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Miércoles, 07 Marzo 2018

Los obstáculos a los que se enfrenta la bancada de mujeres

Por Camila Osorio

La rama legislativa colombiana sigue sin cumplir las cuotas mínimas de participación de las mujeres. Estas elecciones no son la excepción. La agenda de género tampoco ha estado dentro de sus prioridades. Análisis.

El saliente Congreso que se renueva el próximo 11 de marzo sigue en deuda con la inclusión de las mujeres en la política. También con una agenda de equidad. De 268 parlamentarios electos en el 2014, tan solo el 20% fueron mujeres, lejos de cumplir con el 30% al que aspira la ley de Cuotas que rige en el país desde el 2000.

A esta falta de participación de las mujeres, se suma que de las 56 congresistas, al menos 14 no buscarán su reelección para el período 2018-2022. Entre las más conocidas están Claudia López (Alianza Verde) y Viviane Morales (antes partido Liberal, ahora por el partido Somos), que decidieron lanzarse a la vicepresidencia y presidencia, respectivamente, y Thania Vega (Centro Democrático), quien cedió su postulación a su esposo, el coronel Alfonso Plazas Vega, absuelto por la Corte Suprema por la desaparición de dos personas en la retoma del Palacio de Justicia.

Esta investigación revisó lo que hizo el saliente Congreso para tramitar leyes e iniciativas que le dieran un vuelco a la discriminación contra las mujeres y les garantizara un mayor acceso a la política y a cargos públicos. De igual forma, verificó e identificó el rol que tuvieron las congresistas en los debates más álgidos que vivió el país en los últimos cuatro años.

También se revisaron las listas de aspirantes al nuevo Congreso para constatar si los partidos políticos cumplieron con la ley de Cuotas. Este es el resultado.

Las listas, al límite

El panorama de participación de las mujeres en el próximo Congreso no es alentador. Como ha sido la costumbre, la mayoría de partidos tratan de cumplir con el mínimo de cuotas en sus listas, pero no son una prioridad.

Según datos de la Misión de Observación Electoral -MOE- publicados en El Tiempo, de los 2.730 candidatos inscritos, 943 son mujeres, lo que representa un 34.5%. Pero solo el MIRA y el Partido de La U, sobrepasan ese porcentaje cuando se analiza su lista a Senado, mientras que el resto tienen en sus listas el 30% obligatorio de mujeres (Polo, Centro Democrático, Alianza Verde, Farc, Partido Liberal y Conservador).

En su lista al Senado, el partido de La U incluyó mujeres en un 50%, aunque la mayoría de ellas no son cabeza de lista (a excepción de la senadora Maritza Martínez). La lista del MIRA, que ha sido reconocido en elecciones pasadas como el partido más incluyente, este año tiene el 60% de mujeres.

Pocos consensos

Ser mujer no garantiza que se trabaje en una agenda género ni en conjunto con la bancada de mujeres. Al revisar el trabajo de las congresistas en los últimos cuatro años se evidencia que llegaron con propuestas radicalmente distintas y hubo pocos proyectos que lograron unirse. Sin embargo, en lo que sí coinciden es en la necesidad de una mayor participación política para ellas.

La bancada de mujeres defendió de forma conjunta tres propuestas que podrían facilitar el acceso a cargos políticos. La más importante exigía a los partidos que aumentaran el número de mujeres en sus listas: 40% para las elecciones de 2022 y 50% para las de 2026.

Beatriz Quintero, de la Red Nacional de Mujeres, que apoya a la bancada con proyectos de ley relacionados con el tema de género, afirma que, en el papel, todos los congresistas se comprometieron con esta agenda, pero a la hora de las votaciones la realidad fue otra. “Ningún hombre fue capaz de decir no a la paridad, pero luego se ausentaron en la votación”, agregó.

El proyecto arrancó en el Senado con el apoyo de todas las congresistas y logró ser aprobado en primer debate. “Pero en el momento de las votaciones, a algunos hombres les costó apoyarla,” dijo la representante por el Partido Liberal, Clara Rojas.

