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Sábado, 06 Marzo 2021

Cuán transparentes son los procesos de vacunación contra la COVID-19 en América Latina

Por LatamChequea

Del total de vacunas que se aplicaron en el mundo sólo el 5,1% se dieron en América Latina, según el portal Our World In Data. Gran parte de los países de la región comenzaron con el proceso de inoculación, con planes de vacunación que priorizan al personal de salud, personal estratégico y adultos mayores, entre otras poblaciones vulnerables. Sin embargo, en varios países aparecieron casos de irregularidades en las vacunaciones

América Latina es una de las regiones más afectadas por la pandemia, con una quinta parte de las muertes mundiales. Sin embargo, el proceso de vacunación contra la COVID-19 en la región está siendo bastante lento, en gran parte por la falta de vacunas: del total de dosis que se aplicaron  en el mundo (alrededor de 277 millones), solo el 5,4% se dieron en la región (alrededor de 15 millones), y en varios países hubo dificultades en el acceso y falta de transparencia en la forma en la que se asignaron.

A su vez, hubo varias denuncias por irregularidades en el proceso de vacunación. La red LatamChequea, que coordina Chequeado y nuclea a más de 30 organizaciones de verificación de datos en Latinoamérica, entre ellas Colombiacheck, realizó un repaso por las campañas de vacunación en cada país y el nivel de transparencia en cada uno de los procesos. 

Cuáles son los grupos prioritarios en cada país

La mayoría de los países latinoamericanos, como Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Perú y México, cuentan con un plan de vacunación estratégica que prioriza al personal de salud, personal esencial y adultos mayores. Aunque en líneas generales son parecidos, en algunos como el de Colombia o Guatemala, tiene en mayor detalle quiénes componen cada grupo y en qué orden van. En otros, como el de Perú, se encuentran en la primera fase el personal de salud junto con otros grupos como el personal de las Fuerzas Armadas y Policiales. Sin embargo, se resolvió agregar también a los adultos mayores de 60 años dentro de los primeros grupos prioritarios. 

Una de las excepciones es Venezuela, donde todavía no está publicado el plan oficial de vacunación. En una conferencia de prensa, el presidente venezolano, Nicolás Maduro,  anunció que, además del personal sanitario, se le iba a dar prioridad a altos cargos del Gobierno, entre los que se encuentran gobernadores, alcaldes y diputados.

Por otro lado, en Bolivia tampoco hay un plan de vacunación publicado, aunque en un encuentro internacional se presentaron los criterios de priorización en la aplicación de las vacunas, que son parecidos al del resto de los países latinoamericanos. Por su parte, en República Dominicana se difundieron los detalles del plan de vacunación en una conferencia de prensa

La directora de Promoción y Protección de los Derechos Humanos de Amnistía Internacional, Noelia Garone, explicó a Chequeado que hay casos de “falta de transparencia y falta de acceso a datos actualizados, detallados y oportunos respecto de la implementación de los planes, como por ejemplo cuáles son los grupos prioritarios y quiénes componen a esos grupos, quiénes integran el personal de Salud, quiénes el personal estratégico y quiénes son los funcionarios y funcionarias que deben acceder a la vacuna”. 

“Por otro lado, hay planes que todavía no han mostrado cómo se va a implementar la campaña de vacunación en poblaciones marginadas o históricamente vulneradas, como pueblos indígenas, afrodescendientes, migrantes o refugiados”, observó Garone y agregó que en “una región de altos índices de discriminación sistémica, los planes de vacunación deberían transparentar cómo va a impactar el plan, y cómo estos grupos van a poder acceder a la vacuna”.

Qué tan abiertos son los datos sobre las personas vacunadas

En la mayoría de los países hay pocos datos actualizados acerca de cómo se está implementando el plan de vacunación. Brasil es uno de los países que cuenta con información más detallada sobre las personas vacunadas. El Ministerio de Salud brasilero difunde datos de la edad, sexo biológico, raza, grupo prioritario, profesión y ciudad de residencia de las personas vacunadas, así como también precisa la unidad de salud, fecha de vacunación, y el tipo y lote de vacuna.

Por otro lado, en Perú los datos disponibles sobre las personas vacunadas son: fecha y si es grupo de riesgo, edad, sexo, número de dosis, fabricante de la vacuna y ubicación. Por su parte, en Chile también están disponibles los datos por sexo, región y criterio de vacunación. En la Argentina se encuentran disponibles los datos sociodemográficos y la condición de vacunación en el Monitor Público de Vacunas, algo que se implementó luego del #VacunaGate, el caso que reveló que funcionarios que no están en los grupos prioritarios, junto con familiares y amigos, fueron vacunados. Por su parte, en Guatemala hay datos sobre la cantidad de dosis dadas por establecimiento y por población priorizada. 

