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Viernes, 05 Agosto 2022

El Comité de Seguimiento es un compromiso pactado en el Acuerdo de Paz

Por Pilar Puentes Espinosa, especial para Colombiacheck

El pasado 28 de junio, en el teatro Jorge Eliecer Gaitán, se conocieron los nombres de los siete integrantes del Comité de Seguimiento a las recomendaciones para la no repetición del conflicto. Cuáles y cómo se escogieron sus integrantes y el alcance del mismo. Algunas claridades en este explicador.

Algunos de los cuestionamientos acerca del Comité de Seguimiento del informe final de la Comisión de la Verdad, llegaron hace algunos días cuando la columnista Salud Hernández, publicó una columna llamada ‘La Comisión, la oposición y la desvergüenza’ en la que afirmó qué, “lo que solo debería ser un documento para el estudio y debate social, la llamada Comisión de la Verdad lo eleva a categoría de cuasiobligatorio cumplimiento al ceder al citado Comité de Seguimiento la responsabilidad de presionar a los Gobiernos y denunciar incumplimientos. Es decir, siete NN tendrán un poder equiparable a cargos de elección popular sin haber sido votados por nadie” (sic). 

Por esta razón en Colombiacheck dejamos algunas claridades sobre la creación del Comité y cómo fue el proceso de selección

El Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, firmado entre la extinta guerrilla de las FARC y el gobierno del entonces presidente, Juan Manuel Santos en 2016, estipuló la creación del Comité de seguimiento y monitoreo a la implementación de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad, como se ve en el punto 5.1.1.10 de dicho documento. 

“Se creará un comité que entrará en funcionamiento una vez se haya publicado el Informe Final. Este comité estará integrado por representantes de distintos sectores de la sociedad, incluyendo organizaciones de víctimas y de derechos humanos, entre otras”, se lee en la página 136 del Acuerdo Final.  

Este Comité existe desde la misma creación de la Comisión de la Verdad, bajo el Decreto 588 de 2017. En el artículo 23, del mismo Decreto, se explica en el numeral 11 que una de las funciones de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad será “reglamentar el procedimiento para la composición, designación, funcionamiento y duración del Comité de Seguimiento”. 

Fue así que mediante la Resolución 019 del 29 de abril de 2022 se reglamentó el procedimiento para la composición del Comité. Primero, el pleno de los comisionados realizó tres sesiones durante marzo, abril y junio para tomar decisiones en lo relacionado con la reglamentación del Comité de Seguimiento y Monitoreo a la Implementación de las Recomendaciones. 

Como lo muestra el artículo 5 de la Resolución se estipuló el mecanismo de selecciones, en la que los comisionados eligieron a siete personas. Se hizo a través de un procedimiento cerrado de postulación por parte de los comisionados. “Para ello, se tuvo en cuenta la necesidad de que comité fuera plural, y en esa medida recoja la visión de distintos sectores, poblaciones y de los territorios, y su composición garantice la equidad de género”, como reza el documento. 

Además, los seleccionados debían cumplir con una experiencia probada en: “1.compromiso con la construcción de paz, 2. Capacidad de incidencia política. 3. Conocimiento y experiencia sobre los asuntos relacionados con los objetivos y mandato de la Comisión. 4. Capacidad de comprensión, experiencia y análisis de las dinámicas territoriales y poblacionales y los enfoques diferenciales”. 

Fue así que escogió a cuatro mujeres y a tres hombres, que no podían ser  parte del pleno de los comisionados. El equipo que formaron los comisionados ha trabajado, la mayor parte  de su vida, en los territorios buscando la paz. En el proceso hubo una condición y es que representantes del Gobierno o de otras entidades del Estado no podían integrar esta instancia. Cada miembro actúa a título personal, incluyendo a quien ejerce la presidencia del Comité de Seguimiento. 

La Comisión de la Verdad hizo público el anuncio de la conformación del Comité en la presentación del Informe Final.

En su página web publicó los perfiles de quienes estarán haciendo seguimiento a las recomendaciones de la Comisión entre los que están el director de Caribe Afirmativo Wilson Castañeda, Marco Romero Silva, director de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, CODHES; Esther Marina Gallego, coordinadora de Ruta Pacífica de las mujeres; Armando Wouriyu Valbuena, secretario de la Instancia Especial del Alto Nivel de los Pueblos Étnicos; Julia Eva Cogollo, líder afro de la Ruta Cimarrona del Caribe; Dorys Ardila Muñoz, exiliada y miembro del Consejo Nacional de Paz, Reconciliación y Convivencia y Claudia Calero, presidenta de Asocaña.  (ver perfiles).

