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Sábado, 12 Agosto 2017

La resistencia femenina en Barrancabermeja

Por Myriam Bautista

En un espacio machista y en donde predominan los varones, las mujeres que forjaron la Organización Femenina Popular, OFP, se ganaron un sitio de privilegio en el que se dialoga y discute con ellas con respeto y admirando sus acciones. Es el mejor ejemplo de una agrupación feminista que no solo es femenina.

Nacieron como un Club de Amas de Casa, por allá en los años setenta, con la bendición y auspicio de la pastoral social de la Iglesia Católica. Sus maridos, los “verracos” santandereanos, no les armaron tropel. Con el paso de los años y ya sin la férula de los curas, muchos de los “guapos” esposos elevaron la voz al comienzo, pero por los favores recibidos para todo el núcleo familiar, la bajaron y se convirtieron en cómplices de la Organización Femenina Popular, OFP, ya que socios no pueden ser.

Organización mítica y emblemática dentro de los movimientos sociales de Colombia por haber nacido en el más importante y beligerante puerto petrolero: Barrancabermeja; por haber resistido al embate de grupos de ultraderecha, de extrema izquierda, de sectores institucionales armados y desarmados y, a la toma del paramilitarismo a finales de los años 90 y comienzos de la década del 2000.

Pero, sobre todo, por ser un grupo que reúne mujeres de estratos uno y dos, muchas de las cuales llegan sin saber leer ni escribir, sin tener ninguna idea sobre las agremiaciones y sin que la socialización haya sido una de sus competencias y, con el correr de los años, algunas se hacen liderezas, casi todas adquieren confianza en sí mismas y se vuelven referentes en su comunidad y en su familia. Pasan de la nada al todo.

Hoy, 45 años después de ese recordado 20 de julio de 1972, cuando un grueso porcentaje de sus actuales 1.600 socias, no había siquiera nacido, la totalidad de mujeres entrevistadas, una veintena, declara que su vida cambió gracias a esa Organización que les dio la posibilidad de salir de las cocinas de sus humildes viviendas, traspasar la puerta de su casa para ir a reuniones periódicas en las que siempre aprenden algo.

En donde se conocen mejor y conversan con las vecinas sobre la situación del país y de su comunidad; en las que se ríe un poquito, se sufre otro poco y siempre se canta el himno que escribieron entre todas y al que nunca le pusieron música.

Sin que medie ocasión especial este himno se entona con el ritmo que imponga la que tenga mejor voz y cante más duro. Lo que más se oye es su estribillo que dice: Compañera despierta, despierta compañera a la conquista de tus derechos. Para muchas de ellas tiene el mismo significado que la Internacional Comunista para los obreros de izquierda del mundo entero.

Se hace camino

Los sacerdotes Floresmiro López, Nel Beltrán y Eduardo Díaz, de la parroquia del Señor de los Milagros, comprometidos con la Teología de la Liberación, les propusieron a un grupo de barranqueñas, ante el deterioro de la situación económica, organizarse para aprender algún oficio que pudiera volverse fuente de ingreso para aumentar sus magros presupuestos y, cómo no, para propiciar lugares de encuentros en los que las mujeres, sobre todo casadas y con hijos, pudieran contarse sus problemas, porque carecían de un espacio físico donde compartir con sus vecinas. Ellas, por su puesto, dijeron que sí.

En Barrancabermeja, como en casi todas las poblaciones del país, la gran mayoría de mujeres tenían tres opciones de vida: ser solidarias monjas, abatidas amas de casa o prósperas prostitutas. Para saber más sobre la vida y milagros de las trabajadoras sexuales de Barranca, leer la novela “La Novia Oscura” de Laura Restrepo.

En los Clubes de Amas de Casa la gran mayoría de asociadas confesó que no optaba por ninguna de esas opciones de vida. Sabían que su apuesta era complicada, pero se la jugaron. Muchas ganaron.

El cura Floresmiro López les propuso a algunas, a finales de los años setenta, entre ellas a Yolanda Becerra (ver recuadro), transformar esos Clubes en una organización de base de las tantas que las rodeaban como la Unión Sindicables Obrera, USO, que desde el comienzo fue su espejo, pero también su hermana en tantas y tantas luchas que han librado hombro con hombro.