La iniciativa tuvo otro traspiés cuando se sumó al debate de la reforma política, que terminó hundiéndose en la última legislatura. “Las mujeres del Centro Democrático se oponían a toda la reforma del Gobierno, entonces no votaron,” añadió Rojas.

La bancada de mujeres también apoyó un proyecto para que fueran obligatorias las comisiones especiales para la mujer en concejos y asambleas (aún no aprobado); otro que proponía crear un Ministerio para la Mujer (archivado) y, apoyó la iniciativa para crear la Dirección de Mujer Rural en el Ministerio de Agricultura, aunque el Gobierno se demoró en nombrar a una directora, como lo denunció entonces la senadora Claudia López en audiencias públicas.

Viviane Morales, la polarizadora

A la falta de equidad de género en el poder político, se suma que la bancada de mujeres sufrió de la misma polarización que vive el país por cuenta del proceso de paz con las FARC. En especial, por dos hechos políticos: la campaña por el NO al plebiscito para el acuerdo de paz y la llamada ideología de género, fundamental para que los colombianos no refrendaran el primer acuerdo que firmó la guerrilla y el gobierno de Juan Manuel Santos.

En el centro del debate estuvo la senadora por el partido Liberal, Viviane Morales. Ella fue la creadora del proyecto para realizar un referendo que buscaba impedir la adopción de niños a las parejas homosexuales y a madres solteras. El proyecto, que finalmente se hundió, no sólo dividió al país sino también al grupo de congresistas.

“Morales fue de las mujeres que lideró la iniciativa de Ley de Cuotas al Congreso hace muchos años,” dijo Angélica Bernal, profesora de Ciencia Política en la Universidad Tadeo Lozano. “Incluso cuando llegó a la Fiscalía, fue celebrada por ser la primera mujer”. Las organizaciones de mujeres también celebraron sus esfuerzos por investigar crímenes sexuales; así como cuando, en 2011, se opuso a lo que se denominó “populismo punitivo” en el proyecto de la senadora Gilma Jiménez, que proponía cadena perpetua a violadores de niños. “Era vista como una política progresista, hasta que llegó el referendo de adopción,” dijo Bernal.

Esta propuesta no sólo dividió a la bancada de mujeres, sino que alejó a las organizaciones de mujeres que trabajan con las congresistas y que han sido fundamentales para crear proyectos a favor de la equidad de género. “Indudablemente, sus posiciones sobre las parejas del mismo sexo y la ideología de género alejaron a las activistas,” dijo Beatriz Quintero, de la Red Nacional de Mujeres.

El proyecto logró llegar a la Cámara para su tercer debate, pero finalmente se hundió cuando la representante Angélica Lozano logró el apoyo de sus colegas. “Por muchos meses hice sondeos a la posición de cada uno en mi comisión y fortalecí mi relación con ellos discutiendo otros proyectos. En esto funciona mucho el colegaje”, dijo Lozano.

Todo este debate dejó al descubierto las distintas posiciones de género en la bancada de parlamentarias y en el Congreso. Cuando se trata de temas LGBTI, “hubo muy poca iniciativa,” dijo Marcela Sánchez, directora de Colombia Diversa. Sánchez calificó el Congreso como un espacio que “no es seguro” para este tipo de iniciativas que confrontan al país conservador con las minorías.

“En el Congreso, si se trata de iniciativas sobre mujeres que no reten la idea de familia tradicional de papá y mamá, se pueden pasar. Pero si lo enfrentan, no pasa. El Congreso es conservador y dogmático,” dijo la representante de la Alianza Verde, Ángela María Robledo.

Una agenda tradicional

Otros proyectos que fueron presentados al Congreso y que proponían mejorar las condiciones y derechos de las madres colombianas consiguieron más fácilmente el apoyo de la mayoría de las bancadas.

La senadora Clara Rojas, del Partido Liberal, logró que se aprobara la creación de salas amigas para las mujeres lactantes en entidades privadas y públicas. Ahora quiere que se apruebe otra iniciativa que refuerce los derechos de las mujeres durante el parto.

“Espero que ayude a las mujeres en zonas apartadas que rechazan la medicina como la conocemos nosotros, y puedan ser acompañadas por parteras si lo desean. Eso ayuda a que las mujeres accedan al sistema”, explicó Rojas. “Yo tuve mi hijo en la selva y por eso soy sensible a este tema”, agregó.

