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Viernes, 05 Agosto 2022

El Comité de Seguimiento es un compromiso pactado en el Acuerdo de Paz

Por Pilar Puentes Espinosa, especial para Colombiacheck

El pasado 28 de junio, en el teatro Jorge Eliecer Gaitán, se conocieron los nombres de los siete integrantes del Comité de Seguimiento a las recomendaciones para la no repetición del conflicto. Cuáles y cómo se escogieron sus integrantes y el alcance del mismo. Algunas claridades en este explicador.

Algunos de los cuestionamientos acerca del Comité de Seguimiento del informe final de la Comisión de la Verdad, llegaron hace algunos días cuando la columnista Salud Hernández, publicó una columna llamada ‘La Comisión, la oposición y la desvergüenza’ en la que afirmó qué, “lo que solo debería ser un documento para el estudio y debate social, la llamada Comisión de la Verdad lo eleva a categoría de cuasiobligatorio cumplimiento al ceder al citado Comité de Seguimiento la responsabilidad de presionar a los Gobiernos y denunciar incumplimientos. Es decir, siete NN tendrán un poder equiparable a cargos de elección popular sin haber sido votados por nadie” (sic). 

Por esta razón en Colombiacheck dejamos algunas claridades sobre la creación del Comité y cómo fue el proceso de selección

El Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, firmado entre la extinta guerrilla de las FARC y el gobierno del entonces presidente, Juan Manuel Santos en 2016, estipuló la creación del Comité de seguimiento y monitoreo a la implementación de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad, como se ve en el punto 5.1.1.10 de dicho documento. 

“Se creará un comité que entrará en funcionamiento una vez se haya publicado el Informe Final. Este comité estará integrado por representantes de distintos sectores de la sociedad, incluyendo organizaciones de víctimas y de derechos humanos, entre otras”, se lee en la página 136 del Acuerdo Final.  

Este Comité existe desde la misma creación de la Comisión de la Verdad, bajo el Decreto 588 de 2017. En el artículo 23, del mismo Decreto, se explica en el numeral 11 que una de las funciones de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad será “reglamentar el procedimiento para la composición, designación, funcionamiento y duración del Comité de Seguimiento”. 

Fue así que mediante la Resolución 019 del 29 de abril de 2022 se reglamentó el procedimiento para la composición del Comité. Primero, el pleno de los comisionados realizó tres sesiones durante marzo, abril y junio para tomar decisiones en lo relacionado con la reglamentación del Comité de Seguimiento y Monitoreo a la Implementación de las Recomendaciones. 

Como lo muestra el artículo 5 de la Resolución se estipuló el mecanismo de selecciones, en la que los comisionados eligieron a siete personas. Se hizo a través de un procedimiento cerrado de postulación por parte de los comisionados. “Para ello, se tuvo en cuenta la necesidad de que comité fuera plural, y en esa medida recoja la visión de distintos sectores, poblaciones y de los territorios, y su composición garantice la equidad de género”, como reza el documento. 

Además, los seleccionados debían cumplir con una experiencia probada en: “1.compromiso con la construcción de paz, 2. Capacidad de incidencia política. 3. Conocimiento y experiencia sobre los asuntos relacionados con los objetivos y mandato de la Comisión. 4. Capacidad de comprensión, experiencia y análisis de las dinámicas territoriales y poblacionales y los enfoques diferenciales”. 

Fue así que escogió a cuatro mujeres y a tres hombres, que no podían ser  parte del pleno de los comisionados. El equipo que formaron los comisionados ha trabajado, la mayor parte  de su vida, en los territorios buscando la paz. En el proceso hubo una condición y es que representantes del Gobierno o de otras entidades del Estado no podían integrar esta instancia. Cada miembro actúa a título personal, incluyendo a quien ejerce la presidencia del Comité de Seguimiento. 

La Comisión de la Verdad hizo público el anuncio de la conformación del Comité en la presentación del Informe Final.

En su página web publicó los perfiles de quienes estarán haciendo seguimiento a las recomendaciones de la Comisión entre los que están el director de Caribe Afirmativo Wilson Castañeda, Marco Romero Silva, director de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, CODHES; Esther Marina Gallego, coordinadora de Ruta Pacífica de las mujeres; Armando Wouriyu Valbuena, secretario de la Instancia Especial del Alto Nivel de los Pueblos Étnicos; Julia Eva Cogollo, líder afro de la Ruta Cimarrona del Caribe; Dorys Ardila Muñoz, exiliada y miembro del Consejo Nacional de Paz, Reconciliación y Convivencia y Claudia Calero, presidenta de Asocaña.  (ver perfiles).