La USO ha sido uno de los sindicatos más combativos y aunque tiene en sus filas algunas afiliadas mujeres, el grueso de su base son los obreros de Ecopetrol. A diferencia de otras organizaciones sindicales no han tenido nunca una dirección de mujeres o un espacio similar, tal vez por ello, han visto a la OFP como una hermana de sangre a la que cuidan y quieren.

En esas estaban

La OFP centró su trabajo en ofrecerles a las mujeres de Barrancabermeja, Puerto Berrío, San Pablo, Cantagallo y otras poblaciones de Santander del Sur y del Sur de Bolívar la posibilidad de alfabetizarse, de debatir sobre el embarazo de las adolescentes, el machismo y patriarcalismo de la región y sobre la construcción de alternativas laborales diferentes a la prostitución.

Esos temas eran atractivos para decenas de jóvenes y no tan jóvenes que oían a sus liderezas embelesadas. Nadie nunca les había hablado así. Por eso fueron crecieron como la espuma del contaminado río Magdalena y tuvieron que crear en los barrios populares de Barranca y en las poblaciones a donde llegaban, Casas de la Mujer que llenaban de afiches, carteleras con frases alusivas a la situación de las mujeres en la región o de mujeres “bravas” como la comunera Manuela Beltrán.

Estas casas pronto se convirtieron en espacios de encuentro no solo para las mujeres sino para su núcleo familiar porque la mayoría llegaba con sus hijos y hasta con maridos, novios y pretendientes. En los años noventa comenzaron a darse los desplazamientos internos que obligaron a replantear el mandato de la Organización.

Crearon las ollas comunitarias que hoy recuerdan con cariño más de dos generaciones. Eran grandes recipientes en donde se cocinaban sustanciosos sancochos, que quién lo creyera, se consumían bajo los 32 grados, temperatura promedio en esa tierra caliente, sin dejar ni una sola gota.

Para muchas familias ese sancocho era la única comida del día y para todas, el momento y sitio privilegiados para contarse en confianza y sin sospechar del interlocutor, lo que había pasado en su pueblo, en su vereda, las opciones de trabajo que se les presentaban, las diligencias que se tenían que hacer para acceder a servicios de salud, a un cupo en la escuela, en fin, el único lugar seguro para conversar sobre un futuro que se vislumbraba tan azaroso e incierto como su vida.

Fueron años en los que arreció la violencia paramilitar y en Barrancabermeja, como en muchas poblaciones del país, esa presencia se hizo avasalladora.

Crearon esos hombres de negro, armados hasta los dientes, manuales de convivencia: los jóvenes no podían llevar el pelo largo, porque los rapaban; ni aretes en las orejas, porque se las cortaban. Las mujeres acusadas de lesbianas o de organizadoras de las comunidades, eran llamadas y conminadas perentoriamente para que se fueran de la ciudad.

Establecieron muchas reglas que ellos mismos no cumplían, pero que propagaban para que su poder se sintiera hasta en el ámbito familiar y social.

Se tomaron las casas, sobre todo, las del Barrio Néstor Acuña, en Barranca, construido por la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, Anuc. Llegaban y les decían a los propietarios: ustedes se tienen que ir. Muchos de ellos entregaron las llaves y fueron a las notarías a pasarles las escrituras.

La OFP instauró, por este despojo, múltiples denuncias ante la Fiscalía, así como por el asesinato de varias personas y la desaparición de otras. No les creían. Las hacían llenar formularios y aportar pruebas para ellas imposible de allegar. Se convirtieron en expertas rescatadoras de los cuerpos sin vida que bajaban por el río. Y las Casas de Mujer en el lugar de refugio y acogida de muchos perseguidos.

La OFP considerada por los paramilitares como una agrupación de peligro, de extrema izquierda, fue atacada. Esperanza Amaris y Yamile Agudelo, dos liderezas sociales y Diafanol Sierra Vargas, uno de los colaboradores más asiduos, fueron asesinados. Una de las Casas de la Mujer fue destruida a punta de porra, pica y pala, por más de cuarenta hombres que no dejaron sino un pedazo de tubo, en una acción que duró más de seis horas, en una noche de ingrata recordación, en la que los vecinos rogaban que amaneciera porque estaba seguros que seguirían con sus viviendas.

A otra de las Casas de la Mujer en Barranca llegaron dos hombres que decían cumplir órdenes de El Gato y les dijeron a las mujeres que volverían en tres horas, necesitaban que se llevaran sus cosas y que les entregaran las llaves: convertirían esa casa en uno de sus comandos.

