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Martes, 28 Junio 2022

¿Qué es la Comisión de la Verdad?

Por Luisa Fernanda Gómez

El 29 de noviembre del 2018 arrancó la carrera contra el tiempo y el olvido de la Comisión de la Verdad, su mandato finaliza el próximo 28 de agosto. Pero, ¿qué es exactamente la comisión?, ¿cuáles son propiamente sus funciones? y ¿por qué son importantes?

“La historia de muchos países, incluido Colombia, muestra que ignorar el pasado mantiene las heridas abiertas y alimenta el desprecio por la vida”, es la respuesta que da la misma Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición (CEV) en su página oficial a la pregunta “¿La verdad abrirá más las heridas?”.

La búsqueda de la verdad, por su parte, es un derecho internacionalmente reconocido que contribuye a la creación de un registro histórico y que impide la negación de los hechos de violencia.

“Al dar más información a las víctimas sobre los hechos sufridos (la suerte de los desaparecidos o la razón de que algunos grupos fueran blanco especial de la represión), puede ayudarles a cerrar esa etapa”, de acuerdo con el Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICJT por sus siglas en inglés).

Por esta razón, tras un conflicto interno de más de 50 años, se creó en Colombia una instancia que, por un tiempo limitado, asume la tarea de indagar por las condiciones que hicieron posible el conflicto y, con sus hallazgos, transformar esa verdad en memoria y reconciliación.

Colombiacheck, en un capítulo más de sus artículos explicativos, decidió resolver las preguntas más básicas alrededor de la Comisión de la Verdad en aras de contribuir a un debate informado. Pero también, buscando mantenerlo abierto, dejamos al final una dirección de correo electrónico a la cual pueden enviarnos nuevas preguntas, suministrarnos nuevas fuentes o pedirnos aclaraciones, en caso de ser necesario.


¿Qué es una comisión de la verdad?

Las comisiones de la verdad son organismos oficiales (de los gobiernos), no judiciales y de vigencia limitada, que se constituyen para esclarecer hechos, causas y consecuencias de períodos de violencia masiva, de acuerdo con la ICTJ.

En un artículo publicado por Razón Pública, el profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y relaciones Internacionales de la Universidad Javeriana​ Gustavo Salazar explica que la primera de estas comisiones fue constituida en Uganda en 1974 para esclarecer las desapariciones cometidas por el gobierno a partir del 25 de enero de 1971. Desde entonces han sido creadas casi 50 comisiones de la verdad y en nuestro continente son reconocidas las de Argentina, Chile y El Salvador.

 

¿Qué busca?

Según el artículo de Salazar, una comisión de la verdad tiene entre sus objetivos: 

  • Evitar la negación de sucesos violentos o el olvido de sus responsables. 
  • Determinar los contextos históricos y sociales que dieron pie y sustento a esos sucesos. 
  • Proteger, reconocer y dar poder y voz a las víctimas y sobrevivientes, reafirmarlos como sujetos de derechos y alentar el reconocimiento y la solidaridad de todo el país.
  • Reconocer violaciones masivas de derechos humanos cometidas por Estados supuestamente democráticos

“Las comisiones de la verdad, independientes y eficaces, se han convertido en parte fundamental de las iniciativas de justicia transicional en todo el mundo”, dice la ICTJ.

¿Todos los procesos de paz han tenido, en su implementación, una comisión de la verdad?

No todos, según Borja Paladini, representante en Colombia del Instituto Kroc, la única organización que compara la implementación de los procesos de paz en el mundo.

“Solo algunos hacen uso de la comisión de la verdad y Colombia es el primer caso en donde hay un sistema integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición”, dice Paladini.

Según Paladini, se tiene justicia con la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP); verdad con la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición y la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos; reparación con las reparaciones individuales y colectivas previstas en la Ley de Víctimas, y no repetición con la implementación del acuerdo, en general, y las medidas de seguridad, protección y atención a temas estructurales del conflicto, en particular. 

Lo que ha pasado en otros casos del mundo, de acuerdo con Paladini (ya que el instituto que él representa le ha seguido la pista a 35 procesos de paz en los últimos 40 años), es que se prioriza la verdad sobre la justicia o la justicia sobre la verdad. O, en el peor de los casos, no hay ninguna. “A Colombia hoy la está mirando el mundo porque es el primer caso en donde, en teoría, se crea un sistema integral”, concluye Paladini.