Otros países como Bolivia, Colombia, Costa Rica y México anuncian la cantidad de dosis aplicadas por medio de conferencias de prensa o partes oficiales diarios, pero no hay un sistema integrado de información sobre el proceso de vacunación que habilite su seguimiento y control. 

Por otro lado, en República Dominicana y Venezuela comenzaron hace muy poco la campaña de vacunación y todavía no tienen sistemas centralizados de información. 

Ninguno de los países tiene un listado con datos detallados de funcionarios y funcionarias que accedieron a la vacuna. En la Argentina, tras la polémica por el vacunatorio VIP, la nueva ministra de Salud de la Nación, Carla Vizotti, anunció que se creará un listado público de todas las personas vacunadas consideradas “estratégicas” por ocupar cargos públicos. 

“Consideramos que todo plan de vacunación debe proteger los datos personales e intimidad de las personas y no consideramos que sea necesario el nombre y apellido de los que accedieron a la vacuna de la población general porque podría ser una violación al derecho a la intimidad y privacidad”, explicó Garone y añadió que en el caso particular de funcionarios y funcionarias públicas “podría publicarse y sería esperable que se conozca quienes son los funcionarios y funcionarias que acceden a la vacuna”. 

Por su parte, la Agencia de Información Pública de Argentina coincide en que se pueden publicar “datos básicos sobre las personas vacunadas como edad y sexo de la persona, fecha de vacunación, etapa del plan de vacunación, pero no aquellos datos que permitan identificarla” y argumentó que “la información relativa a si un funcionario o empleado público ha recibido una vacuna contra el COVID-19 debe ser considerada pública”, ya que “cuentan con una menor expectativa de privacidad que el resto de las personas”, “la compra de las vacunas fue realizada con fondos públicos” y “la ciudadanía debe poder controlar a quien el Estado argentino considera "personal estratégico".

Perú, Chile, Brasil y la Argentina: las irregularidades en la distribución de las vacunas

En varios países latinoamericanos se conocieron casos de funcionarios públicos, empresarios o familiares y conocidos de estos que se saltearon la fila de vacunación. En Perú y la Argentina hubo renuncias por parte de los ministros de Salud, mientras que en Ecuador el actual ministro de Salud, Juan Carlos Zevallos, enfrenta un juicio de destitución tras haber recibido denuncias por derivar vacunas a un geriátrico donde vivían familiares suyos. 

En Perú se dio a conocer que el ex mandatario Martín Vizcarra (quien fue destituido en noviembre último por el Congreso Nacional), la ex ministra de Salud, funcionarios de alto rango del Estado, y hasta personas ligadas a laboratorios peruanos y clínicas se vacunaron entre septiembre de 2020 y enero de este año con dosis de la vacuna Sinopharm que habían llegado al país en el marco de la realización de la fase III de los ensayos clínicos de Sinopharm en el país. La comisión investigadora formada para establecer responsabilidades del caso, determinó que 470 personas recibieron las vacunas. Inicialmente se dio a conocer una  lista de 487 vacunados, donde se presentaban  nombres repetidos. El caso, llamado por los medios como el #VacunaGate, está en investigación en el Congreso, la Fiscalía y el Ministerio de Salud. 

A mediados de febrero último en la Argentina, se generó un escándalo por la declaración  del periodista Horacio Verbitzky, quien contó en una radio que había sido vacunado en el Ministerio de Salud luego de llamar al entonces ministro de Salud, Ginés González García. Esto generó la renuncia del ministro y la publicación de la lista de personas que se habían vacunado de manera irregular. A raíz de esto, se hicieron públicas varias denuncias sobre otras irregularidades en el proceso de vacunación en el país, como la denuncia por vacunación de personal no esencial en las localidades de Henderson y Chivilcoy, en la Provincia de Buenos Aires, Argentina. 

Por otro lado, existen denuncias en al menos 12 estados de Brasil de políticos, empresarios y funcionarios públicos que recibieron dosis de la vacuna CoronaVac sin formar parte de los grupos prioritarios definidos por los gobiernos federal y estatal. También se conocieron denuncias por casos en los que se aplicaron vacunas “de aire”, es decir vacías, a personas mayores. Todavía se está investigando si estos hechos fueron negligencias por parte del personal médico o si existen otras razones.