Uno de los escogidos fue el presidente de la organización Caribe Afirmativo, Wilson Castañeda, que le dijo a Colombiacheck que lo llamó el comisionado De Roux para preguntarle si estaba dispuesto a conformar el comité por los próximos siete años. “Cuando el padre me llamó y me dijo que estaban evaluando mi hoja de vida y si quería participar en la convocatoria le dije que sí. Días antes de la entrega del Informe recibí, nuevamente, una llamada para confirmar que había sido escogido”, afirmó Castañeda. 

A los demás integrantes del Comité también recibieron esas dos llamadas que les confirmaba su puesto para monitorear las recomendaciones hechas por la Comisión. 

Según la resolución bajo la cual fue creado, el Comité de Seguimiento y Monitoreo funcionará siete años a partir de su entrada en funcionamiento, la duración de esta instancia fue definida por el pleno de comisionadas y comisionados. 

La operación de esta instancia está garantizada con los recursos del Presupuesto General de la Nación y la entidad que recibirá la asignación para entregarla al Comité será la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, a través de la Secretaría técnica del Comité, la cual fue formada bajo la misma Resolución 019 de 2022

La financiación también será por donaciones públicas o privadas para el desarrollo de las funciones y de aportes que provengan de Cooperación Internacional.  

Los integrantes de esta instancia, según el artículo 4 parágrafo 1, de la Resolución 019 de 2022, “se les reconocerá honorarios por la asistencia a cada sesión de trabajo, equivalente al salario diario de un director/a de la Comisión durante el último año de su funcionamiento, con un incremento anual, en proporción al crecimiento del IPC promedio nacional certificado por el DANE”. 

 

¿Cuáles serán las funciones del Comité de Seguimiento?

Según lo que determinó en pleno de los Comisionados en las sesiones y que quedó posteriormente plasmado en la Resolución que determina la forma de escogencia del comité, su duración y sus funciones se determinó, en el artículo 8, que durante los siguientes siete años deberán: 

 

  • Aprobar una metodología de seguimiento y monitoreo y, con base en ésta, promover la implementación de las recomendaciones.
  • Publicar informes semestrales, de seguimiento y monitoreo a las recomendaciones que incluyan la evaluación de los avances y dificultades encontradas, así como las gestiones realizadas. Los informes deberán contar con un enfoque territorial, nacional y de los colombianos en el exilio, y un enfoque diferencial y de género. De considerarlo necesario, el Comité podrá rendir informes sobre temáticas específicas relacionadas con su objetivo, previa aprobación por parte de sus integrantes.
  • Difundir ampliamente sus informes semestrales, tanto en medios de comunicación nacionales y regionales, como en otros sectores relevantes para que tengan incidencia.
  • Definir y desarrollar una estrategia de relacionamiento, interlocución e incidencia con las diferentes entidades, sectores, poblaciones y organizaciones, incluyendo especialmente a las organizaciones de víctimas y derechos humanos para el seguimiento y monitoreo de las recomendaciones.
  • Definir su propio reglamento.
Lunes, 01 Agosto 2022

¿De dónde salió la cifra de 6402 ejecuciones extrajudiciales?

Por Andrés Felipe Carmona B. especial para Colombiacheck

El número de víctimas de los mal llamados 'falsos positivos' fue revelado por primera vez en febrero del 2021 por la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP: Sin embargo, en redes sociales algunos se la atribuyen a la Comisión de la Verdad. En este explicador dejamos detalles.

La revelación de los primeros capítulos del informe final de la Comisión de la Verdad han generado una serie de confusiones sobre las funciones, la metodología de investigación que se llevó a cabo, la información en él consignada e incluso los alcances jurídicos que esta entidad, creada tras el Acuerdo de Paz de 2016, tiene.

Y uno de los más recurrentes es el que tiene que ver con la cifra de 6402 ejecuciones extrajudiciales, en redes sociales como Twitter algunos usuarios publicaron mensajes que le atribuyeron a la entidad la cifra de 6402 ejecuciones extrajudiciales en el país por hechos del conflicto armado ocurridos entre 2002 y 2008.

Otros la desvirtuaron al indicar que la Jurisdicción Especial de Paz, JEP, tiene otras estadísticas al respecto, pese a que esa entidad fue la que reveló por primera vez, el número el 12 de febrero de 2021, en un documento judicial.

Una de las figuras más prominente en esta cadena de desinformación es la del ex candidato presidencial, Enrique Gómez Martínez, quien escribió el siguiente trino el 30 de junio pasado a las 7:09 a.m.: “la mitología es lo que impera en la Comisión de la Verdad. A la fecha de hoy, ante la JEP de los excesos operativos o llamados falsos positivos, no hay más de 800 casos radicados. Sin embargo, se empeñan en la cifra falsa de 6.402. Esa construcción es mentira tras mentira”.