Uno de los escogidos fue el presidente de la organización Caribe Afirmativo, Wilson Castañeda, que le dijo a Colombiacheck que lo llamó el comisionado De Roux para preguntarle si estaba dispuesto a conformar el comité por los próximos siete años. “Cuando el padre me llamó y me dijo que estaban evaluando mi hoja de vida y si quería participar en la convocatoria le dije que sí. Días antes de la entrega del Informe recibí, nuevamente, una llamada para confirmar que había sido escogido”, afirmó Castañeda. 

A los demás integrantes del Comité también recibieron esas dos llamadas que les confirmaba su puesto para monitorear las recomendaciones hechas por la Comisión. 

Según la resolución bajo la cual fue creado, el Comité de Seguimiento y Monitoreo funcionará siete años a partir de su entrada en funcionamiento, la duración de esta instancia fue definida por el pleno de comisionadas y comisionados. 

La operación de esta instancia está garantizada con los recursos del Presupuesto General de la Nación y la entidad que recibirá la asignación para entregarla al Comité será la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, a través de la Secretaría técnica del Comité, la cual fue formada bajo la misma Resolución 019 de 2022

La financiación también será por donaciones públicas o privadas para el desarrollo de las funciones y de aportes que provengan de Cooperación Internacional.  

Los integrantes de esta instancia, según el artículo 4 parágrafo 1, de la Resolución 019 de 2022, “se les reconocerá honorarios por la asistencia a cada sesión de trabajo, equivalente al salario diario de un director/a de la Comisión durante el último año de su funcionamiento, con un incremento anual, en proporción al crecimiento del IPC promedio nacional certificado por el DANE”. 

 

¿Cuáles serán las funciones del Comité de Seguimiento?

Según lo que determinó en pleno de los Comisionados en las sesiones y que quedó posteriormente plasmado en la Resolución que determina la forma de escogencia del comité, su duración y sus funciones se determinó, en el artículo 8, que durante los siguientes siete años deberán: 

 

  • Aprobar una metodología de seguimiento y monitoreo y, con base en ésta, promover la implementación de las recomendaciones.
  • Publicar informes semestrales, de seguimiento y monitoreo a las recomendaciones que incluyan la evaluación de los avances y dificultades encontradas, así como las gestiones realizadas. Los informes deberán contar con un enfoque territorial, nacional y de los colombianos en el exilio, y un enfoque diferencial y de género. De considerarlo necesario, el Comité podrá rendir informes sobre temáticas específicas relacionadas con su objetivo, previa aprobación por parte de sus integrantes.
  • Difundir ampliamente sus informes semestrales, tanto en medios de comunicación nacionales y regionales, como en otros sectores relevantes para que tengan incidencia.
  • Definir y desarrollar una estrategia de relacionamiento, interlocución e incidencia con las diferentes entidades, sectores, poblaciones y organizaciones, incluyendo especialmente a las organizaciones de víctimas y derechos humanos para el seguimiento y monitoreo de las recomendaciones.
  • Definir su propio reglamento.
Jueves, 30 Junio 2022

Estas son las diferencias entre la JEP y la Comisión de la Verdad

Por Pablo Navarrete

Tras la publicación del Informe Final del conflicto armado en Colombia, han surgido confusiones frente a la labor que la JEP y la CEV, como componentes del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, desarrollan. Aquí dejamos algunas claridades.

La Jurisdicción Especial de Paz (JEP), la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad (CEV) y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas son los tres pilares que conforman uno de los ejes claves en el  Acuerdo para la construcción de una paz estable y duradera, firmado en noviembre de 2016 entre la otrora guerrilla de las Farc EP y el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos.

En Colombiacheck creemos que es fundamental aclarar las diferencias que hay entre la JEP y la CEV, pues, aunque ambas son entidades públicas constituidas luego de la firma del mencionado acuerdo de paz, funcionan de manera autónoma y tienen un mismo propósito: poner en el corazón de la discusión nacional a las víctimas a través de la mayor satisfacción posible de sus derechos.

Estas son entidades que ocupan un lugar y tienen una función fundamental para aportar ampliamente a los procesos de verdad, justicia, reparación y no repetición, tal vez por eso, siempre se presentan confusiones respecto a la labor de cada una de ellas. Acá les explicamos:

¿La Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad puede juzgar?

No. La CEV es un organismo extrajudicial. Es decir, no juzga, no señala, ni otorga en su informe final responsabilidades individuales a los actores que participaron en la multiplicidad de escenarios que emergieron durante el conflicto armado colombiano, como lo indicó la senadora María Fernanda Cabal en su cuenta de Twitter en mayo de este año. 

Ella aseguró que en el informe final de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad “Lo único que vamos a sacar son acusaciones y señalamientos contra el Estado colombiano, para decir que era un Estado genocida, que asesinó a campesinos pobres a lo largo y ancho del país”.