El Congreso también aprobó la iniciativa para aumentar cuatro semanas la licencia de maternidad, presentada por la representante del CD, Tatiana Cabello, y un proyecto que establece nuevos lineamientos laborales para las madres comunitarias que trabajan con el ICBF, presentado por el MIRA, pero que fue objetado por la Presidencia.

Otras propuestas que tuvieron apoyo tienen que ver con los derechos económicos de las mujeres. El congresista Mauricio Lizcano y el partido de La U impulsaron la reducción del número de semanas a cotizar para que las mujeres se pensionen más rápido (luego objetado por Presidencia argumentando una falta de sostenibilidad financiera), y las representantes del Partido Verde Angélica Lozano y Ángela María Robledo lograron que se aprobara el proyecto que reconoce el derecho de las trabajadoras domésticas a una prima de servicios.

El partido MIRA, por su parte, propuso prohibir las pruebas de embarazo como requisito para una entrevista laboral, y estabilidad laboral para las mujeres embarazadas con contratos de prestación de servicios. Y, la senadora de La U, Maritza Martínez, logró evitar que en la reforma tributaria se grabaran las toallas higiénicas y tampones con un 19 por ciento (quedó en 5 por ciento). “Todas las mujeres de la bancada me acompañaron,” aseguró Martínez.

Más populismo punitivo y menos política educativa

La senadora del Partido Verde, Gilma Jiménez, quien llegó al Senado en 2010 con una de las mayores votaciones que ha tenido una mujer, contaba con el apoyo de miles de personas que respaldaron su propuesta de hacer un referendo para imponer cadena perpetua a violadores de niños.

Jiménez no logró que se aprobara su iniciativa (falleció en 2013) pero dejó en el Congreso lo que se conoce como ´populismo punitivo´, el cual privilegia el castigo sobre otras formas de prevención del delito. Este enfoque sigue ganando adeptos cuando se trata de violencia sexual, incluyendo en la bancada actual de mujeres.

La senadora de La U, Maritza Martínez, por ejemplo, propuso la castración química para los violadores de menores. “Presenté ese proyecto escéptica, pero fue aprobado en la Comisión Primera de Senado rápidamente,” contó. Otro proyecto de su autoría, que buscaba imponer sanciones no penales a padres que no cumplan a tiempo con las cuotas alimentarias, avanzó pero con mayor lentitud.

Los ejemplos de proyectos que privilegian la mano dura son múltiples. Desde el partido Conservador, la senadora Nadya Blel propuso inhabilitar políticamente a quienes hayan cometido delitos sexuales contra menores. Un proyecto que impulsó el MIRA aumentó las penas a aquellos que atacan a las mujeres con ácido. La senadora del Centro Democrático, María del Rosario Guerra, intentó que se prohibiera la maternidad subrogada con fines de lucro. Y, finalmente, desde el Partido Liberal, la representante Clara Rojas buscó penalizar a los hombres que pagan por prostitución.

En el tema de violencia sexual, que es un problema recurrente que enfrentan las mujeres, las soluciones son difíciles de aplicar y por eso no es fácil conseguir un apoyo diferente al de la línea dura. Pero más penas no implica, necesariamente, menos crímenes, coinciden los expertos en seguridad, sobre todo si no hay institucionalidad que haga cumplir nuevas normas.

La bancada de mujeres que llegue al Congreso este año traerá caras conocidas y otras nuevas. Pero tanto las primíparas como las que repitan, ya sea que busquen más poder político o repensar el rol de la mujer en la sociedad colombiana, se encontrarán con un muro.

* Camila Osorio: Politóloga, periodista y miembro del equipo editorial de la revista The New Yorker.

Sábado, 12 Agosto 2017

¿Sancionarán a algún empleador por exigir pruebas de embarazo?

Por Verónica Ucrós

La aerolínea Iberia fue multada hace un mes por su política laboral para verificar si sus empleadas están embarazadas. Estas prácticas, consideradas discriminatorias, también ocurren en Colombia pero no existe una ley que penalice las empresas que obligan a realizarse exámenes de embarazo en las pruebas médicas de ingreso.

