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Lunes, 12 Noviembre 2018

El hospital que atiende a los heridos por minas en el Catatumbo

Por Karen Lorena Rodríguez Carreño

Por años, los pasillos del hospital de Ocaña han sido testigos silenciosos del flagelo que ha afectado para siempre a más de 700 personas en los 11 municipios del Catatumbo. En esta caótica región, según cifras del Comité Internacional de la Cruz Roja, este año se cuadruplicó el número de afectados por artefactos explosivos con relación al año anterior.

Bibiano Angarita lleva 28 años al servicio de la medicina. Ha atendido a tantos pacientes en su vida que ya perdió la cuenta de cuántos han sido. Pocos, sin embargo, lo han marcado tanto como una niña de 12 años que resultó herida con una mina antipersonal. “Nos preguntaba por su chanclita. Ella no había dimensionado que había perdido la pierna”, recuerda él con la voz entrecortada.

Angarita, de 55 años, es enfermero jefe de urgencias del hospital Emiro Quintero Cañizares. Se trata de la Empresa Social del Estado más próxima a los 11 municipios que conforman la convulsa región del Catatumbo, por lo que se ha convertido en el punto obligatorio de llegada para quienes son afectados con las ondas explosivas generadas por las minas o con los materiales con que a veces las rellenan, que van desde clavos hasta materia fecal.

El Emiro Quintero Cañizares, cuyo origen es un hospital de caridad fundado por la Diócesis en 1891 en Ocaña (Norte de Santander), es la institución de segundo nivel más importante del Catatumbo. Sus corredores llenos de camillas, enfermos, rostros demacrados, ruidos de monitores, llantos, quejidos y olores penetrantes de medicamentos, alcohol y desinfectantes son parte del panorama en el que médicos y enfermeros se desenvuelven para tratar de salvar las vidas de sus pacientes.

Según estadísticas oficiales, Norte de Santander es el quinto departamento del país donde más víctimas civiles han causado las minas. Y para quienes tienen que tomar decisiones sobre los cuerpos de estas víctimas en el hospital de Ocaña, la tarea nunca es fácil. “Su nombre era Said, un campesino humilde que se levantaba muy temprano para trabajar en el campo en una pequeña finca ubicada en el corregimiento de San Pablo, zona rural de Teorama”, cuenta el doctor Adrián Rojas, líder del área de urgencias del Emiro Quintero Cañizares, sobre el paciente que más lo ha impactado.

El médico, de 32 años, relata que, el día del accidente, el labriego cambió su ruta habitual para llevarle enseres a un hombre anciano de pocos recursos. El nuevo camino escondía una mina, que se activó a su paso. “Intentó pararse y caminar, pero se fue al piso. Le tocó arrastrarse dos horas hasta llegar a un sitio donde un señor lo ayudó, en una hamaca improvisada fue trasladado hasta el hospital de San Pablo y la ambulancia lo trajo hasta nuestra institución. Yo fui auxiliar en su cirugía. Él me pedía agua, pero no podía darle, no podía tomar nada… Perdió el miembro inferior derecho”.

En casos como el de Said, las mutilaciones frecuentemente son el destino que corren las víctimas de las minas. Muchas personas ni siquiera alcanzan a llegar vivas al hospital, pero sobre ello no hay estadísticas concretas o información en el hospital más allá de las que publica periódica y escuetamente la Dirección para la Acción Integral contra Minas Antipersonal, despacho que depende hoy de la Alta Consejería Presidencial para el Posconflicto.

Cada año, el personal del Emiro Quintero Cañizares se capacita en reanimación cardiopulmonar avanzada y atención en trauma. Además, la Cruz Roja lo asesora en manejo de traumas por minas. Y aunque el objetivo es salvar vidas, muchas veces los galenos de turno se encuentran en callejones sin salida. El doctor Rojas recuerda que hace pocos meses llegó un paciente con la lesión más compleja que ha debido presenciar en sus dos años como médico líder de la Unidad de Urgencias.