 

 

Eso no es exacto, pues el componente judicial del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición es la JEP. De ahí, que tiene la tarea de generar un abanico de caminos para que las víctimas del conflicto puedan acceder a los mecanismos de la justicia colombiana para hacer valer sus derechos y empezar un proceso de sanación integral.

¿Cuál es la diferencia entre la JEP y la CEV?

Para comprender mejor la diferencia que hay entre la JEP y la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, acudimos a Mayra García, docente e investigadora en Derechos Humanos y Justicia Transicional. Ella señaló a Colombiacheck que “la JEP es la única entidad judicial que debe investigar y juzgar todas aquellas conductas que se hayan cometido con ocasión y a causa del conflicto armado antes del 1 de diciembre de 2016”. 

Precisó además que “Allí se juzgan excombatientes de las Farc EP, miembros de la Fuerza Pública, agentes del estado y civiles que también hayan participado. La CEV no tiene en su competencia investigar ni adelantar procesos judiciales, ni tiene capacidad sancionatoria, su objetivo central se centra en la memoria histórica y garantizar el derecho de las víctimas para saber la verdad de lo ocurrido y buscar promover las experiencias de convivencia en otros territorios para garantizar que no vuelva a ocurrir los hechos que se vivieron en el conflicto”.  

Además, en su mandato, la Comisión busca promover el reconocimiento voluntario de responsabilidades individuales y colectivas como contribución a la no repetición, estimulando de esa manera el señalamiento social de los hechos acontecidos en los escenarios de guerra. 

¿Cuál es la tarea de la JEP y cuál es la tarea de la CEV?

A diferencia de la CEV, la Jurisdicción Especial de Paz tiene como meta construir una apertura de escenarios de escucha y reivindicación del papel y del testimonio de las víctimas, como piedra angular del proceso de paz, a partir de tres componentes: esclarecer, juzgar y sancionar a quienes son responsables de hechos victimizantes en el marco del conflicto armado colombiano. 

De acuerdo con el acto legislativo Número 1 de 2017, por medio del cual “se crea un título de disposiciones transitorias de la Constitución para la terminación del conflicto armado y la construcción de una paz estable y duradera” el plazo que tiene la JEP para la conclusión de sus funciones “consistentes en la presentación de acusaciones por la Unidad de Investigación y Acusación, de oficio o como consecuencia de las resoluciones de la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y Determinación de los Hechos y las Conductas, de 10 años contados a partir de la entrada efectiva en funcionamiento de la totalidad de salas y secciones de la JEP, y un plazo posterior de 5 años más para concluir su actividad jurisdiccional, plazo este último que de ser necesario podrá ser prorrogado mediante ley, para concluir su actividad, a solicitud de los magistrados de la JEP”. 

Precisa además dicho acto legislativo que “el plazo para recibir informes por la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y Determinación de los Hechos y las conductas será de 2 años desde que se haya constituido la totalidad de las salas y secciones de la JEP y podrá prorrogarse por la misma Sala hasta completar un periodo máximo de 3 años, salvo causa excepcional debidamente motivada en la que el plazo podrá ser moderadamente extendido por la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y Determinación de los Hechos y las Conductas”. 

Esos periodos son superiores al mandato de la CEV que también comenzó en el 2018 y cuya temporalidad fue decretada por 3 años, y posteriormente alargada por la Corte Constitucional de Colombia por 7 meses más, a razón de los obstáculos que trajo consigo la pandemia del COVID- 19.

Así, la Comisión terminó su mandato el 27 de junio de este año y tiene ahora el reto de socializar hasta el 27 de agosto todo el contenido del informe final. 

 

¿Quiénes pueden participar en la JEP?

Víctimas en Colombia y en el exterior. Organizaciones de la sociedad civil y entidades del Estado Colombiano. 

 

¿Quiénes participaron en la Comisión de la Verdad?

Instituciones y cualquier persona de Colombia que haya tenido interés en contribuir al esclarecimiento de la verdad de los hechos acaecidos en el conflicto armado colombiano. La participación de quienes estuvieron presentes en la CEV se hizo a través de informes, testimonios individuales y testimonios colectivos.

Es importante mencionar que también, 5 expresidentes de Colombia contribuyeron, con sus respectivas versiones, al relato que construyó la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad en su informe final: César Gaviria Trujillo (1990-1994), quien centró su versión en la Constituyente de 1991, el narcotráfico, la guerra integral y la apertura económica.  

También acudió Ernesto Samper Pizano (1994 - 1998) se presentó 3 veces ante la Comisión de la Verdad. Andrés Pastrana Arango (1998-2002), en su versión habló de temas relacionados con la política de paz, el narcotráfico y la dimensión internacional del conflicto armado.  

Por su parte, Álvaro Uribe Vélez,    (2002-2006. 2006-2010) habló acerca de los ‘Falsos positivos’, el movimiento paramilitar en Colombia y las Convivir. 