Otro país donde se conocieron irregularidades fue Chile, que tiene el mayor porcentaje de personas vacunadas de la región. Con la publicación de los datos sobre las personas vacunadas se hizo pública que, hasta la fecha, se vacunaron 116 mil personas que  corresponden a la "población sana" (es decir, que no pertenecen a los grupos prioritarios), lo que no respeta los calendarios de vacunación establecidos. Varias de estos casos se dieron en municipios que decidieron adelantar la vacunación de grupos no prioritarios como deportistas y trabajadores de ferias libres, entre otros. El Ministerio de Salud de Chile advirtió sumarios sanitarios para las entidades administradoras que incumplan con el calendario, y reiteró el llamado a los alcaldes y a la población en general de vacunarse en las fechas que corresponde.

Por otra parte, en México no se han confirmado casos irregulares de vacunación de líderes políticos o a sus familias, aunque hubo algunos casos (ver acá y acá) de directores de hospitales que se saltearon las filas de vacunación y  supuestas irregularidades reportadas por el personal médico sobre  "personal no prioritario" que ha sido inmunizado antes que algunas otras personas que sí se encuentran en la primera línea.

Algo parecido ocurrió en Bolivia donde hasta ahora no hay denuncias de vacunación a líderes políticos pero sí se investigan al menos 9 casos de médicos y trabajadores administrativos de hospitales que incluyeron en las listas de vacunación a familiares o personas que no estaban en el grupo priorizado en los primeros lotes, destinados al personal de salud y adultos mayores con enfermedades de base (ver acá, acá y acá).

“Las distintas denuncias por vacunación irregular muestran que prevalecen dos fenómenos a los cuales debemos combatir: por una parte vimos prácticas de privilegio con lógicas de amiguismo y de conducta arbitraria en la asignación de un bien que es absolutamente preciado en este momento, y del que depende la salud de las personas, por lo cual hay que reforzar allí una definición del proceso de vacunación siempre basado en la igualdad”, explicó a Chequeado Joaquín Caprarulo, abogado y coordinador del Programa Apertura del Poder Judicial y Acceso a la Justicia de la organización argentina ACIJ. 

“Por otro lado, tampoco hay que fomentar un proceso de vacunación que esté basado en la competencia desigual por el acceso a los turnos: es fundamental que el proceso de vacunación garantice que todas las personas, también de aquellas que no cuentan con acceso a internet o con los conocimientos para hacerlo, puedan acceder a los turnos en condición de igualdad”, continuó Caprarulo y agregó que “tenemos que garantizar que en todos los casos la vacunación sea hecha atendiendo sobre todo a los sectores más vulnerabilizados, y garantizando una distribución plenamente igualitaria, sin privilegios y sin condiciones de competencia que favorezcan y se monten en condiciones de discriminación estructural”. 

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Martes, 05 Mayo 2020

Explicador: qué es el Decreto 538 y por qué los médicos están inconformes con esta norma

Por Laura Rodríguez Salamanca

El Gobierno lo emitió el 12 de abril para dar directrices al sector salud para enfrentar la pandemia. Pero varios de sus artículos han sido criticados. Aquí lo explicamos en detalle.

El 17 marzo el presidente Iván Duque, a través del Decreto 417, declaró un “Estado de Emergencia Económica, Social, y Ecológica en todo el territorio nacional” debido a la emergencia por el nuevo coronavirus COVID-19. Como dijimos en otro explicador, el Estado de Emergencia es uno de los tipos de Estados de Excepción que contempla la Constitución. Y esta última figura, en términos sencillos, le permite al presidente manejar al país en tiempos de crisis y le otorga la facultad excepcional de expedir decretos con fuerza de ley sin la aprobación del Congreso de la República. 

Con dichas capacidades, que se mantienen por un término de 30 días inicialmente [aunque pueden extenderse hasta por 90 días durante un mismo periodo de gobierno], el presidente ha emitido otros decretos para dar directrices sobre el manejo de la emergencia sanitaria desde diferentes sectores. Uno de los más comentados y criticados es el Decreto 538 del 12 de abril de 2020, “por el cual se adoptan medidas en el sector salud, para contener y mitigar la pandemia de COVID-19 y garantizar la prestación de los servicios de salud”. 

Con ayuda de varios expertos en la materia, nos dimos a la tarea de resumir el contenido del decreto, especialmente aquellas medidas que atañen a los prestadores de servicios, el personal y la financiación del sector salud. 