-¡Ay, está embarazada!

Esa exclamación la escuchó una abogada de 27 años de parte de una profesional que supervisaba los documentos y exámenes de su ingreso a una notaría en Santander. Tenía 24 años y sabía con total certeza que no había ninguna posibilidad de embarazo.

- No. Sé que no estoy embarazada.

La respuesta, en tono serio, frustró la broma.

La profesional que hacía los exámenes reveló una sonrisa, al tiempo que aclaró que todos los resultados médicos estaban bien. Enfatizó que, efectivamente, la abogada no estaba embarazada y podría asumir su cargo como coordinadora jurídica.

La primera tarea de la abogada en su nuevo cargo fue redactar un recurso para que la Corte Constitucional revisara el resultado de una acción de tutela que ganó otra empleada de la misma notaría. El proceso correspondía a un reclamo por violación de los derechos de la trabajadora, despedida por su empleador al conocer que estaba en embarazo. Tanto en primera como en segunda instancia la acción de tutela falló a favor de la madre.

Los despidos de mujeres embarazadas y el requerimiento de pruebas médicas por parte de algunos empleadores para cerciorarse de que las aspirantes a contratar o ascender no están esperando un hijo, son prácticas organizacionales consideradas discriminatorias, pero ocurren en Colombia.

Este fenómeno fue documentado por Profamilia y el Ministerio de Salud en la Encuesta Nacional de Demografía y Salud, ENDS, que se aplica cada cinco años. En 2015 la encuesta reunió a 44.614 hogares del país.

La encuesta señala que el 32% de las mujeres consultadas aseguró que su empleador le exigió prueba médica de embarazo. Este porcentaje se mantiene en los sondeos de los últimos cinco años. Aunque, por otra parte, la proporción de mujeres que aseguran fueron despedidas de su trabajo estando embarazadas disminuyó levemente en el país. Según la encuesta pasó de 4% a 3.1%, aunque estos datos son de hace dos años.

Que un empleador exija a una empleada o a una aspirante, por cualquier medio, una prueba sobre su estado de gravidez, es una práctica que ha sido condenada y prohibida por la jurisprudencia constitucional en Colombia. En igual sentido se pronunció el Ministerio del Trabajo, salvo en aquellos casos en que las labores del cargo vacante involucren riesgos para el normal desarrollo del proceso de gestación.

Sin embargo, no hay una ley que regule y sancione efectivamente estos hechos en donde ocurren y por eso las mujeres en Colombia están desprotegidas ante esta modalidad de discriminación laboral.

Caso Iberia, un ejemplo

Violar la intimidad biológica de una persona a fin de saber si está embarazada o no, es un atrevimiento que se toman algunos empleadores. La aerolínea española Iberia, una de las más tradicionales del mundo, enfrenta desde hace un año un escándalo que solo pudo zanjar en el último mes. La firma anunció que dejará de incluir la prueba de embarazo en el reconocimiento médico de ingreso a sus potenciales empleadas.

Iberia fue sancionada con multa de $25.000 euros (casi $88 millones de pesos colombianos) cuando una inspección del Ministerio de Empleo y Seguridad Social de la comunidad autónoma de las Islas Baleares detectó esta irregularidad.

La aerolínea inicialmente se defendió al asegurar que la intención con la cual incluía pruebas de embarazo en sus procesos de contratación no era discriminatoria. La medida, según Iberia, buscaba prever la necesidad de activar correctamente el protocolo de salud que la compañía dispone para sus empleadas embarazadas.

El gobierno balear desdeñó ese argumento, aclarando que una mujer solo está en deber de notificarle a una empresa su estado de embarazo cuando ya figura en su nómina y no cuando, simplemente, está en proceso para ocupar un cargo.

Por el contrario, en Colombia se presume que esta discriminación laboral es una práctica sistemática, donde es poco probable que una empresa sea objeto de control. Menos de sanción legal. ¿La razón? No hay una ley en el país que faculte a ninguna entidad estatal para castigar a un empleador por exigir pruebas de embarazo en sus procesos de contratación. A este panorama se suma que el gremio de empleadores no toma con suficiente seriedad este tema, como ellos lo admiten.