“Era un hombre de escasos 20 años. La onda explosiva le dañó toda la pared abdominal y sus órganos quedaron en el exterior, no había piel. El paciente llegó vivo, pero falleció luego de 24 horas por todo el daño y porque estos artefactos llevan vidrios, clavos e incluso materia fecal, lo que produce una sepsis (infección generalizada), que es una respuesta inflamatoria de todo el organismo y lleva a la muerte por más tratamiento médico que se suministre”.

Incluido este caso, según el propio hospital de Ocaña, en lo corrido del año la institución ha tratado a 19 pacientes heridos con minas. Desde 1990, cuando el Estado colombiano empezó a contabilizar las víctimas de estos artefactos en el país, en los 11 municipios del Catatumbo se han registrado en promedio 25 víctimas cada año. Hasta la fecha, 703 en total. Lo más grave es que el 77% de esos accidentes se produjeron entre 2017 y 2018, es decir, después de que las Farc depusieran sus armas.

Los datos proporcionados por el Comité Internacional de la Cruz Roja generan preocupación. Según el organismo, en este año se cuadruplicó el número de afectados por artefactos explosivos en comparación con 2017, lo que incluye minas, municiones sin explotar y hasta armas trampa. Una cifra que, además, se ha incrementado al tiempo que los cultivos de uso ilícito en el Catatumbo. Las cifras oficiales, en cambio, no indican un aumento tan notorio: 254 víctimas el año pasado, 292 este.

Entre esas estadísticas figura el nombre de Jesús Salazar. Tiene 65 años, es oriundo de San Calixto y se gana la vida en frente del hospital Emiro Quintero Cañizares vendiendo minutos de celular y ensaladas de frutas. Casi siempre está sentado, pues le falta una pierna y debe esforzarse el doble para mantenerse de pie. Le amputaron su miembro inferior izquierdo en 1999, luego de pisar una mina antipersonal en un accidente en el que dos amigos suyos perdieron la vida.

“Salí a buscar un ganado que se había perdido con dos muchachos conocidos míos cuando pisé un aparato de esos, la explosión fue tan grande que volé como tres metros y caí en un hueco. Comencé a gritar fuerte para que me escucharan, hasta que alguien me pudo auxiliar, perdí el sentido y cuando lo recobré habían pasado 14 días. Pregunté por mis acompañantes y me dijeron que habían quedado hechos pedazos”.

Jesús Salazar, víctima de mina antipersona

Foto: Jesús Salazar, víctima de mina antipersona

Las asesorías psicológicas también son fundamentales, pues muchos nunca superan el trauma del accidente. Rafael Sarabia, psicólogo del Emiro Quintero Cañizares, manifiesta que “pisar una mina deja un trastorno postraumático permanente. Son personas que quedan con alteraciones nerviosas y con la autoestima por el piso. Requieren mucho cuidado, de ellas hay que estar muy pendientes pues muchas pierden el sentido de vida e incluso pueden cometer actos suicidas”.

Sarabia trae a colación la experiencia de un paciente suyo: “Era un joven de 18 años que se fue a la zona del Catatumbo a trabajar en labores agrícolas para ayudar a su familia, su padre había sido asesinado y tuvo que asumir las riendas económicas de su hogar. El muchacho, infortunadamente, piso una mina. La lesión fue tan compleja que comprometió más arriba de la rodilla”.

Cuando la amputación es tan severa, explica el psicólogo, es poco viable la utilización de prótesis, pues es la rodilla la que da flexibilidad a la pierna para poderse mover. “La preocupación del muchacho era volver a caminar para estar en capacidad de trabajar y ayudar a su madre y a sus hermanos menores. El hecho le ocasionó una fuerte depresión, le encantaba bailar salsa y quedar postrado en una cama con una amputación fue traumático para él”.