Las mujeres amenazadas lograron reunir unas veinte familias, alrededor de 80 personas, en esas dos horas que les fijaron para hacer el trasteo. Todo a punta de teléfono. Cuando llegaron los paras les dijeron que de ahí no se movían y que no les iban a entregar las llaves. Los hombres quedaron desconcertados y partieron por donde habían llegado a contarle a su jefe que las mujeres ya no estaban solas sino con todas sus familias y que no se iban a mover de ahí. No volvieron.

Iconos y símbolos

Corría el año de 1998 y estaban cerrando Barranca como si fuera una herradura. Los paras la vigilaban día y noche. Otros llegaron a Puerto Berrio. Se presentaron con la masacre del 16 de mayo. Asesinaron siete personas y desaparecieron veinticinco más.

A esta toma paramilitar, a sangre y fuego, las mujeres de las OFP respondieron con imaginación y echando mano de la simbología para esconder el miedo que se colaba por todas las rendijas de sus casas, de las de la organización y por todo su cuerpo.

Confeccionaron unas batas negras de algodón que hicieron su vestido para las marchas y manifestaciones. También las que utilizaban en los plantones que hicieron muchas veces alrededor de féretros vacíos cada vez que tenían noticia de que una compañera o un compañero había sido asesinado.

Los vecinos les daban a las mujeres de las OFP el pésame como si ellas fueran las madres, esposas, hermanas o parientes del asesinado.

Convirtieron, también, las llaves en el símbolo de la resistencia y se las colgaban alrededor del cuello o del techo de sus casas, con sus nombres, para que quedará muy claro que esos espacios eran propiedad privada y que sus dueñas eran mujeres.

Compraban a diario flores amarillas que oponían a las armas de los agresores, como la señal de su lucha por la vida, por la alegría en medio de la tragedia.

Tejían con cintas de colores cadenas de cuatro a cinco cuadras para demostrar la unidad y para conversar mientras hacían esas figuras diversas, para espantar el terror en que vivían.

Esa simbología aumentó su prestigio y, en muchos casos, impidió la desbandada que se dio en todas las organizaciones. No solo hubo éxodo de personas, porque muchas cambiaron de residencia, sino el que se dio porque las mujeres optaron por abandonar la Organización, considerando que, si se quedaban haciendo parte de ella, su vida corría más peligro. De 7.000 socias quedaron reducidas a setecientas. Hoy ya han recuperado a muchas y son 1.416 las asociadas.

De todos modos, esos años de violencia las resquebrajo al interior de la organización y en su relación con otras organizaciones. Han tenido que probar, comprobar y remarcar que fueron violentadas. Más de un centenar de razones han encontrado, para que las reconozcan como víctimas del conflicto y sujetas a reparación. Condición que para muchas organizaciones de base equivale a claudicación o a entregarse al establecimiento. Ellas acostumbradas a no rendir cuentas han seguido adelante y hoy son emuladas por algunas de las organizaciones que las atacaron.

Su gran proyecto es construir en el segundo piso de su sede principal un Museo de la Memoria para que esos años no se olviden, para que el recuerdo de las víctimas sea permanente y para que se exhiban todos esos símbolos que las hicieron resistentes y visibles, por lo que lograron salvar sus vidas.

El trabajo actual con las mujeres se enfoca en pequeñas unidades productivas, como huertas caseras en los patios de sus casas o pequeños galpones con treinta aves que ocupan ese tiempo muerto, por esas tierras hirvientes, de mujeres y hombres que tienen poquísimas fuentes de trabajo y sirve hasta para que los jóvenes se alejan de los televisores y de toda clase de malos hábitos en lugares donde la sana recreación ha sido desterrada.

No hay una sala de cine ni menos un teatro ni tampoco canchas de fútbol o basquetbol. El tedio asecha y estrecha la vida.

Histórica y resiliente directora

Yolanda Becerra es la mayor de un hogar de siete hijos. Su padre era dueño de unos chircales donde se hacen ladrillos. Con el cura Floresmiro, en la vereda los Comuneros, crearon la primera escuela del lugar. La sede fue su casa. Se la pidieron prestada por tres meses y duraron dos años.

De día de su casa solo quedaban iguales las alcobas. La sala y el comedor desaparecían para darle cabida a niñas y niños que alborotaban y aprendían. Quedo huérfana de papá siendo muy joven.

Al terminar su bachillerato en el colegio público Camilo Torres, le tocó buscar trabajo. Eduardo Díaz, otro sacerdote, la postuló, como a otras compañeras, para ocupar el cargo de secretaria en la Pastoral Social y ella fue la elegida.