Vacíos que dejó la encuesta

Uno de los problemas que evidenció la encuesta de Profamilia y el Ministerio de Salud fue el desconocimiento de los escenarios de la discriminación laboral. A las mujeres se les preguntó si alguna vez les exigieron certificado de embarazo al solicitar empleo. Nada más. Por lo tanto, es imposible saber qué proporción de los casos en que la respuesta fue afirmativa se trata de una flagrante discriminación o una de las excepciones que contempla la ley por tema de seguridad industrial.

Por ejemplo, si el trabajo que la mujer estaba solicitando requería que se expusiera a radiaciones que pueden hacerle daño al feto, es legítimo que el empleador conozca si la persona que va a contratar está embarazada.

El director de Prevención y Promoción del Ministerio de Salud, Elkin Osorio, aclaró que no es posible distinguir en qué casos la intención con la que se exigieron esas pruebas de embarazo era proteger a la madre (de conformidad con el criterio del Ministerio del Trabajo y la Corte Constitucional) y en qué casos esos exámenes fueron requeridos con ánimo discriminatorio.

“Es una de las limitaciones de la pregunta,” admitió también Rocío Murad, quien conformó el equipo de trabajo de Profamilia como investigadora.

¿Qué dicen los empleadores?

Al vacío en la encuesta de Profamilia se suma el hecho de que la Federación Nacional de Comerciantes, Fenalco, admitió que no incluye como tarea en su agenda averiguar por qué los empresarios continúan con esta práctica a pesar de haber sido declarada inconstitucional y discriminatoria.

Respecto a qué tantos empleadores en el país hacen pruebas de embarazo arbitrariamente, su presidente nacional, Guillermo Botero, afirmó que la asociación no ha monitoreado el tema ni tiene planeado hacerlo.

“Creo en sus estudios [refiriéndose a la encuesta de Profamilia] pero no pienso que sea un tema generalizado. Diría que es una práctica que tienen más bien pocos empleadores, pero no soy capaz de medirlo y no le damos tanta importancia a eso como para haber hecho un estudio”, precisó el líder gremial.

El Estado condena, pero no persigue

El Ministerio del Trabajo conceptuó que la prueba de embarazo “no puede considerarse como un requisito para que una mujer pueda ingresar a laborar o mantenerse en su empleo” a menos de que “las actividades del trabajo impliquen un riesgo para la vida de la madre y el normal desarrollo del embarazo”.

Llama la atención entonces que el país no ha ratificado el Convenio 183 de la Organización Internacional del Trabajo, en el que 34 gobiernos se comprometieron a garantizar que el embarazo no sea causa de discriminación en el acceso al empleo.

Además, la Corte Constitucional calificó esta práctica como violatoria del derecho a la intimidad, a la no discriminación y al trabajo. “Todo acto del patrono orientado a investigar si existe el embarazo para que de allí dependa el acceso, la permanencia o la promoción de la mujer en el trabajo, se revela como ilegítimo e inconstitucional y puede ser objeto de acción de tutela,” aclaró la alta corte en una sentencia de 2005.

Pero por mucho que el Estado se declare en contra de esta realidad discriminatoria, parece poco probable que se lean en Colombia en el corto plazo, titulares como los que han involucrado el escándalo de Iberia.

Si el Ministerio del Trabajo documenta este fenómeno o en alguna forma ejecuta labores de inspección, es desconocido. Esa entidad no dio respuesta a un cuestionario sobre esta práctica discriminatoria para esta investigación periodística.

Lo que sí se puede constatar son dos acciones de tutela, registradas en los últimos siete años ante la Corte Constitucional, donde mujeres denuncian que sus empleadores les hicieron realizar pruebas de embarazo durante los procesos de contratación.

En la primera, Stefany Barón instauró una acción de tutela donde reporta que su empleador le realizaba pruebas de embarazo a su costa económica. El proceso registra cómo Barón demandó en el 2010 a las empresas Laboratorios Incobra y Línea Humana Servicios en Barranquilla. A través de la segunda compañía, que es una empresa de servicios temporales, ella trabajó durante un año en la primera.

