, verificación y refrendación

En este punto han sido aprobados 8 Decretos Ley; 9 Decretos ordinarios, 3 Actos Legislativos y 1 Proyecto de Ley. De los cuales: 1 Decreto Ley y 1 Decreto Ordinario incorporan disposiciones correspondientes a la inclusión del enfoque de género. Incluye enfoque para comunidad LGBTI.