En ese tejido social que se urdía entre la iglesia, los sindicatos y la parroquia se plantearon varios proyectos para ayudar a las comunidades campesinas. No duró dos años como secretaria cuando Yolanda pidió que la reemplazarán.

“Me di cuenta que no servía. No me sentía realizada. Me quedaba en la oficina, escribiendo partidas de bautizo, de defunción y actas de matrimonio, mientras todo el mundo se iba a hacer trabajo de campo. Y eso era lo que quería. Me dieron la oportunidad de entrar al área de formación de la OFP. Entré a apoyar grupos juveniles y hasta el día de hoy. No entendía mucho el papel de las mujeres en la organización. Iba a los encuentros femeninos, pero siempre con resistencia, en la medida en que fui entendiendo, mi papel fue más destacado. Me volví feminista de tanto oír y ver lo mal que la pasaban la gran mayoría de las mujeres que llegaban a la OFP”, cuenta.

En 1986, cuando se inicia el proceso de autonomía, promovida por la misma iglesia, para que la OFP se convirtiera en una agremiación independiente, el papel de Yolanda tomó fuerza y su liderazgo se consolidó.Desde esa época ha sido la Directora General, con algunos períodos de receso, aunque no muy largos. “Me di cuenta, en esa oportunidad, que la autonomía no tenía precio. Que no queríamos ser de nadie. No necesitábamos más dueños. Nos coquetearon desde diversos sectores del espectro político. A todos les dijimos que no”, enfatiza Becerra.

Vendrían años de trabajo, de crecimiento, de viajes al exterior contando su experiencia y continuando, de manera simultánea, su labor por llevar un poquito de bienestar para esas mujeres que creyeron y confiaron en ella.

Pero cuando los paramilitares coparon Barrancabermeja, vivieron problemas graves. “Fuimos las mujeres de la OFP las que hicimos más resistencia. Un compañero nos dijo en una reunión que en esos tiempos los hombres nos metíamos debajo de las naguas de las mujeres”.

Las cinco casas de la mujer se volvieron casas de acogidas, en donde se daba comida, ropa, primeros auxilios de salud. Era un ejercicio humanitario las 24 horas. Hicimos parte de una Coordinadora Departamental para hacer acompañamiento con distintas organizaciones, sindicatos, listas de acompañamiento, gracias a las que se salvaron muchas vidas.

Con lágrimas en los ojos y muy perturbada, Becerra habla sobre esa etapa. “Pasamos por la tortura, por la violación, por el destierro, las amenazas, por el desprestigio. Nos señalaron que éramos de las guerrillas. Que nosotras no hacíamos lo que decíamos. Que inflábamos el número de mujeres que atendíamos, los almuerzos que se vendían en las distintas Casas de la Mujer. Que inventábamos las denuncias, las amenazas. Nos preguntaban: ¿Por qué las persiguen? Si ustedes lo que hacían era comida. Si ustedes lo que hacían era la olla comunitaria. Demostramos que el conflicto si nos impactó porque teníamos un proyecto político social. Un proceso muy doloroso. Nos señalaban en las audiencias. Hasta nos acusaron de haber hecho trato con los paramilitares. Acusaciones similares a las que le hicieron al Padre Francisco De Roux, en su trabajo en el Magdalena Medio. En el 2007 entraron a mi apartamento y me conminaron a abandonar la zona. A los tres días estaba organizando una marcha. Entonces, cogieron a una de mis hermanas y le dijeron que si no me iba acabarían con la familia. No fui capaz de seguir. Tampoco de irme en el exilio. A lo más lejos que llegué fue a Bucaramanga. Casi todas las dirigentes nos enfermamos de cáncer. Unos más leves que otros. Nos gastamos en esta lucha todos nuestros cartuchos. La cooperación internacional comenzó a cambiar, a irse del país, acá quedaron solo dos organizaciones internacionales apoyándonos, porque con la desmovilización de los paramilitares y ahora con la firma de los acuerdos con las Farc se supone que ya no tenemos agentes violentos que nos hagan la vida difícil. Hoy sabemos que no nos equivocamos. Que esa acusación de que nos habíamos vendido a la institucionalidad, no tiene sentido. Tomamos una decisión estratégica. Somos víctimas del conflicto armado. Hemos ganado confianza de nuevo. Seguimos proyectando la organización. Así como en la resistencia las mujeres fuimos las más creíbles, hoy venimos trabajando en reconstruir la memoria de unos años duros y violentos”.