El fallo de la Corte constitucional recuenta que, a lo largo de ese año, la mujer fue vinculada y desvinculada cuatro veces del laboratorio y que ella asegura que, para cada incorporación, Línea Humana le ordenaba exámenes médicos de ingreso, entre ellos el de embarazo, cuyo costo luego descontaba de su salario.

Stefany Barón denunció que su contrato no volvió a ser renovado después de haberle comunicado a las dos empresas que iba a tener un bebé, ante lo cual la Corte falló a su favor, ordenándole a Línea Humana Servicios reintegrarla en su antiguo cargo, afiliar a madre e hijo al sistema de seguridad social e indemnizar a la mujer por el daño causado.

Lo interesante del fallo es que durante toda la argumentación que despliega resulta tan irrelevante el tema de las pruebas de embarazo, que Línea Humana no reconoce ni niega haberlas hecho. Y en toda su disertación, la Corte Constitucional jamás se detiene sobre esa discriminación.

En la otra sentencia, registrada en 2009, Adriana Arango Cardona logró un contrato laboral a término indefinido con la empresa Singular Comunicaciones, hoy distribuidor autorizado de Claro, para trabajar en el área de servicio al cliente en las oficinas que tenía Comcel en el municipio de Chaparral, Tolima.

El 19 de septiembre de ese año se presentó “a los exámenes médicos de rutina que requiere la empresa para aprobar el ingreso de sus empleados, entre los cuales, según ella, se encontraba una prueba de embarazo cuyo resultado fue negativo”.

Tres días después, según la versión de Adriana, se repitió por otros medios e iniciativa propia la prueba, que esta vez resultó positiva. Una semana después, la mujer notificó de su embarazo a su jefe inmediato, quien la despidió al día siguiente. Por esta razón, Arango demandó ante un juzgado municipal de Chaparral a Singular Comunicaciones, que negó requerir pruebas de embarazo como parte de sus exámenes médicos de ingreso.

La Corte Constitucional le halló la razón a la empresa demandada sobre el punto de si el despido era justificado o no y confirmó el fallo del juez de Chaparral, quien había negado las pretensiones de la madre. Sea como fuere, tampoco aquí la Corte Constitucional le dio la menor importancia a la posibilidad de estar ante una empresa que sistemática y arbitrariamente estaría exigiendo pruebas de embarazo a mujeres que contrata para atender al público en una oficina.

La carga de la prueba es de ellas

No es fácil encontrar en Colombia quien documente permanentemente y a profundidad esta modalidad de discriminación laboral contra las mujeres. Más allá de la iniciativa con que Profamilia y el Ministerio de Salud presentan la Encuesta Nacional de Demografía y Salud, ni la una ni el otro llevan a cabo otras actividades de monitoreo al respecto. La Defensoría del Pueblo, la Central Unitaria de Trabajadores y Fenalco también admitieron que no le hacen seguimiento sistemático a este tema.

En esta realidad muchas denuncias quedan reducidas a la palabra de una mujer contra la de su empleador y nada más. Y, como en otros fenómenos de discriminación, muchos casos no se denuncian. Algunas mujeres albergan el máximo grado de sospecha de que lo que les hicieron en sus exámenes de ingreso fue una prueba de embarazo, pero no tienen evidencia que lo demuestre.

“A mí me hicieron un examen de sangre a los 32 años cuando entré a trabajar en una empresa pública operada por privados y yo creía que había sido para verificar si estaba embarazada. Un día le pregunté a un compañero que había ingresado el mismo año que yo y él me confirmó que en ningún momento le habían sacado sangre”, denunció Alejandra Corredor, ingeniera eléctrica.

Por otra parte, Mónica Fernández les preguntó a algunas mujeres de su oficina por qué la agencia digital en donde trabajaban hacía exámenes de sangre. Las empleadas respondieron que desconocían la respuesta, pero les parecía obvio que la empresa quería saber si estaban embarazadas. Mónica preguntó al momento del examen para qué se necesitaba la sangre y el personal que la atendía le dijo que para analizar varias cosas. “Es decir, no me respondieron”, concluyó.