Además, consultamos las razones por las que dicha norma ha generado tanto descontento en las organizaciones de trabajadores de la salud; las lagunas o interrogantes que consideran que deja la norma y las recomendaciones que se le han hecho al Gobierno Nacional para modificar o reglamentar algunas de las medidas que se decretaron.

¿Cuáles son las medidas? 


El Decreto 538 tiene 29 artículos, que se dividen en cuatro capítulos. El primero está dedicado a las medidas para garantizar o ampliar la capacidad de prestación de servicios de salud. El segundo se dedica a las medidas para el talento humano en salud: médicos, enfermeras, etc. El tercer capítulo se enfoca en las fuentes de financiación de la emergencia sanitaria para el sector salud. Y el cuarto solo presenta un par de disposiciones finales, así que no profundizaremos en este último.  

Ampliación de los servicios de salud 

Simplificar es la palabra clave para entender este capítulo. Como explica Carlos Díaz, tesorero de la Federación Médica Colombiana, “el decreto hace una serie de flexibilizaciones para que las instituciones que ya hacen parte del grupo de prestadores de salud del país puedan ampliarse o modificarse de manera transitoria para darle prioridad a otros servicios que vayan más en la línea de atender a los pacientes que resulten infectados con COVID-19”. 

Así, como dice el decreto, se les permite “adecuar temporalmente un lugar no destinado a la prestación de servicios de salud dentro o fuera de sus instalaciones. Reconvertir o adecuar un servicio de salud temporalmente para la prestación de otro servicio no habilitado. Ampliar la capacidad de un servicio habilitado. Prestar servicios en modalidades o complejidades diferentes a las habilitadas. Y prestar otros servicios de salud no habilitados”. Todo eso, solo con la autorización de la secretaría de secretaría de salud departamental, distrital o las direcciones territoriales de salud, que debe responderse, a más tardar, cuatro días calendario después de recibir la solicitud. 

Esta norma también abre las puertas para que se puedan contratar servicios de promoción y prevención tanto con entes públicos como privados. Así mismo, autoriza la gestión centralizada de las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) y las Unidades de Cuidados Intermedios (UCIM) desde los Centros Reguladores de Urgencias, Emergencias y Desastres de cada departamento o distrito. “Desde allí se podrán coordinar no solamente el uso de esas unidades, sino la distribución o la capacidad instalada que puedan brindar”, agrega Díaz. 

Así mismo, en este capítulo del decreto se elimina la autorización de las Entidades Promotoras de Salud (EPS) y otras entidades responsables por el pago de los servicios para la remisión de pacientes a servicios de mayor complejidad, y deja en manos del Ministerio de Salud el apoyo para el traslado de pacientes de un departamento a otro. Además, se ordena a los prestadores de salud implementar plataformas tecnológicas con estándares básicos de audio y video para atender, por ejemplo, la consulta externa a distancia. 

Finalmente, se decreta la entrega de recursos del Ministerio de Salud y las entidades territoriales a instituciones de salud públicas, privadas y mixtas que apoyen la atención de pacientes con COVID-19 para la compra de camas, equipos y otros insumos. Sin embargo, como explica Díaz, “en el caso de las instituciones privadas, los equipos se convertirán en propiedad del ente territorial en el que están ubicados”. 
 

Recurso humano en salud 

El segundo capítulo inicia con el artículo 9, que quizás es el que más ha causado indignación en el país. Con contadas excepciones, ordenaba: “todo el talento humano en salud en ejercicio o formación, estará preparado y disponible y podrá ser llamado a prestar sus servicios, para reforzar y apoyar a los prestadores de salud del país. El acatamiento a este llamado será obligatorio”.

Sin embargo, debido al rechazo que generó en organizaciones de la sociedad civil, del sector salud, sindicales y médicas, el 23 de abril, el Ministerio de Salud emitió la Resolución 628 para hacer reglamentar dicho llamado. 

En palabras de Carolina Corcho, médica, psiquiatra, magíster en Estudios Políticos y vicepresidenta de la Federación Médica Colombiana, “en días previos se venía insistiendo sobre la desprotección en la que se encuentra el personal de la salud en Colombia en cuanto a insumos de bioseguridad y sobre la precarización laboral. Por eso el artículo 9 generó tanta indignación. En la resolución emitida por el Gobierno ya no existe la obligatoriedad del llamado y dice que el personal se puede negar si no ve las condiciones y garantías para el ejercicio de sus profesiones. En eso avanza la resolución”. 