En el Catatumbo, pese al acuerdo para la terminación del conflicto de 2016, la violencia no cesa. En esta región la paz pasó desapercibida, en su territorio siguen haciendo presencia organizaciones armadas ilegales como el ELN y disidencias de las desaparecidas guerrillas EPL y Farc. Humanicemos DH, organización de exguerrilleros de las Farc, está en el proceso de acreditación para hacer desminado humanitario, aunque no es claro aún si operaría en Norte de Santander.

Recursos congelados

Hospitales como el de Ocaña atienden a sus pacientes con recursos propios que luego les reembolsa la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres). Pero el flujo de recursos es lento y, según explica José Manuel Galeano, coordinador de primer nivel de la entidad, “hay una gran dificultad: los municipios deben conformar el Comité de Gestión del riesgo y hay muchos alcaldes que ni siquiera saben qué es. Es necesario que los mandatarios certifiquen estos eventos para poder cobrar los recursos, de no hacerlo quedan congelados”.

Adicionalmente, el Fosyga (Fondo de Solidaridad y Garantía del Sistema General de Seguridad en Salud) le adeuda al hospital cerca de $3 mil millones: casi la misma cantidad que la entidad ha invertido en los últimos años para pasar a convertirse en un centro médico de tercer nivel, lo que permitiría a los habitantes del Catatumbo acceder a especialidades que hoy solo ofrecen ciudades relativamente cercanas, como Bucaramanga o Cúcuta.

Un avance así beneficiaría a los miles de habitantes del Catatumbo, una región que continúa siendo azotada por la guerra. De acuerdo con el monitoreo más reciente de la ONU, en 2017 se detectaron más de 28.000 hectáreas de coca cultivadas en la zona, eso es más o menos 392 veces la superficie del estadio El Campín de Bogotá y corresponde al 16% de cultivos de uso ilícito en el país. Estas plantaciones son un botín apetecido por los grupos armados ilegales, que siguen encontrando en las minas un arma efectiva para proteger las matas de coca o para disuadir a la Fuerza Pública, con efectos devastadores en la población civil.

El Gobierno envió recientemente a la zona 5.000 militares que integran la Fuerza de Despliegue Rápido N°3 para recuperar la tranquilidad de la región, pero hace falta mucho más para que el Catatumbo sea el lugar soñado de sus habitantes. La falta de desarrollo evidencia un abandono estatal de décadas que solo puede ser suplido con inversión social y garantías para los campesinos, que merecen que de sus tierras emanen cosechas fructíferas y no explosiones de minas antipersonal.

 

Este trabajo fue elaborado con el apoyo de Consejo de Redacción y del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) en el marco de la edición 2018 del curso virtual Conflicto, violencia y DIH en Colombia: herramientas para periodistas. Las opiniones presentadas en este artículo no reflejan la postura de ninguna de las dos organizaciones

 

 

Sábado, 12 Agosto 2017

Comadreando se resiste la violencia en Buenaventura

Por Tatiana Navarrete

Paso a paso y sin hacer mucha bulla, las mujeres del puerto han creado una red de confianza para desenterrar las violencias que pasan inadvertidas a los ojos de las autoridades.

Son las nueve de la mañana y el calor húmedo se hace cada vez más intenso en el puerto de Buenaventura. Faltan dos horas para el estreno de la obra de teatro de la ‘Red Mariposas’ y las comadres no paran de reír. Cada carcajada es más fuerte que la otra.

“Mija, déjate de risas que tú tienes el papel de la violada”, grita la mujer que está a cargo del ensayo. Pero las risas continúan.

La dramatización de una violación por parte de hombres de un grupo armado será la excusa para explicar la ruta de atención. La pieza teatral resume lo que las denunciantes viven en Buenaventura: amenazas de las bandas, vecinos que culpan a la víctima –por cómo estaba vestida– y funcionarios que desacreditan las denuncias.