No es aventurado afirmar que, en cada ciudad de Colombia, pueblo, vereda, vive una Yolanda Becerra, que se levanta todos los días con el propósito de ayudar a su comunidad o algún miembro de ella en particular porque esa es su razón de ser, de existir. Gracias a esas mujeres valerosas es por las que sobrevive este país tan fracturado y violentado.

*Esta investigación fue elaborada con el apoyo de Consejo de Redacción, la Embajada de Suecia y la Organización para las Migraciones (OIM) para el proyecto CdR/Lab Con Enfoque.
**Esta historia fue publicada originalmente en Colombiacheck.
Sábado, 12 Agosto 2017

¿Sancionarán a algún empleador por exigir pruebas de embarazo?

Por Verónica Ucrós

La aerolínea Iberia fue multada hace un mes por su política laboral para verificar si sus empleadas están embarazadas. Estas prácticas, consideradas discriminatorias, también ocurren en Colombia pero no existe una ley que penalice las empresas que obligan a realizarse exámenes de embarazo en las pruebas médicas de ingreso.

-¡Ay, está embarazada!

Esa exclamación la escuchó una abogada de 27 años de parte de una profesional que supervisaba los documentos y exámenes de su ingreso a una notaría en Santander. Tenía 24 años y sabía con total certeza que no había ninguna posibilidad de embarazo.

- No. Sé que no estoy embarazada.

La respuesta, en tono serio, frustró la broma.

La profesional que hacía los exámenes reveló una sonrisa, al tiempo que aclaró que todos los resultados médicos estaban bien. Enfatizó que, efectivamente, la abogada no estaba embarazada y podría asumir su cargo como coordinadora jurídica.

La primera tarea de la abogada en su nuevo cargo fue redactar un recurso para que la Corte Constitucional revisara el resultado de una acción de tutela que ganó otra empleada de la misma notaría. El proceso correspondía a un reclamo por violación de los derechos de la trabajadora, despedida por su empleador al conocer que estaba en embarazo. Tanto en primera como en segunda instancia la acción de tutela falló a favor de la madre.

Los despidos de mujeres embarazadas y el requerimiento de pruebas médicas por parte de algunos empleadores para cerciorarse de que las aspirantes a contratar o ascender no están esperando un hijo, son prácticas organizacionales consideradas discriminatorias, pero ocurren en Colombia.

Este fenómeno fue documentado por Profamilia y el Ministerio de Salud en la Encuesta Nacional de Demografía y Salud, ENDS, que se aplica cada cinco años. En 2015 la encuesta reunió a 44.614 hogares del país.

La encuesta señala que el 32% de las mujeres consultadas aseguró que su empleador le exigió prueba médica de embarazo. Este porcentaje se mantiene en los sondeos de los últimos cinco años. Aunque, por otra parte, la proporción de mujeres que aseguran fueron despedidas de su trabajo estando embarazadas disminuyó levemente en el país. Según la encuesta pasó de 4% a 3.1%, aunque estos datos son de hace dos años.

Que un empleador exija a una empleada o a una aspirante, por cualquier medio, una prueba sobre su estado de gravidez, es una práctica que ha sido condenada y prohibida por la jurisprudencia constitucional en Colombia. En igual sentido se pronunció el Ministerio del Trabajo, salvo en aquellos casos en que las labores del cargo vacante involucren riesgos para el normal desarrollo del proceso de gestación.

Sin embargo, no hay una ley que regule y sancione efectivamente estos hechos en donde ocurren y por eso las mujeres en Colombia están desprotegidas ante esta modalidad de discriminación laboral.

Caso Iberia, un ejemplo

Violar la intimidad biológica de una persona a fin de saber si está embarazada o no, es un atrevimiento que se toman algunos empleadores. La aerolínea española Iberia, una de las más tradicionales del mundo, enfrenta desde hace un año un escándalo que solo pudo zanjar en el último mes. La firma anunció que dejará de incluir la prueba de embarazo en el reconocimiento médico de ingreso a sus potenciales empleadas.

Iberia fue sancionada con multa de $25.000 euros (casi $88 millones de pesos colombianos) cuando una inspección del Ministerio de Empleo y Seguridad Social de la comunidad autónoma de las Islas Baleares detectó esta irregularidad.