El decreto también autoriza medidas como la suspensión de la inscripción obligatoria de los profesionales en salud en el Registro Único Nacional del Talento Humano en Salud (Rethus), que es un sistema que tiene la información de los profesionales que cumplen con los requisitos para ejercer en el sistema de salud, durante la emergencia sanitaria. Esto permitiría agilizar la inserción laboral de los recién graduados.  

Además, se decreta un reconocimiento económico (por una única vez) al “talento humano en salud que preste sus servicios a pacientes con sospecha o diagnóstico de coronavirus COVID-19, incluidos quienes realicen vigilancia epidemiológica”.

Luego, en el artículo 13, se eliminan los requisitos para incluir como enfermedad directa a la COVID-19 dentro de las enfermedades laborales para los trabajadores del sector salud. Esto incluye “al personal administrativo, de aseo, vigilancia y de apoyo que preste servicios en las diferentes actividades de prevención, diagnóstico y atención de esta enfermedad”. 

Este último detalle es importante. Según Carlos Díaz, “quienes generaron el decreto no han tomado en cuenta que esto puede ser excluyente, porque si a mí, como trabajador de la salud, me da COVID-19 y no demuestro que estaba atendiendo pacientes con esa enfermedad, no puedo demostrar que es una enfermedad laboral. Y hacerlo es muy difícil, por ejemplo, para los conductores de ambulancias, las cocineras y los médicos auditores porque tenemos un subregistro enorme de diagnóstico. De hecho, tenemos reportes de que las ARL están tratando de sacarle el cuerpo al reconocimiento de las incapacidades”. 

¿Cómo se va a financiar la emergencia?

Muchas de las medidas anteriores, si no son todas, requieren partidas presupuestales para su ejecución. En la tercera parte del decreto, específicamente a partir del artículo 15, se explican las fuentes de financiación. Para detallar cada una de ellas, consultamos a Bernardo Carvajal, profesor de Derecho Público de la Universidad Externado de Colombia. 

“De manera general, la mayoría de estos artículos agregan puntos a leyes preexistentes en el sistema general de salud para insertar una normas especiales en donde se autorice el uso de esos dineros para atender también a la pandemia. Además, se tienden a flexibilizar algunos requisitos, trámites y controles que usualmente se exigen para el manejo de los recursos”, nos explicó. 

De ese modo, como dice el profesor Carvajal, se ampliaron las competencias de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) para el manejo de los recursos de la pandemia. 

Así, la ADRES podrá pagar la UPC (Unidad de Pago por Capitación), que es valor que reconoce el Estado para cubrir el Plan Obligatorio de Salud (POS), de los afiliados al régimen contributivo que pierdan el empleo durante la emergencia sanitaria. También, podrá comprar cartera (deuda) de las EPS y compensarla con deuda que éstas tengan con hospitales y clínicas. 
 
Así mismo, ADRES podrá pagar los recobros (dinero que le debe el Estado a las EPS por la prestación de servicios por fuera del POS) directamente a los hospitales y clínicas con las que las EPS tengan deudas. Y, quizás el punto más importante de todos, “se autoriza a ADRES para administrar los diferentes recursos que el Gobierno Nacional logre conseguir y destinar para atender la emergencia”, dice Carvajal.  

¿Y de dónde se va a conseguir plata? Por ejemplo, el Decreto 538 autoriza al Ministerio de Hacienda a hacer operaciones de deuda pública (emisión de bonos del tesoro) para cofinanciar el pago de los recobros del régimen subsidiado y darle más recursos al sistema. 

Se autoriza el uso de los saldos a favor del corte de  2019 de las cuentas maestras de salud pública colectiva, que son administradas por ADRES, para componentes específicos del manejo de la pandemia como la promoción de buenos hábitos para evitar el contagio y el monitoreo epidemiológico. Esto aplica tanto a nivel nacional como para manejar las cuentas maestras a nivel territorial. 

Así mismo, se está autorizando a tomar recursos de la subcuenta ECAT (que cubre el costo de las atenciones a víctimas de accidentes de tránsito y de eventos catastróficos y terroristas) para atender la pandemia. 

Por otra parte, el decreto autorizó a alcaldes y gobernadores para cambiar la destinación de rubros de los presupuestos sin la aprobación del Concejo municipal o la Asamblea Departamental para asignarlos al sector de la salud. “Este es un poder enorme”, explica Carvajal, “pero el decreto hace una salvedad lógica, que es no poder modificar los recursos que ya se había presupuestado para la salud”. 