Por último, Juan Manuel Santos Calderón, (2010-2014. 2014-2018) versó su participación en la Comisión acerca de las ejecuciones extrajudiciales, entre otros temas neurálgicos en la historia del conflicto. 

 

¿Cómo contribuyeron las víctimas en cada entidad?

En la JEP, lo hacen a través de informes para aportar a los casos que ya están en curso o suministrando información que pueda contribuir a la apertura de nuevos casos. En este momento, en la JEP, hay 7 macrocasos en curso: 

El caso número 1, denominado “Retención ilegal de personas por parte de las Farc-EP. El caso 2, profundiza en las graves violaciones a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario en los territorios de Tumaco, Ricaurte y Barbacoas, “que fueron cometidas por las FARC-EP, la Fuerza Pública y terceros”. El caso 3 investiga “los asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado”.

El cuarto caso profundiza en la situación territorial de la región de Urabá en el marco del conflicto. El quinto caso “Prioriza situación territorial en la región del norte del Cauca y el sur del Valle del Cauca”. El sexto se centra en la victimización de miembros de la Unión Patriótica (UP) y, por último, el séptimo, tiene como objeto de investigación “Reclutamiento y utilización de niñas y niños en el conflicto armado”.

En la CEV, la información suministrada por las víctimas tuvo como objetivo aportar al esclarecimiento de lo sucedido en el marco del conflicto para tejer, a través de los testimonios e información suministrada, una explicación pública a través del informe final del conflicto con el fin de intentar comprender los sucesos que le dieron origen a la guerra en Colombia. 

 

¿Qué hace la JEP con la información recibida? 

Investigar y sancionar a responsables de violaciones de derechos humanos, Derechos Internacional Humanitario o que hayan cometido crímenes de lesa humanidad y tiene como base una estructura de reclusión diferenciada. Según lo indica la página de Función Pública, el mencionado sistema tiene, entre otras, las siguientes características: 

-Para quienes reconozcan su responsabilidad de manera temprana por los delitos más graves, las sanciones serán de restricción efectiva de la libertad de 5 a 8 años. Será un sistema de restricción de la libertad bajo un régimen de vigilancia y control pero con un grado de flexibilidad que permita el cumplimiento de las funciones reparadoras y restaurativas de las sanciones, como contribuir al desminado o a la sustitución de cultivos.

-A quienes reconozcan su responsabilidad tardíamente, se les impondrá una sanción que será una pena privativa de la libertad de entre 5 y 8 años, que deberá ser cumplida en el régimen de reclusión ordinario.

-Quienes no reconozcan su responsabilidad y sean declarados culpables por el Tribunal para la Paz, que en todo caso deberán cumplir con las condiciones acordadas, serán condenados a pena privativa de la libertad de hasta 20 años que deberá ser cumplida bajo el régimen de reclusión ordinario.


¿Qué buscaba la CEV con la recopilación de información?

Construir un informe en el que residiera la memoria colectiva de la guerra en Colombia para contribuir al esclarecimiento de lo ocurrido y así encaminarse hacia el necesario reconocimiento social del conflicto. 

De acuerdo con el artículo 12 del decreto 588 de 2017 por el que se organizó la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, “En el marco de la estrategia de relacionamiento de la CEV ésta podrá suscribir contratos, convenios y/o protocolos de acceso a información con cualquier tipo de organización o institución nacional o internacional de derecho público o privado, incluyendo organizaciones de víctimas y de derechos humanos, nacionales o extranjeras, pudiendo establecer las condiciones de confidencialidad que fueren necesarias para su adecuado uso y para la protección de las personas mencionadas en ella”. 

Entonces, al acogerse al cumplimiento de confidencialidad, la CEV no pudo otorgar información a la JEP para cuidar las identidades de quienes prestaron sus testimonios para la realización del informe, pero la JEP sí podía compartir información con la CEV. 

 

¿Por qué es igual de importante el componente de verdad y memoria colectiva al componente judicial?

Frente a esto, Colombiacheck habló con Carolina Ardila Behar, doctora en Ciencias Políticas y experta en asuntos de memoria histórica, según ella, tal relato colectivo aportado por la Comisión es un “ejercicio valioso, porque en el marco de la memoria histórica, nosotros no solamente pensamos en una reconstrucción de los hechos, sino en la comprensión del pasado para poder asimilar nuestro presente, y así cambiar nuestro futuro. A partir de la redignificación de las víctimas y de la comprensión de los fenómenos  y procesos de violencia, podemos reconfigurar nuestras nuevas pautas sociales y nuestros nuevos ejes de actuación, y de esa manera generar una transformación frente a los ciclos de violencia que se han vivido en Colombia”. 

Así pues, a diferencia de la JEP, la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad es un mecanismo que brinda pistas para aprender a cortar las raíces de los procesos de violencia, y construir entre todos un nuevo comienzo.