Aunque todas han vivido la violencia en carne propia, es la primera vez que actúan y están nerviosas. Los diálogos se les olvidan y las risas se les escapan. Esa misma risa que se ha convertido en su terapia.

“Aunque esto es pan de cada día en Buenaventura, ustedes saben que cuentan con ‘las Mariposas’. Acuérdense que no están pidiendo favores, están reclamando sus derechos”, concluye la narradora de la obra ante un auditorio de por lo menos 30 mujeres.

La obra es solo una más de las decenas de actividades que la ‘Red Mariposas de Alas Nuevas Construyendo Futuro’ se ha ingeniado para extenderse con cautela por Buenaventura. En algunos barrios se han hecho famosas por sus comadreos, como le llaman a las reuniones de mujeres.

En estos ‘las Mariposas’ buscan a jovenes y adultas para contarles qué es el autocuidado, cómo hacerse un examen de seno y cómo usar las plantas medicinales para tratar enfermedades. Pero cuando van ganando confianza comienzan a hablar de la violencia física, psicológica y económica que se vive en el Puerto. Asesoran sobre las rutas legales y les prestan apoyo psico-espirtual a quienes hayan sido maltratadas.

Los comadreos son además un intento por destruir la falsa creencia que la violencia debe quedarse de puertas para adentro. Por eso, las han llamado sapas, desocupadas, destruye hogares y hasta pervertidas. Insultos que no se toman a la ligera, no en Buenaventura.

Pues cada paso tiene que ser analizado con detalle, porque no a todos los jefes de las bandas les gusta su trabajo y hay barrios a los que les han impedido la entrada. “Las cosas están prendidas bajo el agua y acá todo el mundo tiene su padrino, sino es de un grupo, es de la Policía”, cuenta a VerdadAbierta.com una mujer que ha trabajado activamente durante diez años en los barrios del puerto. “Yo creo que, si nos visibilizáramos mucho, no existiríamos”.

Y es que Buenaventura no ha sentido la calma de un proceso de paz que se implementa con las Farc, ni los diálogos que lentamente avanzan con el ELN. En el puerto mandan las bandas que nacieron luego de una fallida desmovilización paramilitar: ‘La empresa’ y ‘El Clan del Golfo’ (también llamados ‘Gaitanistas’ o ‘Urabeños’) se dividen los barrios.

“En ese momento el territorio le pertenece a los paramilitares. A los que no permiten hacer reuniones sin autorización, a los que no dejan entrar a los barrios a ciertas horas. Es que si una persona es desconocida la desaparecen”, explicó la líder.

A esto se suman las decenas de desplazados que siguen llegando desde la zona rural de Buenaventura y del vecino departamento del Chocó, donde el ELN y los ‘Gaitanistas’ se enfrentan para quedarse con los territorios que han dejado las Farc. (Ver: Grupos armados ilegales y ausencia del Estado incendian el sur de Chocó)

A finales de 2016 se organizó un torneo de futbol entre los grupos, o los ‘del cuento’ –como los llaman todos en Buenaventura–, donde se rumora que las bandas pactaron el desmonte de algunas fronteras invisibles. Desde otras regiones estaban llegando nuevos miembros a las bandas y, como no conocían los barrios, muchos fueron asesinados por equivocarse de cuadra.

Sin embargo, esta tregua no tuvo un efecto sobre los maltratos que a diario viven las mujeres.

Armas que controlan las vidas y los cuerpos

Para develar dichas violencias, entre octubre y noviembre de 2016 la red ‘Mariposas’ aplicó una encuesta, en conjunto con la Casa de la Mujer. Los resultados, que aún no son públicos, son desoladores.

“Al comienzo todas nos decían: ‘No, a mí nunca me ha pasado nada’”, recuerda una de las encuestadoras, “pero cuando se daban cuenta de que nosotras también sabemos lo que es vivir con miedo, que también nos han matado a nuestros hijos y esposos, que también nos han golpeado, ahí nos hicimos comadres”.