Su tuit estuvo acompañado de un video de 4:02 minutos con la intervención que Gómez Martínez hizo en Semana TV durante un debate sobre “las polémicas detrás del final de la Comisión de la Verdad”, llevado a cabo el día de la presentación del informe final y en el que participó junto a Carlos Antonio Velásquez, militar de la reserva, y Guillermo Rivera, exministro del Interior. 

En ese espacio también volvió a mencionar la cifra de 6402 para desestimar el dato al decir que “en el caso lamentable de excesos operacionales, que se han hecho llamar ‘falsos positivos’, ahí el país entero cabalga sobre la mitología de las 6402 víctimas. Hoy no hay más de 800 casos que se hayan radicado ante la JEP en los que hayan víctimas, es decir, una persona que haya fallecido por los excesos operacionales y esas acciones ilegales, ilegítimas y ajena a la estructura operacional de la fuerza pública”.

En Colombiacheck ya verificamos como falsas las afirmaciones hechas por Gómez, en este chequeo titulado: Es falso que casos de ‘falsos positivos’ que investiga la JEP sean solo 800, como dijo Enrique Gómez.

Pues encontramos que “el análisis de Gómez deja varias preguntas y encontramos que el excandidato, con sus intervenciones, desconoce información que la misma Fiscalía ha presentado a la justicia transicional y a la Corte Penal Internacional sobre la magnitud del fenómeno de ‘falsos positivos’; indica conocer información del proceso de Justicia y Paz, donde no caben este tipo de investigaciones; y minimiza su interpretación a lo que expertos consideran busca referirse a las acreditaciones ante la JEP. Por eso, calificamos sus aseveraciones como falsas”.

 

 

Sin embargo, Enrique Gómez Martínez no fue el único en Twitter que mencionó la cifra en el contexto de la discusión sobre el informe final publicado por la Comisión de la Verdad, también lo hicieron los tuiteros @hppinotauro y @churchil1955.

El primero de ellos publicó, sin dar el crédito a Enrique Gómez, exactamente lo que el excandidato presidencial había dicho en el trino anteriormente citado: “La mitología es lo que impera en la Comisión de la Verdad. A la fecha de hoy, ante la JEP de los excesos operativos o llamados falsos positivos, no hay más de 800 casos radicados. Sin embargo, se empeñan en la cifra falsa de 6.402. Esa construcción es mentira tras mentira”.

El segundo usuario escribió la publicación:  “Hoy tuve la oportunidad de asistir a la entrega del “Informe de la verdad”; en la ciudad de Medellin. Se mencionaron los supuestos 6.402 falsos positivos, pero de los más de 230 mil soldados y policías de la patria asesinados, hubo un silencio doloroso. “Comisión de la Verdad?” 

Las citas de la cifra en los dos trinos anteriores, así como el del excandidato presidencial, son falsas si se tiene en cuenta que el dato de 6.402 ejecuciones extrajudiciales no es autoría de la Comisión de la Verdad, entidad que citó a la JEP en su informe final al mencionar la estadística. 

 

Los orígenes de la cifra 6.402 

La cifra citada en los mensajes de Twitter, y pronunciada también en el ‘live’ de la revista Semana por Enrique Gómez Martínez, tiene orígenes en la JEP y que vale la pena explicar para aclarar que no es un hallazgo nuevo del informe final de la Comisión de la Verdad sino que fue producto un cruce de informaciones que hizo la Jurisdicción Especial en el Caso 03.

El número de cuatro dígitos es citado dos veces en la primera entrega del informe final de la Comisión de la Verdad, CEV, y desde la primera mención le atribuyen la autoría de la estadística a la JEP, que reveló por primera vez el número 6.402 en el Auto 033 del 12 de febrero de 2021 en el que hizo pública la priorización del Caso 03 sobre “muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado” (nombre cambiado posteriormente por la entidad a ‘Asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como bajas en combate por agentes del Estado’).

Es importante explicar que la CEV y la JEP funcionan de manera independiente y hacen parte del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición junto a la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas.  Cada una cumple un rol en el esclarecimiento de lo que durante décadas ha sucedido en el conflicto armado colombiano para tratar de acercarse a la verdad histórica, judicial y humanitaria de los efectos de la guerra, como lo explicamos en este artículo titulado: Estas son las diferencias entre la JEP y la Comisión de la Verdad.

Tras el acto de socialización del informe final de la Comisión de la Verdad, cuyas entregas se han hecho de manera paulatina desde el 28 de junio pasado, en Twitter algunos usuarios han hecho referencia a la cifra de 6.402 en mensajes que contienen discusiones en torno al informe final de la CEV, entidad creada mediante el Acto Legislativo 01 de 2017 y el Decreto 588 de 2017 para contribuir al esclarecimiento del conflicto armado.