 

¿Cómo nace la Comisión de la Verdad de Colombia?

La Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición fue creada de conformidad con el Acuerdo Final entre el Gobierno y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). 

Está consignada en el acuerdo cinco (5.1.1.1), sobre las víctimas, “que hace parte del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición acordado para satisfacer los derechos de las víctimas, terminar el conflicto y alcanzar la paz”, de acuerdo con el tercer informe de verificación de la implementación del Acuerdo Final de Paz en Colombia para los Verificadores Internacionales, creado por la Secretaría Técnica del Componente Internacional de Verificación. 

“El concebir la justicia restaurativa como el eje del modelo de justicia transicional a desarrollar, y el privilegiar los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación integral y la no repetición, significaba la creación de un mecanismo que diera cuenta de estos derechos, al tiempo que permitiera brindar seguridad jurídica a los comparecientes”, según explica Vera Samudio, investigadora del Cinep.

 

¿Y qué es exactamente?

La Comisión es una institución del Estado colombiano, de rango constitucional, autónoma e independiente. Debe rendir cuentas a la ciudadanía cada seis meses. Trabaja de la mano de todas las instituciones para garantizar el derecho a la verdad de las víctimas y de la sociedad colombiana.

Y debe ser entendida, según Samudio, como el mecanismo encargado de dar cuenta del derecho a la verdad de las víctimas, en el que se pueda construir una explicación compleja e integral del conflicto armado, se escuchen las voces de quienes padecieron los crímenes en procura de su sanación, se identifiquen responsabilidades colectivas y donde los responsables reconozcan sus acciones delictivas y pidan perdón a las víctimas. 

 

¿Cuáles son sus objetivos?

Según el el decreto 588 de 2018 que crea la comisión, la CEV tiene tres grandes objetivos:

  1. Contribuir al esclarecimiento de lo ocurrido y ofrecer una explicación amplia de la complejidad del conflicto
  2. Promover y contribuir al reconocimiento de las víctimas como ciudadanos y ciudadanas que vieron sus derechos vulnerados y como sujetos políticos de importancia para la transformación del país. Pero también el reconocimiento de las responsabilidades por parte de todos los que participaron en el conflicto. 
  3. Promover la convivencia en los territorios; la creación de un ambiente transformador que permita la resolución pacífica de los conflictos y la construcción de la más amplia cultura de respeto y tolerancia en democracia. 

En general, “la CEV deberá aportar a la construcción de una paz basada en la verdad, el conocimiento y reconocimiento de un pasado cruento que debe ser asumido para ser superado”, sentencia el decreto.

En términos prácticos, ¿cuál es el trabajo de la Comisión?

“Escuchar a víctimas, responsables y testigos del conflicto armado de todos los sectores, regiones y condiciones sociales en el país para lograr un relato amplio y comprensivo de los hechos y contextos que explican medio siglo de guerra”, responde la página oficial de la Comisión. 

A la CEV pueden acudir todas las personas, organizaciones, empresas e instituciones que consideren que pueden contribuir con información (testimonios, bases de datos, archivos y documentos) que ayude al esclarecimiento de las formas de violencia y sus impactos.

Y al final, las conclusiones que entregue la CEV quedarán consignadas en el informe final, que de acuerdo con una entrevista que le dio Marta Ruiz (integrante de la Comisión) a Colombia 2020, entregarán seis meses antes de finalizar el mandato de la comisión. Este documento será de carácter histórico, ético y humano y tiene el propósito de dejar sentadas las bases de la no repetición.

 

¿Quiénes la integran?

Once comisionados; entre los que se cuentan defensores de derechos humanos, economistas, periodistas e investigadores. Estarán acompañados por un equipo interdisciplinario para hacer presencia en nueves regiones del país y a través de grupos móviles recogerán testimonios de todos los sectores. 

El presidente de la comisión es el padre Francisco de Roux. Colombia 2020 publicó un perfil de cada uno de los comisionados. 

Sin embargo, cabe aclarar que en el transcurso del trabajo de la Comisión, fallecieron los comisionados Alfredo Molano y María Ángela Salazar, quienes fueron reemplazados por Alejandro Castillejo y Leyner Palacios.