Juliana Poma, abogada a quien también le tomaron muestras de sangre para entrar a una multinacional ni siquiera se atrevió a indagar por qué le iban a sacar sangre por miedo a que no le dieran el trabajo. A ella y a Alejandra Corredor les preguntaron en las entrevistas si estaban casadas o planeaban estarlo, si tenían hijos o planeaban tenerlos.

Ninguna de las tres recibió jamás un documento escrito en donde les informaran específicamente qué estudios se llevaron a cabo con las muestras de sangre. Tampoco recibieron copia de los resultados. En el país nadie puede ordenar y realizar pruebas de sangre a una persona sin informar para qué se realizan. Todo proceso médico requiere autorización.

El director de Promoción y Prevención del Ministerio de Salud, Elkin Osorio, explica que “no es legal realizar sobre una muestra biológica pruebas que la persona no ha autorizado y cuando no se le ha especificado de qué tipo de análisis se trata: exámenes infecciosos, metabólicos y/o prueba de embarazo. Y es obligación también ampliar cualquier información que el dueño de la sangre requiera, así como poner a disposición del paciente los resultados completos del examen”.

El representante del Ministerio de Salud precisa que aún en los casos cuando la persona objeto del examen no pregunte sobre los resultados, se le debe dar previamente información específica y completa sobre el uso que se le va a dar a su muestra de sangre. Tampoco, aclara, es permitido extraer sangre sin consentimiento debidamente informado del paciente. “El dueño de la muestra de sangre no es el empleador: es quien la aporta”, concluye.

Ante la pregunta de si estas obligaciones se pueden cumplir informalmente y sin dejar registros por escrito, Osorio aclara que no es válida la información cuando se suministra en esa forma: “Todos los laboratorios, por el Sistema General de Garantía de la Calidad, deben emitir un resultado formal y firmado por un profesional competente.”

No hay ley que castigue

Aparte del recurso de la acción de tutela, en Colombia no hay mecanismos que sancionen a las empresas que solicitan pruebas de embarazo. Nadie les impide efectivamente a los empleadores arreglárselas para prescindir de una mujer embarazada antes de contratarla, renovarle el contrato o ascenderla.

Si una mujer lograra exponer esta irregularidad, la empresa involucrada no tendría que enfrentar ninguna sanción económica, disciplinaria (en el caso de las empresas o entidades gubernamentales) o penal. Guillermo Botero, el director de Fenalco, explica que “el régimen laboral no hace mención alguna a ese tema. Lo que hay jurídicamente es un desarrollo jurisprudencial en que la Corte Constitucional ha dicho que los exámenes de embarazo no se pueden hacer”.

Por esta razón, tres veces se ha tratado de llevar al rango legal la prohibición de hacer pruebas de embarazo injustificadas en los procesos de selección, contratación o promoción. Representantes a la Cámara del partido político Mira radicaron proyectos de ley en 2012, 2014 y 2016. Los dos primeros fueron archivados sin debatir.

El segundo intento proponía sancionar a las empresas responsables de realizar o exigir pruebas de embarazo a empleadas o participantes en un proceso de selección con multa por no menos de 50 salarios mínimos (casi $37 millones de pesos) en cada caso comprobado, indemnización a la víctima de dicho mecanismo de discriminación y suspensión de la licencia de funcionamiento cuando se acumularan tres o más casos. Si la organización fuera pública, en lugar de la suspensión de la licencia se sancionaría disciplinariamente a los funcionarios responsables.

El más reciente proyecto de ley corrió con mejor suerte. La Cámara de Representantes lo debatió y aprobó en enero pasado y podrá entrar a su tercer debate en el Senado en esta legislatura.

La parte que podría valorarse positivamente en esta iniciativa es que, si la ley se llegara a aprobar y, aún más difícil, a cumplir, con solo tres casos comprobados una compañía colombiana se vería castigada a pagar una multa más alta que la que tuvo que asumir Iberia.

*Esta investigación fue elaborada con el apoyo de Consejo de Redacción, la Embajada de Suecia y la Organización para las Migraciones (OIM) para el proyecto CdR/Lab Con Enfoque
**Esta historia fue publicada originalmente en Vanguardia.