 

¿En qué documento de la JEP fue dado a conocer al país la cifra de 6.402?

Se trata del AUTO No. 033 del 12 de febrero de 2021 que fue divulgado mediante comunicado de la Jurisdicción Especial el 18 de febrero de ese mismo año. En el boletín se informa que el “proceso de contrastación de información” incluyó cuatro bases de datos que fueron cruzadas para obtener que “por lo menos 6.402 colombianas y colombianos fueron víctimas de muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate entre 2002 y 2008. El 66 % del total nacional de víctimas se concentró en 10 departamentos, incluidos todos los territorios priorizados durante dicho periodo”.

 

¿Cómo surgió la cifra de 6.402?

En el documento de 43 páginas, firmado por cinco magistrados de la ‘Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y determinación de los hechos y conductas’,  la JEP explica que se llegó al dato de 6.402 tras el “ejercicio de análisis, depuración y unificación de las cifras contenidas en los informes remitidos a la Sala de Reconocimiento sobre MIPCBC (Muertes Ilegítimamente Presentadas Como Bajas en Combate por agentes del Estado) por parte de la Fiscalía General de la Nación, el Centro Nacional de Memoria Histórica y la Coordinación Colombia Europa-Estados Unidos”. Leer pie de página de hoja 6 del Auto 033 de 2021.

 

¿Qué explicó la JEP?

La ‘Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y determinación de los hechos y conductas’ informó en el Auto 033 de 2021 que el trabajo adelantado por los magistrados mostró que “una vez identificados, depurados y unificados los registros duplicados en las bases de datos, se encontró que en total se registran 6.402 víctimas únicas de muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate entre 2002 a 2008”, esto durante el mandato presidencial de Álvaro Uribe Vélez.

En la página 12 del Auto 033 la JEP explica que Antioquia registró el 25 % del total de víctimas a nivel nacional de 2002 a 2008. “Es decir, casi una cuarta parte del total nacional. El año de mayor victimización en este departamento es el año 2004. Por su parte, el departamento del Meta concentra el 6% del total de la victimización registrada durante 2002 a 2008, siendo el año 2007 el de mayor victimización”. 

 

¿La estadística de 6.402 es definitiva y concluyente?

No. La Jurisdicción Especial para la Paz dejó claro en el documento que la estadística presentada es un universo provisional de hechos que hacen parte del análisis del Caso 03, que está dividido en seis subcasos: Antioquia, Costa Caribe, Meta, Norte de Santander, Huila y Casanare, zonas escogidas a partir de la contrastación de la información entrega a la JEP por entidades gubernamentales, la sociedad civil y los comparecientes, que para febrero de 2021 eran 388 que habían entregado versión a la Jurisdicción en 442 sesiones. 

En el documento difundido hace dos años el alto tribunal indicó que los informes que sustentan la cifra de 6.402 son objeto de contrastación constante por parte de la Sala de Reconocimiento, por lo que no es exacto que se llegue a afirmar que es una estadística final e inmodificable. “Esta cifra (6.402) está siendo constantemente actualizada, incluyendo los nuevos hechos identificados a raíz de las versiones voluntarias y los datos provenientes de la Justicia Penal Militar, algunos de los cuales han sido recaudados por la Sala por medio de inspecciones judiciales y otros han sido remitidos por esa Jurisdicción”, se lee en el Auto 033 de 2021. 

 

¿De qué manera es mencionada la cifra de 6.402 en los informes revelados por la Comisión de la Verdad?

La Comisión en el informe ‘Hallazgos y recomendaciones’, de 896 páginas, cita en las páginas 147 y 544 la cifra de 6.402 víctimas de ejecuciones extrajudiciales entre 2002 y 2008. 

La mención es para atribuirle a la JEP el dato de que el fenómeno se registró en 31 departamentos del país y que pese a que existe un subregistro de años anteriores, el periodo de 2002 a 2008 “agrupa el 78 % del total de las ejecuciones extrajudiciales de las que hay registro en el periodo comprendido entre 1978 y 2016 (8.208 personas asesinadas en ese tipo de acciones)”. 

 

¿En lo entregado hasta ahora por la Comisión de la Verdad se indica que hay más de 6.402 víctimas?

Sí. La CEV ha planteado en el informe de ‘Hallazgos y recomendaciones’ una variación de la cifra de 6.402 al hacer referencia a que entre 1978 y 2016 hubo 8.208 casos de personas asesinadas por agentes del Estado y presentadas como dadas de baja en combates. De ese número, ha indicado la entidad, el 78 % de los sucesos tuvieron lugar entre 2002 y 2008.