Le puede interesar: Decreto 444 ¿En qué se traducen las medidas económicas contra el coronavirus?

¿Qué dudas deja el decreto?

En palabras de Sergio Morales Barreto, abogado, integrante del Grupo Justicia, Ámbito Público y Derechos Humanos de la Universidad de La Sabana [sus opiniones no representan a esta institución educativa], “este tipo de decretos salen con una regulación muy general y deben desarrollarse mediante resoluciones posteriores. Pero el 538 tiene vacíos importantes sobre el inicio de la aplicación de la norma que deberían ser resueltos rápidamente. Varias medidas, casi que la habilitación de todo el decreto, están condicionadas a la “alta demanda”.

Este concepto, que se encuentra en el artículo cuatro del decreto, es fundamental para que los Centros Reguladores de Urgencias, Emergencias y Desastres -CRUE-, puedan asumir el control de la “oferta y disponibilidad” de camas de Unidades de Cuidados Intensivos y de camas de Unidades de Cuidados Intermedios y, además, se haga el llamado al “talento humano en salud” para que ayude con sus servicios.

Sin embargo, actualmente, existen diferentes posiciones sobre cómo delimitar este concepto, ya que en el decreto no se explica si se debe tener en cuenta el número total de casos, los pacientes que se encuentran en UCI o si se debe hacer sobre el número de camas de las Unidades de Cuidado Intensivo o de Cuidado Intermedio disponibles antes de la pandemia. Establecer este concepto de manera adecuada es fundamental para hacer el llamado al “talento humano en salud” de manera mucho más razonable.

¿Cuáles son las críticas de los médicos?

Desde la Federación Médica Colombiana consideran que el decreto contempla aspectos positivos, como la centralización de la coordinación de las Unidades de Cuidados Intensivos e Intermedios. Pero consideran que muchas de las otras medidas son inconvenientes, y poco claras y efectivas. 

“Ni la resolución (628) ni el decreto resuelven de manera concreta el problema de la entrega de insumos de bioseguridad. Legalmente es reponsabilidad de las ARL apoyar a las clínicas y hospitales en ese tema, pero hay una realidad y es que las clínicas y hospitales están quebrados por una deuda histórica de más de 15 billones de pesos, que no se resuelve con las acciones que están tomando. Además hay una especulación de precios en los productos”, dice Carolina Corcho

Por su parte, Carlos Díaz opina: “hay que resolver varios asuntos de fondo como los problemas de contratación ilegal y de tercerización laboral de alrededor de 350.000 trabajadores de la salud que tienen que trabajar en dos o tres instituciones a la vez”.
 

¿Qué se recomienda al Gobierno?

Por una parte, el 13 de abril, 31 organizaciones de la sociedad civil, sindicales y médicas, hicieron una carta explicándole al Gobierno nueve propuestas para resolver los anteriores asuntos “de manera concreta, soluble y viable, porque sabemos que los problema de la salud son muy profundos y no se van a resolver de un día para otro”, dice Carolina Corcho. Y la radicaron en el Congreso el 14 de abril.

 

Por la otra parte, todas las fuentes que consultamos coinciden en que la emisión del decreto fue tardía. Varias creen que debió hacerse tan pronto se confirmó el primer caso de COVID-19 en el país, el 6 de marzo, porque muchas de las medidas [por ejemplo, la ampliación de la capacidad y la prestación de servicios a través de telemedicina] requieren preparación. 

Ahora, recomiendan que el Gobierno reglamente lo más pronto posible las medidas emitidas en el decreto. “Hay una serie de artículos que sí requerirían una aplicación inmediata porque después no va a alcanzar el tiempo”, explica el profesor Carvajal. Y Carolina Corcho agrega: “necesitamos hechos, estamos contra el reloj”. 

Además, todas nuestras fuentes recomiendan fortalecer los mecanismos de control, porque por estos días se requieren más ojos que nunca cuidando los recursos públicos. “A pesar de que el decreto no lo mencione, sería indispensable que la Superintendencia u organismos de control como la Contraloría tuvieran un esquema de vigilancia priorizada o especial en vista de que se flexibiliza la capacidad de disponer de los recursos (...) Claramente genera preocupación que se están abriendo una cantidad de recursos, pues el sector salud se ha distinguido por una mala ejecución en la mayoría de los casos”, concluye Carvajal. 
 

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