Adicionalmente, el pasado mes de mayo, el comisionado Carlos Guillermo Ospina, renunció a la Comisión de la Verdad.

 

¿Cuándo empezó sus funciones?

El 8 de mayo del 2018, cuando el expresidente Juan Manuel Santos posesionó a los comisionados, se creó formalmente la Comisión. A partir de ese día arrancó un tiempo previo de seis meses, establecido por el decreto 588 de 2018, “para preparar todo lo necesario para su funcionamiento”, según dice la norma. 

Terminados esos seis meses, el 29 de noviembre inició el mandato de la Comisión de la Verdad.

 

¿Cuánto tiempo dura su mandato?

El mismo decreto establece un periodo de tres años. Tras la culminación de su periodo se instalará un comité independiente para hacer seguimiento a las recomendaciones hechas por la CEV en el informe final, según explica la investigadora del Cinep.

 

¿Qué diferencia hay entre la Comisión de la Verdad y la Jurisdicción Especial para la Paz?

La Comisión de la Verdad es una entidad de carácter extrajudicial, es decir que sus actividades no tendrán carácter judicial, ni servirán para la imputación penal ante ninguna autoridad jurisdiccional. No juzga ni pone penas.

La JEP, por su parte, es el componente de justicia y fue creada para satisfacer los derechos de las víctimas a la justicia, ofrecerles verdad y contribuir a su reparación, según información suministrada en la página oficial de la entidad.

No obstante, la CEV trabajará de manera coordinada con la JEP y con la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, dado que hace parte del Sistema Integral de Verdad, Justicia y Reparación.

 

¿La CEV puede ‘compulsar copias’ de sus hallazgos a la JEP o a la justicia ordinaria?

No, según el decreto 588 de 2018 “la información que reciba o produzca la CEV no podrá ser trasladada por ésta a autoridades judiciales para ser utilizada con el fin de atribuir responsabilidades en procesos judiciales o para tener valor probatorio, ni las autoridades judiciales podrán requerírsela”.

 

*Este explicador fue originalmente publicado el 4 de diciembre de 2018, poco después de que la Comisión de la Verdad empezara su trabajo.

 

Viernes, 28 Octubre 2016

Estos son los municipios más afectados por el conflicto

Por Miriam Forero

Colombiacheck pone a disposición de su audiencia una herramienta que visualiza los datos de víctimas que se han registrado como tales, en cada uno de los 1.102 municipios del país por cada uno de los doce tipos de delito que maneja el Registro Único de Víctimas.

Las víctimas que ha dejado el conflicto armado en Colombia desde 1985 superan el número de habitantes de Antioquia e igualan al de Bogotá. Según el Registro de la Unidad para las Víctimas, el conteo, a septiembre de 2016, llega a 7.936.566 personas afectadas por la violencia guerrillera o paramilitar de los últimos 31 años.

Si se suman las víctimas de la delincuencia organizada -es decir, las llamadas Bacrim o Grupos Armados Organizados (GAO), que no se consideran parte del conflicto, pero que también generan mucha victimización con sus acciones-, la cifra llega a 8.2 millones.

En su segunda entrega de datos abiertos, Colombiacheck depuró, organizó y analizó la información del Registro Único de Víctimas, para elaborar un mapa* en el que los usuarios pueden ver cuántas víctimas produjo cada suceso -secuestros, desplazamientos, homicidios, desapariciones, agresiones sexuales, etc.- en cada municipio del país, entre 1985 y 2016.

De este modo, los datos muestran que los municipios con más personas afectadas por cada tipo de acción dentro del conflicto están en Córdoba, Antioquia, Putumayo, Valle del Cauca, Arauca y Nariño. El siguiente gráfico muestra los rankings de los cinco municipios con mayor número de personas afectadas, según cada delito:

 

 

De 12 delitos que reconoce la ley como formas de victimización, Medellín (Antioquia) se encuentra en nueve escalafones. Policarpa (Nariño) y Buenaventura (Valle del Cauca) aparecen en cuatro de esos rankings de hechos victimizantes.

En el ámbito nacional, el desplazamiento es el delito que más hogares ha tocado, con casi siete millones de desarraigados. Le siguen el homicidio, que ha generado 267.633 fallecidos por el conflicto, más 713.846 familiares enlutados; y la amenaza, por la cual se han registrado 321.505 víctimas.