Todo comienza cuando son menores. En algunos colegios del puerto se han descubierto redes de prostitución. Donde los mismos niños son contratados como proxenetas, “son pelados de 12 años que les dicen “necesitamos unas niñas así y así”, entonces comienzan con gastarles en el recreo e invitarlas a cine”, explica otra de las encuestadoras. “Son niñas, pero también niños, a los que convencen con un nuevo celular o con un pantalón de tal marca”. El dinero recolectado va directo a las arcas de las bandas.

Otra situación viven las mujeres –sobretodo menores– que son “elegidas” por el jefe ‘del cuento’. Este es uno de los mayores temores de las madres, pues como si se tratara de un supermercado, el delincuente escoge a una mujer para obligarla a ser su pareja. “Es como si esa niña le perteneciera, entonces las tienen vigiladas”, cuenta una líder de Buenaventura que en su adolescencia vivió esa tragedia. “Me tuve que encerrar casi un año en mi casa, porque el señor no me permitía ni salir del barrio, incluso si iba con mi mamá. Me salvé solo porque lo mataron”, detalla.

Hoy estas mujeres tienen ‘campaneros’ que las persiguen y mantienen a los jefes ‘del cuento’ al tanto de sus movimientos, lo que hace imposible que ellas se acerquen a la Fiscalía a poner cualquier tipo de denuncia. “Solo pueden ir del colegio a la casa y de la casa al colegio”, relata una líder comunal.

Las parejas de los jefes de las bandas –sean obligadas o no– sufren todo tipo de violencia que no se denuncia. ‘Las Mariposas’ encontraron casos aterradores: una mujer a la que su esposo le quemó el pecho por usar escote, otra a la que su marido agarró del pelo y arrastró por todo el barrio, unas que han sido obligadas a realizarse operaciones estéticas en contra de su voluntad y varias mujeres que deben a pagarle la mitad del sueldo a su pareja.

“Hay un control real de la vida y de los cuerpos de las mujeres”, concluye una de las líderes de la Red Mariposas, “pueden planificar solo cuando les digan. Si quedan en embarazo sin autorización, las obligan a abortar”. Hay casos también de menores teniendo varios hijos, porque su novio “no sabe cuánto va a durar y quiere que lo recuerden”.

Cansadas de esta situación, decenas de adolescentes han tenido que salir de Buenaventura hacia Cali o Bogotá. Incluso algunas han huido a otros países como Chile o Ecuador. Sin embargo, varias han muerto asesinadas antes de lograr su huida. Es tal el peligro para ellas, que la casa de acogida que la ‘red Mariposas’ creó para ayudarlas, ni siquiera tiene letreros y pocos conocen su dirección.

Los resultados de esta encuesta son entonces una herramienta para contrarrestar la versión de algunas autoridades, como la Fiscalía, que ha dicho que la violencia contra las mujeres es sobretodo intrafamiliar.

“Este ejercicio nos mostró que las cosas no son tan simples. Que la violencia cometida por grupos no es denunciada, que a veces los mismos familiares son del grupo o son protegidos por los grupos”, dice una de las coordinadoras de la Red. Sus resultados serán presentados el 12 de septiembre en la Mesa Intersectorial de violencia contra las mujeres, integrada por autoridades locales y nacionales.

La violencia que sigue silenciada

Si en el casco urbano llueve, en la zona rural no descampa. La diferencia es que en algunas comunidades la verdad está más enterrada. “Falta mucho por trabajar. A las mujeres de mi resguardo, por lo menos, los maridos no las dejan salir porque dicen que la mujer se va a la ciudad a prostituirse y coger otros vicios, a muchas les prohíben salir, pero algunas desobedecemos”, cuenta una de las pocas mujeres indígenas que hace parte de la red.