La aerolínea inicialmente se defendió al asegurar que la intención con la cual incluía pruebas de embarazo en sus procesos de contratación no era discriminatoria. La medida, según Iberia, buscaba prever la necesidad de activar correctamente el protocolo de salud que la compañía dispone para sus empleadas embarazadas.

El gobierno balear desdeñó ese argumento, aclarando que una mujer solo está en deber de notificarle a una empresa su estado de embarazo cuando ya figura en su nómina y no cuando, simplemente, está en proceso para ocupar un cargo.

Por el contrario, en Colombia se presume que esta discriminación laboral es una práctica sistemática, donde es poco probable que una empresa sea objeto de control. Menos de sanción legal. ¿La razón? No hay una ley en el país que faculte a ninguna entidad estatal para castigar a un empleador por exigir pruebas de embarazo en sus procesos de contratación. A este panorama se suma que el gremio de empleadores no toma con suficiente seriedad este tema, como ellos lo admiten.

Vacíos que dejó la encuesta

Uno de los problemas que evidenció la encuesta de Profamilia y el Ministerio de Salud fue el desconocimiento de los escenarios de la discriminación laboral. A las mujeres se les preguntó si alguna vez les exigieron certificado de embarazo al solicitar empleo. Nada más. Por lo tanto, es imposible saber qué proporción de los casos en que la respuesta fue afirmativa se trata de una flagrante discriminación o una de las excepciones que contempla la ley por tema de seguridad industrial.

Por ejemplo, si el trabajo que la mujer estaba solicitando requería que se expusiera a radiaciones que pueden hacerle daño al feto, es legítimo que el empleador conozca si la persona que va a contratar está embarazada.

El director de Prevención y Promoción del Ministerio de Salud, Elkin Osorio, aclaró que no es posible distinguir en qué casos la intención con la que se exigieron esas pruebas de embarazo era proteger a la madre (de conformidad con el criterio del Ministerio del Trabajo y la Corte Constitucional) y en qué casos esos exámenes fueron requeridos con ánimo discriminatorio.

“Es una de las limitaciones de la pregunta,” admitió también Rocío Murad, quien conformó el equipo de trabajo de Profamilia como investigadora.

¿Qué dicen los empleadores?

Al vacío en la encuesta de Profamilia se suma el hecho de que la Federación Nacional de Comerciantes, Fenalco, admitió que no incluye como tarea en su agenda averiguar por qué los empresarios continúan con esta práctica a pesar de haber sido declarada inconstitucional y discriminatoria.

Respecto a qué tantos empleadores en el país hacen pruebas de embarazo arbitrariamente, su presidente nacional, Guillermo Botero, afirmó que la asociación no ha monitoreado el tema ni tiene planeado hacerlo.

“Creo en sus estudios [refiriéndose a la encuesta de Profamilia] pero no pienso que sea un tema generalizado. Diría que es una práctica que tienen más bien pocos empleadores, pero no soy capaz de medirlo y no le damos tanta importancia a eso como para haber hecho un estudio”, precisó el líder gremial.

El Estado condena, pero no persigue

El Ministerio del Trabajo conceptuó que la prueba de embarazo “no puede considerarse como un requisito para que una mujer pueda ingresar a laborar o mantenerse en su empleo” a menos de que “las actividades del trabajo impliquen un riesgo para la vida de la madre y el normal desarrollo del embarazo”.

Llama la atención entonces que el país no ha ratificado el Convenio 183 de la Organización Internacional del Trabajo, en el que 34 gobiernos se comprometieron a garantizar que el embarazo no sea causa de discriminación en el acceso al empleo.

Además, la Corte Constitucional calificó esta práctica como violatoria del derecho a la intimidad, a la no discriminación y al trabajo. “Todo acto del patrono orientado a investigar si existe el embarazo para que de allí dependa el acceso, la permanencia o la promoción de la mujer en el trabajo, se revela como ilegítimo e inconstitucional y puede ser objeto de acción de tutela,” aclaró la alta corte en una sentencia de 2005.

Pero por mucho que el Estado se declare en contra de esta realidad discriminatoria, parece poco probable que se lean en Colombia en el corto plazo, titulares como los que han involucrado el escándalo de Iberia.

Si el Ministerio del Trabajo documenta este fenómeno o en alguna forma ejecuta labores de inspección, es desconocido. Esa entidad no dio respuesta a un cuestionario sobre esta práctica discriminatoria para esta investigación periodística.