Los datos muestran un repunte en el año 2000, en plena negociación del gobierno de Andrés Pastrana con las Farc, en lo que se llamó “zona de distensión” en San Vicente del Caguán. El número de víctimas por hechos ocurridos ese año llegó a 613.000, cifra que duplicó la del año anterior. Los afectados continuaron aumentando hasta el pico máximo, que se dio en 2002, cuando los flagelados por el conflicto fueron 834.000. Sólo hasta 2009 empezó un descenso, con promedios de 200.000 afectados por el conflicto cada año y en 2015 los registrados bajaron hasta las 150.000 víctimas.

Por el contrario, las víctimas de bandas criminales han ido aumentando considerablemente desde 2010, momento en el que llegaron a ser 35.000, y en esa cifra se mantuvo el reporte del año pasado.

Para ver el detalle de cada municipio, los invitamos a navegar el siguiente mapa:

Nota: el mapa incluye tanto a víctimas del conflicto armado como a las de Bacrim. Por razones técnicas, las víctimas de sucesos ocurridos antes de 1985 quedaron registradas con fecha 1984.

¿Cómo se construye la base de datos?

El registro que maneja la Unidad para las Víctimas, con el fin de reunir la información de quienes han sido víctimas del conflicto y de las bandas criminales, surgió en 2012 con la Ley 1448 del año anterior, la misma por la que se creó la Unidad.

El primer insumo fue el Sipod, el Sistema de Información de Población Desplazada, que hasta aquel momento manejaba Acción Social y que se alimentaba por un mecanismo menos completo que el actual. Hoy en día, la ley incluye 12 tipos de delito por los que las víctimas del conflicto pueden solicitar atención y reparación.

Para esto, deben dirigirse al ministerio público de su zona -personerías y defensorías del pueblo- donde hay funcionarios capacitados por la Unidad para las Víctimas para tomar las declaraciones de los afectados y diligenciar los formularios correspondientes, sea en formato físico o digital.

Luego empieza un proceso de validación de la información que según le explicaron a Colombiacheck, Nelly Moreno y Juan Carlos Ricaurte de la oficina de planeación de la Unidad de Víctimas, involucra alrededor de 33 cruces con más de 400 bases de datos de distinta índole para confirmar aspectos como número de identificación, nombre, ubicación, fechas, tipo de eventos declarados, etc.

Según el resultado de esta verificación la persona puede ser incluida o no en el Registro de Víctimas y debe ser informada máximo 60 días después de su solicitud. Pero, de acuerdo con lo que narra Moreno, hay casos en los que las defensorías prefieren acumular varias solicitudes para después hacerlas llegar a la Unidad; esto hace que el proceso de verificación empiece tarde y por ende se retrase la respuesta.

De hecho, una de esas resoluciones negativas casi lleva a la cárcel a la anterior directora de la Unidad de Víctimas, Paula Gaviria, por una tutela que interpuso la persona que se declaró víctima de desplazamiento.

Existe, además, una depuración de los datos agrupados, en la que se diferencian las personas que pueden recibir atención y reparación -en la actualidad, 6.277.107 por el conflicto y 224.108 por las Bacrim-, de las que no porque están desaparecidas, fallecieron o han sido imposibles de localizar por inconsistencias en la información reportada.

En el sitio web del Registro Único de Víctimas se puede consultar la información consolidada, que se actualiza cada mes. Estos datos son la base del trabajo que realizan las 51 entidades -32 de ellas públicas- que conforman el Sistema Nacional de Atención y Reparación integral a las Víctimas, donde éstas reciben atención inmediata, prevención, asistencia humanitaria y reparación.

“Colombia tiene el programa de reparación con más alto puntaje en el mundo porque reconoce un mayor número de daños, los criterios de selección de las víctimas son muy amplios, las formas de reparación son variadas e identifica diferentes beneficios de acuerdo al tipo de víctima”, reportó Semana, según lo que halló en un informe de la Universidad de Harvard que evaluó el programa. La auditoría encontró también retos enormes en términos de los esfuerzos que tendrá que hacer el país para lograr atender y reparar a todas las víctimas que pretende cobijar.

Descargue aquí las cifras actualizadas de víctimas del conflicto.


*Procesamiento de datos y mapa: Esteban Ponce de León