Esta líder de su resguardo se ha atrevido a hablar en público sobre relaciones sexuales, algo que no está bien visto; ha cuestionado los matrimonios de niñas de 10 y 12 años y ha llamado por su nombre lo que denominan una “borrachera”, una violación que ocurre cuando las mujeres que han tomado alcohol están inconscientes. “Los maridos me dicen que quiero destruir las familias, pero las mujeres me escuchan”.

Por eso, la red está haciendo todo lo posible por seguir extendiéndose a la zona rural. Durante más de un año conversaron con varios resguardos para que permitieran la capacitación de quince mujeres indígenas que puedan convertirse también en líderes de su comunidad.

La situación más compleja la viven en este momento los pueblos ribereños del San Juan en zona rural de Buenaventura y en el sur del Chocó. Las comunidades indígenas y afro que allí habitan han sido testigos de la expansión de los ‘Gaitanistas’ y las disputas con el ELN por tener el control de los territorios como lo ha venido advirtiendo la Defensoría del Pueblo en sus informes del Sistema de Alertas Tempranas: hay comunidades confinadas por la instalación de minas antipersonales, menores vulnerables al reclutamiento forzado y desplazamientos masivos por miedo. (Ver: Informe del SAT)

De acuerdo con el Registro Único de la Unidad de Víctimas, entre 2016 y lo que va de 2017 se han registrado más de 21.000 personas desplazadas en el Valle del Cauca y Chocó.

En algunas comunidades el desplazamiento ha sido masivo. Así sucedió en el Consejo Comunitario de Cabecera, de la zona rural de Buenaventura, cuyos habitantes salieron al casco urbano del puerto después de que el ELN entrara a la vecina comunidad de Carrá y asesinara a cinco jóvenes de una misma familia el pasado 25 de marzo.

Las 38 familias de la comunidad llevan cuatro meses viviendo en el coliseo de Buenaventura esperando que las cosas se calmen para poder retornar. En toda la mitad del coliseo, casi detrás de la cesta de baloncesto, está pegado un mapa que dibujaron de su pueblo, en compañía de varias organizaciones gubernamentales. Justo en la orilla del río San Juan dibujaron un aviso que dicen “ruta para violencia sexual”.

“Es que ese río se volvió la maldad, por ahí nos llegaron todos los males”, dice una de las mujeres del Consejo Comunitario mientras mira el mapa. Prefiere no dar detalles: “Nosotras nos cuidamos mucho entre todas, pero esa gente llegó haciendo de todo”.

Aunque es difícil aún medir el impacto de esta violencia, los primeros hallazgos confirman que las mujeres siguen siendo usadas como ‘botín de guerra’. “Allá había una muchacha que se ennovió con alguien de los paramilitares y la obligaron a salir, luego mataron a otras que eran novias de los guerrilleros. Eso pasa por igual si es con el ELN, con los paramilitares o con el Ejército”, dijo una de las líderes de Cabecera a VerdadAbierta.com

El más reciente informe de Human Rights Watch, encontró el caso de niñas de 12 años que han sido presionadas para convertirse en las parejas de los ‘Gaitanistas’. (Ver informe)

Este es el escenario al que se enfrentan las líderes sociales que a diario luchan en contra de discriminación y la violencia contra las mujeres. En este contexto viven y no están dispuestas a detenerse. Como lo resume una de las coordinadoras: “Acá pasan tantas cosas, pero nosotras, sin hacer mucha bulla, seguiremos extendiendo nuestras alas de Mariposa”.

* Esta investigación fue elaborada con el apoyo de Consejo de Redacción, la Embajada de Suecia y la Organización para las Migraciones (OIM) para el proyecto CdR/Lab Con Enfoque.
**Esta investigación fue publicada originalmente en Verdad Abierta.
***Los nombres de las personas y de los barrios no han sido revelados para no exponer a las ‘Las Mariposas’, ni a las víctimas que decidieron hacer pública su historia.