Lo que sí se puede constatar son dos acciones de tutela, registradas en los últimos siete años ante la Corte Constitucional, donde mujeres denuncian que sus empleadores les hicieron realizar pruebas de embarazo durante los procesos de contratación.

En la primera, Stefany Barón instauró una acción de tutela donde reporta que su empleador le realizaba pruebas de embarazo a su costa económica. El proceso registra cómo Barón demandó en el 2010 a las empresas Laboratorios Incobra y Línea Humana Servicios en Barranquilla. A través de la segunda compañía, que es una empresa de servicios temporales, ella trabajó durante un año en la primera.

El fallo de la Corte constitucional recuenta que, a lo largo de ese año, la mujer fue vinculada y desvinculada cuatro veces del laboratorio y que ella asegura que, para cada incorporación, Línea Humana le ordenaba exámenes médicos de ingreso, entre ellos el de embarazo, cuyo costo luego descontaba de su salario.

Stefany Barón denunció que su contrato no volvió a ser renovado después de haberle comunicado a las dos empresas que iba a tener un bebé, ante lo cual la Corte falló a su favor, ordenándole a Línea Humana Servicios reintegrarla en su antiguo cargo, afiliar a madre e hijo al sistema de seguridad social e indemnizar a la mujer por el daño causado.

Lo interesante del fallo es que durante toda la argumentación que despliega resulta tan irrelevante el tema de las pruebas de embarazo, que Línea Humana no reconoce ni niega haberlas hecho. Y en toda su disertación, la Corte Constitucional jamás se detiene sobre esa discriminación.

En la otra sentencia, registrada en 2009, Adriana Arango Cardona logró un contrato laboral a término indefinido con la empresa Singular Comunicaciones, hoy distribuidor autorizado de Claro, para trabajar en el área de servicio al cliente en las oficinas que tenía Comcel en el municipio de Chaparral, Tolima.

El 19 de septiembre de ese año se presentó “a los exámenes médicos de rutina que requiere la empresa para aprobar el ingreso de sus empleados, entre los cuales, según ella, se encontraba una prueba de embarazo cuyo resultado fue negativo”.

Tres días después, según la versión de Adriana, se repitió por otros medios e iniciativa propia la prueba, que esta vez resultó positiva. Una semana después, la mujer notificó de su embarazo a su jefe inmediato, quien la despidió al día siguiente. Por esta razón, Arango demandó ante un juzgado municipal de Chaparral a Singular Comunicaciones, que negó requerir pruebas de embarazo como parte de sus exámenes médicos de ingreso.

La Corte Constitucional le halló la razón a la empresa demandada sobre el punto de si el despido era justificado o no y confirmó el fallo del juez de Chaparral, quien había negado las pretensiones de la madre. Sea como fuere, tampoco aquí la Corte Constitucional le dio la menor importancia a la posibilidad de estar ante una empresa que sistemática y arbitrariamente estaría exigiendo pruebas de embarazo a mujeres que contrata para atender al público en una oficina.

La carga de la prueba es de ellas

No es fácil encontrar en Colombia quien documente permanentemente y a profundidad esta modalidad de discriminación laboral contra las mujeres. Más allá de la iniciativa con que Profamilia y el Ministerio de Salud presentan la Encuesta Nacional de Demografía y Salud, ni la una ni el otro llevan a cabo otras actividades de monitoreo al respecto. La Defensoría del Pueblo, la Central Unitaria de Trabajadores y Fenalco también admitieron que no le hacen seguimiento sistemático a este tema.

En esta realidad muchas denuncias quedan reducidas a la palabra de una mujer contra la de su empleador y nada más. Y, como en otros fenómenos de discriminación, muchos casos no se denuncian. Algunas mujeres albergan el máximo grado de sospecha de que lo que les hicieron en sus exámenes de ingreso fue una prueba de embarazo, pero no tienen evidencia que lo demuestre.

“A mí me hicieron un examen de sangre a los 32 años cuando entré a trabajar en una empresa pública operada por privados y yo creía que había sido para verificar si estaba embarazada. Un día le pregunté a un compañero que había ingresado el mismo año que yo y él me confirmó que en ningún momento le habían sacado sangre”, denunció Alejandra Corredor, ingeniera eléctrica.

Por otra parte, Mónica Fernández les preguntó a algunas mujeres de su oficina por qué la agencia digital en donde trabajaban hacía exámenes de sangre. Las empleadas respondieron que desconocían la respuesta, pero les parecía obvio que la empresa quería saber si estaban embarazadas. Mónica preguntó al momento del examen para qué se necesitaba la sangre y el personal que la atendía le dijo que para analizar varias cosas. “Es decir, no me respondieron”, concluyó.

Juliana Poma, abogada a quien también le tomaron muestras de sangre para entrar a una multinacional ni siquiera se atrevió a indagar por qué le iban a sacar sangre por miedo a que no le dieran el trabajo. A ella y a Alejandra Corredor les preguntaron en las entrevistas si estaban casadas o planeaban estarlo, si tenían hijos o planeaban tenerlos.

Ninguna de las tres recibió jamás un documento escrito en donde les informaran específicamente qué estudios se llevaron a cabo con las muestras de sangre. Tampoco recibieron copia de los resultados. En el país nadie puede ordenar y realizar pruebas de sangre a una persona sin informar para qué se realizan. Todo proceso médico requiere autorización.

El director de Promoción y Prevención del Ministerio de Salud, Elkin Osorio, explica que “no es legal realizar sobre una muestra biológica pruebas que la persona no ha autorizado y cuando no se le ha especificado de qué tipo de análisis se trata: exámenes infecciosos, metabólicos y/o prueba de embarazo. Y es obligación también ampliar cualquier información que el dueño de la sangre requiera, así como poner a disposición del paciente los resultados completos del examen”.

El representante del Ministerio de Salud precisa que aún en los casos cuando la persona objeto del examen no pregunte sobre los resultados, se le debe dar previamente información específica y completa sobre el uso que se le va a dar a su muestra de sangre. Tampoco, aclara, es permitido extraer sangre sin consentimiento debidamente informado del paciente. “El dueño de la muestra de sangre no es el empleador: es quien la aporta”, concluye.

Ante la pregunta de si estas obligaciones se pueden cumplir informalmente y sin dejar registros por escrito, Osorio aclara que no es válida la información cuando se suministra en esa forma: “Todos los laboratorios, por el Sistema General de Garantía de la Calidad, deben emitir un resultado formal y firmado por un profesional competente.”

No hay ley que castigue

Aparte del recurso de la acción de tutela, en Colombia no hay mecanismos que sancionen a las empresas que solicitan pruebas de embarazo. Nadie les impide efectivamente a los empleadores arreglárselas para prescindir de una mujer embarazada antes de contratarla, renovarle el contrato o ascenderla.

Si una mujer lograra exponer esta irregularidad, la empresa involucrada no tendría que enfrentar ninguna sanción económica, disciplinaria (en el caso de las empresas o entidades gubernamentales) o penal. Guillermo Botero, el director de Fenalco, explica que “el régimen laboral no hace mención alguna a ese tema. Lo que hay jurídicamente es un desarrollo jurisprudencial en que la Corte Constitucional ha dicho que los exámenes de embarazo no se pueden hacer”.

Por esta razón, tres veces se ha tratado de llevar al rango legal la prohibición de hacer pruebas de embarazo injustificadas en los procesos de selección, contratación o promoción. Representantes a la Cámara del partido político Mira radicaron proyectos de ley en 2012, 2014 y 2016. Los dos primeros fueron archivados sin debatir.

El segundo intento proponía sancionar a las empresas responsables de realizar o exigir pruebas de embarazo a empleadas o participantes en un proceso de selección con multa por no menos de 50 salarios mínimos (casi $37 millones de pesos) en cada caso comprobado, indemnización a la víctima de dicho mecanismo de discriminación y suspensión de la licencia de funcionamiento cuando se acumularan tres o más casos. Si la organización fuera pública, en lugar de la suspensión de la licencia se sancionaría disciplinariamente a los funcionarios responsables.

El más reciente proyecto de ley corrió con mejor suerte. La Cámara de Representantes lo debatió y aprobó en enero pasado y podrá entrar a su tercer debate en el Senado en esta legislatura.

La parte que podría valorarse positivamente en esta iniciativa es que, si la ley se llegara a aprobar y, aún más difícil, a cumplir, con solo tres casos comprobados una compañía colombiana se vería castigada a pagar una multa más alta que la que tuvo que asumir Iberia.

*Esta investigación fue elaborada con el apoyo de Consejo de Redacción, la Embajada de Suecia y la Organización para las Migraciones (OIM) para el proyecto CdR/Lab Con Enfoque
**Esta historia fue publicada originalmente en Vanguardia.